¿Pedagogía jurídica para la sociedad?

Hablar de cosas de Derecho para legos es una experiencia no precisamente reconfortante. No me refiero a las posibles dificultades de lenguaje o a intrincados problemas técnicos que puedan afectar a algunos asuntos que se quieran explicar. Aludo a cuan complicado resulta que el común de los mortales asimilen las reglas básicas que gobiernan el juego de las leyes en el Estado de Derecho, sumado a lo poco que ayudan a veces para ese fin los manejos jurídicos del poder.
Ayer me tocó hablar ante un auditorio heterogéneo sobre la discrecionalidad judicial. Traté de mantenerme en lo que tengo por evidente, esto es, que los jueces se manejan con márgenes de libertad a la hora de interpretar las normas que aplican y a la hora de valorar las pruebas de los hechos que enjuician en cada caso. El grado de esa libertad varía en función de la mayor o menor precisión o determinación semántica y sintáctica de la norma y en función de la evidencia o discutibilidad con que se presenten los elementos fácticos del asunto. Hasta ahí sin problema, creo. Esa discrecionalidad, amén de inevitable, es buena, en mi opinión.
Lo conté con algunos ejemplos jurisprudenciales y con el único propósito de desterrar cualquier idea de que al juez se le imponga la verdad de los hechos por sí misma, como si los propios hechos hablaran unívocamente, y de que en las normas jurídicas se contenga siempre para cada caso una única solución compatible con su tenor. Pero no está el ambiente para andar dando muchas pistas sobre ese tema y, como cabía esperar, alguien vino con la pregunta de por qué, puesto el juez a ser libre, no aplica mano dura y rebasa los límites legales, tenidos por timoratos, cuando toca castigar a los malos. Así que tocó explicar, o intentarlo al menos, que cosas tales como el principio de legalidad penal o la presunción de inocencia obran en favor de nuestra seguridad como ciudadanos, antes que para proteger a los delincuentes. A la gente le chocan esas precauciones y nos impulsa un atávico deseo de venganza, nos tienta el ojo por ojo, diente por diente, a la vez que nos repatea la impunidad. Por eso resulta tan importante una buena pedagogía jurídica para la sociedad y de ahí también que el mal ejemplo jurídico provoque un escepticismo social disolvente, precisamente, de aquellos principios que conviene proteger.
Ese prejuicio social se puede vencer con buenos argumentos. Pero en estos tiempos anda la sociedad demasiado inquieta con el espectáculo mediático del Derecho. Cunde la sensación de que la discrecionalidad judicial tiende hoy a convertirse en libertinaje y, especialmente, la impresión de que en asuntos capitales rige una excesiva instrumentalización del Derecho por la política. El mismo gobierno que, con el Ministro de Justicia a la cabeza, hace dos días presionó para que el Tribunal Supremo revisara el modo de calcular el cumplimiento de las penas o los beneficios penitenciarios, fuerza hoy a los fiscales para que atenúen la petición de castigo para aquél al que ayer se quería mantener entre rejas. Un juez solicitó como fianza para un imputado doscientos cincuenta mil euros y luego vino otro juez y la dejó en cincuenta mil, con la complacencia muy probable del Gobierno. Es perfectamente posible que las opciones últimas sean mejores o más razonables en términos estrictamente jurídicos o en línea de principio, no excluyo para nada esa posibilidad ni es eso lo inquietante. Sea como sea, lo cierto es que los mismos políticos que hoy alientan una medida jurídica demandan mañana la contraria y no cabe creer que lo hacen en ambos casos movidos por idéntico propósito de respeto al Derecho y a la independencia judicial.
Lo que produce escándalo social es la sospecha, más que fundada, de que la presión de la ley se estira o se afloja en función de los intereses políticos coyunturales, de la conveniencia política de cada momento. El ejecutivo con mayoría parlamentaria suficiente tiene legítimos resortes para adaptar las normas a circunstancias nuevas, desde cambiar la ley hasta disponer indultos, entre otras posibilidades. Lo que lanza a la sociedad un mensaje problemático en sus consecuencias es que también la aplicación de la ley y la acción de fiscales y jueces esté tan descaradamente condicionada por la presión gubernamental, sea el gobierno el que sea y sean cuales sean sus objetivos inmediatos. Si la jurisprudencia baila al son de la política, el efecto social inmediato será de descreimiento, de desconfianza. Una sociedad en la que no impere una convicción, aunque sea mínima, de que la aplicación de la ley está por encima de la táctica política y de que los castigos son independientes de los beneficios para este o aquel partido y de la fuerza social o negociadora del delincuente, tomará nota de esa relatividad extrema del Derecho y tenderá a actuar en consecuencia. Si la ley y las sentencias son simple moneda de cambio o medio para aumentar votos en cada tesitura, no resultará fácil exigir a los ciudadanos lealtad a las instituciones por encima de la política y el partidismo ni convencerla de que en el Estado de Derecho es el poder el primero que ha de someterse a las normas.
Cuando la discrecionalidad judicial pasa por el aro de la discrecionalidad política se convierte en otra cosa, tiembla la separación de poderes y se hace una pésima pedagogía social. Porque para jueces y fiscales debe regir lo mismo que para la mujer del César. Y, si no, atengámonos a las consecuencias y no nos extrañemos de que el personal no crea en nada y se deje llevar por la pura víscera.