¿Sistema o caos? Sobre la situación de nuestro Derecho

Esto del Derecho en España ya no hay quien lo entienda. Ni competencias ni habilidades ni destrezas ni gaitas, un jaleo incomprensible. Sirva como última muestra, entre tantas, el caso del empadronamiento de los inmigrantes que no están en el país en situación legal. El Ayuntamiento de Vic decide por su cuenta y riesgo que no los empadrona y queda todo el mundo -al menos todo el que se ve- sumido en el desconcierto y la duda. ¿Será legal o no será legal dicha resolución? Nadie se aclaraba y rápidamente dicho consistorio se asesora por un bufete que afirma, cómo no, que jurídico a carta cabal y que todo en orden. Días después se pronuncia la Abogacía del Estado en sentido contrario, pues, al parecer, hay una norma que claramente prescribe la obligación de empadronar en tales supuestos. Hasta entonces, de dicho precepto ni noticia en casi ningún lado. Los más desorientados, por su naturaleza o aposta, los partidos políticos, seguidos de cerca por los periodistas. ¿Esta gente no tiene asesores expertos o qué?
Más allá de esta o aquella situación chusca, lo que ocurre es muy significativo y pone de relieve cómo está el sistema (?) jurídico y para qué sirve el Derecho en estos tiempos: el supuesto sistema hecho unos zorros y el Derecho cada vez más útil para esas tareas escasamente poéticas que se suelen hacer a solas en el baño. Extendámonos un rato en el pesimista diagnóstico y en las causas del mal.
La situación ya ha quedado descrita y se resume en que hoy todos los casos jurídicos parecen difíciles o dificilísimos, inverosímiles, aun cuando exista para el asunto en liza una norma clara y perdida en el laberinto de los boletines oficiales. ¿Por qué se ha ido a parar a semejante desorden jurídico? Enumeremos algunas razones.
a) El sistema español de fuentes del Derecho es un lío descomunal. Aquello de la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho ya sólo lo explican así, y tan contentos, algunos civilistas, supongo que pocos. Entre normativa europea, leyes estatales, leyes autonómicas, variados reglamentos por un tubo, soft-law, la Constitución, que está en todas partes y en ninguna, según convenga, la moral, que según la mayoría de mis colegas es parte fundamental y suprema de todo Derecho bien vestido, aunque nunca se sabe la moral de quién o a cuento de qué, etc., etc., no es tan raro que para cada ocasión cada parte llegue con un carro de normas perfectamente contradictorias con las de la otra parte y que ni el más reputado y puteado juristas sepa a qué carta quedarse. ¿Jerarquía normativa? Eso es de cuando las jerarquías no estaban mal vistas. ¿Coherencia sistemática? Si se acaba el sistema, cómo le vamos a pedir que sea coherente, el pobre. ¿Criterios de validez y esas cosas? Ya nos hemos encargado los iusfilósofos de enturbiar la noción. Y, así sucesivamente, ya no hay un sistema de fuentes sino una inundación de aguas jurídicas contaminadas con todo tipo de gérmenes políticos y económicos.
b) Aquí el que no legisla no pinta nada, parece tonto e inútil. Todo el mundo a sacar normas con gran alegría, tanto en las materias que son de su competencia como en las que no. Las universidades son un ejemplo de tantísimos. Ya hay en cada una muchos más reglamentos que alumnos. Las comunidades autónomas también tienen su gracia legisladora. De pronto aparece el Código Civil de Villaconejos de Arriba. Oigan, ¿y ustedes para qué quieren un código civil? Hombre, para no ser menos que el Estado y que los de Villaconejos de Abajo. ¿Y qué dicen en ese código?, vamos a ver. Pues nada, repetimos lo del Código Civil de toda la vida, pero adornado con cositas que no pueden ser nulas porque son cositas. Y, claro, como la repetición de la norma superior o de la norma competente no es causa de nulidad, pues todo quisque a marcarse su código y su reglamento de lo que sea. Consecuencia: tantos árboles ya no dejan ver el bosque. Imagínense al pobre técnico de Vic perdido entre normativas internacionales, europeas, estatales, autonómicas y locales para ver si se debe o no inscribir en un registro a un señor de Marruecos que dice que sí y que necesita una escuela para sus hijos.
