En
comentario a la entrada anterior, Alberto Lafuente plantea serias dificultades
para la ejecución de algunas de las propuestas que yo citaba como ejemplo de
que algo habrá que cambiar en la estructura y el funcionamiento del país si
queremos ser serios y productivos y no plenamente disfuncionales, como ahora. En
concreto, se refiere a mi indicación de que podrían cerrarse la mitad de las
universidades públicas y de que a lo mejor sobra un tercio de los funcionarios
y habría que ir dándoles (o dándonos) puerta. Saca a relucir, muy sensatamente,
problemas legales y económicos que medidas así traerían consigo y me pregunta
qué ideas tengo yo para sortearlos.
Los
amigos de este blog ya conocen mi estilo y distinguen cuándo me esfuerzo
particularmente en ponerme provocativo. Si quieren, puedo hasta incurrir en más
de cuatro frivolidades por tal propósito y debido a esa actitud que cada tanto
me viene. O sea, que de lo que digo tómese muchas veces nada más que la mitad.
Aun así, en la mayor parte –sobre lo de las diputaciones ya me ha hecho otra
vez dudar un querido amigo que sí sabe del tema- de las ideas de ese post
anterior me mantengo. Y de eso y de los alegatos del amigo Alberto Lafuente
toca hablar ahora un rato.
Jugando
de modo inverso con aquella vieja idea de Jellinek sobre la fuerza normativa de
lo fáctico, aquí podríamos estar topándonos con
la fuerza fáctica de lo normativo: las leyes amparan los hechos para
siempre, son su fortaleza. Hechos legalmente consumados, consumados por legales.
Pues con sabiduría nos hace ver Alberto Lafuente que cerrar un puñado de
universidades públicas o acortar en una buena porción las plantillas
funcionariales obligaría a recolocar a los profesores funcionarios en otras
universidades, con la consiguiente expulsión de jóvenes profesores contratados.
O a prejubilar con tentadoras pensiones –añado yo- a los que a la prejubilación
se acogiesen, lo cual, sin duda, mal negocio parece, y más para tiempos de
crisis. Pues la inamovilidad funcionarial impide que se les aplique el
tratamiento general de los trabajadores, despido más indemnización por año
trabajado. Y, sigue diciendo nuestro atento interlocutor, aunque nos llevemos
por delante el principio de inamovilidad, las indemnizaciones resultantes por
año de trabajo serían tan cuantiosas, que harían económicamente muy poco
rentable la operación de ahorro y racionalización administrativa.
Carezco
de toda competencia técnica sobre esos asuntos y no estoy en condiciones de
hacer indicación sobre cómo operar legalmente y cómo evitar que traiga una
ruina mayor lo que pretendía hacer economías. Lo que sí digo es que por esa
regla de tres de que es facilísimo llenar la Administración de funcionarios y
el país de universidades y variados chiringuitos, hagan falta o no los unos y
las otras y den buen rendimiento o no den ninguno, y de que es luego imposible
deshacerse de funcionarios y universidades porque surgen insalvables
impedimentos legales y, aunque se salvasen, produce una debacle en euros,
estamos fastidiados sí o sí. Ya no es solo que el haberlo hecho tan mal antes
nos haya costado un ojo de la cara, sino que hay que seguir sin ese ojo e ir
donando el otro, porque no tiene marcha atrás el desbarajuste.
Recordemos
datos de sobra conocidos. Vaya por delante que hay muchísimos funcionarios que
son unos profesionales de tomo y lomo, que se entregan sin reservas a su
trabajo y que hasta las pasan canutas soportando jefes incompetentes y, sobre
todo, políticos paracaidistas y corruptos. Son la mayoría. Eso aquí no se
discute. Pero sabemos también que uno de los deportes favoritos de los
gobernantes de estas décadas, especialmente los autonómicos y de grandes
ayuntamientos, aunque no solo, ha sido el de convocar plazas de funcionario. Y
más: con la inestimable ayuda de sindicatos, el tan sacrosanto sistema de
acceso a tan alta condición se ha prostituido hasta quedar en los puros huesos,
fachada nada más muchas veces, pues había tanto enchufado que colocar, que ni chivándoles
a todos el examen con antelación o haciendo el baremo a toro pasado nos
alcanzaba. La legalidad funcionarial y de todo tipo está muy bien, no la
cuestiono. Pero. bien mirado, aquí lo que ha habido ha sido un monstruoso y
continuado fraude de ley, con el visto bueno del Tribunal Supremo y del
Tribunal Constitucional, que para eso somos todos de casa y como de la familia.
