¿Funcionarios a la calle? Por Francisco Sosa Wagner

Gran revuelo ha originado el anuncio, atribuido al ministro responsable de las Administraciones públicas, de una reforma de la función pública que acabaría con el funcionario vitalicio. El ministro nada ha dicho de esto porque es un señor serio y sabe perfectamente que la condición vitalicia del servidor público es una garantía de su imparcialidad y una conquista destinada a ponerle al abrigo de los vaivenes políticos obtenida en el siglo XX de forma muy lenta y penosa. La práctica durante el XIX fue la del cesante tan bien descrita en la literatura del siglo, muy especialmente en la novela “Miau” de Benito Pérez Galdós. Época aquella del cesante y, además, del pretendiente, pedigüeño que hacía colas en los despachos ministeriales para obtener un puesto al menos de ocho mil reales. Posada Herrera, asturiano de Llanes, mandamás en Gobernación en el “gobierno largo” de O´Donnell, uno de los padres del derecho administrativo y de quien yo escribí hace años su biografía, decía que el ministro, en el reinado de Isabel II, vivía encadenado “entre el expediente y el pretendiente”.

Es decir que la demagogia que se hace con la condición vitalicia de los funcionarios es eso justamente: demagogia de escasos quilates. Precisamente si algo se puede reprochar a la función pública actual es haber recuperado por vías nuevas la condición más o menos perecedera del funcionario a través de los nombramientos de interinos, contratados laborales y demás, un campo de caciqueo este de enormes dimensiones para ciertos políticos. A ello hay que añadir la distinción entre puestos de trabajo atribuidos por concurso y por libre designación que, como ha destacado Ramón Parada, inmejorable conocedor del asunto, introduce una discrecionalidad que es incompatible con un sistema de carrera administrativa.

Lo que ha dicho el ministro nada tiene pues que ver con lo que se le imputa. De otro lado, en ningún caso hubiera podido mencionar este asunto, a menos que se presentara a un concurso de inoportunidad política, justo el día en que se conocía que un partido de Cataluña exigía a los funcionarios que ha nombrado el paso por la caja para financiar sus actividades. Es evidente que, frente a un funcionario con su puesto garantizado de por vida, nadie -ni siquiera un desenvuelto republicano- se atrevería a formular semejante demanda, que vale solo frente al empleado cuya continuidad en el puesto depende del favor político.

Por tanto el anuncio ministerial se refiere solo a la remoción de un funcionario de su concreto puesto de trabajo si no rinde de forma adecuada. Es decir, si se despista, si rellena quinielas con excesiva entrega, si debate con especial calor sobre los últimos penaltis, si sufre enfermedades imaginarias recidivantes etc. En tales casos, se decide cambiarle de ventanilla, por utilizar una expresión comprensible, aunque ya no haya ventanillas (ni casi ventanas con estas modas arquitectónicas). No está mal pero no es más que esto.

Ocurre sin embargo que la “nueva” medida excitadora del celo funcionarial, proclamada estos días como una novedad que va a conmocionar las oficinas, está ya instalada en el Derecho español desde 1988, año en que el artículo 20 de la reforma de la función pública dejó establecido que “los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo por el procedimiento de concurso podrán ser removidos por ... una falta de capacidad para su desempeño manifestada por rendimiento insuficiente ...”. Si ha habido casos, lo ignoro.

Conclusión: nada hay más parecido al cangilón de noria en sus vueltas interminables que las reformas anuales de la función pública. Los aficionados al Eclesiastés convendrán conmigo que nihil novum sub sole.