Defensa de infanta y ofensa de plebeyos.

He leído los resúmenes que los periódicos traen del escrito con el que la defensa de la Infanta Cristina de Borbón se opone a su imputación. Aun cuando la defensa de la cuasiinimputable Infanta es doble, pues también la ha asumido el fiscal con entusiasmo digno del quien buscara un marquesado o un viaje con el Bribón, no ha de ser fácil hacer de abogado de un miembro de la casa real que o es condenado por felón o es salvado de las garras de la ley a base de quedar como idiota que firmaba sin saber y creía que los millones caían del cielo como el maná e igual que cuando con papá. No es precisamente un indocumentado el defensor penal de la Infanta, Jesús Silva Sánchez, viejo conocido mío y algo amigo, pero tengo la impresión de que o bien no ha estado muy afortunado o bien el equipo de la defensa ha decidido asumir ciertos daños colaterales con tal de que la norma penal no le caiga encima a la real señora como si fuera de la familia mía o la mujer de Diego Torres.

            No sé si la Casa Real, el Gobierno, los variados asesores o los propios Duques de Palma deberían hacer una sosegada reflexión sobre qué estrategia conviene más y desgasta menos. Esta de sus abogados me parece a tal propósito inconveniente, aunque pudiera penalmente tener alguna virtud. Digo que resulta inconveniente porque reclama para personajes como la Infanta privilegios, presentando para ellos como carga insoportable lo que para el común de los mortales se considera peso ineludible y lastre razonable. Es discriminación favorable para los privilegiados lo que se pretende, y temo que eso ni los va a hacer más merecedores de clemencia a ojos de los jueces ni más simpáticos para la opinión pública. Y no sólo se busca discriminación positiva, sino que, repito, la Infanta es presentada como una marujona incapaz y confiada, una tonta del bote que pone su firma donde el marido le dice y que ni se entera de nada ni sabe hacer la o con un canuto. Con lo que, al fin, nos preguntamos todos cómo un ser tan inútil e inadvertido puede trabajar para la Caixa y llevar la sección internacional de su obra social, o algo así. ¿No deberían buscar para ese cargo empleado más capaz, dado que a ésta cualquiera se la da con queso?

            Dice el alegato de la defensa que para personajes con esta relevancia pública la mera imputación funciona como una condena provisional y que por esa razón deben los jueces andarse con especial cuidado a la hora de valorar los posibles indicios que hagan sospechar delito. En otras palabras, éstas mías: volvamos al Antiguo Régimen y al orden estamental, que la nobleza de sangre o la aristocracia de revista del corazón tenga un estatuto jurídico distinto del del común de los mortales. Porque para ellos, pobrecilllos, la fama es carga que debemos aliviar base de compasión procesal y de mirar para otro lado si meten la mano en el saco y se llevan nuestros cuartos. Eso, al fin, si se los llevaron o no, si se trata de choricetes sin escrúpulo o de inmaculados inocentes es lo que en el juicio toca dirimir, para lo cual se requiere la previa imputación si se cuenta con indicios razonables de delito. Pero como, según los defensores de la borbona ingenua, si corre sangre azul por tus venas el mero imputar ya es penosísima condena, el privilegio se hace doble y el descaro se consuma en impunidad: no podrá haber condena judicial porque ya se condenó al imputar, y para la evitación de la informal condena al imputar debemos abstenernos de dicha imputación. De modo que ni condena formal al acabar el juicio ni condena popular antes de empezarlo, que hagan lo que quieran y que ni como imputados ni como condenados tengan de sufrir afrenta. Un chollo cojonudo que hasta a los indiferentes nos torna de inmediato en fervientes republicanos. Por eso decía que con defensas así no sé si no valdría más asumir errores y latrocinios y pedir perdón y una prórroga de paciencia.

            Pareciera que la fama es desgracia y no fuente de privilegio. ¿O acaso a la tal Cristina la habría contratado la Caixa y a su marido Telefónica si fueran hijos míos en lugar de ser hija y yerno de quiénes son? A las duras y a las maduras. Si la condición real y el peso de la opinión pública abruman, pasen a la clandestinidad o a la privada vida de los más privados y conseguirán dos loables objetivos: no sólo no serán como condenas sus simples imputaciones penales, sino que no habrá nada de qué imputarles, ahí sí, ya que como particulares llanos y pueblo de a pie ningún corrupto presidente de Comunidad Autónoma y ningún alcalde retozón les regalará euros por cientos de miles para que hagan sus obras sociales en paraíso fiscal. Muertos el perro, la perra y los hijos de tal, se acabó la rabia y retornamos a la feliz e ilustrada igualdad ante la ley. No tendrán tentación distinta de la de cualquiera y para delinquir habrán de esforzarse como todo el mundo, a base de pistola y pasamontañas y no con tarjeta de visita y papá al aparato.

            No son príncipes, infantes y demás relea real los que mayor problema tienen cuando en los medios aparecen como sospechosos e imputados, ni mucho menos. Que pregunten a aquellos detenidos o investigados por ciertos delitos relacionados con menores y con sexo y verán lo que es el juicio popular anticipado. Que yo sepa, para Urdangarín y Cristina nadie anda pidiendo pena de muerte sin juicio o castración súbita para evitar la propagación de sus eventuales genes de amigos de lo ajeno, cosa que sí solicita la chusma en cuanto a uno lo señalan por hacer fotos a algún niño desnudo o por abusar asquerosamente de una señora. Claro que hay problemas procesales y sociales ligados y muy serios, y por supuesto que a mucho inocente le echan a perder la vida con una sola noticia de periódico o con una acusación infundada o una imputación errónea. Pero a esos nadie los contrata en Qatar ni les paga papá la defensa a medias entre un padre de la Constitución y un extraordinario penalista del que no nos constaba su fe monárquica ni cercanía ninguna a lo más innoble de la nobleza.