Hacia el Estado fallido

Antes de entrar en la cuestión, declaro que en lo que viene a continuación no pretendo manifestarme sobre la necesidad o conveniencia de las centrales nucleares. No es que no tenga mi idea sobre el asunto, sino que no resulta muy relevante para lo que quiero tratar.
El hecho es que en España existen centrales nucleares y que no sólo ellas producen residuos nucleares, pues también los hay derivados de ciertas instalaciones de los hospitales y de la investigación. Así que el Gobierno tiene el proyecto de crear un nuevo cementerio nuclear para albergar con seguridad, se dice, residuos altamente radiactivos. Se llama Almacén Temporal Centralizado (ATC; ¿ATMC?). Y aquí aparece por enésima vez el desbarajuste de Estado que tenemos.
Podríamos entretenernos en hacer una pequeña taxonomía de los Estados fallidos. Algunos de los llamados del Tercer Mundo lo son por razones de abandono, pobreza, corrupción y falta de estructuras de todo tipo. Otros, como España, alcanzan dicha condición por exceso de estructuración, si así se puede decir, o, expresado en términos vulgares, por la ola de gilipollez que los invade.
Concentrémonos en lo nuestro. En un Estado que merezca su nombre es crucial la noción de interés general. La política democrática se basa en la contraposición de programas de gobierno y cada partido trata de hacer el suyo convincente para los ciudadanos, a fin de conseguir los votos suficientes para poder desarrollarlo desde el parlamento y el gobierno. Al tiempo, la organización territorial del Estado se traduce en un reparto de competencias entre el Estado central y otros entes territoriales que lo componen, de manera que esa fragmentación competencial se refleja en una partición correlativa del debate político y electoral, pues en comunidades autónomas y ayuntamientos los partidos presentan sus programas sobre lo que en ese ámbito les concierne, y sobre ello disputan ante la opinión pública y en las urnas. Hasta ahí, nada que objetar, el interés general para la política general y los intereses locales para las políticas locales; y cada cosa en su sitio.
La deformación hasta la caricatura de ese modelo es consecuencia de la combinación de una serie de factores. El primero es la desubicación o desorientación de la actividad política y el electorado. En las elecciones autonómicas y municipales los ciudadanos votan con un ojo (o los dos) puesto en los partidos estatales y sus líderes, de modo que casi nadie sabe o toma en cuenta los concretos programas en liza en esas elecciones, sino que se consideran éstas nuevos episodios de la lucha entre el gobierno central y su oposición. Al tiempo, en muchas comunidades algunos partidos, llamados nacionalistas, hacen su agosto en votos a base de impulsar políticas locales fuertemente narcisistas e insolidarias, atribuyendo al Estado central y a las comunidades vecinas todo tipo de males y perjuicios, reales o imaginarios, e imponiendo una política de corte ventajista y estilo de puro tahúr. Así pues, el debate a escala autonómica se deforma al quedar circunscrito a la pelea entre los que sólo miran para el Estado y sus líderes y los que nada más que atienden al beneficio de la comunidad propia, sin capacidad para tener en cuenta el interés del Estado en su conjunto, como si el bien de las partes no dependiera también del progreso del conjunto.
En ese marco, la política de los grandes partidos de implantación estatal se ve gravemente afectada, pues sus dirigentes se convencen de que sólo pueden conseguir importante representación en las instituciones del Estado central si arrastran votos suficientes en las comunidades autónomas, y para tal fin compiten con los partidos nacionalistas de éstas en el cultivo de las miras de corto alcance y en el fomento de la insolidaridad. Se llega así a una de nuestras supremas paradojas políticas, como es que los partidos “nacionales” prescinden de toda política estatal y se dedican a compartimentar sus discursos en políticas “nacionalistas” perfectamente contradictorias, mientras que la política del Estado queda al albur del toma y daca entre los nacionalismos parciales. Los grandes partidos españoles únicamente tienen posturas definidas o abarcadoras en asuntos puramente simbólicos o de muy escasa relación con un interés general del conjunto de los españoles, como los referidos a los crucifijos en las escuelas, la llamada “memoria histórica”, el uso de himnos o banderas y cretineces de similar calibre. Pero si se trata de proponer modelos claros y coherentes en materia de financiación territorial, políticas fiscales, política hidrológica, políticas de energía, políticas de investigación o de educación, etc., etc., salen por peteneras y dejan claro testimonio de en qué se han convertido: en puros aparatos de poder perfectamente desideologizados (salvo que llamemos ideología a la mera demagogia y a la retórica huera) y, en cuanto a su organización interna, en reinos de taifas. Rajoy y Zapatero, Zapatero y Rajoy saben que sus posibilidades de alcanzar el poder en el Estado central o de mantenerse en él dependen, por un lado, del voto de una mayoría de ciudadanos que no piensa más que en el interés más cercano y pedestre en el seno de su comunidad autónoma, y, por otro y combinadamente, del beneplácito de los dirigentes de su partido en sus respectivas comunidades, los llamados barones.