Miren
qué caso me contaba un jurista experto de una tierra no lejana a la mía, esta
misma semana: el día antes de un examen para acceso a plazas funcionariales,
uno de los inscritos va a un notario y dice: “Mire, estas que le traigo aquí
escritas en un papel son las preguntas que van a caer en la prueba de mañana;
levante acta, por favor”. Y, en efecto, así fue, esas resultaron ser las
preguntas. Naturalmente, ese ciudadano impugna el concurso y se arma la
marimorena. El juez manda al fiscal los papeles y… seguramente el fiscal dirá
que hay que sobreseer porque no se sabe de dónde salió la filtración o si será
que vino un marciano y alteró el factor espacio-tiempo, que está el cosmos muy
revuelto últimamente. Los fiscales saben mucho de agujeros negros y hasta
negrísimos, y de materia oscura. Pero a lo que vamos: ese caso se conoció
porque hubo uno que denunció. Pero yo, desde fuera y sin tener arte ni parte,
por lo que oigo a este que sacó la plaza tal o al otro que estuvo en la plaza
cual, constato año a año que gran parte de las pruebas de acceso al
funcionariado o están amañadas o están llenas de enchufados que se cuelan de
una forma u otra. Por no decir de la vía fetén de que te coloquen primero como
interino y que luego salgan las plazas a convocatoria restringida o vayas tú
con tropecientos puntos a la convocatoria general.
Que
sobre eso ya no habrá quién se rasgue las vestiduras, vaya, pues es moneda
corriente y de todos sabida. A estas alturas ya no puede hacerse el inocente ni
el apuntador. Sin perjuicio de que aquí o allá exista un concurso bien limpio y
sin querer decir que todos los que entren triunfen por la cara. Siempre hubo y
hay la cuota del mérito, solo que últimamente ya era pequeñita. Como en la universidad
también.
Si
quieren, repasamos muy sucintamente lo que pasó en las universidades: creación
de una universidad pública o de un campus nuevo en cualquier villa que lo
solicitara con un poco de insistencia o que dispusiera de unos edificios
adecuados y unos pocos profesionales locales dispuestos a ir haciéndose cargo
de las clases; promoción a funcionario de todo el que por allí pasaba y obtenía
un contratillo, nuevas promociones cuando el legislador amenaza con poner
dificultades a los sistemas de promoción, continua creación de nuevos títulos
universitarios, por lo general crecientemente inverosímiles, formación en cada
universidad así nacida y crecida de una tropa de trepas dispuestos a usar la
universidad para su medro, para fardar tontamente de poder, influencia o nivel
con los de las aldeas vecinas o para intentar culminar sus carreras como
viceconsejero de algo, como concejal de jardines o como secretario de alguna
fundación para la fundición del parné. Y así.
Pero
ahora resulta que como los funcionarios promocionados ya están, junto a los que
entraron como Dios manda, y que las universidades de baratillo y los campus de
Su Excelencia también están, junto a los centros universitarios que sí tienen
sentido y merecen la pena, hay que mantenerlos a todos y todos porque ni hay
vía legal para poner orden ni sale rentable, pues qué vas a hacer con toda esa
gente que está ahí refugiada, con lo que llueve fuera. Entiendo la objeción y
no pretendo hacer ironía con las muy serias y bien presentadas palabras del
amigo Lafuente, pero entenderán todos que también desesperan a uno los hechos
consumados. Salvando las distancias que haya que salvar, que son unas pocas –lo
sé-, es como si los italianos dicen que con lo asentadas que están en el Sur la
Mafia y la Camorra, al Estado le sale más rentable dejarlas hacer y convivir
con ellas que combatirlas para tratar de eliminarlas o de limitar su influencia, pues
menudo capital en policías, jueces, carceleros, coches blindados, sistemas de protección
y de todo que haría falta y, para colmo, que cuánta gente en el paro y sin
tener de dónde comer si se termina con la extorsión y el crimen organizado.
