Más sobre funcionarios inamovibles y funcionarios inmóviles

La entrada de ayer, "Funcionarios", ha dado lugar a dos comentarios que merecen ser leídos aquí, en primera plana. No llevan más firma que la de "anónimo", por lo que los separaremos como Anónimo 1 y Anónimo 2.

Ahí van.

Anónimo 1 escribía esto:

Desde el punto de vista estructural, las noticias –recurrentes- sobre el “exceso de funcionarios” y sobre su baja productividad pertenecen al mismo género que las referidas a la cadena perpetua o a la rebaja del arancel notarial. Siempre encuentran un público receptivo, que no ha dedicado treinta segundos a pensar sobre el tema, ni está dispuesto a hacerlo. Las cosas, sin embargo, distan de ser tan sencillas.

1. ¿Hay demasiados funcionarios en España? No es fácil dar una respuesta concluyente, si tenemos en cuenta que la amplia categoría de “empleados públicos” incluye a más de tres millones de personas, con tareas tan disímiles como las de médico, bombero, profesor o arquitecto. No creo que sobren médicos en España, tampoco funcionarios en la administración de justicia ni en muchos sectores de lo que queda de la administración del Estado. La mayor parte de los cuerpos generales apenas reponen efectivos en los últimos años. ¿De dónde salen entonces todas esas nuevas “hornadas”? Bien sencillo: una parte, numerosa, está constituida por el llamado personal “eventual o de confianza” (vulgo, “enchufados”), que la ley permite nombrar a los políticos SIN LIMITE ALGUNO, y otra, no menos numerosa, por personal contratado en régimen laboral, eludiendo sabiamente los procedimientos selectivos generales.

2. ¿Trabajan poco los funcionarios? Ídem del lienzo: los hay que trabajan muchísimo, v. gr., los de la Seguridad Social, con unos métodos de control y medición del trabajo que parecen sacados del Chaplin de “Modern Times”. Es verdad que existe una desmotivación generalizada y letal para el funcionamiento del servicio, pero ¿qué clase de motivación va a tener un trabajador que sabe que su carrera futura no guarda ninguna relación con la cantidad y calidad del trabajo que realice? A los cinco minutos de tomar posesión en una dependencia administrativa, hasta el más tonto se da cuenta de que los ascensos y los puestos con complemento específico se dan a los amigos y a los conmilitones políticos, porque en nuestro país, desde hace décadas, el grueso de la Administración –no sólo sus niveles superiores- está infiltrado por la política y eso es lo que la ha convertido en un artefacto inoperante. Los políticos en ningún caso se fían de los funcionarios técnicamente capaces, y por ello han puesto en marcha toda una serie de técnicas de “desgobierno”, que permiten, p. ej., encargar informes y dictámenes a personas de confianza, normalmente sin mayores conocimientos del tema, pero absolutamente de fiar, a los que –si hace falta- se les puede encargar hasta una reforma del Código Penal, para la cual jamás se contará con los verdaderos expertos, no sea que digan lo que no queremos oír.

3. En cuanto a los sistemas de medición del trabajo, (“evaluación del desempeño” es la expresión legal vigente), invito a echar un vistazo al “modelo” de evaluación que se pretende poner en práctica en Asturias, y que –si llega a prosperar- ocupará a cada funcionario durante horas para rellenar tan prolijos y desconcertantes formularios. Otro ejemplo: el modelo de “módulos de trabajo”, aplicado a los jueces hasta que el Tribunal Supremo declaró su nulidad, que condujo a cuantas aberraciones procesales cabe imaginarse (vid. Doménech Pascual, Gabriel, “La perniciosa influencia de las retribuciones variables de los jueces sobre el sentido de sus decisiones”, en InDret, julio 2008).

No sobran funcionarios: faltan “funcionarios” en sentido estricto, esto es, personas con capacitación técnica y unas expectativas de carrera profesional independientes de la política. Eso es lo que se ha extinguido concienzuda y deliberadamente en España, para reemplazarlo por una administración “amateur”, integrada por cohortes de estómagos agradecidos. Así nos va a ir.

****

Y esto nos cuenta Anónimo 2:

Hay funcionarios vagos, pero no más que cuando la economía iba bien, y creo haber leído en la noticia de "el país" que los índices de absentismo no son mayores que los de una gran empresa.

El revuelo que nos están vendiendo al respecto ahora no se debe sino a que se está aprovechando el tirón de la crisis para meterse con los trabajadores públicos en busca de algún beneficio. Eso también es otra clase de especulación de esa de la que Zapatero dice que sufre España cuando El Financial Times se mete con él. Los funcionarios públicos deberían (¿a través de los sindicatos? juas!) decir públicamente lo mismo de ese tipo de desinformación que se pública en los medios.

Esa especulación viene de dos bandos. Por un lado el sector político que ve la oportunidad tanto de flexibilizar la inamovilidad de los funcionarios para así disponer a su antojo del Estado (les encantaría volver al sistema de cesantías), como de enfrentar a la sociedad (divide y vencerás) despistándola de lo que realmente ocurre, que no es más que una inoperancia total por su parte para solucionar problemas cuando surgen; los políticos sacarían tajada por doble partida. Por otro lado está el sector empresarial del país, que ve en el sector público una tajada del mercado por explotar y donde hacer negocio. Al respecto me hicieron gracia las declaraciones de Esperanza Aguirre diciendo que los funcionarios boicoteaban la Ley de Dependencia, motivo por el cuál no funcionaba..., lo que no pasaría según ella si se gestionara por empresas privadas (las suyas, las de su familia y sus amigos, se entiende).

La inamovilidad no creo que sea una opción, es una necesidad. La Administración no se rige por los mismos criterios de beneficio que la empresa privada (parece que los políticos se acuerdan de ello solo cuando en épocas de bonanza se sube el sueldo por debajo del IPC) sino por criterios de servicio a los ciudadanos y también de legalidad, y eso es independiente de como le vayan las cosas a la economía nacional. Ahora bien, el caballo de batalla y que debería ser objeto de discusión ahora que hay crisis y cuando no la hay también es, como bien dice el Profesor García Amado, la impunidad, pues en verdad el Reglamento disciplinario, que no es muy distinto del de cualquier empresa privada con sanciones desde el apercibimiento, pasando por la suspensión de empleo y sueldo, hasta la separación del servicio, se aplica de manera laxa y estoy seguro que casi siempre interesada. Cabe mencionar también que el ERE también está dispuesto en cierto modo en la legislación para los funcionarios, sino ya se me dirá como se le llama al hecho de que te puedan mandar para casa en excedencia forzosa por necesidades del servicio. Todo esto es desde la perspectiva formal claro...mucho papel pero nada de aplicación (como en otros temas, vaya).

Rebajar el gasto en trabajadores públicos es fácil, reduciendo las nuevas plazas que se ofertan, lo que ya se hace y de manera brutal (1 nuevo por cada 10 que se van) y cuando no se pueda esperar a la Oferta de Empleo Público, reajustar la plantilla sin inamovilidad, los interinos, pero a estos no se les menta, que muchísimos (con excepciones) deben el puesto de trabajo a alguien.

Que no traten de vendernos la moto, y que se empiece a ver soluciones con resultados para ese sector de la sociedad que reclama qué comer, pero que no les den para ello carnaza de este tipo.