Funcionarios

Algo se está moviendo y ya veremos si para bien o para mal. Hace un par de días, en El País venía un reportaje bajo este título: “Fijo para siempre, pero ¿inamovible?” Y en los subtítulos se mezclaban variadas cuestiones: “El empleo público, altamente protegido, sigue en expansión - Ser más o menos productivo no tiene consecuencias - El reto es evaluar al funcionario”. Hace falta debatir, ciertamente, pero aclarando más de una cuestión.
Una cosa es el estatuto jurídico de los funcionarios, otra distinta la de cuántos hacen falta y para qué, y una más la de a qué controles han de estar sometidos y hasta dónde deben llegar sus derechos.
En el Estado moderno se da una combinación entre el gobierno, en manos de políticos democráticamente elegidos, y Administración, a cargo de profesionales con estatuto estable y no a merced del capricho o los intereses personales y partidistas de los gobernantes, seleccionados por su competencia y capacidad de gestión. Los políticos han de aplicar los programas de gobierno encomendados por los electores; los funcionarios y demás trabajadores del Estado tienen su cometido en la aplicación de los medios técnicos para aquellos propósitos. Un Estado sin cabeza política carecería de guía o estaría al albur de otro tipo de poderes; un Estado sin cuerpo técnico capaz y permanente podría sumirse en la incompetencia o la inoperancia.

