La fuerza fáctica de lo normativo

                En comentario a la entrada anterior, Alberto Lafuente plantea serias dificultades para la ejecución de algunas de las propuestas que yo citaba como ejemplo de que algo habrá que cambiar en la estructura y el funcionamiento del país si queremos ser serios y productivos y no plenamente disfuncionales, como ahora. En concreto, se refiere a mi indicación de que podrían cerrarse la mitad de las universidades públicas y de que a lo mejor sobra un tercio de los funcionarios y habría que ir dándoles (o dándonos) puerta. Saca a relucir, muy sensatamente, problemas legales y económicos que medidas así traerían consigo y me pregunta qué ideas tengo yo para sortearlos.

                Los amigos de este blog ya conocen mi estilo y distinguen cuándo me esfuerzo particularmente en ponerme provocativo. Si quieren, puedo hasta incurrir en más de cuatro frivolidades por tal propósito y debido a esa actitud que cada tanto me viene. O sea, que de lo que digo tómese muchas veces nada más que la mitad. Aun así, en la mayor parte –sobre lo de las diputaciones ya me ha hecho otra vez dudar un querido amigo que sí sabe del tema- de las ideas de ese post anterior me mantengo. Y de eso y de los alegatos del amigo Alberto Lafuente toca hablar ahora un rato.

                Jugando de modo inverso con aquella vieja idea de Jellinek sobre la fuerza normativa de lo fáctico, aquí podríamos estar topándonos con la fuerza fáctica de lo normativo: las leyes amparan los hechos para siempre, son su fortaleza. Hechos legalmente consumados, consumados por legales. Pues con sabiduría nos hace ver Alberto Lafuente que cerrar un puñado de universidades públicas o acortar en una buena porción las plantillas funcionariales obligaría a recolocar a los profesores funcionarios en otras universidades, con la consiguiente expulsión de jóvenes profesores contratados. O a prejubilar con tentadoras pensiones –añado yo- a los que a la prejubilación se acogiesen, lo cual, sin duda, mal negocio parece, y más para tiempos de crisis. Pues la inamovilidad funcionarial impide que se les aplique el tratamiento general de los trabajadores, despido más indemnización por año trabajado. Y, sigue diciendo nuestro atento interlocutor, aunque nos llevemos por delante el principio de inamovilidad, las indemnizaciones resultantes por año de trabajo serían tan cuantiosas, que harían económicamente muy poco rentable la operación de ahorro y racionalización administrativa.

                Carezco de toda competencia técnica sobre esos asuntos y no estoy en condiciones de hacer indicación sobre cómo operar legalmente y cómo evitar que traiga una ruina mayor lo que pretendía hacer economías. Lo que sí digo es que por esa regla de tres de que es facilísimo llenar la Administración de funcionarios y el país de universidades y variados chiringuitos, hagan falta o no los unos y las otras y den buen rendimiento o no den ninguno, y de que es luego imposible deshacerse de funcionarios y universidades porque surgen insalvables impedimentos legales y, aunque se salvasen, produce una debacle en euros, estamos fastidiados sí o sí. Ya no es solo que el haberlo hecho tan mal antes nos haya costado un ojo de la cara, sino que hay que seguir sin ese ojo e ir donando el otro, porque no tiene marcha atrás el desbarajuste.

                Recordemos datos de sobra conocidos. Vaya por delante que hay muchísimos funcionarios que son unos profesionales de tomo y lomo, que se entregan sin reservas a su trabajo y que hasta las pasan canutas soportando jefes incompetentes y, sobre todo, políticos paracaidistas y corruptos. Son la mayoría. Eso aquí no se discute. Pero sabemos también que uno de los deportes favoritos de los gobernantes de estas décadas, especialmente los autonómicos y de grandes ayuntamientos, aunque no solo, ha sido el de convocar plazas de funcionario. Y más: con la inestimable ayuda de sindicatos, el tan sacrosanto sistema de acceso a tan alta condición se ha prostituido hasta quedar en los puros huesos, fachada nada más muchas veces, pues había tanto enchufado que colocar, que ni chivándoles a todos el examen con antelación o haciendo el baremo a toro pasado nos alcanzaba. La legalidad funcionarial y de todo tipo está muy bien, no la cuestiono. Pero. bien mirado, aquí lo que ha habido ha sido un monstruoso y continuado fraude de ley, con el visto bueno del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que para eso somos todos de casa y como de la familia.

