De nuevo sobre crímenes y castigos

Hace unos días especulábamos por aquí sobre el poco sentido que aparentemente tiene, en lo que se refiere a ciertos delincuentes muy finos y perfectamente socializados, afirmar que el castigo penal sirve para su resocialización o reeducación. Dos amigos que saben bien del asunto me hicieron sobre el particular observaciones muy oportunas. Uno, privadamente, me ha indicado que está de acuerdo en que la resocialización no es el único fin de la pena, y que no se debe perder de vista la función de prevención general negativa: “¡ojo, señores, que el que la hace la paga, de manera que no la hagan!”. Y puntualiza este querido amigo que “esto vale sin duda para los delincuentes pijos, como tú les llamas, quizá más que para otros menos accesibles a la amenaza penal”. Por su parte, un amable lector de este blog, que firma como Tomás, escribe lo siguiente, entre otras cosas “Así, de memoria, me parece que el mismo TC (aunque ya da un poco de vergüenza citarlo, es lo que tenemos) ha dicho en alguna ocasión que la reeducación y reinserción social no constituyen el único objetivo constitucionalmente legítimo de las penas privativas de libertad, que, por tanto, también han de cumplir sus finalidades clásicas de prevención general y especial, es decir, "asustar" un poquito para que no seamos malos y proteger a la sociedad, apartando de ella -por una temporada- a los que ya han delinquido.
Así pues, tendríamos que la pena no sólo ha de servir para (tratar de) reformar al delincuente, sino también para que con su castigo escarmiente ese mismo sujeto y escarmiente la sociedad toda. A ese escarmiento en cabeza propia lo llaman los penalistas prevención especial negativa y al escarmiento en cabeza ajena lo denominan prevención general negativa. Aquí, en el mismo plan diletante que en la ocasión anterior, quiero pararme a meditar un poco sobre esta última función justificadora de la pena, la función de prevención general negativa, que, repito, puede caracterizarse de la siguiente manera: la pena sirve para que la sociedad se tenga por avisada y escarmiente al ver lo que le sucede al que delinquió; el castigo del delincuente resulta, pues, poderoso acicate para que los demás eviten la tentación y se abstengan de hacer lo penalmente indebido.
Aceptemos esa misión de la pena. Pero en lo que sea ésa la justificación, habrá que preguntarse de qué manera han de organizarse y aplicarse los castigos para que a la sociedad en su conjunto le llegue ese mensaje de aviso de la forma más eficaz y conveniente. Una intuición básica y propia del más común de los ciudadanos hace pensar que se dificulta dicha tarea de la pena y, por tanto, decae la justificación de ésta en las siguientes ocasiones:
a) Cuando las penas no revisten una dureza proporcionada al valor que la ciudadanía otorga a los bienes dañados o, mejor dicho, a la satisfacción que el agresor puede hallar en el ataque a dichos bienes. Esto es, si, con arreglo a los pautas de valor socialmente establecidas, un amplio número de personas opina que el delito trae cuenta, que no carece totalmente de “rentabilidad”, puesto que lo que con el castigo pierdes es menos que lo que ganas con la acción delictiva, tendremos que la ecuación entre delito y castigo dará un saldo favorable al primero y, con ello, la pena no disuadirá, o no disuadirá en la medida necesaria para satisfacer aquella función de prevención negativa.
b) Cuando el cumplimiento de la pena no resulta suficientemente oneroso, con lo que la desventaja o escarmiento que en teoría la pena implica queda en poco, por razón del modo como es aplicada. Esto puede ocurrir por diversas razones, como las siguientes, y referidas solamente a las penas privativas de libertad: (i) por las condiciones de “bienestar” en la cárcel, al menos para los sujetos que tal vez en la calle tendrían que soportar condiciones de vida más duras; (ii) por los descuentos de pena o cualquier otro tipo de beneficio carcelario que haga la pena efectivamente padecida menor o más leve que la pena recaída en juicio.
c) En ciertos delitos, cuando el agresor consigue retener el botín o beneficio económico o de cualquier tipo que haya conseguido con su acción punible, o una parte del botín o fruto suficientemente sustanciosa como para que le “merezca la pena” ser condenado.
d) En determinados delitos, especialmente delitos de convicción, ciertos tipos de terrorismo y similares, cuando el sujeto que delinque se ve señalado por la pena como alguien que no debe ser imitado y en la pena se aprecia un padecimiento que en principio disuade a los demás de tales imitaciones, pero, al mismo tiempo, ese mismo sujeto es vitoreado como un héroe por una parte no desdeñable de la sociedad, se le hacen homenajes, se le otorga respaldo comunitario y auxilio de todo tipo y, en suma, ve el sufrimiento del castigo compensado por premios y favores que se lo contrapesan, incluso con creces. ¿Cuántos ciudadanos pueden llegar a pensar que vitalmente vale más y resulta más interesante ser –para docenas o cientos de miles de personas- un héroe encarcelado que un ciudadano anónimo?
En resumen, que da la impresión de que la función de prevención general negativa difícilmente va a poder desempañarla la pena cuando la sociedad toda o una buena parte de ella está convencida que delinquir sale a cuenta. Cierto que a menudo esa impresión está determinada por la manipulación de los medios de comunicación más sensacionalistas o por una falsa imagen de las condiciones de vida en las cárceles y de lo que supone la privación de libertad. Tales efectos “antipreventivos” deberían seguramente ser combatidos con una pedagogía social adecuada por parte de los poderes públicos y de los medios de comunicación menos miserables, pero parece que difícilmente se va a poner en práctica tal pedagogía “realista” hoy en día, cuando el predominio del buenismo y el afán por pintar de tonos pasteleros hasta las partes más negativas de la vida social hace que todo cuanto ocurre, incluso en la cárcel, sea narrado por sus responsables políticos como un perfecto y muy empalagoso cuento de hadas.
Mas, descontando ese componente de prejuicio social inducido, buena parte del problema señalado se mantiene y deberíamos preguntarnos sin reparos si no estamos ante el siguiente dilema teórico difícilmente resoluble: o dejamos de hacer énfasis en la prevención general negativa como justificación de la pena, o modificamos las penas de ciertos tipos delictivos y determinadas condiciones de aplicación de las penas, todo a efecto de impedir que el castigo penal conduzca a lo contrario de lo que con esta doctrina se pretende: que difunda el mensaje de que delinquir es un chollo que compensa los riesgos y las penas.
Temo que muchos me respondan aquello de que no es una sola la justificación del castigo penal y que se trata de hallar el adecuado equilibrio entre cinco cosas: retribución o venganza, prevención general negativa y positiva y prevención especial negativa y positiva. Vale. Estupendo expediente para tener siempre una escapatoria doctrinal frente a cualquier crítica o dificultad. Será un problema mío, pero detesto las teorías del “adecuado equilibrio”, como cuando esos sobadores teóricos de los derechos humanos, tan excelsos y guapitos como zánganos en el fondo, nos vienen con la cantinela de que la clave está en dar con el “adecuado equilibrio” entre libertad e igualdad, y entre derechos individuales y colectivos, y entre interés público y privado, y entre... No te jode, pues eso precisamente te estábamos preguntando, mamón, que dónde diablos se encuentra el maldito equilibrio ese.