Jueces independientes

Cuando se trata de hacer un equipo de fútbol, o una selección, se busca a alguien competente y con experiencia que, como entrenador o seleccionador, haga jugar a los mejores, y los equipos se disputan secretarios técnicos (creo que se llaman así) que vean un montón de partidos de todos los equipos y en todas las categorías y traten de fichar a los jugadores más capaces. Últimamente, por ejemplo, la prensa especializada se hace lenguas de la habilidad de Monchi, en el Sevilla, para localizar perlas futbolísticas que acaban dando un gran rendimiento, al margen del relumbrón mediático y de las revistas de la víscera. Permítase esta comparación solamente para subrayar que en los más altos poderes del Estado no ocurren las cosas del mismo modo.
Legislan unos parlamentarios cuyo mérito más notable suele ser, en la mayoría de los casos, la sumisión y la disposición para bajar la testuz y votar lo que se les mande sin rechistar. Y así salen las leyes que salen y como salen, que hasta la ortografía y la sintaxis sufren últimamente en el BOE, por no hablar de la cantidad de tonterías y simplezas abochornantes que impregnan hoy en día la legislación. Pero concedamos que las leyes las hacen legítimamente los políticos y que a la política se suelen dedicar quienes no tienen aptitudes o ánimo para hacer cosa de mejor provecho o mayor brillo.
Más delicado, aún, es el caso de la judicatura. El poder judicial tiene una estructura marcadamente jerárquica. Se va ascendiendo por antigüedad, pero a partir de cierto nivel las designaciones competen al Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial lo manejan los partidos, ya que sus miembros los nombra el Parlamento. Decimos Parlamento y suena a legitimidad elevada e interés general. Pero cuando hablamos de elegir a las más altas magistraturas judiciales lo que asoma por debajo de la puerta de las Cortes es la patita de los partidos políticos, empeñados en colocar a sus afines y en promocionar a sus leales. Do ut des. Yo te nombro y tú me sigues la corriente. Se hace realidad el viejo dicho de que más vale caer en gracia que ser gracioso. La profesionalidad queda desplazada por la politiquería de más baja estofa.
Sobre el papel, los ascensos de los jueces podrían dirimirse con estricta aplicación de los principios constitucionales de mérito y capacidad. Además de que la experiencia es un grado y algo han de contar los años de labor, bastaría que alguien con capacidad de juicio y ánimo independiente fuera viendo y cotejando los resultados de su trabajo: las sentencias. Ni más ni menos. Que cuente más el poner buenas sentencias que el hacer muchos pasillos.
Quienes tenemos el vicio de leer jurisprudencia nos hacemos cruces en muchas ocasiones al comprobar qué peregrinos razonamientos, qué escasa perspicacia, qué patadas a la lógica y al diccionario y qué lamentable rigor técnico presentan muchas sentencias. En otras ocasiones la impresión es la opuesta y, se esté de acuerdo con el fallo o se discrepe, pues la materia jurídica tiene siempre mucho de opinable, complace hallar jueces que argumentan con pericia, les dan a las leyes el trato que se merecen –que nos merecemos los ciudadanos- y demuestran una sólida formación, amén de independencia de juicio y capacidad para sobreponerse a presiones y guiños. Pero más nos escandaliza comprobar, una vez sí y otra también, que suelen progresar más rápido muchos jueces escasamente escrupulosos en su trabajo y que compensan su poco celo o su débil capacidad profesional con abundancia de relaciones públicas y complaciente gesto ante quienes mandan. Con las excepciones que vengan al caso, por supuesto.
Deberíamos reflexionar un poco sobre la perversa analogía que se ha establecido entre el ascenso de los militares al generalato y el acceso a los más altos tribunales judiciales. De entre todos los coroneles que han superado el correspondiente curso de general y cuentan en su hoja de servicios con los méritos mínimos que la ley marca, el gobierno decide a cuáles elevar a generales, con decisión que tiene mucho de decisión política, aunque, al menos idealmente, no sea meramente política. En este caso puede estar justificado, pues de los mandos supremos del ejército cabe pedir no sólo preparación profesional, sino también determinadas actitudes y ciertas lealtades al poder legítimamente establecido –que no es lo mismo que al partido de turno, dicho sea de paso; pero en fin-. Pues el ejército, en suma, no ha de ser un poder independiente, sino bien sometido al poder civil. Pero ¿y los jueces? Ahí la situación debería ser la inversa, pero es la misma. Los magistrados integrantes del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia, y hasta de las Audiencias, nada tendrían que deber a la decisión discrecional de los políticos -o de sus delegados en el CGPJ- y, sentado que en su curriculum figuren méritos bastantes y que su trayectoria no tenga obvia tacha profesional, nada más que su pura capacidad como sentenciadores solventes tendría contar para su promoción. ¿Por qué no se crea una JUANECA, pero en serio? O que se fiche a Monchi.
Pero quién le pone el cascabel el gato. La alternativa que se suele ofrecer al nombramiento descaradamente político por un Consejo General del Poder Judicial integrado por secuaces serviles de los partidos políticos es que la batuta pase a manos de las asociaciones judiciales, que son grupos de presión también politizados y que vienen a cumplir un papel similar al de los sindicatos de la función pública: apoyar a los suyos, y al interés general que le den morcilla.
Al parecer, para la elección de los más altos guardianes de nuestros derechos las únicas alternativas son que decida Drácula o que elija Frankenstein. Pues no, invéntese lo necesario para que se seleccione simplemente a los mejores. Si es posible en el fútbol, más o menos, ¿no ha de serlo en la judicatura?