La sentencia del TEDH sobre la “doctrina Parot”. Consecuencias para el principio de legalidad penal.

                Ha estallado el escándalo nacional y mediático porque el Tribunal Europeo deDerechos Humanos acaba de invalidar la llamada doctrina Parot sobre el cálculo de cumplimiento de las penas. No voy a entrar, para nada, en el debate sobre si eso parece justo o injusto en sus consecuencias, sobre si es poca o suficiente la pena de los delincuentes -especialmente terroristas, pero no sólo- que podrán o deberán ser puestos en libertad en aplicación de la doctrina del Tribunal Europeo. Sobre eso ya está opinando media humanidad y posiblemente hay buenas razones de una parte y de otra.

             He hojeado la sentencia ahora mismo, pero muy por encima y guiado más que nada por los resúmenes que presentan los periódicos en sus ediciones digitales. No tengo tiempo hoy para mirar con la debida calma la sentencia en cuestión, así que me disculpo si algunas de las consideraciones que haré dentro de un momento no son del todo atinadas o se deben matizar sentencia en mano.

               Centremos lo que está en discusión y pongamos sobre el tapete algunos datos que parece claros:

                1. Los presos afectados o beneficiados por la sentencia habrán cumplido siempre más de veinte años de pena privativa de libertad y nunca irían a cumplir más de treinta. Lo primero creo que deriva de la cantidad de pena que pueden redimir por trabajos en prisión u otras actividades que computen a esos efectos según la ley general que se aplica a los delitos anteriores a la reformas de 1995 y de 2003. Lo segundo obedece a que a estos presos sobre los que se discute no se les puede aplicar un cumplimiento de pena superior a esos treinta años, ya que ni cabe ni se ha planteado la aplicación retroactiva de la reforma penal que alarga a cuarenta años ese periodo máximo.

                2. Había desde el principio un problema de interpretación de la normativa referente al cómputo de la redención de penas. Las alternativas interpretativas eran dos.  Según la primera, los descuentos en el cumplimiento se deberían aplicar sobre cada una de las penas por las que hubiera recaído condena, asumiendo que el límite de cumplimiento posible estaba en treinta años. Inés del Río, la etarra que ha recurrido ante el Tribunal de Estrasburgo, sumaba, por sus diversos delitos, un total de más de tres mil años de condena. Esto quiere decir que si el tiempo de pena redimida se calcula sobre esa base, pasa de tres mil años a, pongamos, unos diez años menos. En resumen, que tendría que estar en la cárcel hasta que pasaran treinta años.

                La segunda interpretación posible consistía en hacer esos descuentos sobre el máximo de la pena que efectivamente se podía cumplir, treinta años cuando la condena por los diferentes delitos era de más de treinta. Así que si, en un caso tal, se han redimido diez años de pena, se debe poner a ese condenado en libertad al cumplirse los veinte.

                3. Hasta 2006 el Tribunal Supremo había aplicado la segunda de esas dos interpretaciones. En 2006, ante el debate social producido por la inminente excarcelación del eterra Henri Perot en aplicación de tal interpretación hasta entonces acogida por el Tribunal Supremo sin excepción, este Tribunal altera su jurisprudencia y pasa a mantener la primera de las interpretaciones mencionadas. O sea, es en ese momento cuando dice que no hay que calcular los descuentos sobre los treinta años, sino sobre cada pena, lo cual, creo, es lo mismo o bastante similar (al menos en estos casos de condenas de cientos o miles de años) a decir que hay que descontar sobre la suma total de las penas. Henri Parot tenía condena de 4.700 años, por treinta y tres asesinatos cometidos entre 1978 y 1990. Hablamos de condenas anteriores a la entrada en vigor del Código Penal de 1995, ése es otro dato importante que hay que tener en cuenta.

                El Tribunal Constitucional avaló la decisión del Tribunal Supremo, en el sentido de que consideró que no había en tal jurisprudencia nueva y con dicho cambio jurisprudencial un atentado contra derechos fundamentales de los que permiten recurso de amparo.

