El conocimiento, algo más que un lujo. Por Luis F. Rull*

(Publicado en El Mundo de Andalucía)

¿Cuántos andaluces son conscientes de la realidad de las universidades andaluzas? La respuesta a esta pregunta puede explicar que la crisis económica en la sociedad andaluza sea aún más dolorosa que en otras que valoran y aprecian la labor de sus universidades. Estas sociedades están sufriendo con menor intensidad la tragedia del desempleo, el empobrecimiento de su actividad empresarial y el deterioro de su economía. Son sociedades que, cuando salgan del túnel de la recesión y la crisis, lo harán en mejores condiciones que la andaluza.

En Andalucía hay diez universidades públicas, nueve de enseñanzas regladas que imparten docencia de grado, master y doctorado, y una que además de impartir enseñanza no reglada, coordina masters con las restantes. Hay una universidad en cada capital de provincia (o en sus alrededores) excepto en Sevilla que hay dos. Esta proliferación de universidades en Andalucía ha permitido que todo joven que quiera estudiar pueda hacerlo sin necesitar un gran desembolso por parte de sus padres, aunque con las limitaciones en cuanto a desarrollo personal que supone el no salir de la casa paterna.

Ninguna de las universidades andaluzas posee, por desgracia, prestigio nacional o internacional. Hay islas de excelencia reconocidas en cada una de ellas, pero carecemos de una gran universidad excelente en muchas disciplinas académicas: siempre salimos mal parados en evaluaciones globales, rigurosas e independientes. Pasa lo contrario que la metáfora de los árboles y el bosque, ya que si nos adentramos en cada una de las universidades andaluzas podemos encontrar grupos de investigación cuya actividad es equiparable a los de las universidades que aparecen en los primeros lugares de los rankings internacionales. El problema es que conviven con multitud de ellos tan mediocres como irrelevantes en el panorama nacional o internacional.

A pesar de que más del 80 por ciento del presupuesto que manejan las universidades provienen de los presupuestos autonómicos, esto es, de nuestros impuestos, el mandato constitucional de la autonomía universitaria (artículo 27.10 de la C.E.) parece impedir el más mínimo control de estas por parte de la sociedad que las financia. Esta interpretación conduce a la casi absoluta impunidad que tienen los cargos de gestión universitarios sobre la distribución de los recursos comunes.

Corregir el rumbo de las universidades andaluzas, aunque no es fácil, debe ser tarea prioritaria, ya que parte de nuestro futuro depende de ello. Es necesario que los gobiernos actúen para recuperar el prestigio tanto nacional como internacional que la sociedad debe demandar a las universidades. Creo que para ello se debe localizar, utilizando evaluaciones serias y objetivas, a aquellos grupos de investigación de excelencia para mantener, e incluso incrementar, la financiación que permita garantizar su actividad. La pérdida de financiación, aunque sólo sea en una de las convocatorias que se realizan cada tres años, puede suponer la desaparición de cualquiera de estos grupos, lo que implica un paso irreversible, que me atrevo a denominar suicidio cultural. Por otra parte si, como desgraciadamente parece que va a ocurrir, el Gobierno de España cancela el programa Ramón y Cajal, Andalucía debería instaurar un programa que cumpla una función similar. Esto permitiría la incorporación de jóvenes profesores seleccionados por comisiones externas que garantizarían el freno, aunque sea de forma suave, del proceso endogámico que tanto daño está haciendo a la universidad.

Por otro lado se debe ejercer, a través de los Consejos Sociales, el necesario control presupuestario sin que esto implique injerencia en la necesaria autonomía académica. Estos Consejos son los que deberían, según mi opinión, instar a los Consejos de Gobierno de las Universidades a que se establezcan mecanismos encaminados a favorecer a aquellos alumnos que lo merecen y evitar por ejemplo el despilfarro que supone la inexistencia de límite en el número de veces que se pueden matricular de una misma asignatura. Cada curso que consume un alumno le cuesta al erario público alrededor de ¡8.000 euros de media! Este abultado coste es bastante desconocido por los ciudadanos. Muchos padres creen que ellos, al pagar por la matrícula de su hijo entre 600 y 1.000 euros, están financiando por completo sus estudios.

Por último, merece la pena insistir en algo que con demasiada frecuencia no parece estar incluido en el acrónimo I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación). Las Humanidades, la Economía, el Derecho, las Bellas Artes, etc son tan importantes para el bienestar social como la Ciencia y la Tecnología. Investigar no es sólo descubrir el bosón de Higgs, o intentar demostrar la conjetura de Riemann. Conocer el pensamiento de Wittgenstein o analizar la luz en los cuadros de Velázquez puede ser tan importante como descubrir un oncogen.

* Luis F. Rull es catedrático de Física Teórica de la Universidad de Sevilla.