(Publicado ayer en El Mundo de León).
Negros titulares han destacado la gruesa deuda que pesa sobre la Universidad de León. ¡Más de veinte millones de euros! Quizá algo más, pues todavía los profesores no hemos podido conocer los detalles de la auditoría que ha realizado la Administración autonómica. Espero recibir pronto estos datos para advertir la exacta situación y las medidas que se van a adoptar. Mientras esa información llega, dos consideraciones me gustaría realzar.
Es la primera la idea de que esa cifra tan abultada no debería conducir a declarar la bancarrota de la Universidad. Una situación similar en cualquier empresa originaría gran preocupación y probablemente conduciría a su ruina. Pero la Universidad no es una empresa, aunque algunos ignorantes pretendan confundir los fines universitarios. Y es que una gran marea de conceptos económicos como la rentabilidad o la competitividad está inundando los campus universitarios para anegarlos de vulgaridad. Esos términos, tan importantes en las prácticas mercantiles, tan relevantes para el buen desarrollo de los mercados, no tienen nada que ver con los saberes universitarios, que son aparentemente improductivos. Sorprende que haya que tener que recordar que en la Universidad deben acogerse estudios e investigaciones bien diversas, sean o no inmediatamente rentables, ya traten de las lenguas clásicas, la biotecnología, la computación e inteligencia artificial, la historia medieval, etc. De estas y otras muchas especialidades hay profesores excelentes en la Universidad de León, ajenos a las falsas modas mercantiles y que tratan de dedicar su tiempo al estudio y no a rellenar formularios o comparecer en reuniones vagas.
La Universidad no es una empresa, aunque haya muestras mercantiles, como la que ahora impulsa a jubilar a los maestros de sesenta años para sustituirlos por profesores muy jóvenes, como si en lugar de una Universidad estuviéramos en un centro comercial que debe rejuvenecer su plantilla. Es muy triste advertir el puente de plata que se ofrece a aquellos profesores que estudiaron en el extranjero, que enseñaron en varias Universidades, ¡que hicieron oposiciones públicas y nacionales! ahora desaparecidas. Con sólo sesenta años se les empuja a dejar una Universidad porque se quiere tener una cara joven, como si hubiera que preparar un anuncio.
Me preocupa pues, esa concepción de la Universidad como empresa pues su consecuencia sería la bancarrota.
Pero más me inquieta un segundo aspecto sobre el que tengo abiertos varios interrogantes. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿qué medidas se van a adoptar?
Por supuesto que defiendo la honorabilidad de los anteriores y los actuales gestores de la Universidad, porque rechazo que esos millones de euros se hayan ido por el sumidero de la corrupción, de la apropiación indebida o de la malversación de fondos públicos. No creo que en las modestas prácticas universitarias haya entrado el veneno de la tonta ostentación y de aprovecharse personalmente de los cargos, que ha viciado muchas actividades políticas. Pero que la situación económica no deba investigarse por un fiscal ni alojarse en la justicia penal, no significa que no haya que saber cómo se ha llegado a esta situación o qué remedios hay que adoptar para corregir la misma.
La Junta de Castilla y León es la Administración responsable, que transfiere los recursos económicos y debe velar por su correcta utilización. El Consejo de Cuentas de Castilla y León tiene la competencia de fiscalizar a las Universidades y, como establece la Ley que regula esta institución: analizar la utilización de sus recursos, el coste de los medios que utilizan para cumplir sus fines, así como “si tales medios se utilizan de la forma más adecuada”. Es este Consejo de Cuentas el que debe advertir las infracciones, abusos o prácticas irregulares y concretar las medidas que considere más adecuadas para depurar las presuntas responsabilidades. Porque no hay que olvidar que el manejo de fondos públicos, la utilización de los recursos con los que contribuimos todos los españoles a financiar servicios públicos está sujeto, como no podía ser de otra forma, a la posible exigencia de responsabilidad patrimonial y contable.
Hay pues instrumentos para identificar las infracciones o errores y adoptar medidas que corrijan la grave situación económica. La Administración autonómica debe actuar. Lo contrario abundaría en la irresponsabilidad del ejercicio de las funciones públicas. Y eso sería más que la bancarrota, sería la quiebra del sistema público de responsabilidad.