                4. Lo que acaba de decidir (o de ratificar, pues se resuelve el recurso ante su sentencia anterior en el mismo sentido) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al resolver el recurso interpuesto por Inés del Río, es que la aplicación a ésta de esa nueva doctrina jurisprudencial establecida en la mentada sentencia de 2006 vulnera antes que nada un derecho protegido por el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Para Inés del Río la diferencia en años de cumplimiento que estaba en juego era de nueve años. Es decir, y como el Tribunal de Estrasburgo recuerda, si el Tribunal Supremo no hubiera variado su interpretación y no hubiera introducido esa llamada “doctrina Parot”, hace cinco años años que Inés del Río tendría que haber sido puesta en libertad con su pena legalmente cumplida. Con la “doctrina Parot” le tocaría ser libre en 2017.

                El artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos dice así, en su primer apartado: “1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida”. Estamos ante el principio de legalidad penal, el mismo que se ampara en el art. 25 de nuestra Constitución y que, en lo referido a la irretroactividad de la ley penal desfavorable, se recoge en el art. 9. Parte constitutiva y esencial del principio de legalidad penal es la irretroactividad de la norma penal desfavorable para el reo.

                5. El Convenio Europeo de Derechos Humanos es parte del derecho interno español y las decisiones del Tribunal Europeo cuentan y vinculan en nuestro derecho interno como si fueran las de un tribunal español, con el aditamento de que su valor vinculante está por encima de las decisiones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Esto es así y jurídicamente pocas vueltas cabe darle. Las vías de hecho son cosa aparte. Recuérdese lo que dicen el art. 96 y el art. 10 de la Constitución, más lo que significa un tratado internacional, suscrito por el Estado respectivo, a tenor del Derecho de los Tratados y del Derecho Internacional general.

                Ahora vamos con la cuestión que aquí quiero plantear. La decisión de hoy mismo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se basa en que a Inés del Río se le hubiera aplicado retroactivamente una norma legal desfavorable. Se le aplicó la ley que estaba en vigor cuando cometió sus delitos y esto no se discute ni lo cuestiona el Tribunal. Lo que el Tribunal Europeo está señalando es que se le aplicó retroactivamente una interpretación jurisprudencial perjudicial, la del Tribunal Supremo de 2006, la de la “doctrina Parot”. Va de suyo que si el Tribunal Supremo no hubiera variado su doctrina o interpretación anterior para introducir ésa, Inés del Río ya habría sido excarcelada hace años.

                Dice el Tribunal que (tomo las citas de la información que viene ahora mismo en El País) esto vulnera el derecho a la legalidad penal y a la irretroactividad de la ley penal desfavorable (art 7) y, por extensión, el derecho a la libertad del art. 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque (cito por El País) "la legislación española era lo bastante precisa como para permitirle comprender el alcance de la condena y su modalidad de ejecución" y, sin embargo, "no podía haber previsto que el método para calcular la redención de pena sería objeto de un cambio de jurisprudencia", como hizo el Supremo en 2006. "La aplicación de la doctrina Parot a la situación de la Sra. Del Río Prada ha privado de efecto útil a las redenciones de pena a las que en principio tenía derecho", indica el Tribunal.

                Analicemos con algo más de detalle. El derecho de Inés del Río se ha vulnerado en España, al aplicarle la “doctrina Parot” del Tribunal Supremo (respaldada por el Tribunal Constitucional) debido a que:

                a) La legislación española en su momento vigente (que se le aplicaba en todo caso y fuera cual fuera la interpretación), sumada la doctrina del Tribunal Supremo antes de 2006, le había permitido a ella (cuando delinque y es condenada y mientras cumple la pena) calcular con precisión cuál era la pena máxima que soportaría (treinta años, eso no está en cuestión) y cuánto de ese cumplimiento máximo podía redimir por trabajo o actividades en la cárcel de las que a tal efecto se consideran.

