Al hilo de la sentencia contra los periodistas de la SER

Después de leer en El País la diatriba de Juan Luis Cebrián contra la sentencia que condenó al director y al subdirector de informativos de la SER por un delito de revelación de secretos y, sobre todo, contra el juez autor de la misma, Ricardo Rodríguez Fernández, me animé al fin a echarle un vistazo al texto de tal resolución.
Reconozco que parto de una sensación de malestar por el desequilibrio evidente que se suele dar en materia de conflicto entre el derecho de los medios de comunicación a informar y ciertos derechos de los ciudadanos, como los atinentes al honor, la intimidad y la propia imagen. En mi opinión, son más que abundantes las sentencias en que los jueces y tribunales vienen otorgando una excesiva prioridad a los medios de comunicación, a base de ponderaciones que dejan en papel mojado y poco menos que caricaturas aquellos derechos de los ciudadanos de a pie, con el agravante de que en tales casos no se escuchan en las radios ni se leen en los periódicos críticas por semejantes desmanes. La condena de un periodista o un medio desencadena de inmediato una virulenta reacción corporativa, mientras que, cuando es el ciudadano común el que sale perdiendo malamente, nadie se echa las manos a la cabeza con eco suficiente en la opinión pública.
Ahora bien, en este caso hay que leer la sentencia. Más allá de las complejidades técnico-penales, de las que tienen que ocuparse los especialistas y que a mí en buena medida se me escaparán, y más allá del concreto contenido del fallo condenatorio de los periodistas en este caso, esta sentencia es reveladora de un problema muy grave de la Justicia en nuestro país. Me refiero al modo como está escrita y al tipo de razonamientos que contiene. Lo que no puede ser no puede ser. No puede ser que haya jueces, tantos jueces en realidad, que escriban así y que argumenten de esta manera. No pueden nuestros derechos, nuestras vidas y haciendas, estar en manos de jueces y magistrados que en sus sentencias incurren en desaguisados gramaticales, conceptuales y argumentativos de este calibre. Por supuesto, hay de todo, como en botica, pero hablamos de una preocupante tasa de desatinos. Dicho sea con el debido respeto.
Para mayor inri, no parece que estemos ante un juez ajeno al estudio y el trabajo doctrinal, pues basta echar un vistazo en Dialnet para comprobar que ha publicado una buena lista de trabajos en materia penal y procesal penal, aunque habría que leerlos y no he leído ninguno. Entonces, ¿qué ocurre? El diagnóstico de la situación general es muy complejo, pero no estará de más apuntar algunos factores.
En primer lugar, tenemos lo que podríamos llamar el descrédito y la trivialización de la dogmática jurídica. En estos tiempos, y cada vez más, los árboles de los derechos fundamentales no dejan ver el bosque de la legalidad y de su estudio sistemático por la dogmática jurídica, en este caso por la dogmática penal. En un caso como el que a título de ejemplo nos ocupa, se tendría que partir de una muy depurada consideración sobre el alcance y la interpretación de las normas con que el artículo 197 del Código Penal construye, matiza e interrelaciona los diversos tipos penales de revelación de secretos. ¿Qué vemos, en cambio, en la sentencia, como en tantas otras de tantos otros temas? Unas apresuradísimas, caóticas y muy oscuras disquisiciones sobre las partes de dicho precepto, un revoltijo de consideraciones con aire de improvisación y de construcciones ad hoc. sin encomendarse a más sistema ni más autoridad doctrinal que la imaginación del juez.