c) Como los que saben son pocos y están desbordados y presionados, y como los que legislan por lo general ignoran y no preguntan, la técnica legislativa es lamentable. Leyes y reglamentos con farragosas exposiciones de motivos que más parecen las confesiones ante el psicoanalista de un tipo con todos los complejos imaginables, preceptos que ordenan o permiten al buen tuntún, normas sin sanción y sanciones sin supuesto de hecho conocido o comprensible, demagogia a espuertas, populismo para dar y tomar. Uno se lee los doscientos artículos y sólo puede concluir que su autor está en contra de que se deje a los perros soltar sus cacas en la calle, aunque, eso sí, habrá un primer capítulo sobre la función de los canes en el ecosistema y un segundo sobre el tratamiento social de las mordeduras de chucho, y se evitarán las connotaciones de género a base de escribir todo el rato los perros y las perras y sus hijos y sus hijas.
d) Tres cuartas partes de la actual legislación son legislación simbólica; es decir, no contiene normas aplicables o útiles para algo tangible, sino brindis al sol para ganar votos. Que si este principio, que si aquel cuidado, que si vamos niños al Sagrario que Jesús llorando está. Pero de Derecho propiamente dicho ni rastro. Sólo alpiste para ingenuos con la papeleta electoral en la boca.
e) Tanto exceso verbal y tanto desatino produce un efecto paradójico: todos, desde el vulgar ciudadano hasta el exquisito dirigente político, se convencen de que no hay más cera que la que arde ni más Derecho que lo que digan los jueces o la autoridad en general. Es un viaje de ida y vuelta, pues se legisla tanto so pretexto de atar al poder y se concluye que con tanta, tan caótica y tan infumable legislación no hay hijo de madre que entienda nada; así que a mandar los que mandan, y listo. De ahí la pugna cada vez mayor para acabar con la independencia judicial: si Derecho es lo que determinen los jueces en cada caso, que decidan lo que a mí me conviene. Algo saben de esto los zapateros y rajoyes, entre tantos.
f) La doctrina emperifollada de títulos y acreditaciones también pone lo suyo. Ahora lo que se lleva es escribir que no hay mejor Derecho que la justa solución de cada caso. Ni leyes ni legitimación de los legisladores ni soberanía popular ni principio democrático ni nada, justicia y tente tieso. Naturalmente, cada esforzado tratadista, con ese narcisismo que nos caracteriza a los académicos, pontifica convencido de que para justicia la suya y de que en caso de duda a él deberían preguntarle. La ley del embudo ahora viste toga, sea judicial o, sobre todo, universitaria. Pero, diantre, si la ley sólo ha de aplicarse cuando nos parezca bien, para qué se hacen tantas normas, vamos a ver. La contestación es obvia: para aplicarlas al enemigo. Porque eso sí, cuando del enemigo se trata y la ley está clara en su contra, todos los iusmoralistas se adornan de un positivismo subido.
g) La guinda la pone la deslealtad de los politicastros, deslealtad al sistema jurídico por entero, comenzando por la Constitución. Los mismos que se llenan la boca invocando la Constitución en lo que los favorece se declaran partidarios de todas las excepciones en aquello que la Constitución no los beneficie y se inventan sistemas alternativos de control y legitimación: eso ya lo henos votado nosotros y los tribunales no son nadie para contradecir al pueblo, nuestra nación se ofende ante la soberbia judicial, etc., etc.; mucha cara.
Mas no se piense que el problema deriva sólo de las disputas territoriales de nuestro Estado fallido y follado. No, la deslealtad al sistema jurídico, comenzando por la Constitución, es general en nuestro sistema político. Normas puntuales para favorecer a los amiguetes, persecución muy selectiva de la corrupción y de los delitos económicos, manejo descarado del complejo mediático-judicial, explotación vil de las víctimas de los delitos con más eco en la opinión pública, punitivismo autoritario para complacer al votante enfebrecido, manipulación y politización de los jueces y fiscales y de todo el sistema de Justicia... Etc., etc., etc.
Y uno, que supuestamente se dedica a la docencia del Derecho en una facultad de tal, se pregunta: ¿qué debemos enseñar a los estudiantes? Seguramente nada; y ahí vamos.