Es
que por ese camino de la resignación, del es lo que hay y así estamos y de la
fuerza fáctica de lo normativo –las norma no permiten modificar los hechos- ni
una sola de las reformas que medio en broma yo apuntaba el otro día tiene
posibilidades. Porque anda que no es difícil suprimir el Senado, hace falta
modificar la Constitución, nada menos. Y de la organización territorial del
Estado ni te cuento, reforma constitucional y un pastizal en pañuelos de papel,
por los llantos, y en odontólogos, por el crujir de dientes. Más estrambótico
resultaría legalmente lo de reducir las prejubilaciones a los prejubilados de
lujo (lo decía para chinchar más que nada, lo reconozco), pues un serio
principio jurídico y constitucional es el de Santa Rita, lo que se da no se
quita. Como la amnistía fiscal ya está, no vamos ahora a revocarla ni a
ponernos en serio con los defraudadores, pues seguro que diría el
Constitucional que, con fundamento en la reciente y la pasada política fiscal,
tienen tales defraudadores una expectativa legítima de no ser achuchados, y que
supondría un grave quebranto del principio de igualdad del artículo 14
perseguir mañana a uno que defrauda, mientras que el que defraudó ayer y anteayer
fue amnistiado y poco menos que
homenajeado por vestir de blanco su dinero negro y grasiento.
Repito,
no tengo formación suficiente en triquiñuelas iusadministrativas para saber
cómo se haría lo de las universidades inútiles o los funcionarios poco profesionales
o que no se lleven bien con el mérito y la capacidad, pero cosas más raras se
han visto con todos los sellos de la juridicidad impoluta. Recuerdo que hasta
se movieron y conmovieron aquellos Principios del Movimiento Nacional que eran
inmutables e inconmovibles. Así que fíjate tú. Y hasta salió una monarquía
dizque legítima de la voluntad de un dictador llamado Franco, alquimia jurídica
de primera categoría. Por seguir mencionando prodigios legales y
constitucionales, es perfectamente posible que los magistrados del Tribunal
Constitucional no se renueven ni por muerte ni porque acabaron su periodo hace
unos años; y no pasa nada ni se nos cae la Constitución encima. También
descubrimos que es legal y compatible con los principios del nuevo Movimiento
Nacional que los miembros del CGPJ puedan irse a donde quieran y cuando quieran
y pasar(nos) las facturas sin tener que dar cuenta del porqué del viaje o de si
sería un putón verbenero o algún chapero quien estaba con ellos y nos cobra a
nosotros la comida y la cama. Semejantes milagros, tales prodigios y un ciento
más son posibles en España ahora mismo y, en cambio, no podemos eliminar alguna
universidad o suprimir unos puestos de funcionarios por el morro, porque nos
saldría demasiado caro y, sobre todo, porque no hay vía legal.
Es
hablar por hablar, bien lo sé. Desahogarse por no ahogarse. Mas está todo atado
y bien atado. Otra vez. La feroz resistencia de don Mariano es por eso, para
que nos paguen las copas los alemanes sin que tengamos nosotros que dejar la
bebida y aprovechando, ya puestos, para descojonarnos de ellos. Pringaos, que
son unos pringaos. Por ejemplo, me está encantando ver estos días la fuerza
moral de los rectores, la virulencia de su rebelión contra las normas
ministeriales –apropiadas o no, en eso no entro ahora- que obligan a muchos en
la universidad a trabajar un poco más o que invitan a los rectores a cortar el
café para todos. Ah, si así hubieran resistido y resistieran las corruptelas,
el zanganismo, la demagogia, las ilegalidades mil del personal, las
vulneraciones constantes de leyes reglamentos y estatutos -¿se acuerdan que yo
conté aquí un caso sangrante y que casi me quedo sin mis atributos de género
por eso?-. Pero no, los rectores son un símbolo más del país, oposición a lo
que nos recorte el chollo y tolerancia servil ante mafias, manejos turbios y
pelotazos mil.
