Hace falta autoridad. O de por qué las instituciones viciadas no pueden arreglarse a sí mismas

                Dije autoridad y es como si mentara la bicha. Para qué queremos más, ya lo habrá que note indicios de feroz autoritarismo. Pues no, se puede reclamar que la autoridad legítima cumpla sus necesarias funciones sin, por eso, ser autoritario. Cuando en un restaurante yo me enfado con los padres que dejan a sus hijos pequeños correr entre las mesas y molestar sin parar a los comensales, no estoy pidiendo que esos padres muelan a palos a sus retoños ni que se comporten como unos abusones con ellos, únicamente que los llamen al orden y les enseñen de adecuada manera lo que deben saber.

                Venía hoy en un periódico, creo que El Mundo, el enésimo reportaje sobre los males graves de la universidad española, y, como siempre, se pedía opinión sobre posibles arreglos a expertos de diversa catadura. Uno de ellos, Richard Vaughan (por cierto, un genio de la enseñanza del inglés que me parece que está levantando un imperio con su método, que es realmente magnífico), sentenciaba que no ve solución ninguna, pues habría que entrar a saco y con medidas durísimas que acabaran con los vicios endémicos. No puedo estar más de acuerdo. Y donde decimos universidad, podríamos citar otras muchas instituciones. Mas hablemos de universidad, que nos queda cerca, y sirva de ejemplo lo que se diga, y en lo que valga, para instituciones distintas.

                Como parece que intuye míster Vaughan, hay dos elementos interrelacionados que convierten en irreversible la decadencia de una institución, como la universidad misma. Uno es la apoteosis de derechos, la manía de ir llenándolo todo de derechos fundamentalísimos que ocultan las obligaciones y que se presentan como totalmente independientes de ellas. No es que uno esté en contra de los derechos, no faltaba más, pero la sobredosis indiscriminada de derechos también puede acabar con la salud de una institución y sus buenas prácticas, igual que nos dañan a nosotros los excesos de azúcar o de sal. ¿Los eliminamos de la dieta? No, ponemos azúcar o sal en la dosis adecuada, y hasta necesaria, y acompañados de una alimentación con el debido equilibrio. Pues los derechos, igual. Claro que tendrá alguna razón de ser la autonomía universitaria, naturalmente que estará justificada la libertad de cátedra, sin duda que habrá su parte buena en la inamovilidad del profesorado, cómo no va a resultar conveniente que todos y cada uno, estudiantes, profesores, personal administrativo, participen de alguna forma en el gobierno de la universidad y tengan acceso a la debida información sobre lo que se cuece. Vale, pero dentro de un orden, sin poner el carro delante de los bueyes y viendo el bosque entre árbol y árbol. O sea, podando los excesos. La autonomía universitaria no puede constituir excusa o vía para que, por ejemplo, muchos rectores lleven a la pura ruina a las universidades, la libertad de cátedra no cabe como subterfugio para que cada profesor explique o no explique o cuente lo que le dé la realísima gana, venga a cuento o no, el sistema participativo no ha de ser la puerta para que cada grupúsculo se torne guardián nada más que de sus más infames intereses.

                El otro elemento es, precisamente, la democratización mal entendida y peor aplicada. Convencido el personal que en la institución labora de que la institución es suya y de que nada en ella puede sustraerse a su designio, se vuelve dogma la idea de que ninguna reforma cabe que no salga de dentro y que desde dentro no se apruebe.Y para eso estamos, para que no prospere ninguna que personalmente nos perjudique.

                El exceso de derechos o, sobre todo, el hábito de su torcido ejercicio, de su ejercicio plenamente desvinculado del interés general y de la función que da su razón de ser a la institución, hace que se vaya formando una masa de egoísmos que entre sí se refuerzan y de consuno pactan para que pueda cada grupo conservar y aumentar sus privilegios. Los estudiantes no presionan al profesorado para que imparta sus clases como es debido, y los profesores corresponden bajando la exigencia a los estudiantes. Y así sucesivamente, podrían ser infinidad los ejemplos. Consumado ese divorcio entre los fines de la institución y los propósitos de los que dentro de ella se mueven y en ella sacan su particular beneficio, los mecanismos participativos y democráticos no son modos de decidir entre las diversas propuestas o los distintos programas que mejor puedan hacer que la institución funcione bien y rinda como a su sentido corresponde, sino manera de hacerse fuertes, todos a una, ante todo intento de vencer corruptelas, de poner un mínimo orden o de buscar que se trabaje como sería de esperar. No hay deliberación verdadera entre intereses contrapuestos y que termine en dialéctica síntesis en pro del interés general, sino variedad de añagazas para el pacto en mutuo beneficio. Eso es así cuando cada uno y cada grupo mira por lo suyo y ninguno se preocupa de lo de todos. Y si alguno de estos hubiera, quedará de inmediato excluido de los órganos supuestamente deliberativos o no tendrá en ellos pito que tocar.

             En esa situación estamos en las universidades y en tantos otros lugares que viven del presupuesto público. No queda posibilidad ninguna de regeneración interna, está bloqueada de antemano toda reforma razonable, y cuantas se intentan desde la esfera política general, con mejor o peor criterio, son inmediatamente adulteradas y adaptadas a la pedestre conveniencia de los de dentro. Es más, ningún reformista cabal llegará a rector, ni a decano siquiera, ni se mantendrá en el cargo si se lo toma con la seriedad debida. Toda racional exigencia de obligaciones tendrá que ceder ante el sistema vigente de tolerancias. De puertas adentro, gobernar ahí es tolerar, administrar las tolerancias e introducir otras nuevas para internamente legitimarse y seguir en el carro y en el cargo.

                Por eso no hay arreglo. Por eso las soluciones, si las hubiera, tendrían que venir de fuera, de un debido ejercicio de la autoridad legítima. Pero costaría sangre, sudor y lágrimas, pues es poco menos que imposible desmontar esa trama de intereses y complicidades, de tolerancias y tácitos acuerdos para que cada uno se beneficie a costa de la institución y a costa del interés general, todo ello adornado con el oropel de las grandes palabras y de los sacrosantos derechos desvirtuados en su sentido: que si calidad de la enseñanza, que si autonomía universitaria, que si libertad profesoral, que si comités y comisiones. Mentiras, disfraces de la arbitrariedad, excusas para el gigantesco expolio, maneras de estafar a la sociedad que paga y padece, envoltorio lustroso para los más defectuosos productos. Y que siga la fiesta y después de mí el diluvio.

                Ay, pero decir autoridad es pura quimera o remedio tan malo como la enfermedad cuando la autoridad es parte del mismo sistema corrupto y funciona con idénticas claves. De un sistema político sumido en la podredumbre por obra de partidos y clanes no cabe esperar más que buena sintonía con lo peor de lo que daña las instituciones, contubernios de ida y vuelta, sociedades de mutuo apoyo. Por eso no hay esperanza ni para el buen profesor ni para el buen juez ni para el buen alcalde, pongamos por caso. Sólo queda, quizá, la íntima resistencia y el negarse a colaborar con los malditos roedores. Mientras el cuerpo aguante o hasta que a los mejores los parta un rayo teledirigido o se les ofrezcan una buena prejubilación.