La hondura de esta crisis moral

            Hay una diferencia esencial entre un homicida ocasional y un criminal hecho y derecho, un sicario sin remordimientos o un psicópata asesino. El primero puede pasar una época de obnubilación, desorientado quién sabe si por un odio puntual, unos celos insufribles, una tentación fortísima, una tristeza oscura... Y se desespera o se excita y mata, o lo intenta. Pero al cabo el crimen le pesa, y más cuando lo descubren y se lo echan en cara los familiares y vecinos, los amigos, por no decir si tiene que sentarse en el banquillo y pagar cárcel.

            Con los otros todo es distinto, su entraña moral se ha torcido, en su narcisismo o su puerilidad tienen el mal por bien, se sienten superiores al ciudadano común al cultivar valores heterodoxos, hallan su luz en la zona oscura y su beneficio en el abuso sobre cualquiera y el expolio de los demás.

            Cuando en una sociedad logran fuerte predominio esos sujetos cuya entraña moral se mueve entre la anomia y la ley del embudo, en los casos en que se hacen con parcelas de dominio económico, político e institucional, suelen muchos ciudadanos del montón padecer una de estas dos reacciones: o el silencio del que busca también beneficio en ese sistema adulterado o de quien no quiere tener perjuicio por hacer valer su crítica, o la imitación de esos otros, basada en un fondo de envidia y admiración a partes iguales. En una situación tal, las reformas puramente jurídicas, los meros cambios legales y hasta el endurecimiento de las penas no tienen efectos reformadores, más que nada porque aquellos poderosos con ese sello de moralidad desviada no perciben rechazo social genuino y mayoritario y porque se rodean de todo un círculo de larvadas protecciones y silencios cómplices. El Estado, suponiéndole al Estado la función de salvaguardar unas reglas mínimas de decencia y probidad en la gestión de los asuntos públicos y para la instauración de un orden justo y eficiente, se halla bajo una tensión de muy difícil salida. Sus mecanismos ordinarios se tornan impotentes por ausencia de apoyo ciudadano consistente y sus instancias normativas y de administración de justicia se ven saboteadas desde dentro por esos mismos sujetos que colonizan dichas instancias y, desde ahí, se procuran una red de inmunidades. Son los tiempos en que la legislación se vuelve legislación simbólica y muchos jueces usan sesgadamente sus competencias y hasta hacen un uso alternativo del derecho, consistente por ejemplo en extremar las garantías procesales en favor de quienes más favores tienen para repartir. Es una promiscuidad jurídico-política en la que cada cual determina los resultados en campos que no le competen, por ejemplo el juez fallando con criterio político, y el pícaro aupado al dominio de lo público determina los fallos jurisprudenciales.

            Es la situación que tenemos en España. Los más acreditados corruptos ganan más votos en cada nueva elección, las culpas se asignan a enemigos imaginarios, sean enemigos de nación, enemigos de clase o enemigos corporativos, los movimientos sociales de protesta espontánea resultan inmediatamente colonizados por representantes del mismo sistema que se pretendía corregir y las consignas reformadoras se trivializan cuando las incorporan a su discurso los partidos de establishment. Entre los mismos que protestan se cruza enseguida un posibilismo de cortas miras y basta regalarle a alguno un privilegio de los que combate para que de súbito se envaine las objeciones. Cuando, como aquí, la crisis primera es moral, no cabe cambio real mientras la moral social sea de egoístas y sujetos a los que solo mueva, en el fondo, el qué hay de de lo mío. 

En otros términos, carecemos del ambiente requerido para reformar el país y el Estado mientras los de a pie tengamos precio y, sobre todo, nos vendamos tan baratos. Contra los recortes me quejo nada más que si a mí me quitan la extra, de los sistema de selección de personal en las Administraciones Públicas protesto únicamente cuando no sale colocado un pariente mío, de la insolidaridad nacional me duelo en lo que no salgan con ventaja mi pueblo o mi Comunidad Autónoma... Es el momento en que el político de principios es sustituido por el hábil negociador sin principios, por el experto en mantener equilibrios inestables y conseguidos a base de rehacer contubernios para repartir los beneficios entre grupúsculos y castas. Las continuas llamadas a la negociación como vía para solventar cualquier problema del país tienen mucho de esto, aunque haya buena fe en alguna que otra. Negociar, aquí, es hacer dejación de todo principio y de cualquier exigencia de justicia social, a fin de mantener en rodaje un sistema político-económico y jurídico que no prive a las elites anómicas, desideologizadas y delicuenciales de su dominación y su control de las prebendas.

            A partir de cierto momento, cualquier noticia adicional sobre turbios manejos y apropiaciones ilegítimas no añade nada, no cambia ninguna cosa. También el periodismo bueno va de la mano de la impotencia, cuando no caen los medios de comunicación en manos de los mismos grupos depredadores, que es lo que viene ocurriendo.

            Así, hoy leemos que el anterior Consejo Nacional de la Competencia había establecido que cada consejero percibiría, al cesar, 655.000 como indemnización. Lo detecta al fin el Tribunal de Cuentas, pero la medida es legal, dada la autonomía normativa del Consejo aquel, y solo se les puede reprochar jurídicamente que no hubieran previsto la necesaria provisión de fondos. Como si después de un crimen masivo alguien no hubiera más vuelta legal que indicar que la pistola no era del calibre apropiado para matar mejor.

            En ese tipo de órganos con autonomía el pacto entre líneas es claro: nosotros os nombramos a vosotros para que nos obedezcáis y renunciéis en eso a la autonomía que da sentido al órgano y su función, pero, a cambio, os podéis sentir autónomos para establecer vuestras dietas, el modo de financiaros los viajes, las indemnizaciones al salir del cargo... Es aquella misma historia del CGPJ y que ya nos suena de tantos sitios. Es, salvando las diferencias de detalle, el cuento de las cajas de ahorros. Quien provoca la ruina en el ámbito que le correspondía se marcha llevándose lo suyo y con la vida resuelta o en espera de un nuevo momio que algún estómago agradecido le procurará. No hay remordimiento, pues la conciencia moral ya había sido sometida al correspondiente lavado. Algún periodista no subvencionado, quizá, hará algo de ruido, pero el ladrón legal tendrá más amigos, porque en las sociedades corruptas los enanitos complacientes adoran el trato con los ricos y mueven la colita esperando unas migajas.

            No hay arreglo, salvo milagro. Un amigo me contaba la otra noche que, en su opinión, habría que empezar a darles a los corruptos un tiro en la rodilla, a modo de escarmiento. Sí, estoy de acuerdo en que eso tendría una función de prevención general positiva y negativa mayor que esas penas de las que tales personajes se libran, principios constitucionales en mano. Pero no sé, mientras lo pensamos enseñemos algunas cosillas a nuestros hijos y no nos dediquemos a acariciarles el lomo a los mismos indecentes a los que con la boca pequeña ponemos de vuelta y media en casa o en el bar del barrio que ellos no frecuentan.

            Hace una temporada, llegué con un buen grupo de colegas profesores a comer en un restaurante en el que estaba en una mesa sentado un presidente de caja de ahorros del que todos sabíamos lo que había que saber. Una parte de ese profesorado fue corriendo a saludar, moviendo la colita e inclinando el hocico, casi oliéndole el culo, como hacen los perros. Pues a eso me refiero, a que tal vez los únicos miserables no son los que roban, y a que la mierda está muy repartida. Hay cola para robar y corromperse.