¿QUÉ ES UNA CONSTITUCIÓN? BREVES NOCIONES PARA NO JURISTAS

La Constitución es la norma más alta, la de superior jerarquía, del ordenamiento jurídico de un Estado. En un ordenamiento o sistema jurídico hay normas superiores e inferiores. Lo que diferencia a las unas de las otras es que las más altas no pueden ser modificadas ni derogadas (eliminadas) por las más bajas, mientras que las más bajas sí pueden ser derogadas o modificadas por las de mayor jerarquía. De esa manera está un reglamento administrativo por debajo de una ley; y una ley por debajo de la Constitución. Así pues, una norma constitucional no puede ser reformada por ninguna otra norma, por ninguna que no sea constitucional, pues la Constitución es la superior de todas. ¿Y cómo se modifica un precepto contenido en la Constitución? Mediante el procedimiento de reforma que la respectiva Constitución establezca. En eso hay mucha variedad en las Constituciones del mundo. Algunas declaran que partes de sí mismas son inmodificables. Otras establecen distintos procedimientos de reforma según que el precepto que se quiera cambiar se considere más importante o menos. Etc. En nuestra Constitución de 1978 este asunto se regula en los artículos 166 a 169. No vamos a entrar aquí en el detalle.
¿Y por qué es la Constitución la norma de más jerarquía, intocable, en consecuencia, por las otras? Pues porque sí. Permítaseme aclarar esto con un poco de calma.
Las cosas no siempre han sido de este modo. Antiguamente era distinto el Derecho y también diferente su justificación. Por ejemplo, durante mucho tiempo y en muchos lugares se ha estimado que la norma suprema es la tradición, lo que históricamente se ha venido haciendo y respetando, siglo a siglo. Ahí a la pregunta de por qué las cosas deben ser o hacerse de una determinada manera, la respuesta que se daba es que porque siempre ha sido así. Hablamos de épocas, como la medieval, en que todavía no ha penetrado el ideal del progreso y el gusto por el cambio. Las normas del Derecho protegían una determinada forma de organización social y, dentro de ella, una cierta manera de organizar el poder y la distribución de beneficios y cargas, y se justificaba todo ello en nombre de una tradición que tenía su respaldo último en la voluntad de Dios: cada uno está donde debe estar, ocupa el lugar que por nacimiento le corresponde, y así tiene que ser, pues nuestro lugar en el mundo corresponde a lo querido por Dios para nosotros según el esquema mismo de la Creación. No había ahí Constitución, en el sentido de hoy, ni hacía falta, pues se consideraba que el verdadero Derecho era aquel cuyas normas se atenían a la voluntad divina. El Derecho por debajo de la moral, y los dos, Derecho y moral, sometidos a la religión.
Luego las cosas cambiaron. Los factores de esa transformación fueron muchos y resumirlos aquí es tarea imposible. Pero mencionemos algunas cosas. Los exploradores y aventureros descubrieron lugares nuevos y culturas ignotas; los comerciantes más arriesgados abrieron nuevas rutas y hallaron sorprendentes productos; fueron apareciendo universidades y los estudiantes y algunos profesores –pocos, como hoy- comenzaron a hacer y hacerse preguntas incómodas y a cuestionar el orden heredado; y apareció la imprenta y las ideas corrían como la pólvora; y también la pólvora y otros inventos guerreros hicieron que cambiara la organización de los ejércitos y, con ello, el fundamento del poder y el orden; y en esto llegó Lutero y se acabó la homogeneidad religiosa: ya no había un solo credo tenido por verdadero, sino dos al menos, y les entraron a los unos y a los otros unas incontenibles ganas de exterminarse por amor a Dios, y casi lo consiguen. Hubo que buscar gobernantes firmes que impusieran la paz por la fuerza, por la fuerza de ejércitos no comprometidos ya ni con señores territoriales ni con ideas o credos, sino sólo con el rey que les pagaba: eran soldados porque recibían la soldada. Un tal Bodino, con ayuda de otros, se inventa el concepto moderno de soberanía, como poder supremo y total de un gobernante en un Estado. Así que el Estado empieza a identificarse con la figura del rey que lo rige, ayudado por un ejército pagado y una burocracia que recauda impuestos, hace censos y controla cada vez más cosas. Por eso aquel Luis XIV dijo lo de “El Estado soy yo”, lo mismo que hoy piensa, sin decirlo, alguno con talante de cazurro. Antes, la paz de Westfalia, en 1648, había puesto fin a las guerras de religión con el acuerdo de que en cada territorio o Estado la religión oficial fuera la de su monarca. Aquí paz y después gloria.
