¿Qué hacemos con las universidades (públicas)? Sobre endogamias y apaños

   El asunto de I. Errejón y su contrato en la Universidad de Málaga ha puesto en primer plano el problema de los muy deficientes controles que en las universidades públicas existen sobre cosas tales como la garantía del mérito en el acceso a las plazas de profesor e investigador (y no sólo de ésas) o el cumplimiento de las obligaciones fundamentales de los docentes e investigadores (dedicación, rendimiento, horario, presencia en el centro de trabajo, etc.). Y ha vuelto a salir el sempiterno tema de la endogamia.

   Lo primero que a cualquiera se le viene a la cabeza es que son insuficientes e inapropiadas las reglas que regulan esos temas y que habría que cambiarlas por otras más terminantes y efectivas. Pero los que laboramos en las universidades, y en las Administraciones Públicas en general, bien sabemos que, en casos de mal funcionamiento y vicios heredados y fuertemente asentados, es muy conveniente diferenciar entre problemas operativos y problemas estructurales. Llamo problemas operativos a los relacionados con el deficiente cumplimiento de alguna tarea o función, como puede ser, en este caso, la calidad de la docencia o la investigación, la atención a los estudiantes, la eficiencia de la gestión, la objetividad de las evaluaciones, la adecuada utilización de los medios disponibles, etc. Por problemas estructurales entiendo los atinentes a la organización básica o disposición general de la institución de que se trate, en este caso las instituciones universitarias. Los problemas estructurales son los que impiden o dificultan el cumplimiento de las funciones primeras, de las funciones que dan sentido a la institución y al gasto que supone. Problemas estructurales serían, por ejemplo, los que se refieren al régimen general del personal, a las formas de gobierno o la organización de la gestión, a las maneras principales de financiación o a los sistemas generales de responsabilidad y rendición de cuentas. Otra clara cuestión estructural sería la del modo en que se entienda y se regule la autonomía universitaria.

   Una de las razones por las que las reformas legales en materia de universidades fracasan una y otra vez está en que defectos que son estructurales se quieren corregir mediante cambios normativos que afectan nada más que a cuestiones operativas, desconociendo que solo una reforma estructural o de fondo puede atajar determinados defectos en el rendimiento o la prestación del trabajo y los servicios. Un par de ejemplos. Si se cambia el sistema de horarios y de control de asistencia de los profesores a su lugar de trabajo seguramente sucederán enseguida dos cosas: que el corporativismo y los viejos hábitos servirán pronto para que se dé con la manera de sortear tales controles y que muchos pasarán más tiempo en su Facultad, pero dedicados nada más que a pensar en las musarañas o jugar al póquer vía internet. Y si se incentiva la producción científica del personal algunos encontrarán motivo para investigar algo más, pero seguirán en sus trece los dados a la holganza, y más si las distinciones positivas para los primeros son puramente simbólicas y con escasa repercusión en sus nóminas.

   La universidad no se arregla con parches y reformas puntuales, se han de atacar los problemas de raíz y con cambios estructurales. Las cuestiones al principio aludidas y que se relacionan con la endogamia, los favoritismos internos y la consiguiente merma de calidad y productividad, nada más que tienen arreglo poniendo a las universidades a competir seriamente y haciendo al profesorado corresponsable de los resultados grupales, pero no moralmente corresponsable, lo cual de poco sirve cuando la moral profesional o personal está viciada o corrompida, sino laboral y económicamente corresponsable. Concretemos la idea y desgranemos tres tipos de medidas escalonadas:

   (1) Partiendo de una financiación básica común o atinente a reglas generales (número de alumnos, número de títulos, número de profesores…), una parte importante del dinero que cada universidad pública reciba del Estado o la Comunidad Autónoma debe ser proporcional a sus rendimientos. Para eso podrían tomarse dos patrones, con mediciones bien objetivas: índice de productividad investigadora real de sus profesores e índice de éxito profesional de sus titulados, con un horizonte temporal adecuado. De esa manera, en cada universidad habría un buen acicate para preocuparse verdaderamente de lo que se hace en los laboratorios, las bibliotecas o las aulas. Lo otro, lo que hay ahora, son cuentos chinos y estadísticas vacías. Por ejemplo, nada de fracaso escolar y mucha más atención al éxito o frustración laboral de los titulados. Universidad con investigadores peores y con más alumnos sin salida profesional ligada a su formación, universidad que recibe menos dinero de las arcas públicas. Todo ello, por supuesto, aplicando las proporciones, los porcentajes y los índices de corrección pertinentes, no simples números en bruto.

