El nuevo feminismo. Por Joaquín Leguina

Fue en el invierno de 1990 cuando, tras una amena comida, el escritor Juan Benet, mirando de soslayo a quienes lo acompañaban en torno a la mesa, sentenció con solemnidad: “Ahora que ha desaparecido el comunismo sólo sobreviven dos enemigos de la Humanidad: el feminismo y el ecologismo”.
Quienes allí estábamos escuchando al ingeniero, amante de los embalses y de los trasvases, pensamos que era una más de las boutades, políticamente incorrectas, en las que tanto le gustaba incurrir... Pero no han pasado ni siquiera veinte años y ha llegado la hora de tomarse en serio aquellas palabras de Benet. ¿Por qué?
Porque, desaparecidas las utopías totalitarias y totalizadoras que emponzoñaron el siglo XX y como si de un big-bang se tratara, hoy viajan por el espacio político y social restos aislados y autónomos de aquel naufragio, entre los cuales destacan, precisamente, el feminismo y el ecologismo. Una mixtura de creencias políticas y de normas morales cuyo perfume autoritario es perceptible aun para los olfatos más obstruidos.
El feminismo o el ecologismo occidentales tienen unas raíces históricas muy claras. El segundo señalando el riesgo –bien cierto- de arrasar con el planeta mediante un crecimiento económico depredador y el primero, el feminismo, ha denunciado con rigor y razón la subordinación y el sometimiento de las mujeres por parte de sus pares masculinos a lo largo de los siglos. Muy justas denuncias en pos de un planeta sostenible y de una convivencia entre varones y mujeres más justa. Pero ni el feminismo de hace un siglo (ni el de hace veinticinco años) ni el ecologismo de fechas pasadas eran lo mismo que son ahora. ¿Qué ha cambiado? Que antes denunciaban y exponían razones y ahora, incrustados en el Estado, mandan y ordenan. En efecto, si preguntáramos a los ciudadanos españoles quién ostenta la más alta representación del feminismo en España, la mayoría señalaría con el dedo a María Teresa Fernández de la Vega y sólo una minoría muy cualificada se acordaría, por ejemplo, de Celia Amorós. Si hiciéramos lo mismo respecto al ecologismo, la señalada por el dedo sería Cristina Narbona.
Me limitaré aquí a glosar un particular feminismo, aquél que ha impregnado al PSOE y, como consecuencia, al actual Gobierno. En él pueden distinguirse dos tendencias dominantes, diferenciadas pero complementarias: de un lado, la fundamentalista, cuyos principios ideológicos parten de un axioma según el cual los hombres constituyen un grupo opresor respecto a las mujeres. Para Marx, el capitalista, cualquiera que fuera su actitud personal con los obreros de su fábrica, era un explotador, pues bien, en una traslación abusiva, este nuevo feminismo considera que todo hombre es per se un opresor, sea cual sea su actitud personal respecto a mujeres concretas. La otra facción, más práctica, es la del lobby (nombre del que se ha dotado su más activa organización, el “Lobby europeo de mujeres”) y, como cualquier lobby, trabaja pro domo sua. Dado que sus componentes se dedican profesionalmente a la política, buscan –y encuentran- privilegios para ellas. De ahí, y sólo de ahí, nació el objetivo de la paridad. Pero comencemos por el fundamentalismo.
En el antiguo régimen, los delitos cometidos por el pueblo llano se castigaban con más severidad de la que eran castigados esos mismos delitos cuando eran cometidos por un miembro de la nobleza. Ningún demócrata defendería hoy semejante discriminación y condenaría esa práctica que conculca el principio de igualdad ante la ley: artículo 1 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 agosto de 1789 (“La Ley debe ser igual para todos, tanto cuando proteja como cuando castigue”), principio éste recogido en el artículo 14 de nuestra Constitución.
Pues bien, más de dos siglos después de la Revolución Francesa y a treinta años de aprobarse la Constitución Española, el artículo 153.1 del Código Penal de una Democracia que dice ser avanzada –la española- prescribe penas distintas según que el delito (malos tratos) lo cometa un hombre o lo cometa una mujer.
Este cambio en el Código Penal es casi irrelevante cuantitativamente (prisión de seis meses a un año si el agresor es un varón y de tres meses a un año si la agresora es mujer), pero resulta trascendente en el campo de los principios jurídicos.