Creo
que en aquel post de anteayer proponía yo también que se eliminaran las
televisiones autonómicas con pérdidas. Me mandó hoy un mensaje una muy querida
vieja amiga que tiene una productora que trabaja para una de ellas. Me dice que
jolín y que muy mal esa concreta propuesta mía, aunque en general está de
acuerdo. Con unas cosas y otras concluyo lo que menos quería: soy imbécil del
todo, pues resulta que soy funcionario con sueldo relativamente bueno,
catedrático de una universidad que podría irse a la porra si las cosas fueran
como yo provocativamente propongo. Tonto de remate, sin duda. Con lo bien que
se está y lo feliz que se vive con el embudo y su ley.
8 comentarios:
Estimado Profesor: le agradezco la detallada respuesta que ha dado a mi anterior comentario... Aunque dicha respuesta deje poco margen para la esperanza.
Creo que tiene razón, estamos jodidos (hablando mal y pronto). Yo también dudo que este sistema monstruoso que hemos creado tenga capacidad para autorregenerarse.
Por lo demás, tal vez le sirva de consuelo saber que no es Vd. el único imbécil. A mí tampoco me parece mal que al profesor que no investiga le pongan más carga docente. Tampoco me disgusta que los alumnos deban pagar más por segundas y ulteriores matrículas. Estoy harto de los "alumnos fantasma", esos que figuran año tras año en las listas pero jamás aparecen por clase ni se les ve el pelo en el examen. La sociedad no tiene por qué subvencionar a esa clase de alumno ni la Universidad debe luchar por mantenerlo.
Son reformas que, sin embargo, me perjudican. Soy ayudante doctor y ando en la cuerda floja. Si se reduce el número de alumnos (como es previsible que suceda al encarecerse las tasas) y aumenta el encargo docente de los que no investigan, adivine a quién pondrán de patitas en la calle en cuanto se le acabe el contrato. Aunque, quién sabe, tal vez si en este país fuéramos todos más imbéciles y menos egoístas algo mejor nos iría.
Algunos pensamientos al vuelo.
Sí, sí, las contradicciones hacen el problema insoluble, por un lado y por el otro - dentro de las presentes condiciones generales.
La cuestión de mayor orden, sin embargo, es que esas condiciones generales a las que nos aferramos acojonadetes (a pesar de la crisis, ésta sigue siendo la ínsula del "virgencita, virgencita, que me quede como estoy...", como bien ejemplifica la amiga que lo ha llamado, aunque seguramente tenga inteligencia sobrada que lo que está propugnando es la posibilidad de alzarnos del suelo tirando de nuestras propias orejas) se están derrumbando a una velocidad pasmosa. Internamente. El que quiera ver, que vea (Vd. citaba una serie de síntomas de primer orden). El inane de las barbas está contando una mentira tras otra y operando bajo unas exclusivas instrucciones - ganar tiempo para que unos cuantas decenas de miles de personas, no más, se protejan ante el derrumbe venidero... aún más de lo que ya están protegidas, que ya es decir.
¿Qué va a pasar entonces? Ni idea. Un bonito ejemplo de caos.
Por lo que concierne a "los alemanes", van a pagar, pero sólo hasta cierto punto. Van a pagar, por la sencilla razón de que le han sacado mucho, muchísimo jugo a esta historia del euro y a estos cambalaches de aquí para acá. En exportaciones y en poder.
La diferencia es que en algún lugar de Alemania, cuyo nombre ni conozco ni quiero conocer, pero que me consta que existe, hay un grupito de gente en mangas de camisa sacando cuentas y siguiendo la situación. Y está dispuesta a pagar hasta cierto punto (por la cuenta interpuesta del Banco Central Europeo), porque para eso sirve lo mucho previamente ganado (también allí, como en todas partes, hay fervientes seguidores del "Jungfraucita, Jungfraucita..."). Diría que millardete más, millardete menos, lo deben tener ya calibrado. Porque a partir de ahí comienza la zona roja. Hasta ese punto van a ir pagando con mucha cautela.