El político tiene que mandar más que el servidor profesional del Estado, pero éste está justificado por su saber y su peculiar capacidad. El político pasa, pero el funcionario queda, pues sus prestaciones no son políticas y su misión no es de gobierno, sino de salvaguarda de las estructuras y las labores del Estado, en cualquiera de sus esferas. Sustituir a los funcionarios por puros y fieles servidores de los partidos políticos equivale a suplantación del Estado. Bien se ven las consecuencias en algunos países con estructura funcionarial muy débil y en los que cada nuevo gobernante coloca a sus leales y somete el interés público a sus puros antojos. De ahí la justificación y la necesidad de la inamovilidad funcionarial. También cabe el defecto inverso, el de la hiperburocratización del poder y la política, cuando los funcionarios, convertidos en casta, usan su posición y sus recursos para labrarse privilegios, sabotear a los gobernantes y sustraerse a controles y exigencias.
Ante esos dos extremos viciosos, ¿cómo es la situación en España? Posiblemente de tensión, tensión que no sirve precisamente para acercarnos a un término medio que pudiera parecer virtuoso. Por una parte, es clara la tendencia de los partidos dominantes a hacer de los funcionarios un séquito de lacayos, sobre todo a través de procesos de selección poco transparentes y orientados a favorecer a compañeros de partido, amigos y parientes. Por otra, los cuerpos de funcionarios, que no paran de crecer, tienden a enquistarse y hacerse fuertes en la defensa de sus ventajas, sin consideración a cualquier otro interés colectivo.
La lealtad al Estado ha de presuponerse y exigirse a políticos y funcionarios. Desleales son los unos y los otros cuando de sus miras desaparece el interés general. Desleal con el Estado es el gobernante que sólo se guía por el propósito de ganar elecciones, sin más objetivo real que mantenerse en el sillón y tener bien atendidos a los suyos. Desleal con el Estado es también el proceder del funcionario entregado al escaqueo y convencido de que lo suyo es más un seguro de vida que un trabajo que haya de rendirse con esfuerzo y rigor. Naturalmente, como en España el Estado es visto con recochineo y tomado a chufla constantemente, las deslealtades de estos y aquellos se multiplican al grito de tonto el último y el que la pille, “pa él”. Ancha es Castilla.
¿Cabe arreglo? Difícil. De los políticos ya hablamos otras veces y sabemos lo que hay y que de nosotros dependen. Apechuguemos con las consecuencias de nuestros votos. Así que debatamos hoy sobre funcionarios.
Las alternativas que suelen invocarse son igualmente falaces o desaconsejables: privatización de la Administración pública, un auténtico oxímoron, versus mantenimiento de statu quo. Lo primero supone entregar el Estado y su Administración a la rapacidad de empresas y contubernios político-económicos; lo segundo ha de parecer inaceptable para quien sepa del bajo rendimiento y el descaro del funcionariado que tenemos, como promedio y salvadas las excepciones que haya que salvar.
Las soluciones que empiezan a apuntarse dan mucha risa. Parece que la situación se va a arreglar evaluando a los funcionarios e impartiéndoles muchos cursitos sobre equilibrio personal en el puesto de trabajo, ética pública o realización laboral, o haciéndoles rellenar formularios y aplicaciones en las que detallen cuántos papeles movieron el año pasado o a cuántas reuniones asistieron. Zarandajas. Más burocracia y pasto para descarados consultores, expertos en curvitas y powerpoints. Deben de estar los psicopedagogos y demás artistas y sableadores frotándose las manos.
Estudios serios hacen falta, sin duda, pero para otras cosas. Por ejemplo, para determinar el número de funcionarios que realmente se necesita en cada departamento o negociado. Lo que no es de recibo es que el número de funcionarios aumente sin tasa ni control. Estudios serios se requieren también para establecer el rendimiento mínimo, el volumen de trabajo correspondiente a cada puesto. Y, correlativamente, tiene que exigirse ese rendimiento. Con eso llegamos ya a uno de los núcleos del problema, a los famosos derechos adquiridos.
Un señor o señora (pongan el ejemplo de un catedrático, si lo desean) se hace con un puesto de un determinado nivel, acto seguido decide que no vuelve a dar palo al agua y el problema no lo tiene él, que se queda más ancho que largo, sino la Administración y el servicio correspondiente. No lo mueve ni El Tato y no lo toca ni el apuntador. ¿Que algún jefe intenta ponerlo firme y hacerlo producir? La solución tradicional es la baja por depresión o cualquier otra enfermedad imaginaria. En tiempos recientes esa salida se combina con la tentación de acusar do mobbing al osado superior. O sea, y en términos prácticos: ni regañarlo ni ponerlo a hacer fotocopias ni echarle un chorreo ni meterle una presión laboral que le pueda producir angustia, pérdida de apetito, disfunción sexual o alteraciones del sueño.
Los que somos funcionarios y hemos tratado con muchos funcionarios hemos conocido de todo. Naturalmente que los hay cumplidores y laboriosos. El problema se plantea con dos tipos de funcionarios-lacra. Unos son los capaces, pero firmemente decididos a echarse a la bartola. La tentación es muy fuerte y el cuerpo (no el cuerpo administrativo, sino el físico) se queda muy bien el comprobar que por muy pillo que se sea y muy zángano que uno se vuelva, no pasa absolutamente nada y nadie le tose. Los otros son los inútiles integrales, los incompetentes absolutos. De éstos también he visto alguno en mis años en universidades. Son, por ejemplo, los que a día de hoy, siguen siendo incapaces de manejar el más simple programa informático o de ordenar alfabéticamente una lista con más de diez nombres. Vegetan dejados de la mano de Dios y del hombre, puesto que nadie pierde el tiempo en pedirles nada, ante la evidencia de que nada son capaces de hacer. En ocasiones, esos dos caracteres, el de caradura y el de inimputable, se dan en el mismo sujeto, y es cuando nos surge la inquietud más angustiosa: puesto que no se les puede mover, mi molestar siquiera, ¿no debería estar permitido su fusilamiento sin juicio ni nada? O, como mínimo, mandarlos a casa para siempre con una buena pensión, y que no estorben.
Ya tenemos dos conceptos en juego y hemos de ver cómo se combinan: inamovilidad e intocabilidad. El primero tiene honra raigambre doctrinal; el segundo es una manera de hablar para andar por casa, pero nos entendemos. Quedamos en que el primero debe defenderse, por las razones antes apuntadas; el segundo merece algunos matices.
Sobre el papel o en la justificación de fondo, el funcionario es inamovible porque la burocracia profesional forma parte del armazón permanente que el Estado necesita para funcionar, es lo estable en el contexto de lo que cambia. Cambian los gobernantes, pero se mantiene el personal técnico que el Estado precisa. Pero no se puede perder de vista que es ese carácter profesional y técnico el que fundamenta la exigencia de extremo rigor en la selección de los funcionarios. Éstos han de serlo por razones independientes de cualquier interés parcial o partidista y, además, han de serlo sobre la base del mérito y la capacidad, acreditados y, por qué no, mantenidos. Por consiguiente, pierde buena parte de su razón de ser la inamovilidad si los modos de selección del funcionariado están viciados y condicionados por la corrupción o el clientelismo.
Ahora vamos con la intocabilidad o intangibilidad de los funcionarios. Que, en cuanto trabajadores que son, aunque de las Administraciones públicas y no de la empresa privada, cuenten con la garantía de la inamovilidad no tiene por qué implicar que puedan vivir su profesión en régimen de perfecta impunidad. Que el Estado no pueda deshacerse de ellos ni arbitrariamente ni por algunas de las razones por las que podrían ser válidamente despedidos si se tratara de una empresa privada no es razón para que en su rendimiento y modo de trabajar puedan hacer de su capa un sayo e instalarse en el privilegio perfecto. El régimen de sanciones debe aplicarse y, si es necesario, reformarse, para que sea efectivo. La exigencia y la disciplina no tienen por qué ser menores que en la empresa privada. La productividad puede y debe hacerse valer, y no sólo incentivando al que más y mejor rinda, sino también penalizando al vago y al incapaz. No es admisible que el bajo rendimiento de muchos funcionarios sea excusa nada más que para crear más plazas de funcionario, a ver si entre muchos que hacen poco se da salida a la labor que podrían cumplir unos pocos que hicieran lo debido.

¿Quién le pone el cascabel al gato?