La indignación moral y los políticos (I).

Se me reprochaba matizadamente aquí estos días que en mis notas se aprecia a veces un exceso de indignación moral, muy en particular cuando hablo del Presidente del Gobierno. De esa manera mi actitud se engarzaría con el tono general del debate político, ciertamente lamentable y barriobajero, más armado de insultos y de imputaciones baratas que de argumentos sólidos. Poco me cuesta reconocer todo: que me gusta cargar las tintas y que las cargo más con ZP, pues a ningún amigo se le ocultará a estas alturas que me cae como una patada en la boca y que lo tengo en muy bajo concepto, tanto si toca hablar de sus calidades intelectuales como morales. De que es un habilísimo político –en cierto sentido menesteroso y rastrerillo de la política- y un maestro del regate en corto, pocas dudas me caben ya. E igual de convencido ando de que posee una inusitada habilidad para romperle al rival la cintura y la paciencia, a base de marearlo con dimes, diretes, trolas y frases de doble o tripe sentido; o de ninguno.
Sentado lo anterior por mor de la honestidad que pretendo manejar con mis apreciados interlocutores, podría añadir que no me son mucho más simpáticos bastantes de los personajes de la oposición pepera que más cámara chupan. Zaplanado quedo a menudo al observar tanta desfachatez, tanta zafiedad y semejante primitivismo a golpe de quijada. Unido a la propensión a alborotarse ante la paja –sí, hasta la paja- en el ojo ajeno, sin querer ver el propio lleno de vigas, pontones y hasta monolitos. Y con las mismas proclamo también que hay algún ministro del Gobierno socialista que tengo por capaz, honesto y aprovechable fuera del estercolero este de la política de hoy.
Pero vayamos a la cuestión más general: ¿cabe y conviene que nuestros juicios políticos se contaminen de indignación moral o, por contra, es preferible hacer con la política rancho aparte y prescindir de aquellos juicios que califican a las personas y a las acciones políticas como morales o inmorales, decentes o indecentes, honestas o deshonestas? Si fuera esta segunda la actitud recomendable, de la gestión política deberíamos opinar con atención solamente a los fines propuestos y a los frutos alcanzados, prescindiendo de enfangarnos en debates sobre la calidad moral de los medios usados y de las actitudes personales de quienes los utilizan.
Pondré un ejemplo muy claro, aunque ciertamente extremo: el asesinato por razón de Estado. La paz es supremo valor para un Estado e ideal compartido por la inmensa mayoría de sus ciudadanos, que la ansían y tienen de ella hasta un anhelo infinito cuando se ponen estupendos (¿ven?, ya se me escapó la coña; con lo bien que iba, diantre). Queremos vivir pacíficamente y con seguridad para nuestra persona y nuestros bienes. Sentimos el terrorismo como atentado gravísimo a esos valores, a tales ideales de paz y seguridad. En consecuencia, que un Gobierno oriente su acción y sus políticas a mejorar nuestra convivencia pacífica a base de reducir o eliminar las actividades terroristas nos parecerá muy bien a todos, al menos a todas las gentes de bien. Acuerdo perfecto, pues, en el fin. ¿Y los medios? Pongamos que ese Gobierno concluye que la manera más efectiva de alcanzar aquel legítimo y consensuado objetivo sea la guerra sucia, el asesinato ilegal de los terroristas o de quienes los apoyan o con ellos simpatizan. Aquí ocurrió hace años; no ahora. Israel lo hace todos los días. Es lo que se conoce como el problema de las manos sucias. Y, para cerrar el ejemplo, supongamos que, contra lo que en tales casos suele ocurrir -¿fue una excepción la política del Estado alemán contra la Baader-Meinhof?-, el Gobierno tiene éxito y la sociedad queda libre de la peste terrorista, gracias a tan expeditos e ilegales medios. ¿Podríamos o deberíamos los que creemos en la moralidad ínsita en las reglas de juego del Estado de Derecho hacer valer nuestra indignación moral o deberíamos achantar a la vista de los “felices” resultados o para no provocar nuevos conflictos? Mi opinión la tengo clara, aun a riesgo de yerro grave: la base del Estado de Derecho es moral, una moral del respeto a todo individuo qua individuo y del férreo sometimiento del poder a las reglas jurídicas que dan vida y sustancia pragmática a aquella moral de base. El poder tiene que ser legal tanto en su origen como en su ejercicio, pues un poder ilegal es en el Estado de Derecho un poder por definición inmoral y, con ello, lo opuesto a tal Estado, dictadura larvada, tiranía vergonzante, oprobio disfrazado de respeto y maneras.
