¿Votar o sortear?

(Publicado en El Día de León)

               La teoría democrática está muy bien asentada, no solo entre politólogos, filósofos políticos y expertos varios, sino también y fundamentalmente entre los ciudadanos en general, y son bien pocos los que preferirían una dictadura, por ejemplo, o que el poder se heredara de padres a hijos. La soberanía popular, la idea de que es el pueblo el que ha de seleccionar a sus gobernantes, en lugar de que le sean impuestos por vaya usted a saber qué oscuros designios, forma parte ya de nuestro más valioso patrimonio cultural. Es una gran fortuna que la democracia triunfe, y basta mirar hacia atrás para darse cuenta de que, en estas cosas del poder y la política, cualquier tiempo pasado fue peor; aun peor, si nos expresamos con precisión.

                La desdicha es que esta querida democracia funciona mal y anda achacosa y decadente, cansada, tristona. El pueblo elige a sus representantes para que gobiernen y legislen, y ese ha sido un gran invento; lástima que apenas funcione ya. Si nos fijamos en nuestra propia casa o los alrededores, el panorama es desolador, por decirlo suave. Repase el amable lector la lista de nuestros presidentes de gobierno del 78 para acá y pregúntese sinceramente si no hay más de uno que apenas sabe o sabía hacer la o con un canuto. Si para consolarnos vamos a esa que se dice una de las democracias más antiguas y pensamos en su presidente actual, el inefable Trump, y algunos de sus predecesores, seguiremos con el alma en lo pies y el ánimo para el arrastre. ¿Bajamos un peldaño y tomamos al azar el currículum y la valía de cuarenta o cincuenta ministros españoles o de un ciento de consejeros de comunidades autónomas? Me temo que no nos va a subir mucho la moral.

                Y luego están los que eligen nuestros representantes. Pongo solo un ejemplo, de entre tantísimos, el de los magistrados del Tribunal Constitucional. Los selecciona el Parlamento, y me permito informar aquí de un detalle que tengo por bien cierto: son casi nulas las probabilidades de que para puesto tan importantísimo sean designados los constitucionalistas más sabios o los juristas más expertos y mejor dispuestos a hacer un trabajo técnicamente impecable. Si usted es del gremio, haga una lista de los que considera los cien más competentes en materias jurídicas y luego medite sobre si hay alguna posibilidad real de que alguno de esos termine de magistrado del TC. No hay ninguna.

                Los riesgos de que los ciudadanos erremos a lo grande al elegir a nuestros representantes políticos se multiplican en estos tiempos en los que una buena carrera política requiere el dinero de unos nada desinteresados patrocinadores y la habilidad de quienes sepan manipular con eficacia en las redes sociales y en muchos medios de comunicación. Así que no está de más que nos preguntemos si toca resignarse y retirarse a los cuarteles de invierno, desconectar de la vida política y abstenerse en todas las elecciones, o si cabría alguna solución.

                Hay alguna salida y no voy a ser el primero que la nombre: una combinación de condiciones de acceso y sorteo. Con lo primero me refiero que no estaría nada mal que para ser presidente del gobierno o de un ejecutivo autonómico, ministro o hasta parlamentario, se exigiera acreditar unas mínimas capacidades y alguna experiencia laboral. Muy sencillo, bastaría un dictado, una división con decimales y un pequeño test de cultura general, a fin de que no pudiera llegar a mandar en nosotros el que no esté en condiciones de superar las pruebas habituales para ser conserje de una escuela o celador de un hospital. No es pedir demasiado, creo. Y se tendría que haber cotizado como mínimo quince años a la Seguridad Social, para evitar a esos politicastros que en su puñetera vida no han hecho más cosa que medrar a la sombra de sus valedores en el respectivo partido, aprendiendo malas mañas y cultivando lealtades perversas.

                Para ciertos puestos y cargos sería perfecto el sorteo. Vuelvo al ejemplo de los magistrados del Tribunal Constitucional y afirmo que resultaría mucho mejor si sus plazas se sorteasen entre todos los juristas con trayectoria muy notable y que estuvieran dispuestos a aceptar esa misión. Mi amigo Paco Sosa Wagner ya lo propuso así para algunos altos cargos del poder judicial y creo que sería mano de santo en muchos ámbitos del gobierno y la alta gestión institucional. Por ejemplo, yo preferiría que los rectores universitarios salieran por azar entre los profesores más brillantes que así lo consintieran.

                Entre lo uno y lo otro se trataría de evitar el continuo ascenso de tiralevitas y cuitados, de paniaguados y correveidiles, y de asegurar que los que gestionan sepan lo que traen entre manos, que aquellos a los que se pide independencia no funcionen como simples estómagos agradecidos y que el que tenga aspiraciones de poder y alta responsabilidad aprenda que la vía es una combinación de trabajo y estudio y no el codazo en los mal ventilados pasillos de unos partidos políticos convertidos en auténticos antros, posiblemente lo más desprestigiado de cuantas organizaciones e instituciones nuestra Constitución menciona.

                No se pretende limitar la democracia, y menos atacarla, sino bien al contrario, hacer que no la colonicen muchos desalmados y pícaros que jamás llegarían a mandar en nada ni en nadie si en verdad no estuviera ya tan pervertido el sistema político. Sigamos eligiendo a nuestros representantes, pero con algunas precauciones, para que no acaben llevándose nuestros votos los más lelos o los más faltos de escrúpulos. Y que no sean los políticos los que escojan y domestiquen a quienes desde las más altas instituciones han de controlar precisamente a los políticos. No sería nada difícil organizarse así y salir del hoyo, pero, tal como están las cosas, tendríamos que echarle ganas y tomar nosotros la iniciativa como está mandado. ¿Nosotros? Sí, nosotros, los ciudadanos.