Ya ha nacido el Estado moderno, gobernado por la monarquía absoluta. Todo el poder para el rey, que dicta las normas que quiere para los demás sin que ninguna lo vincule a él; o casi. Pero, ay, amigo, no hay quien aguante en el cargo sin un poco de propaganda. Al pueblo no se le puede manejar sin una dosis de engaño o, en términos más finos, sin unas gotas de ideología que le hagan pensar que le pegan y lo exprimen por su mismísimo bien. Y se van a legitimar esos gobernantes del jovencísimo Estado territorial moderno a base de decir cosas tales como que lo que da sentido a su función de mando es el cuidado del interés general, o la protección de todas las personas de su territorio, o el garantizar a cada uno la vida, la libertad y la propiedad; y cosas así. Y el pueblo se lo creyó, que es lo que acaba pasando. Y la gente empezó a hacerse preguntas: ¿si todo es por mi bien, por qué estoy tan mal? Si me dicen que lo más importante es mi libertad, ¿por qué no puedo elegir la profesión que me dé la gana o vivir como quiera? Si tanto insisten los filósofos del poder, como Hobbes, en que la sociedad y la política ya no se organizan de una determinada forma porque sí o porque Dios lo desea así, sino porque nos ponemos de acuerdo y consentimos todos, ¿por qué lo que unos dicen vale más que lo que piensan otros?, ¿por qué unos tienen más derechos y mejores y a otros en ninguna parte se les escucha? ¿No quedamos en que todo ser humano vale por humano y no por nacer en una cuna u otra o por tener sangre azul o roja del montón? Especialmente molestos estaban los muchos que se habían enriquecido con el comercio o con la explotación de algo parecido a las primeras empresas modernas, pues veían que su mucha pujanza económica no les servía para tener influencia política, ya que continuaban al timón los de siempre, aunque la mayoría de ellos anduviese medio arruinada: nobles, aristócratas, pelotas de la Corte. Yo no he dicho nada de que como hoy, así que menos insinuaciones a costa de un servidor.
Y se armó la revolución. Primero fue Inglaterra, a mediados del XVII, aunque lo de Inglaterra merece comentario aparte en casi todos estos asuntos. Pero ya la gorda fue la de Francia, 1789, que acabó en un derroche de guillotinas y llevándose por delante todo el Antiguo Régimen. Era el momento de hacer dos cosas. Una, que pudieran mandar en el Estado los que ya dominaban en la economía. Dos, que se hiciera verdad, como Derecho, lo que tanto se venía proclamando como teoría: que todos nacemos iguales, que todos merecemos por igual un respeto y una cosa, y que aquí nadie tiene derecho a mandar por ser vos quien sois, sino que hay que votar y organizar el cotarro democráticamente. Pero eso son palabras, y las palabras las puede llevar el viento. Asentémoslas firmemente, pensaron, y procedieron a dos cosas: formularon la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y luego hicieron una Constitución. Y dejaron bien clarito que en adelante el juego político y social se hacía con reglas bien tasadas y que nadie podía ya tocar: respetando los derechos de la Declaración y organizando los poderes del Estado según las normas de la Constitución.
Había mucha desconfianza del poder y los poderes, mucho temor a la tiranía y el abuso, por lo que se quiso que la Constitución imperara como límite al legislador, al gobierno y a los jueces. Y lo primero fue evitar que los tres poderes se unieran o se concentraran, y se dio a cada uno competencias diferenciadas y se procuró que recíprocamente se controlaran. Sin separación de poderes no hay verdadera Constitución, se dijo. Y es que sin tal separación, si uno manda en todo, es decir, si los mismos dictan las leyes, las desarrollan y aplican y resuelven los pleitos sobre ellas, ¿quién nos defiende si esos que lo hacen todo son los malos? Divide y vencerás a los malos, esa es la consigna del Estado Constitucional y de Derecho, que así va naciendo.
Dicho quedaba que la Constitución es norma suprema del Derecho y que ella marca las reglas del juego y las cortapisas de todos los poderes del Estado. Pero a veces por mucho que digas una cosa, no basta. Insistes e insistes en que se debe respetar no sé qué, y como si nada. Para nuestro caso el tema era que el legislador se hallaba sometido a la Constitución, sí, pero si se la saltaba ¿qué ocurría? Pues que lo criticarían algunos, seguro, pero al final se salía con la suya. Porque si una ley llevaba la contraria a la Constitución seguía siendo ley, por mucho que medio mundo insistiera en que qué gamberro y qué poco considerado ese legislador.