Cuando lleguen a ese punto, a esa linea, lo vamos a notar, vaya si lo vamos a notar. No en que se paren los pagos, no (puede incluso que se aceleren). Lo vamos a notar en que un país se va a salir del Euro con una sonrisita tranquila. Una pista: no va a ser la ya quebrada Grecia, ni la improductiva España, ni la devastada Irlanda, ni el empobrecido Portugal, ni la envejecida Italia... Nos va a dejar con nuestros billetitos del palé, que los distribuyamos como queramos. Porque simplemente no nos necesita, ni a nosotros ni a nuestros problemas -tiene un mercado interno de 82 millones de personas, una zona de influencia directa de otros 100, y la mejor estructura internacional de exportaciones que exista. Más no poca disciplina organizativa interna, más no poca cohesión social.
Toca beber la copa hasta las heces. Las posibilidades vendrán después. Preparémonos para ese día.
Salud,
Lo de las triquiñuelas administrativas son excusas de mal pagador -y muy malo- para acometer esas reformas de las que usted habla. Basta sentarse con un par de compilaciones de leyes, un rotulador rojo, elaborar el correspondiente proyecto de ley, echar cuentas de las indemnizaciones por derechos adquiridos y perdidos y aquí paz y después gloria.
En cuanto a lo de las indemnizaciones, téngase en cuenta que los funcionarios no tienen derechos adquiridos, más allá de lo que hayan cotizado en clases pasivas o seguridad social.
Las triquiñuelas administrativas están perfectamente diseñadas para que, cuando el Estado busca un objetivo, lo consiga. El problema es que quien dirige ese Estado esté dispuesto a usar esas triquiñuelas.
Por último: el elevado coste de una reforma, que siervirá para causar un gran ahorro, no puede ser excusa. Además, el coste no será tan alto.
Un saludo.
Yo ya estoy harto de que el señor Wert y, cuando se le antoja, el autor de este blog, echen carretadas de mierda encima del sistema universitario de este país y, cuando se les antoja, del país entero. ç
El sistema universitario es el noveno en producción científica con todos sus defectos, que son muchos; a nuestros titulados se los rifan en el extrajero -ahora con los grados habrá que verlo- y todo ello con una inversión menor. ¿Qué hay que mejorarlo? Por supuesto. ¿Que no es para tanto como los de FAES y el autor del blog nos quieren hacer creer? Pues también. Y si no, dénse una vuelta por un campus en Florida o similar.
Estimado Ángel: claro que sí, para pulirnos 37 universidades y echar a la calle a un millón de funcionarios basta con sentarse a la mesa con un rotulador rojo, una calculadora y un par de compilaciones legales. Si le añadimos una copa de coñac, un purito y una pilingui sentada en las rodillas, seguro que nos sale redondo ese "proyecto de ley" del que Vd. habla.
Por otra parte, parece Vd. insinuar que, si fuera factible un hipotético despido de funcionarios, éstos no tendrían derecho a indemnización alguna. Coincido con Vd.: al fin y al cabo, ¿por qué habría de tener, en caso de despido, los mismos derechos un profesor de la enseñanza pública que un peón de albañil?
Pues si tan a disgusto está en la universidad, rodeado de vagos y trincones como todos sus post sobre ella indican, ¿por qué no se larga de ella? ¿cómo consigue aguantar rodeado de tanta estulticia?
Seguro que alguien con su capacidad y entendederas en un despacho privado ganaba lo menos el triple, la mitad en B, y encima con derecho a beneficiarse a la secretaria.
Anónimo, podría usted ser un poco más creativo y utilizar algún argumento de peso para rebatir las constantes denuncias realizadas desde hace años por García Amado, que siempre da la cara, al contrario que otros. Se podrá estar en desacuerdo con él, por supuesto, y también él se equivoca como todo el mundo, pero descalificarlo con un “si no estás contento, vete” no es muy constructivo que digamos.
Buenas tardes, profesor:
Utilizo de nuevo su blog para demandar que la gente done sangre, en Madrid hace falta sobre todo de los grupos A y 0. Creo que por junio habrá un autobús para donaciones en la Calle Fuencarral. Miren, si acaso, la página de Cruz Roja.
Gracias y perdone las molestias. Felicidades por su blog.
Un saludo.
David.
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