                Miren qué caso me contaba un jurista experto de una tierra no lejana a la mía, esta misma semana: el día antes de un examen para acceso a plazas funcionariales, uno de los inscritos va a un notario y dice: “Mire, estas que le traigo aquí escritas en un papel son las preguntas que van a caer en la prueba de mañana; levante acta, por favor”. Y, en efecto, así fue, esas resultaron ser las preguntas. Naturalmente, ese ciudadano impugna el concurso y se arma la marimorena. El juez manda al fiscal los papeles y… seguramente el fiscal dirá que hay que sobreseer porque no se sabe de dónde salió la filtración o si será que vino un marciano y alteró el factor espacio-tiempo, que está el cosmos muy revuelto últimamente. Los fiscales saben mucho de agujeros negros y hasta negrísimos, y de materia oscura. Pero a lo que vamos: ese caso se conoció porque hubo uno que denunció. Pero yo, desde fuera y sin tener arte ni parte, por lo que oigo a este que sacó la plaza tal o al otro que estuvo en la plaza cual, constato año a año que gran parte de las pruebas de acceso al funcionariado o están amañadas o están llenas de enchufados que se cuelan de una forma u otra. Por no decir de la vía fetén de que te coloquen primero como interino y que luego salgan las plazas a convocatoria restringida o vayas tú con tropecientos puntos a la convocatoria general.

                Que sobre eso ya no habrá quién se rasgue las vestiduras, vaya, pues es moneda corriente y de todos sabida. A estas alturas ya no puede hacerse el inocente ni el apuntador. Sin perjuicio de que aquí o allá exista un concurso bien limpio y sin querer decir que todos los que entren triunfen por la cara. Siempre hubo y hay la cuota del mérito, solo que últimamente ya era pequeñita. Como en la universidad también.

                Si quieren, repasamos muy sucintamente lo que pasó en las universidades: creación de una universidad pública o de un campus nuevo en cualquier villa que lo solicitara con un poco de insistencia o que dispusiera de unos edificios adecuados y unos pocos profesionales locales dispuestos a ir haciéndose cargo de las clases; promoción a funcionario de todo el que por allí pasaba y obtenía un contratillo, nuevas promociones cuando el legislador amenaza con poner dificultades a los sistemas de promoción, continua creación de nuevos títulos universitarios, por lo general crecientemente inverosímiles, formación en cada universidad así nacida y crecida de una tropa de trepas dispuestos a usar la universidad para su medro, para fardar tontamente de poder, influencia o nivel con los de las aldeas vecinas o para intentar culminar sus carreras como viceconsejero de algo, como concejal de jardines o como secretario de alguna fundación para la fundición del parné. Y así.

                Pero ahora resulta que como los funcionarios promocionados ya están, junto a los que entraron como Dios manda, y que las universidades de baratillo y los campus de Su Excelencia también están, junto a los centros universitarios que sí tienen sentido y merecen la pena, hay que mantenerlos a todos y todos porque ni hay vía legal para poner orden ni sale rentable, pues qué vas a hacer con toda esa gente que está ahí refugiada, con lo que llueve fuera. Entiendo la objeción y no pretendo hacer ironía con las muy serias y bien presentadas palabras del amigo Lafuente, pero entenderán todos que también desesperan a uno los hechos consumados. Salvando las distancias que haya que salvar, que son unas pocas –lo sé-, es como si los italianos dicen que con lo asentadas que están en el Sur la Mafia y la Camorra, al Estado le sale más rentable dejarlas hacer y convivir con ellas que combatirlas para tratar de  eliminarlas o de limitar su influencia, pues menudo capital en policías, jueces, carceleros, coches blindados, sistemas de protección y de todo que haría falta y, para colmo, que cuánta gente en el paro y sin tener de dónde comer si se termina con la extorsión y el crimen organizado.     

