Bolonia y los estudios de Derecho. Por Francisco Sosa Wagner

(Publicado en El Mundo, 16 de diciembre de 2008).

En las Facultades de Derecho españolas somos muchos los profesores discretos, con años de ejercicio y con un abultado currículum, que no damos crédito a lo que vemos. De nuevo estamos presenciando una reforma que se lleva por delante planes, títulos, contenidos de las asignaturas, en medio de la opacidad que proporciona un lenguaje cabalístico, preñado de una palabrería tan esotérica que llega a ser cómica: hay cientos de protocolos, evaluaciones, autoevaluaciones, habilidades, competencias, destrezas: un festival inventado por pedagogos a la violeta.
Fuera de este ruido que solo entienden los iniciados, lo que llama la atención de esta batahola es la falta de explicaciones acerca del alcance de la reforma por parte de las autoridades ministeriales. Es de notar que, pese a que buena parte de las competencias universitarias se hallan alojadas en las Comunidades autónomas, el organigrama de la Administración central sigue florido y en permanente crecimiento: contamos con ministerio, secretaría de Estado, direcciones generales, presidencias de Agencias ... no nos falta de nada, estamos bien servidos. Pues bien, practicamente nadie de quienes ocupan tan elevadas poltronas se ha tomado la molestia de comparecer en los periódicos para, pluma en mano, explicarnos a los universitarios el arcano de sus designios y hacerlo en el lenguaje apropiado que merecemos quienes somos profesionales de la Universidad y por tanto no podemos aceptar camelos de bisutería política.
Porque ha de saberse que lo que Bolonia significa no es aceptado o es ampliamente discutido en países que merecen mucho crédito. En tal sentido, se conoce poco que en el documento firmado por los partidos cristiano-demócrata y social-demócrata para la formación del actual Gobierno alemán, en ese mismo importante y solemne documento, se rechaza «Bolonia» para los estudios de Derecho en las Facultades alemanas: «la formación de los juristas -puede leerse- ha de acomodarse a las exigencias de las profesiones jurídicas. Como no se advierte una necesidad en tal sentido, los partidos firmantes rechazan la incorporación del proceso de Bolonia a la formación de nuestros juristas».
A pesar de este precedente, silencio de nuestro mando hispano. Y para hacer juego, silencio de los mandados. Porque es de ver asimismo el mutismo de claustros, de juntas de Facultad o de profesores individuales. Pocos colegas han comparecido en los medios para exponer sus puntos de vista y esto vale para la Prensa nacional y, por lo que conozco, la regional, cuando ambas se han mostrado siempre solícitas a la hora de acoger las reflexiones de quienes a ellas se aventuren. Hay excepciones notables que mucho se agradecen pero que no hacen sino realzar el escenario de sigilo que denuncio. Resulta triste decirlo, y más para quienes humildemente luchamos contra las autoridades franquistas en el último tramo de la vida de la dictadura: había más vida en las juntas de Facultad de aquella época que en las de ahora. Infinitamente mayor conciencia pública, mayor valentía y mayor audacia. ¿Cómo es posible que la democracia haya tenido este efecto narcótico?
Y, por lo que se refiere a los estudios de derecho, silencio ominoso del Ministerio de Justicia y de los colegios profesionales, de abogados, de notarios etc, así como de las asociaciones de jueces y magistrados. ¿Es que no interesa a ninguno de ellos cuál sea la formación de los juristas? Muy en especial, me dirijo al Ministerio de Justicia ¿puede sin más desentenderse de lo que se va a enseñar en las facultades de Derecho? Pero ¿cómo es posible una indiferencia tan frívola?
