Aparcamiento subterráneo y política de altura. Por Francisco Sosa Wagner

La construcción de un aparcamiento subterráneo en León es buena ocasión para meditar acerca de problemas generales de nuestra convivencia y las reglas queexisten para afrontarlos.

El caso, resumido para quienes no conozcan el asunto, es el siguiente: las autoridades municipales leonesas han autorizado una instalación de esta naturaleza en un punto céntrico de la ciudad. Cuando parecía que iban a empezarse las obras, estas han sido paralizadas por el juez aplicando unas medidas procesales que se llaman cautelares por entender que aparentemente se han vulnerado algunas leyes. El resto de la secuencia es de momento desconocido: tales medidas no prejuzgan la decisión sobre la cuestión de fondo, ya veremos si las cautelas decididas se mantienen, etc. Un típico pleito que entra así en el túnel del tiempo.

Mi opinión sobre el asunto de fondo es muy clara y paso a expresarla de la mejor manera que sé: construir a estas alturas aparcamientos en los centros de las ciudades es un disparate mayúsculo que ya no se practica en las ciudades serias europeas. Y ello porque es preciso desincentivar el tráfico en los núcleos urbanos toda vez que, aunque se construyan tales aparcamientos, las calles o plazas de acceso a él son las que son, nadie las puede cambiar, y estas circunstancias llevan al barullo y a la congestión de vehículos. Es urgente que las autoridades se enteren de una vez de la imposibilidad de dar respuesta a las demandas del tráfico que son incensantes y extenuantes, mismamente como las de los nacionalistas. Preciso es que esas autoridades se planten y pronuncien un “no pasarán” porque, si no lo hacen, con un parque automovilístico que crece y crece, les resultará imposible correr detrás de él tratando de solucionar los problemas que este fenómeno acarrea.

Entiendo que para el conductor privado de automóvil, para mí por ejemplo, es muy cómodo tener un aparcamiento en el centro. Pero la autoridad está para ver más allá de los intereses de los particulares y poner disciplina con la vista puesta en espacios temporales dilatados. Si no es así, si todo consiste en plegarse a las demandas más inmediatas, entonces tales autoridades sirven para bien poco y acaso sería bueno prescindir de ellas, como sostiene el viejo mito anarquista.

Dicho esto, es el momento de añadir algo: esta es una prueba del tipo de Estado que estamos construyendo y esto no es privativo de nuestro medio hispano. En unensayo alemán que hemos traducido al español mi amigo Juan Martínez de Luco Zelmer y yo, “La trampa del consenso” de Thomas Darnstädt, se explica cómo en Alemania es difícil tomar decisiones políticas: teóricamente compete pronunciarse sobre este o aquel asunto a tales o cuales autoridades pero la realidad es que estas se encuentran atadas por hilos intrincados que tejen los partidos, los sindicatos, los grupos de presión, los jueces y un interminable etcétera. En conclusión, resume Darnstädt: todo el mundo puede decir “no” pero nadie puede decir “sí”. Es la trampa del consenso que da título al libro y que plantea, con pluma periodística pero desde una sólida formación jurídica, el diario acontecer de la toma de decisiones en las sociedades modernas. Las garantías judiciales, aliviadoras en sí mismas, ayudan a hacer inextricable la madeja, sobre todo si se tiene en cuenta que el tiempo para los jueces se cuenta según medidas que fueron bíblicas pero que hoy ya son decididamente geológicas. El asunto, como puede advertirse, es de profundidad porque toca a las bases mismas de nuestra constitución política.

Es decir, y volvemos al principio, al aparcamiento: todo un entramado destinado a aparcar los problemas.