                Es que por ese camino de la resignación, del es lo que hay y así estamos y de la fuerza fáctica de lo normativo –las norma no permiten modificar los hechos- ni una sola de las reformas que medio en broma yo apuntaba el otro día tiene posibilidades. Porque anda que no es difícil suprimir el Senado, hace falta modificar la Constitución, nada menos. Y de la organización territorial del Estado ni te cuento, reforma constitucional y un pastizal en pañuelos de papel, por los llantos, y en odontólogos, por el crujir de dientes. Más estrambótico resultaría legalmente lo de reducir las prejubilaciones a los prejubilados de lujo (lo decía para chinchar más que nada, lo reconozco), pues un serio principio jurídico y constitucional es el de Santa Rita, lo que se da no se quita. Como la amnistía fiscal ya está, no vamos ahora a revocarla ni a ponernos en serio con los defraudadores, pues seguro que diría el Constitucional que, con fundamento en la reciente y la pasada política fiscal, tienen tales defraudadores una expectativa legítima de no ser achuchados, y que supondría un grave quebranto del principio de igualdad del artículo 14 perseguir mañana a uno que defrauda, mientras que el que defraudó ayer y anteayer fue amnistiado y poco  menos que homenajeado por vestir de blanco su dinero negro y grasiento.

                Repito, no tengo formación suficiente en triquiñuelas iusadministrativas para saber cómo se haría lo de las universidades inútiles o los funcionarios poco profesionales o que no se lleven bien con el mérito y la capacidad, pero cosas más raras se han visto con todos los sellos de la juridicidad impoluta. Recuerdo que hasta se movieron y conmovieron aquellos Principios del Movimiento Nacional que eran inmutables e inconmovibles. Así que fíjate tú. Y hasta salió una monarquía dizque legítima de la voluntad de un dictador llamado Franco, alquimia jurídica de primera categoría. Por seguir mencionando prodigios legales y constitucionales, es perfectamente posible que los magistrados del Tribunal Constitucional no se renueven ni por muerte ni porque acabaron su periodo hace unos años; y no pasa nada ni se nos cae la Constitución encima. También descubrimos que es legal y compatible con los principios del nuevo Movimiento Nacional que los miembros del CGPJ puedan irse a donde quieran y cuando quieran y pasar(nos) las facturas sin tener que dar cuenta del porqué del viaje o de si sería un putón verbenero o algún chapero quien estaba con ellos y nos cobra a nosotros la comida y la cama. Semejantes milagros, tales prodigios y un ciento más son posibles en España ahora mismo y, en cambio, no podemos eliminar alguna universidad o suprimir unos puestos de funcionarios por el morro, porque nos saldría demasiado caro y, sobre todo, porque no hay vía legal.

                Es hablar por hablar, bien lo sé. Desahogarse por no ahogarse. Mas está todo atado y bien atado. Otra vez. La feroz resistencia de don Mariano es por eso, para que nos paguen las copas los alemanes sin que tengamos nosotros que dejar la bebida y aprovechando, ya puestos, para descojonarnos de ellos. Pringaos, que son unos pringaos. Por ejemplo, me está encantando ver estos días la fuerza moral de los rectores, la virulencia de su rebelión contra las normas ministeriales –apropiadas o no, en eso no entro ahora- que obligan a muchos en la universidad a trabajar un poco más o que invitan a los rectores a cortar el café para todos. Ah, si así hubieran resistido y resistieran las corruptelas, el zanganismo, la demagogia, las ilegalidades mil del personal, las vulneraciones constantes de leyes reglamentos y estatutos -¿se acuerdan que yo conté aquí un caso sangrante y que casi me quedo sin mis atributos de género por eso?-. Pero no, los rectores son un símbolo más del país, oposición a lo que nos recorte el chollo y tolerancia servil ante mafias, manejos turbios y pelotazos mil.

                Creo que en aquel post de anteayer proponía yo también que se eliminaran las televisiones autonómicas con pérdidas. Me mandó hoy un mensaje una muy querida vieja amiga que tiene una productora que trabaja para una de ellas. Me dice que jolín y que muy mal esa concreta propuesta mía, aunque en general está de acuerdo. Con unas cosas y otras concluyo lo que menos quería: soy imbécil del todo, pues resulta que soy funcionario con sueldo relativamente bueno, catedrático de una universidad que podría irse a la porra si las cosas fueran como yo provocativamente propongo. Tonto de remate, sin duda. Con lo bien que se está y lo feliz que se vive con el embudo y su ley.