Enseñanza e idioteces de políticos y pedagogos

Un buen amigo me remite el artículo que a continuación copio, publicado en el diario Sur el pasado día 4. No tiene desperdicio. Pero es, una vez más, clamar en el desierto. Los pedagogos más tontitos tienen cogidos por no se sabe qué partes innobles a consejeros y ministros y no hay nada que hacer. La deseducación se ha hecho obligatoria. En todos los sentidos.

DESAUTORIZANDO AL PROFESORADO. Por Gonzalo Guijarro, profesor de Instituto.

PRECISAMENTE ahora, que prácticamente todo el mundo reconoce ya que sin autoridad los profesores no podemos realizar nuestro trabajo, la Consejería de Educación se descuelga con un decreto de convivencia que desautoriza todavía más a los docentes. Y que nadie piense que los profesores reivindicamos una capacidad sancionadora de sátrapas orientales, que no es ese el caso; simplemente pretendemos tener la autoridad de cualquier acomodador de cine, la capacidad de expulsar de la sala a aquellos que con su comportamiento impidan a los demás el legítimo ejercicio de sus derechos. Porque si en un cine uno adquiere junto con la localidad el derecho a que los demás espectadores se callen y le dejen ver la película tranquilo, es de suponer que en un sistema de enseñanza digno de tal nombre uno adquiere junto con la matrícula el derecho a que los demás alumnos le dejen atender a las explicaciones del profesor y aprender. Pero, a juzgar por el decreto de marras, la señora consejera y su corte de psicopedagogos asesores son de otra opinión. Veámoslo por lo menudo.

Para empezar, el decreto instituye la obligatoriedad de que el tutor de cada grupo de secundaria elabore cada año junto con sus alumnos un 'Compromiso de convivencia'. El dichoso decreto no especifica suficientemente qué significa esto, lo que no habla precisamente en favor de los legisladores, pero, de significar algo, sólo puede ser el conjunto de normas que los alumnos del grupo están dispuestos a aceptar, pues dado que el profesor está en manifiesta minoría, poco podrá imponer. Es decir, que de entrada se consideran papel mojado los Reglamentos de Orden y Funcionamiento de los institutos de secundaria y, al parecer, cualquier otra legislación previa sobre la disciplina en los centros docentes. Por lo visto, en la Consejería de Educación piensan que dejar en manos de adolescentes, reunidos en Asamblea Constituyente, la elaboración de las normas de convivencia que han de imperar en un instituto de secundaria es el colmo del progresismo. Por no mencionar el pequeño detalle de que si cada grupo va a elaborar sus propias normas, no sé qué va a ser de la convivencia general de los centros.

Otra novedosa figura que el decreto de marras instituye, sin duda para reforzar la autoridad de los profesores, es la del delegado de padres. A partir de ahora, cada grupo de secundaria dispondrá de un padre (o madre) de alumno (o alumna) que se encargará de mediar entre el tutor del grupo y sus alumnos en caso de 'conflicto'. Es decir, que si a instancias de algún profesor, el tutor pretende imponer sanciones por el indebido comportamiento de alguien, tendrá primero que negociarlo con un señor (o señora) que sin haber estado presente en el aula y sin acreditar capacitación alguna, tiene vela legal en ese entierro. El decreto tampoco especifica si el tal mediador tiene al menos obligación de atender a lo reflejado en el Reglamento del Centro; se conoce que, como a los soldados el valor, a él se le suponen la ecuanimidad, la rectitud de juicio y la omnisciencia. Supongo que con estas sabias medidas se evitarán los, de todos conocidos, habituales abusos de los profesores a la hora de imponer el mínimo orden necesario para poder dar clase.

Tampoco en lo que se refiere a la promoción de los eficacísimos 'Planes de cultura de paz', tan gratos a la Consejera, se queda corto este decreto, que insiste profusamente en la invención de prodigiosas instituciones encargadas de velar por el orden en las aulas sin tener el más mínimo contacto con ellas, tales como Observatorios, Gabinetes provinciales y Comisiones varias, pero que no toma medida concreta alguna que haga presagiar mejoría de los graves problemas de disciplina -esa desagradable palabra- que imperan en los centros. Aunque, seguro que en tan novedosas instituciones podrán seguir demostrando su valía los ignotos 'expertos' que elaboraron las Pruebas de Diagnóstico. Por cierto, ¿a qué se deberá el que sigan envueltos en el anonimato, si tan buen trabajo hicieron? ¿Modestia, tal vez?

Otra iniciativa muy creativa e innovadora de este peculiar decreto es la implantación en todos los centros de secundaria del 'Aula de convivencia', que actualmente ya funciona en algunos. Al aula de convivencia sólo la llaman así los cursis y los pedagogos, los demás, alumnos, profesores y personal no docente acostumbramos a nombrarla como aula de castigados, sin más. Y es que se trata de un aula exactamente como cualquier otra a donde van a parar, de vez en cuando y tras ardua lucha burocrática del profesor, los réprobos que se comportan de un modo especialmente insoportable en clase; son los llamados objetores escolares. Pero no crean ustedes que allí se encarga de ellos algún sabio psicopedagogo de esos que elaboran estos decretos; el mismo profesor que ha expulsado de su clase a un objetor en la hora anterior puede tener que soportar de nuevo sus impertinencias allí a la siguiente, si le toca guardia. Se conoce que la cosa práctica a los psicopedagogos que diseñan estas cosas les viene un poco grande; ellos lo ven todo más claro desde la distancia, con perspectiva. Además, que incluso en el poco probable caso de expulsión temporal de un alumno, este imaginativo decreto contempla la posibilidad de que el sancionado cumpla la expulsión del centro en el aula de castigados, digo de convivencia; es decir, ¡en el centro! Ahí sí que realmente se han superado a sí mismos los autores del decreto: ni expulsando al alumno del centro deja el alumno de estar en el centro ¡Pasmoso! Será, digo yo, para evitar que a algún expulsado pueda ocurrírsele acercarse por el Observatorio de la convivencia ese, donde están los expertos, y vayamos a tener un disgusto.

Por lo demás, el decreto supone otro notable incremento de la burocracia inoperante y absurda con que se acostumbra a castigar a los profesores. Mi enhorabuena a sus autores.