En segundo lugar, nos estamos muriendo de sobredosis de derechos fundamentales. Diga la ley lo que diga, en cualquier pleito es posible acabar reconduciendo la situación a un conflicto entre derechos fundamentales y, tal como hoy se estila, dejando atrás toda interpretación seria de la ley aplicable y argumentando sólo sobre cuál de esos derechos fundamentales en conflicto ha de pesar más en el caso. Y pase, pese a mis reticencias sobre la ponderación, cuando se pondera con algo de rigor metodológico y siguiendo los pasos marcados por la mejor doctrina y la mejor jurisprudencia, pero eso no sucede en este caso. Si ya es difícil un buen y mesurado ejercicio de la discrecionalidad interpretativa que todo texto legal (y constitucional, no lo olvidemos) permite, el andar pesando derechos a tontas y a locas no es más que la vía perfecta para que cada juez en cada caso haga de su capa un sayo y acabe dando la razón a quien más simpático le resulte o condenando a quien peor le caiga. Porque si alguna “ley” podemos constatar, como dato empírico, en tal contexto es la siguiente: jamás de los jamases pondera un juez con resultado contrario a sus preferencias ideológicas y personales, y siempre que con tan grande amplitud decide, puesto que de pesar sin balanza se trata, hace pasar por dictado objetivo de la Constitución material y de su reparto de derechos lo que no es otra cosa que su particular hacer como legislador para el caso. De tanto pesar nuestros derechos, nos los están matando poco a poco, y lo escaso que de sólido tienen en la letra de la Constitución se vuelve gaseoso, inasible.
Lo uno más lo otro, el descrédito de la mera legalidad, el desprecio y abandono de la buena dogmática y la hipertrofia de constitucionalismo material dan estos resultados: que los jueces deciden lo que les da la gana, sin encomendarse ni a Dios ni al Diablo y sin tomarse mayores molestias para argumentar con una solvencia mínima y de manera al menos comprensible y razonable. Al fin y al cabo, se trata de hacer justicia a secas en el caso, trasladando al fallo los dictados de unos derechos que contienen más o menos de lo que de ellos en la Constitución se dice y que se pesan y sopesan en el magín del juez con pretensiones de que se descubre su valor objetivo y su indudable resolución para el asunto que está entre manos.
Si del texto de la ley puede hacerse un monigote a voluntad y si la Constitución se ha convertido en un ente metafísico que habla nada más que al oído de los que llevan toga (sea la toga judicial o la académica), el juez se torna en señor absoluto, y cuando motiva su fallo se puede permitir las mejores alegrías o las mayores ligerezas, pues, al fin, bastará con su convicción de que hace lo justo y necesario y todo lo demás es adorno y pérdida de tiempo. ¿Y los ciudadanos? Los ciudadanos, ante esa justicia esotérica y evanescente, casuística y caótica, tan pretenciosa en la sustancia como iletrada en las formas y los fundamentos, volvemos a sentirnos como aquellos individuos que acudían al Oráculo de Delfos a escuchar a la incomprensible pitia en éxtasis o cuya vida dependía de los arúspides que interpretaban el vuelo de los pájaros o las entrañas de las bestias: pequeños, inermes, impotentes. La Justicia cada vez se parece más a la hechicería y los jueces se revisten de nigromantes.
¿Soluciones? Desde la carrera en las Facultades hasta la Escuela Judicial, hay que procurar antes que nada que los que van a dictar sentencias sepan leer correctamente, comprendiendo, y escribir con propiedad. Que aprendan a razonar por escrito, a argumentar como es debido y esperable entre seres razonables y para seres razonables. Y que estudien, claro, que no dejen nunca de estudiar, en general y para cada caso.
Pase que la oposición para la judicatura sea fundamentalmente memorística, mientras no se dé con un proceder alternativo mínimamente objetivo, pero hace falta algún ejercicio adicional que filtre para que no sea únicamente memoria lo que el juez de mañana demuestre. Y, por supuesto, a la Escuela Judicial le correspondería controlar del mismo modo. Decidir en Derecho es jugar con fuego y no puede hacerse de cualquier manera ni debe ser cometido del primero que pase y empolle un temario o se cuele por un turno especial. Y eso por no hablar de sustitutos y suplentes.

Tampoco estaría mal que, a la hora de dirimir ascensos en la carrera judicial, existiera algún comité u órgano completamente independiente que calificara en función de la calidad de las sentencias, no sólo por su cantidad ni, mucho menos, como es obvio, por el contenido de los fallos y a quién den la razón.
Hasta aquí la perorata. Vean ustedes mismos la sentencia y ya me dirán. A mí hoy no me alcanza el tiempo para más.