Cuando este cambio se planteó en las Cortes a propósito de la Ley Integral contra la Violencia de género (Ley Orgánica 1/2004), pregunté a muchos diputados (entre ellos al Ministro ponente, el de Trabajo) de dónde había salido tamaña desmesura con la que casi nadie estaba de acuerdo y de cuya redacción no se tenía ningún antecedente foráneo, tampoco la Ley sueca, muy comentada entonces. Tras aquellas consultas, me quedó claro que la fuente de donde manaba ese agua tan cristalina la constituía un pequeño y aguerrido grupo de feministas “de la opresión” que habían encandilado con sus rompedoras ideas al Presidente del Gobierno. La ausencia de debate interno respecto a las verdades reveladas por el jefe hizo el resto y la Ley se aprobó, incluyendo esa enmienda al Código Penal.
Esta innovación del Código Penal no fue recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional (TC), pero sí lo hizo una jueza de Murcia (Juzgado de lo Penal número 4). El contencioso acaba ahora de sustanciarse mediante una sentencia que, a mi juicio, echa sobre el TC la última paletada –por ahora- de desprestigio a causa de su impresentable politización.
En efecto, la sentencia del TC del 14-V-2008 -de la que fue ponente Pascual Sala- desestima el recurso, entre otras razones, porque el “autor (del delito) inserta su conducta en una pauta cultural generadora de gravísimos daños a sus víctimas y porque dota así a su acción de una violencia mucho mayor que la que su acto objetivamente expresa”. Como se ve, la sentencia consagra la existencia de “una pauta cultural” que atañe, exclusivamente, a los varones y que -lo quieran ellos o no- les supera como individuos. En otras palabras, los varones forman parte de un grupo opresor, que es lo que las fundamentalistas del nuevo feminismo querían demostrar.
Una vez más (y van... ) el TC quedó dividido en torno a esta sentencia entre “progresistas”, que votaron a favor de ella, y conservadores, y entre éstos los firmantes de los votos particulares. Y según esta ley del embudo, quienes nos negamos a admitir que los varones somos un grupo opresor nos tocará aguantar el mote de conservadores. Aparte, claro está, de ser quemados en plaza pública por ser unos machistas irredentos.
“La ideología dominante es la ideología de la clase dominante”, escribió Karl Marx hace ya mucho tiempo. Pues bien, las fundamentalistas del nuevo feminismo no se han roto la cabeza a la hora de traducir el axioma marxiano y, arrimando el ascua a su sardina, sostienen que la ideología dominante ha sido hasta hoy la del grupo opresor, es decir, la de los varones y esa ideología machista –según ellas- lo ha impregnado todo, desde el lenguaje a la sociología. Por eso es preciso reinventarse un lenguaje no sexista, pues sea, pero no mediante esa estupidez reiterativa (“los vascos y las vascas” del ínclito Ibarreche) con la que se pretende impedir pronunciar los plurales en género masculino. En pocos años esta necedad se ha extendido por púlpitos y micrófonos como una peste. Merece la pena detenerse en ello.
Es obvio que esta imposición constituye un ataque contra el buen uso de la lengua, al eliminar el principio de economía expresiva, añadiendo palabras al discurso sin aumentar un ápice su contenido conceptual. Pero hay más.
Los filólogos llaman género no marcado (en el caso del castellano, el masculino) al más abundante (entre otras cosas por ser el género en el que se hacen los plurales). Así, en la mayor parte de las lenguas indoeuropeas, desde el sánscrito al griego, ese género no marcado era el neutro, lo cual no quiere decir que los usuarios prefirieran el neutro (las cosas) a los géneros marcados: masculino (hombres) o femenino (mujeres).
Dentro de las –más bien escasas- lenguas que contraponen géneros (“masculino”/”femenino”) el que uno u otro sea el marcado no tiene relación alguna con los roles sociales de hombres y mujeres. Eso lo saben todos los especialistas en lingüística desde que Karl Brugmann publicó sus estudios en los años ochenta ¡del siglo XIX! Pero a las ideólogas del nuevo feminismo les importa un bledo la lingüística, lo que sí les importa es imponerse. Ya se lo dijo Humpty-Dumpty a Alicia: “Lo importante es quién tiene el poder. Eso es todo”.
La otra facción del feminismo, diz que socialista, la del lobby, no se ha quedado atrás en la apuesta y coló de rondón una disposición adicional en la Ley de Igualdad, mediante la cual se ha implantado en España la paridad en las listas electorales. También las del lobby han encontrado amparo en otra sentencia del TC, de parecido jaez a la aquí comentada.