Son ahora los estudiantes -pocos- quienes se han levantado en algunos centros contra la reforma enarbolando unas banderas que, aunque de forma confusa, dan en la diana de sus trucos. Así, por ejemplo, cuando denuncian la entrega de la Universidad y sus títulos a las necesidades de las empresas, lo cual es en esencia cierto porque llevamos muchos años oyendo la cantinela de que la Universidad ha de ponerse al servicio de la sociedad. Lo que es a un tiempo cierto y falso. Porque si las demandas sociales han de ser atendidas, será previa su adecuada valoración y, por supuesto, sin descuidar el mundo de las «Humanidades» o de los enfoques básicos imprescindibles -de la Filosofía, de la Física o de la Matemática-, hoy relegados a un último plano por un Gobierno que, encima, blasona de «progresismo». De forma un poco provocadora pero bien expresiva Tomás y Valiente nos dejó escrito que «la Universidad es y debe seguir siendo muy tradicional, profundamente sospechosa y un poco inútil». Bolonia. Precisamente a Bolonia debemos los juristas nuestro oficio. Allí nació la escuela de los glosadores que puso a punto, por medio de un nuevo método, el Derecho Romano justinianeo para ser utilizado en el espacio del Sacro Imperio Romano Germánico. Nada se entiende de la Historia de Europa desde el siglo XII para acá sin saber lo que Bolonia y sus juristas significaron.
Pues bien, de Bolonia viene ahora de nuevo un cambio en los métodos. Se trata de que docentes y discentes trabajen más y lo hagan en seminarios, en clases prácticas, en sesiones de debate ... Todo ello debe destronar la «clase magistral», lo cual no quiere decir exiliarla porque, aunque parezca una exageración, aún quedan «maestros» en las Facultades de Derecho. Pocos pero quedan. Tales innovaciones han de ser bienvenidas y ni siquiera los viejos nos oponemos a ella, conscientes como somos de que nuestro trabajo tradicional se encuentra obsoleto desde hace muchos años, yo diría que desde Gutenberg.
Ahora bien, esta dimensión de la reforma nada tiene que ver con la entrega del diseño de las titulaciones y de los planes a las más de cincuenta Facultades españolas, es decir, a sus profesores y catedráticos y a sus descoloridos órganos de gobierno. Porque es de advertir a quienes viven fuera del «alma mater» que en ella cada centro universitario se dispone a aprobar en los próximos meses las reglas por las que se van a formar generaciones y generaciones de jóvenes licenciados en Derecho y lo hace prácticamente de manera libre (fuera de unos burocráticos controles a posteriori), guiados por una única brújula: los intereses individuales de los profesores -y de los estudiantes- que colaboran en estos desaguisados. Se suprimen asignaturas, se aumentan o se reducen horas lectivas en cambalaches de pasillos y en trueques de favores o en intercambio de venganzas. Así estamos y es bueno que lo sepan quienes me lean y viven al margen de este zoco.
Es decir, podríamos decir que, por un lado, hay Bolonia y, por otro, la variante española, que llamaremos de Chamberí, y que abarca todo aquello que se ha metido de matute por nuestras autoridades en el ambicioso plan de creación del espacio europeo. Pero de verdad ¿qué espacio europeo puede crearse cuando los planes de las Facultades de Derecho son distintos entre Valencia y Castellón, Sevilla y Córdoba, Santiago y La Coruña, León y Valladolid? ¿Qué posibilidades tendrán los estudiantes para la «movilidad»? Como bien se ha señalado en un documento de UPyD, antes que el espacio europeo habrá de crearse el espacio español, fragmentado en más de cincuenta pedazos a causa de nuestras invenciones y de la forma desorientada en que se está conduciendo el proceso.
Es hora de detener esta alocada carrera y autoridades para ello no nos faltan. Y es la hora llegada asimismo de formar una Comisión de juristas, todos de avanzada edad y sin intereses directos implicados, procedentes de las distintas profesiones jurídicas (catedráticos, abogados, magistrados, notarios ...), para que formulen un plan uniforme y mínimo destinado a la formación de los licenciados en toda España. La única desgracia que le falta a la Justicia española es que se llegara a consumar la extravagancia en curso.