                b) Inés del Río no podía saber por anticipado que el Tribunal Supremo iba a modificar su interpretación de la legalidad aplicable, introduciendo un nuevo sistema de cómputo de las redenciones que aumentaría su tiempo de cumplimiento de pena. Esto le parece al Tribunal relevante desde el siguiente punto de vista, al parecer: si ella hubiera sabido que, pasado el tiempo, el Tribunal Supremo iba a variar de esa forma la relevancia de las actividades de ella para la redención de pena, tal vez no habría realizado dichas actividades. Se le frustró una expectativa fundada que ella tenía, en suma. ¿Fundada en qué? En la interpretación de la ley durante todo ese tiempo vigente, aplicada por el Tribunal Supremo hasta 2006.

                Para la teoría del Derecho esto tiene una relevancia grande. Desde ahora habrá que entender que tenemos derecho los ciudadanos españoles y europeos ya no meramente a que no se nos aplique retroactivamente la ley perjudicial, desfavorable, que entre en vigor con posterioridad a nuestro delito, sino a que tampoco se nos apliquen los cambios jurisprudenciales que nos perjudiquen. ¿Por qué razón?

                Supóngase que yo me planteo realizar la acción C, pero no quiero cometer un delito ni enfrentarme al riesgo de acabar entre rejas, condenado por delito. Así que voy a la legislación penal y compruebo si esa conducta C está tipificada como delito. De esa manera, sé a qué atenerme y tengo una elemental seguridad jurídica. La seguridad jurídica implica que cada uno ha de poder prever por anticipado las consecuencias jurídicas de sus acciones, al menos dentro de unos límites razonables. Yo veo que C es o no es delito y que si lo es la pena máxima a la que me enfrento es de tanto y la mínima de tanto. Ya sé a qué atenerme y no me llamo a engaño. En el caso del Derecho penal, esta necesidad de seguridad es especialmente acuciante, por la gravedad de lo que está en juego: mi hacienda y mi libertad, entre otras cosas. De ahí a rotundidad con que se protege el principio de legalidad penal (y su secuela inescindible, la irretroactividad de la ley penal desfavorable) en todo el orbe civilizado. Eso es el famoso nullum crimen, nulla poena, sine lege previa. Los nazis lo cambiaron en su tiempo por el principio de nullum crimen sine poena, con los resultados sabidos.

                Imaginemos ahora que cuando me pongo a averiguar si C será delito o no, me encuentro con la siguiente situación:

                a) Hay en el Código Penal una norma N que establece un tipo penal en unos términos que tanto permiten pensar que C sí realiza el tipo delictivo o que no lo realiza, dependiendo de cómo esos términos de C se interpreten. Una interpretación más extensiva llevará a condenar a quien probadamente haga C y una más restrictiva llevará a decir que no incurre en ese delito quien haga C (también puede ocurrir que con una interpretación, C encaje en un delito más grave y con la otra no resulte tal conducta constitutiva de ese delito, sino de otro con pena menos grave; pero no nos compliquemos más[1]).

                b) Por mí o con ayuda de mi asesor legal (supongamos que soy ricachón y que tengo tratos con algún gran bufete penalista madrileño o barcelonés), descubro igualmente que el Tribunal Supremo, Sala Penal, viene aplicando sin excepción la interpretación restrictiva de N, con lo que resultará que, a tenor de N así interpretada, C no es delito (o es un delito menos grave de lo que yo temía). En función de esa constatación decido dar el paso y realizar C, ya que con eso que sé puedo confiar en que no cometo delito o que cometo uno menor, por el que puedo asumir el riesgo de la pena.

                c) Una vez que he hecho C, soy procesado penalmente y se me condena por delito (o por el delito más grave) porque, justo en mi caso, el Tribunal Supremo modificó su doctrina, cambió su interpretación y ahora abandona la interpretación restrictiva de N y opta por una más abarcadora o amplia. Con la interpretación hasta el momento en curso no se me habría condenado (o se me habría condenado por delito menos grave) y se me condena con base en esa interpretación nueva, que es de ahora mismo y empieza con mi caso.