(2) Dentro de las unidades administrativas y funcionales en que el profesorado se encuadre, sean, hoy, departamentos o facultades, una parte del sueldo de cada miembro debería depender de la productividad científica y docente (en el sentido del éxito profesional antes mencionado) del conjunto, del grupo. ¿Por qué? Porque si por cada peldaño que baje tal productividad cada profesor de ese departamento o facultad cobra doscientos euros menos al mes, y por cada uno que suba percibe doscientos euros mensuales más, se irá acabando la tolerancia y el silencio cuando otros agencian contratos para inútiles, incumplidores o enchufados, y hasta se lo pensará uno mismo a la hora de preferir al capaz o al discípulo sumiso pero torpón.

(3) Las universidades, bajo ese régimen, deben poder competir entre sí por el profesorado más experto y cualificado. Para ello ha de haber libertad de oferta y demanda y posibilidades de movilidad profesoral. Sueldo básico y digno para todos y en todas partes, pero vías expeditas para que los mejores y que más hacen reciban ofertas de otras universidades y, consecuentemente, negocien la permanencia en la universidad suya. Si Fulano es un investigador con prestigio internacional cierto y producción muy notable, que se lo pueda llevar la universidad que le ofrece mejor sueldo o condiciones de trabajo más idóneas, y que tenga que entrar a ese trapo la que quiera retenerlo en su plantilla. Si por fichar o retener a los mejores las universidades ven elevado su prestigio y, sobre todo, su financiación, harán los esfuerzos que hoy no hacen y prestarán la atención que hoy no prestan a sus profesionales de más calidad. Lo que hoy tenemos es el sistema más desincentivador de los posibles: café para todos, todo el mundo es bueno y preferencia por los más mediocres, más sumisos y más amigos de los que gobiernan en rectorados y decanatos, por los que obedecen y halagan, aunque no produzcan ni cumplan decentemente.

   En mi opinión, es así de sencillo. Y así de imposible, estando las cosas como están. Lo que no pase por el estímulo firme al trabajo bien hecho será fracaso previsible, por muchas normas que se reformen o mucho escándalo que surja con este o aquel contratito o por mucho que farisaicamente nos alarmemos por la sobreabundancia académica de parientes y paniaguados varios, de primos y zascandiles, de amantes y lameculos. A competir en buena lid instituciones y personal, y que las instituciones más nefastas y los empleados más zánganos tengan algo que lamentar. O, al menos, que no se mine la moral de quienes honestamente se esmeran y tratan de servir a la institución y no de aprovecharse de ella, sean rectores (?) o sean profesores; o estudiantes.

   En cualquier universidad en la que, hoy, un rector o candidato proponga reformas válidas y límites de las corruptelas, perderá los votos de los más. Ese es otro problema estructural, y de los primeros. De ahí que no habrá en las universidades cambio que merezca la pena mientras no se altere el sistema de elección de rectores y otros cargos de gobierno. Porque, ahora mismo, las mayores porquerías suelen empezar bien arriba, y desde arriba se extienden y manchan, pringan y contaminan. Va haciendo mucha falta que pronto veamos en la tele algún rector esposado; o rectora. Hasta aquí solo los hemos visto ascender, algunos a las más altas y decisivas instituciones del Estado. No me hagan dar nombres, ustedes ya los saben. Es el mundo al revés, pero es lo propio de un régimen bananero como el que vivimos y padecemos.