Hoy publica Julia Navarro en La Nueva España un artículo contundente titulado "Oficinas para la delación".Véanlo y luego seguimos hablando.
Los hechos ya los conocíamos. En una Comunidad Autónoma en la que, por imperativo constitucional, el castellano también es lengua oficial, se castiga a los comerciantes que escriben sus letreros en lo que no sea la otra lengua oficial, el catalán. A los términos generales del artículo 3.1 de la Constitución, que dice que "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el dereccho a usarla", se les ha colocado una excepción por la puerta de atrás, de modo que la norma completa ahora rezaría así: todos los españoles tienen el derecho a usar el castellano, salvo que sean comerciantes catalanes y se trate de poner nombres en su tienda, en cuyo caso no hay más idioma permitido que el catalán.
¿Se hará la ingenua Julia Navarro cuando se pregunta cómo es que ninguno ha acudido todavía a pedir amparo al Tribunal Constitucional? Que pida amparo, sí, y una manguera, porque seguro que esos chicos tan arrojados, que visten su alma con camisas pardas, le pegarían sin tardanza fuego a su comercio. Tan progres ellos, míralos, tan comprometidos con las libertades, con tanta casta, ya ven, qué majos.
Para juzgar de la coherencia de una doctrina o del valor de una praxis es buena cosa dar la vuelta a las situaciones. Meditemos sobre qué dirían los catalanes y la progresía de diseño en general si la historia ocurriera de esta otra manera. Pongan que en Castilla y León, donde la única lengua oficial es el castellano (de momento), algunos comerciantes escribieran los nombres de sus negocios o de los productos que exponen en catalán. O en inglés, o en quechua. Y que una ley de la Junta de Castilla y León prescribiera sanciones para ellos por no haber usado para todo el castellano. Y que se abriera una oficina para que los valerosos ciudadanos comprometidos con su idioma materno fueran a chivarse para que les metan un paquete a los traidores. Pues eso, que cada cual se imagine qué calificativos emplearían el Avui o El Periódico. O El País. O los progres de diseño en sus cenas de viernes en La Moraleja. Que si fascistas, que si fachas, que si reaccionarios, que si liberticidas. Absolutamente apropiados serían semejantes epítetos para eso caso imaginario. Pues, por lo mismo, lo son también para el caso catalán, que es un caso real. Un caso real ante el que esos medios y esas gentes callan como cobardes. Como tantos cobardes han callado siempre ante el fascismo real.
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