Ahí fue muy importante el invento de los norteamericanos. En 1803 en Estados Unidos el Tribunal Supremo dictó la famosísima sentencia Marbury vs. Madison. En ella el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial de aquel Estado, dijo que él era competente para declarar no válidas, no Derecho, las leyes que contradijeran la Constitución. Ya tenemos a uno que le planta cara al legislador cuando éste no se atiene a los límites constitucionales: los jueces. Y la idea prosperó, hasta hoy. Luego, en Europa, tras la Primera Guerra Mundial se inventaron los Tribunales Constitucionales y se los hizo figurar en las Constituciones con su competencia principal bien clara: a ellos les compete anular la ley contraria a la Constitución, la ley inconstitucional. Así que el legislador puede hacer ley de lo que quiera, pero sin violar los preceptos constitucionales, y, si lo hace, ahí está el Tribunal Constitucional para pararle los pies. Obviamente, el invento funciona sólo si dicho Tribunal es independiente del Parlamento y ajeno a los partidos, cosa en la que alguna trampita se va haciendo aquí y allá cuando se puede.
Resumamos: la Constitución es norma suprema porque esa idea históricamente se ha impuesto, vinculada al deseo y la necesidad de proteger a los ciudadanos todos y de garantizar que todos puedan participar en la decisión de los asuntos que les conciernen o sean de su interés. Y esa idea de que la Constitución es la que fija límites y marca pautas a todos los poderes pasa de ser mera formulación de píos deseos a erigirse en realidad en funcionamiento cuando se instituyen poderes del Estado que la protegen: los jueces, ya sea la judicatura ordinaria, ya los Tribunales Constitucionales.
Muy bonito, sí, pero de vez en cuando menudos chascos. No me refiero a los golpes de Estado violentos que se cargan todo eso a fin de reinstaurar el abuso y la tiranía en nombre de Dios y la Patria; o del Pueblo unido que jamás será vencido. Hablo de otros peligros, como el que afectó mortalmente a la República de Weimar, en la Alemania posterior a la Primera Gran Guerra. Pues la inmensa mayoría de los funcionarios, jueces, gobernantes y políticos de aquel Estado no estaban nada convencidos de las bondades del régimen constitucional y democrático y añoraban la mano dura y el aliento del Emperador. Y entre casi todos hicieron casi todo lo posible para que aquello no funcionara. Y tan es así que no funcionó (ayudada la desgracia también por otras cosas, como crisis económicas brutales y una población resentida por culpa del Tratado de Versalles) y que miren quien acaba por aparecer: aquel engendro llamado Adolfo y que supuestamente encarnaba las virtudes físicas y morales del pueblo alemán. Sí, ya ven, con aquella facha, pero así es la gente cuando se pone a creer chorradas y a seguir a iluminados neuróticos. Qué nos van a contar. ¿Y saben qué más? El tal Adolfo y sus secuaces nunca derogaron formalmente la Constitución de Weimar. Más aún, muchos de los profesores de Derecho que mojaron la pluma en sangre y la pusieron al servicio de los nazis, por el módico precio de una cátedra o unas palmaditas del bigotudo gritón, escribieron sesudos tratados intentando hacer ver que lo que perpetraban los nazis era perfectamente compatible y acorde con la esencia de la Constitución de Weimar, aunque en alguna cosilla menor se forzara un poco su letra. Pero no vamos a reparar en pormenores de letra ni en detalles de picapleitos picajoso cuando tenemos tanto que hacer, cuando nos reclama la construcción gloriosa de la gran nación alemana. ¿Constitución?, decían, ¿qué Constitución más grandiosa y mejor que ver cómo un pueblo crece, prospera, triunfa, se expande, conquista y se libra de sus enemigos? Deutschland, Deutschland über alles.
Pues perplejos nos quedamos. Perplejos al ver que una Constitución puede irse a la porra sin que nadie la toque, la derogue o cambie sus cláusulas por el procedimiento establecido. Basta que los que tienen el poder en sus manos se la tomen por el pito de un sereno; y que el pueblo no la defienda. Porque a la Constitución la guardan sus protectores: legislativo, ejecutivo y judicial, pero ¿quién vigila y tiene a raya a todos estos? ¿quid custodet custodes? El pueblo o nada. Pues nada, ya lo sé.
Jamás ha habido ni habrá en parte alguna una Constitución que como norma suprema y límite del poder sea efectiva, y no papel mojado o adorno del disimulo, si no se da la feliz conjunción de estas dos cosas: unos gobernantes y funcionarios que quieran respetarla y un pueblo que la sienta como la parte más importante de su identidad colectiva y la garantía primera de los derechos y bienes que más le importan. Y eso también está estudiado y se explica con una expresión bien hermosa: lealtad constitucional. Muchas constituciones han muerto por golpes de Estado violentos. Pero otras perecen dolorosamente por la deslealtad de sus supremos custodios y la indiferencia de una ciudadanía que piensa que porque tiene la barriga llena ya no le queda nada que temer.
Y, a todo esto, ¿a mí por qué me ha dado hoy por hablar de semejante cosa?