Es bien sabido que las mujeres suelen prosperar profesionalmente mejor que los varones cuando la promoción social se adscribe a pruebas objetivas, como es el caso de las oposiciones en España. No es de extrañar, por tanto, que muchas mujeres que pelean –y con éxito- por hacerse presentes y visibles dentro de la sociedad civil en la que viven critiquen estos métodos de la paridad y rechacen su mensaje perverso que –eso sí- beneficia a las mujeres que se dedican profesionalmente a la política. Son éstas quienes, mediante la paridad, consiguen la mitad de los cargos políticos, pese a que el número de mujeres dentro de los partidos (fuente casi única de donde se nutren las listas y los cargos de designación) sea mucho más escaso que el de varones. Un privilegio, una discriminación (tan “positiva” para ellas como negativa para los varones) que encierra, además, como toda discriminación, un despilfarro de recursos humanos.
Según el nuevo feminismo que coloniza al PSOE, también el concepto de igualdad –que ha sido la basamenta del pensamiento de izquierdas durante casi dos siglos- estaba preñado de machismo, por eso ahora en el PSOE de ZP cuando se habla de igualdad no se hace mención a la igualdad de oportunidades o a la igualdad entre rentas o entre clases sociales, no. El único objetivo se ha reducido a la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque –siempre según estas “pensadoras”- la única desigualdad social relevante que existe es aquella que tiene sus raíces en el sexo. Perdón, en el género.
Es evidente que la desigualdad entre hombres y mujeres existe y es transversal, por lo tanto, todo lo que se haga para eliminarla bienvenido sea, pero es absolutamente falso que en ella resida la matriz de todas las demás desigualdades, ni siquiera que ella sea la más relevante, y no es necesario echar mano de ningún análisis de la varianza o factorial para demostrarlo. Los efectos prácticos de esta perversión ideológica sobre el discurso político son evidentes: se obvian las otras desigualdades, especialmente aquellas que hunden sus raíces en las clases sociales.
Pondré un ejemplo que puede resultar ilustrativo. Rodríguez Zapatero acaba de crear un nuevo Ministerio para la Igualdad, ése es el nombre. Pues bien, dicho Ministerio no pretende ocuparse de otras desigualdades que no sean las que se derivan del “género”. ¿Y quién se acuerda –me pregunto- de las desigualdades que acosan a la mayor parte de los asalariados? ¿Es que esa condición, la de asalariado, ha dejado de ser relevante para el socialismo gobernante? Pues parece que sí. Daré unas cifras sangrantes para ilustrar lo que estoy diciendo: mientras que la renta de los asalariados respecto al PIB va decreciendo (48,1% en el primer trimestre de 2004 y 46,3% en el tercer trimestre de 2007), a la hora de pagar el impuesto sobre la renta (IRPF) los asalariados, ellos solitos, pagan el 90% de todo lo que pagan a Hacienda los españoles por ese concepto.
¿Alguien ha oído hablar de este alarmante asunto a algún miembro del Gobierno actual? ¿En qué parte del programa electoral de Zapatero en 2008 (por cierto, nunca publicado) se hace referencia a este “pequeño” problema?
Desengañémonos, a menudo se habla de una cosa para impedir que se pueda hablar de otra. Es lo que llaman los politólogos “controlar la agenda”. Y en la agenda oficial del actual Gobierno socialista ha tiempo que no están las “viejas” desigualdades, sólo las “nuevas”. Y éstas están, pero -también ellas- en el limbo de la retórica, algo parecido a lo que ocurre con las emisiones españolas de CO2 hacia la atmósfera, que crecen al mismo ritmo con el que aumenta la prédica desde el Gobierno acerca de no se sabe qué lucha contra el cambio climático.
Muchas mujeres –ya lo he dicho- y también la mayor parte de los hombres no están en absoluto de acuerdo con estos manejos... Y si es así, ¿por qué casi nadie se atreve a decirlo? Porque se ha impuesto la ley del silencio que se deriva del miedo a ser tachado –no se sabe por qué- de machista. Un silencio producto de la censura que tanto les gusta ejercer a quienes administran los arcanos de lo “políticamente correcto”.
Cuando a una ideología –y el feminismo lo es en grado sumo- no se le opone barrera alguna, se dispara y disparata, y, como no tiene barreras, pues desbarra. Eso es lo que está ocurriendo y nos debiera preocupar a todos: a varones y a mujeres.