Política, Derecho, sociedad. Y algo de otras cosas.
05 junio, 2012
Una interesante y retadora propuesta de José María Ruiz Soroa
Mi amigo y admirado José María Ruiz Soroa hace hoy en El País una propuesta que me parece muy bien. El artículo se titula "Romper el tabú" y se puede leer aquí.
"(…) una ley podría establecer que si el Parlamento de una Comunidad solicita por una mayoría de 3/5 iniciar un proceso (…)"
"Para dar por comprobada la voluntad secesionista se requeriría la mayoría del censo electoral, computado en cada provincia o territorio, y con exclusión automática de aquellos territorios donde no triunfara (…)"
No acabo de entender cuál sería el referente territorial previo del que hay que partir. ¿La comunidad autónoma? ¿La provincia? ¿El "territorio"? Los nacionalismos secesionistas que hay en España parten de la existencia indiscutible de ciertas "naciones históricas" cuyas fronteras sólo ellos están autorizados a definir. El mismo principio de "autodeterminación" que tanto reclaman frente a esa "España" a la que dicen no pertenecer, jamás se lo reconocerían, en el caso de una eventual independencia, a ningún territorio de ellos dependientes.
Ruiz Soroa tiene razón al recordarnos que muchos nacionalistas juegan con la ansiedad que ocasiona en otras personas sus amenazas no veladas de secesión, que en algunos casos son faroles. Sin embargo, como bien dice el comentarista anterior, llegado el caso de una votación, no les puede corresponder únicamente a los nacionalistas la determinación de quién podría participar. Se plantean además problemas ulteriores. Si gana la permanencia en el Estado (sea España u otro cualquiera) los secesionistas siempre reclaman con posterioridad nuevas votaciones, mientras que si ganan ellos no hay marcha atrás, por no mencionar que ellos mismos negarían a sus propios territorios (por ejemplo, Alava) el derecho de autodeterminación que tan vehemente reclamaron para sí.
1. A ver cuando asumimos que todo nacionalismo es, en sí mismo, reaccionario e insolidario, e ideológicamente insolvente. Que quienes tienen derechos y deberes son los ciudadanos, y no los territorios. Y que el buenismo ideológico es una soberana tontería, tanto como la complejitis.
2. No considero que sea cierto que las concesiones hechas hasta ahora a los nacionalistas se hayan debido al temor a una secesión. Se han debido, sobre todo, a la necesidad de obtener apoyos políticos coyunturales para sacar adelante presupuestos, determinadas leyes, etc., cuando era necesario el voto de los nacionalistas para tener una mayoría (o una más cómoda mayoría) parlamentaria. Una reforma de la Ley Electoral, que equilibrara la actual sobrerepresentación de los nacionalistas, resulta urgente. Sobrerepresentación que, por cierto, también fué fruto de un pacto a cambio de otros apoyos políticos.
3. Colaborar, directa o indirectamente, con la vuelta a las taifas, es colaborar a que los ciudadanos pasen a ser súbditos. ¿Cómo es posible que no hayamos aprendido nada de nuestra propia historia?. Saludos
A parte de hacer mío el problema expresado en el primer comentario sobre la definición de lo que se entienda por “territorio” a efectos de la convocatoria del referéndum de que se habla en el artículo del Sr. Soroa, la propuesta presenta otros inconvenientes.
En primer lugar, la Constitución ni dispone, ni establece la unidad nacional; ni tan siquiera la declara. Se funda en ella, tal y como establece su artículo segundo. Ello tiene dos consecuencias prácticas. La primera de ellas es que la ley que autorizara la celebración de consultas que pongan en cuestión la unidad nacional podría ser, en sí misma, inconstitucional pues, por una parte, cuestionaría ese pilar que funda la Constitución y, por otra, estaríamos ante una norma cuyo objeto sería modificar el régimen constitucional al margen de los exclusivos procedimientos que la norma prevé para ello. La segunda consecuencia, derivada de la anterior, es que la reforma que se propusiera debería abarcar a ese artículo segundo.
