La Facultad de Derecho de León en la encrucijada. Por Francisco Sosa Wagner

(Publicado hoy, 16 de enero, en El Mundo de León).

De día en día aumenta la confusión acerca de las propuestas para reformar la enseñanza universitaria con la excusa de “Bolonia”. No obstante, es posible atisbar en ese horizonte algunos perfiles de lo que pueden llegar a ser en un futuro las Facultades de Derecho de las Universidades españolas, de manera especial, de las pequeñas Universidades de provincias.
De momento, todo parece indicar que el cambio de las licenciaturas en los nuevos “grados” supondrá un significativo empobrecimiento de los estudios. La concepción del título de grado como una enseñanza básica y general originará una importante reducción de las materias a impartir, una considerable rebaja de los conocimientos, en fin, una notable devaluación de esos títulos. Quizá quede la honra personal de muchos profesores, que quieran enseñar y exigir, pero nada será valorado por la existencia de otros títulos aparentemente superiores.
La especialización, se dice, procederá de la continuación de los estudios a través de “másters atractivos” (ahora los másters son atractivos como en la política los proyectos son “ilusionantes”). Pues bien, para adquirir un título que no esté tan devaluado como el grado, los alumnos tendrán que matricularse -pagando- en másters en los que encontrarán una formación especializada. Pero hay que saber que, para poder impartirlos de manera continuada, clave de su futuro éxito, son necesarios varios presupuestos previos cuyo cumplimiento conduce a sonoros interrogantes en el caso de las Facultades de ciudades pequeñas: ¿se tiene conciencia de cuántos profesores en un ámbito específico son necesarios para garantizar tales estudios? ¿habrá suficientes alumnos interesados en esas especializaciones? ¿De dónde procederán los recursos económicos? ¿De las endeudadas universidades? ¿De los alumnos? Estas preguntas se responden desviando la mirada hacia la actividad empresarial. La irresponsabilidad del poder público, que no quiere asumir el coste de servicios sociales cuya rentabilidad no es inmediata, hace que confiadamente se mire hacia las empresas como fuente de financiación. Pero ¿qué empresas pueden financiar los estudios especializados? Y, con relación a los estudios jurídicos: ¿cuáles pueden estar interesadas en pagar un máster de especialización jurídica? Los grandes despachos de abogados cuentan ya con sus específicos procesos de selección y con sus propios cursos de formación. ¿Y otras empresas locales? Que las Facultades de Derecho, como las antiguas órdenes mendicantes, recorran las calles pidiendo dinero a los empresarios con sumisión limosnera para poder financiar estudios especializados parece una solución descabellada. ¿Por qué un empresario va a financiar de manera permanente y continuada unos concretos estudios de especialización de los que no se va a beneficiar? Y además ¿dónde están esos empresarios? Si existieran, digo yo que se sabría ...
Por eso, se entiende mal que las Facultades de Derecho de ciudades pequeñas no hayan generado una activa contestación frente a la puntilla que supone para ellas el proceso español de reforma universitaria y se entretengan -como ocurre en la de León- con la farsa de la reforma del plan de estudios, cambalacheando créditos y mercachifleando asignaturas. Porque la adulterada interpretación que se está haciendo de Bolonia originará a medio plazo la desaparición de tales Facultades. La movilidad de los estudiantes y profesores se producirá, pero no porque se reformen los estudios, sino porque se desvanecerán muchas Facultades y todos, profesores y estudiantes, habrán de trasladar sus bártulos (una expresión que viene precisamente de Bolonia: de Bartolo, el gran glosador) a las grandes Universidades, con muchos profesores y, sobre todo, con ofertas de másters alojadas en un entorno -el que propicia la gran ciudad- que permite allegar fondos de grandes bancos o grandes empresas.
Pero no sólo sorprende la mortecina situación de las Facultades pequeñas y su visión burocrática y angosta, también la de las autoridades locales. Aquí, en Castilla y León, es incomprensible que no se estén organizando ya títulos conjuntos de las cuatro Facultades de Derecho para aunar los esfuerzos de los prestigiosos profesores que tienen cada una de ellas por separado. De verdad ¿para qué sirven las competencias universitarias de las Comunidades autónomas? ¿para crear Agencias de humo, nombrar a sus directivos, y multiplicar los órganos de coordinación y otras zarandajas extravagantes?
Todo un sin sentido que soportamos porque frívolamente nos hemos acabado creyendo el tenor literal del himno que entonamos: gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus (alegrémonos pues, mientras seamos jóvenes).