                Podría pensarse que yo puedo alegar vulneración del principio de igualdad del art. 14 de la Constitución, en su faceta de igualdad en la aplicación de la ley. Pero esta vía me la ocluye la doctrina hace tiempo sentada por el Tribunal Constitucional, en virtud de la cual no quedan los tribunales atados a su propia jurisprudencia anterior, siempre que en la sentencia den muestra de que son conscientes de que están cambiando su línea decisoria. Creo que esto se aplicaría igualmente en los casos penales (corríjaseme si yerro).

                ¿Y el principio de legalidad penal y la pauta de que no se puede aplicar retroactivamente la norma penal desfavorable para el reo? A mí se me habría aplicado N, no una norma nueva y para mí más perjudicial. Pero ¿se satisface el principio de legalidad y la prohibición de retroactividad por referencia nada más que a la norma legal o también por referencia a la norma legal interpretada, a la jurisprudencia establecida y que se aplicaba sin excepción cuando yo realicé mi acción, C?

                Si es eso último, si la jurisprudencia vincula, en el sentido de que habida una jurisprudencia penal del Tribunal Supremo bien asentada en un cierto número de sentencias y no contradicha en ninguna, tendremos que el Tribunal Supremo ya nunca va a poder modificar su interpretación para hacerla más “desfavorable” para un reo del delito en cuestión. Así, una vez acogida una interpretación restrictiva de un tipo delictivo, interpretación que deja fuera del delito la conducta C, el Tribunal ya no puede cambiar a una interpretación más amplia y que incluya en el delito esa conducta C.

                No sé qué dirán los penalistas y a lo mejor estoy descubriendo la redondez del círculo, pero tengo la impresión de que esto resultaría bastante revolucionario. ¿Y por qué lo traigo a colación con todo este rollo? Porque me parece que ésa es la consecuencia que se desprende de la sentencia de marras del Tribunal Europeo en este asunto de Inés del Río y la “doctrina Parot”. ¿Será bueno o será malo? No lo sé. Pero, a lo mejor, si yo fuera magistrado de lo Penal del Supremo, empezaría a inclinarme por las interpretaciones más duras de los tipos penales, pues de ésas siempre puedo dar marcha atrás cuando me plazca, sin que se diga que vulnero el principio de legalidad, mientras que de las otras, de las más favorables al reo, ya no podré apearme cuando me parezca que me equivoqué o que nuevas circunstancias imponen una interpretación que en ese momento se estime mejor, una interpretación más amplia del tipo penal.

                A lo anterior se me podrá objetar que estoy llevando demasiado lejos las consecuencias de la sentencia de Estrasburgo de hoy. Puede ser. Pero habría que argumentarme por qué es más importante para un ciudadano poder calcular por anticipado la duración del cumplimiento de la pena a la que ha sido condenado que poder calcular si será condenado o no, siempre bajo la misma ley y con base en la jurisprudencia.

                Con todo lo anterior no pretendo sacar de esta sentencia de ahora mismo más consecuencias que estas consecuencias sobre la configuración del sistema jurídico-penal y su sistema de fuentes. En modo alguno intento expresarme sobre el fondo y sobre el debate acerca de cuánta pena debe aplicarse a los terroristas y otros delincuentes muy malvados, o sobre cómo se puede o debe hacer para que sus penas sean grandes. Sobre eso hoy no tengo ganas de hablar. Porque no, y ya está.

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[1] A título de ejemplo, recuérdese el debate doctrinal o jurisprudencial cuando en el tipo penal de violación se mencionaba, en una de sus variantes, la introducción no consentida de “objetos” y se suscitaba el problema de si los dedos eran o no “objetos”, de lo que dependía que la condena fuera por delito de violación o por otro de pena más leve, en su caso. O aquel intenso debate de antaño sobre si las tarjetas de crédito eran “llaves falsas”.