En segundo lugar, segregar una parte de España tendría consecuencias no sólo para quienes viven en la parte que se pudiera segregar, sino en para todos los demás españoles. Por ejemplo, hoy, un madrileño tiene derecho constitucionalmente reconocido a circular libremente por Barcelona o por Bilbao, así como a comerciar libremente en esos lugares, derecho que no podría mantenerse si esos lugares dejaran de ser territorio español. Ello implica que el cuerpo electoral de los hipotéticos referéndums no podría estar constituido exclusivamente por los ciudadanos del lugar donde se muestre la pulsión secesionista, sino por el conjunto de los españoles y ello por aplicación del básico principio democrático que impone que lo que a todos afecta, por todos debe ser tratado. No creo que sea satisfactoria la fórmula de que, consultados los ciudadanos de una Comunidad Autónoma, decidida la segregación y negociada ésta con las autoridades del Estado, se consulte, en última instancia a la totalidad de los españoles, pues en caso de que la propuesta de reforma constitucional fuera rechazada, las tensiones políticas serían enormes y se generaría una situación imposible de gestionar.
En tercer lugar, el rigor democrático impondría que los términos, al menos en sus aspectos fundamentales, de la separación propuesta estuvieran definidos antes de plantear la consulta y no que quedaran para un posterior proceso de negociación, como propone el Sr. Soroa: deberían fijarse cuestiones básicas como subrogaciones en créditos y deudas, archivos, titularidad de patrimonio artístico… Porque el sí o el no a la pregunta, dependería del cómo.
Por último, habría que definir en qué ámbito territorial debe mostrarse esa voluntad independentista. Claro es el caso, ya aludido en otro comentario, de Álava, en que no hay una clara mayoría nacionalista que si existe en el resto del País Vasco. ¿Quiere ello decir que los Alaveses, conformes con estar integrados en España, deberían abandonarla si así se decidiera en un referéndum celebrado en el País Vasco?. ¿Lo reducimos a la Provincia? ¿Y por qué no al Municipio? ¿Y si se plantearan casos que pudieran llevar a la discontinuidad territorial?
La propuesta del Sr. Soroa me parece razonable y valiente, merece ser estudiada, y tiene la virtud de buscar soluciones a un problema que empieza a enquistarse. Pero antes de llamar a los ciudadanos a las urnas quizás deberían resolverse todas las cuestiones anteriores.
"(…) una ley podría establecer que si el Parlamento de una Comunidad solicita por una mayoría de 3/5 iniciar un proceso (…)"
ResponderEliminar"Para dar por comprobada la voluntad secesionista se requeriría la mayoría del censo electoral, computado en cada provincia o territorio, y con exclusión automática de aquellos territorios donde no triunfara (…)"
No acabo de entender cuál sería el referente territorial previo del que hay que partir. ¿La comunidad autónoma? ¿La provincia? ¿El "territorio"? Los nacionalismos secesionistas que hay en España parten de la existencia indiscutible de ciertas "naciones históricas" cuyas fronteras sólo ellos están autorizados a definir. El mismo principio de "autodeterminación" que tanto reclaman frente a esa "España" a la que dicen no pertenecer, jamás se lo reconocerían, en el caso de una eventual independencia, a ningún territorio de ellos dependientes.
Ruiz Soroa tiene razón al recordarnos que muchos nacionalistas juegan con la ansiedad que ocasiona en otras personas sus amenazas no veladas de secesión, que en algunos casos son faroles. Sin embargo, como bien dice el comentarista anterior, llegado el caso de una votación, no les puede corresponder únicamente a los nacionalistas la determinación de quién podría participar. Se plantean además problemas ulteriores. Si gana la permanencia en el Estado (sea España u otro cualquiera) los secesionistas siempre reclaman con posterioridad nuevas votaciones, mientras que si ganan ellos no hay marcha atrás, por no mencionar que ellos mismos negarían a sus propios territorios (por ejemplo, Alava) el derecho de autodeterminación que tan vehemente reclamaron para sí.
ResponderEliminar1. A ver cuando asumimos que todo nacionalismo es, en sí mismo, reaccionario e insolidario, e ideológicamente insolvente. Que quienes tienen derechos y deberes son los ciudadanos, y no los territorios. Y que el buenismo ideológico es una soberana tontería, tanto como la complejitis.