Ése es el contexto que explica la ridícula situación a que se acaba de llegar en aquel tema del nuevo cementerio nuclear. El Presidente de la Generalidad de Cataluña, el honorable Montilla, se opone ahora a su instalación en tierras catalanas, la misma que él propició e impulsó cuando era Ministro del Gobierno de la Nación. El Partido Popular, del que no consta que se oponga a la energía nuclear, expedienta a sus alcaldes y concejales cuando apoyan en ciertos pueblos la instalación del ATC en ellos. Zapatero ni sabe ni contesta, entre otras cosas porque un día afirma que va a eliminar las centrales nucleares, al día siguiente prorroga su funcionamiento y al otro lo prorroga un poco más. En los ayuntamientos que inicialmente se declararon dispuestos a alojar aquella instalación en su territorio se producen unas cuantas algaradas y de inmediato los alcaldes reculan para no enfrentarse con sus votantes de ayer o de mañana y para que su partido, el que sea, no los castigue con la excomunión. Y así sucesivamente ¿Qué carajal de país es éste?
A todo esto, Montilla y sus mariachis argumentan que en Cataluña ya están la mayor parte de las centrales nucleares de España (perdón, del Estado español) y que la solidaridad exige que al menos sus residuos vayan a descansar en otra parte. Y digo yo, cuando Cataluña se autodetermine a tope y se convierta en Estado a tutiplén, ¿nos venderán al resto la energía de sus centrales y nos exportarán sus deshechos?
A todo esto, el que se ha muerto es el pobre interés general. ¿Qué se necesitaría para resucitarlo? Primeramente, que los partidos estatales vuelvan a hacer y a plantear políticas de Estado. Una cosa es que ciertas comunidades tengan partidos nacionalistas legitimados por las urnas, con los que haya que contar y negociar, y otra, bien distinta, que los partidos estatales ya no vean el Estado y sean solamente jaulas de grillos que en un lado dicen una cosa y en el otro su contraria. Si quienes gobiernan España (sorry, el Estado español) no tienen en la cabeza más política de conjunto que el voto de cada sitio, fomentan la desunión y el desgobierno y, desde luego, desprecian los intereses comunes. Esto, a día de hoy, vale exactamente igual para el PSOE y para el PP.
En segundo lugar, los partidos mayoritarios en el Estado han de discutir y después pactar los grandes asuntos de Estado. Otro buen ejemplo de estos días es el tema de la inmigración. Inmigración, política de energía, política hidrológica, defensa, sanidad, educación, investigación y unos cuantos más son temas atinentes al interés general, y lo que define el interés general es que ha de sobreponerse a los intereses parciales y locales. Que los de Oviedo y los de Gijón, por ejemplo, nos peleemos por un hospital o una universidad es comprensible, dadas las limitaciones de los humanos de a pie. Que partidos como el PSOE y el PP no hagan más que dar la razón a los de un lado y a los de otro y esperar a ver si lo dirimen a tortas o calcular dónde se pillan más votos es la mejor demostración de que no son partidos, sino casas de putas mal administradas.
Acabemos donde comenzamos, con el cementerio nuclear. Primero se ha de examinar con rigor si hace falta y se tiene que explicar por qué. Después los mejores expertos deben estudiar sus posibles ubicaciones, nunca con criterio político, sino científico y económico. Seguidamente se escucha a todas las partes interesadas que tengan algo que alegar y se ponderan todos sus argumentos, menos uno, el de aquí no lo quiero porque no me da la gana o porque soy más guapo que los demás. A continuación el gobierno y la oposición comparten la información y la valoran tratando de ponerse de acuerdo. Para dicho acuerdo entre partidos es fundamental no perder de vista que, tratándose de política de Estado, hay partidos, los nacionalistas, que no la tienen por definición, o carecen de ella mientras no demuestren lo contrario. Al fin, quien tiene el Gobierno y la mayoría parlamentaria (gracias a los votos de los ciudadanos de todo el Estado) decide, pues para eso está. Y aquí paz y después gloria.
Sí, hemos caído en lo que aquí y ahora es una perfecta utopía. Porque el interés general ha muerto a manos de todos estos politicastros sin luces, sin ideas y sin vergüenza. Por eso vamos camino de convertirnos en un auténtico Estado fallido, versión Estado imbécil. Pero como todavía hay quien los vota...