Cierto que el ejercicio de la política va de la mano de la negociación, la dialéctica sibilina, el ocasional forzamiento o tensión de reglas y prácticas institucionales. Verdad es que el buen político, el político eficaz, deberá ser flexible, con capacidad para acomodar sus programas e ideales a lo que las situaciones y las coyunturas determinen. El buen político no será nunca el sujeto dogmático, radical, incapaz de ceder un ápice o de moverse un centímetro de sus propósitos. Quizá es en la política donde más pura aplicación alcanza el dicho de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Todo esto lo tenía presente Max Weber cuando distinguía entre ética de convicciones y ética de la responsabilidad. Bien está la primera para misioneros, pongamos por caso, de los que esperamos que hasta el martirio asuman por no traicionar su fe y sus ideales, que no reparen en gastos para vivir conforme a su mensaje; pero la de los políticos sería la segunda, la que mira más a los logros que inflexible o rígida es en los medios.
Hasta ahí estaremos la mayoría de acuerdo. La discusión empieza cuando toca poner los límites, fijar hasta dónde puede el político llegar en su elección de medios para fines admisibles. ¿Justifica el fin cualquier medio? Maquiavelo casi decía que sí, y por eso llamamos maquiavélico al político que para sus fines no repara en mentir, chantajear, amenazar... o matar. A un servidor le repelen los políticos maquiavélicos, aun sabedor de que sin un toque de maquiavelismo no tienen pito que tocar ni darán pie con bola en su gestión. O sea, que el político ha de tener mano izquierda, buena dosis de cazurrería y algunas otras virtudes propias de espadachín avezado a las malas calles. Pero que todo tiene un límite. Y que cuanto más sucio sea su juego, por gracia de la política y de Maquiavelo, a mí peor me cae. Será esa la razón de que nunca ganen nada los (pocos) que me son más simpáticos.
Quien desee observar una buena recreación literaria de estos dilemas morales de la política, que se lea dos obras memorables: Las manos sucias, de Sartre, y Los justos, de Camus.
Compliquémonos ahora la vida y mojémonos. ¿Qué tiene que ver lo anterior con nuestros debates a propósito de ZP? Empezaré por sentar bien claro que, a día de hoy, no me resulta sospechoso de esas inmoralidades más graves, de tener las manos sucias en ese brutal sentido. Como sí las tuvo algún presidente anterior, casi con toda seguridad. Dicho esto, nuestras discrepancias pueden tener un doble origen.
A) Yo pienso que Zapatero es un político maniobrero y mentiroso, inmoral en grado superior al admisible o conveniente para la mínima moralidad política que debe impregnar un Estado de Derecho; y que, además, con su modo de actuar mendaz (otra vez la palabreja: reincido), marrullero, hace una pésima pedagogía social y agranda la anomia de esta sociedad. Otros, en cambio, no lo ven de esa manera y lo tienen por moral e intelectualmente honesto, o piensan que para nada rebasa ese límite de la moralidad mínima y de la lealtad que un buen político debe guardar con los electores y con las reglas de juego del sistema jurídico-político. Me parece esto último defendible, sin duda, pero me llama la atención cuán pocas son las personas -sin cargo- que lo defienden así, con argumentos claros y sin ciertas falacias de libro (igual de malos son los otros, no podemos admitir nada que le haga el juego al rival, bueno estás tú para hablar, tu juicio es interesado y, por tanto, no entro a analizar su verdad o falsedad, etc.). Mas, insisto, cabe que Zapatero sea el más recto de los políticos que por aquí han pululado, unido a que yo le tenga una tirria irracional y a que sus defensores pasen de argumentar lo que consideran obvio.
B) Más bien se diría que la mayor parte de nuestras discrepancias se relacionan con la diversa ponderación de fines y medios. Esto es, creo que muchos opinan que objetivos tan legítimos y deseables como el fin del terrorismo o una reorganización territorial del Estado más respetuosa con los afanes independentistas o de autodeterminación de ciertos (políticos y ciudadanos de ciertos) territorios bien justifica el que con los ciudadanos todos se utilice la mentira o una ambigüedad tan taimada que roza el engaño; o que las reglas de juego, comenzando por la Constitución, se pongan del revés, cual calcetín, o se tensen hasta un poco más allá de la resistencia de sus materiales. A mí me gusta una política más clara, abierta, sincera y deliberativa, aunque sea al precio de éxitos más magros o mayores sacrificios. Otros prefieren resultados más brillantes (?), aunque haya que cargarse más de una norma de lo que otros consideramos la moral mínima compatible con y exigible en la política democrática; o prefieren salirse con la suya sin reparar en gastos.