ResponderEliminar2. No considero que sea cierto que las concesiones hechas hasta ahora a los nacionalistas se hayan debido al temor a una secesión. Se han debido, sobre todo, a la necesidad de obtener apoyos políticos coyunturales para sacar adelante presupuestos, determinadas leyes, etc., cuando era necesario el voto de los nacionalistas para tener una mayoría (o una más cómoda mayoría) parlamentaria.
Una reforma de la Ley Electoral, que equilibrara la actual sobrerepresentación de los nacionalistas, resulta urgente. Sobrerepresentación que, por cierto, también fué fruto de un pacto a cambio de otros apoyos políticos.
3. Colaborar, directa o indirectamente, con la vuelta a las taifas, es colaborar a que los ciudadanos pasen a ser súbditos. ¿Cómo es posible que no hayamos aprendido nada de nuestra propia historia?.
Saludos
A parte de hacer mío el problema expresado en el primer comentario sobre la definición de lo que se entienda por “territorio” a efectos de la convocatoria del referéndum de que se habla en el artículo del Sr. Soroa, la propuesta presenta otros inconvenientes.
EliminarEn primer lugar, la Constitución ni dispone, ni establece la unidad nacional; ni tan siquiera la declara. Se funda en ella, tal y como establece su artículo segundo. Ello tiene dos consecuencias prácticas. La primera de ellas es que la ley que autorizara la celebración de consultas que pongan en cuestión la unidad nacional podría ser, en sí misma, inconstitucional pues, por una parte, cuestionaría ese pilar que funda la Constitución y, por otra, estaríamos ante una norma cuyo objeto sería modificar el régimen constitucional al margen de los exclusivos procedimientos que la norma prevé para ello. La segunda consecuencia, derivada de la anterior, es que la reforma que se propusiera debería abarcar a ese artículo segundo.
En segundo lugar, segregar una parte de España tendría consecuencias no sólo para quienes viven en la parte que se pudiera segregar, sino en para todos los demás españoles. Por ejemplo, hoy, un madrileño tiene derecho constitucionalmente reconocido a circular libremente por Barcelona o por Bilbao, así como a comerciar libremente en esos lugares, derecho que no podría mantenerse si esos lugares dejaran de ser territorio español. Ello implica que el cuerpo electoral de los hipotéticos referéndums no podría estar constituido exclusivamente por los ciudadanos del lugar donde se muestre la pulsión secesionista, sino por el conjunto de los españoles y ello por aplicación del básico principio democrático que impone que lo que a todos afecta, por todos debe ser tratado. No creo que sea satisfactoria la fórmula de que, consultados los ciudadanos de una Comunidad Autónoma, decidida la segregación y negociada ésta con las autoridades del Estado, se consulte, en última instancia a la totalidad de los españoles, pues en caso de que la propuesta de reforma constitucional fuera rechazada, las tensiones políticas serían enormes y se generaría una situación imposible de gestionar.
En tercer lugar, el rigor democrático impondría que los términos, al menos en sus aspectos fundamentales, de la separación propuesta estuvieran definidos antes de plantear la consulta y no que quedaran para un posterior proceso de negociación, como propone el Sr. Soroa: deberían fijarse cuestiones básicas como subrogaciones en créditos y deudas, archivos, titularidad de patrimonio artístico… Porque el sí o el no a la pregunta, dependería del cómo.
Por último, habría que definir en qué ámbito territorial debe mostrarse esa voluntad independentista. Claro es el caso, ya aludido en otro comentario, de Álava, en que no hay una clara mayoría nacionalista que si existe en el resto del País Vasco. ¿Quiere ello decir que los Alaveses, conformes con estar integrados en España, deberían abandonarla si así se decidiera en un referéndum celebrado en el País Vasco?. ¿Lo reducimos a la Provincia? ¿Y por qué no al Municipio? ¿Y si se plantearan casos que pudieran llevar a la discontinuidad territorial?
La propuesta del Sr. Soroa me parece razonable y valiente, merece ser estudiada, y tiene la virtud de buscar soluciones a un problema que empieza a enquistarse. Pero antes de llamar a los ciudadanos a las urnas quizás deberían resolverse todas las cuestiones anteriores.