Es la primera la idea de que esa cifra tan abultada no debería conducir a declarar la bancarrota de la Universidad. Una situación similar en cualquier empresa originaría gran preocupación y probablemente conduciría a su ruina. Pero la Universidad no es una empresa, aunque algunos ignorantes pretendan confundir los fines universitarios. Y es que una gran marea de conceptos económicos como la rentabilidad o la competitividad está inundando los campus universitarios para anegarlos de vulgaridad. Esos términos, tan importantes en las prácticas mercantiles, tan relevantes para el buen desarrollo de los mercados, no tienen nada que ver con los saberes universitarios, que son aparentemente improductivos. Sorprende que haya que tener que recordar que en la Universidad deben acogerse estudios e investigaciones bien diversas, sean o no inmediatamente rentables, ya traten de las lenguas clásicas, la biotecnología, la computación e inteligencia artificial, la historia medieval, etc. De estas y otras muchas especialidades hay profesores excelentes en la Universidad de León, ajenos a las falsas modas mercantiles y que tratan de dedicar su tiempo al estudio y no a rellenar formularios o comparecer en reuniones vagas.
La Universidad no es una empresa, aunque haya muestras mercantiles, como la que ahora impulsa a jubilar a los maestros de sesenta años para sustituirlos por profesores muy jóvenes, como si en lugar de una Universidad estuviéramos en un centro comercial que debe rejuvenecer su plantilla. Es muy triste advertir el puente de plata que se ofrece a aquellos profesores que estudiaron en el extranjero, que enseñaron en varias Universidades, ¡que hicieron oposiciones públicas y nacionales! ahora desaparecidas. Con sólo sesenta años se les empuja a dejar una Universidad porque se quiere tener una cara joven, como si hubiera que preparar un anuncio.
Me preocupa pues, esa concepción de la Universidad como empresa pues su consecuencia sería la bancarrota.
Pero más me inquieta un segundo aspecto sobre el que tengo abiertos varios interrogantes. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿qué medidas se van a adoptar?
Por supuesto que defiendo la honorabilidad de los anteriores y los actuales gestores de la Universidad, porque rechazo que esos millones de euros se hayan ido por el sumidero de la corrupción, de la apropiación indebida o de la malversación de fondos públicos. No creo que en las modestas prácticas universitarias haya entrado el veneno de la tonta ostentación y de aprovecharse personalmente de los cargos, que ha viciado muchas actividades políticas. Pero que la situación económica no deba investigarse por un fiscal ni alojarse en la justicia penal, no significa que no haya que saber cómo se ha llegado a esta situación o qué remedios hay que adoptar para corregir la misma.
La Junta de Castilla y León es la Administración responsable, que transfiere los recursos económicos y debe velar por su correcta utilización. El Consejo de Cuentas de Castilla y León tiene la competencia de fiscalizar a las Universidades y, como establece la Ley que regula esta institución: analizar la utilización de sus recursos, el coste de los medios que utilizan para cumplir sus fines, así como “si tales medios se utilizan de la forma más adecuada”. Es este Consejo de Cuentas el que debe advertir las infracciones, abusos o prácticas irregulares y concretar las medidas que considere más adecuadas para depurar las presuntas responsabilidades. Porque no hay que olvidar que el manejo de fondos públicos, la utilización de los recursos con los que contribuimos todos los españoles a financiar servicios públicos está sujeto, como no podía ser de otra forma, a la posible exigencia de responsabilidad patrimonial y contable.
Hay pues instrumentos para identificar las infracciones o errores y adoptar medidas que corrijan la grave situación económica. La Administración autonómica debe actuar. Lo contrario abundaría en la irresponsabilidad del ejercicio de las funciones públicas. Y eso sería más que la bancarrota, sería la quiebra del sistema público de responsabilidad.
* Mercedes Fuertes es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León.
Querida Mercedes, estoy de acuerdo contigo en que "esos dineros" no los han robado los gestores universitarios, en el sentido de haber desviado fondos a sus cuentas corrientes. Pero sí que han permitido el mal uso de los mismos. Un ejemplo muy sencillo lo puedes ver en este curso que organiza la US a 1220 euros por "cargo académico". Después de abrir la página merece la pena pinchar en "Más información". No se quedan con "los dineros" pero saben "llevárselo calentito".
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