Recusa, que algo queda

En honor a la verdad he de reconocer que sólo he seguido por encima el culebrón de las recientes recusaciones de magistrados del TC por parte del Gobierno y de la otrora leal oposición. Da una pereza enorme meterse a fondo en semejante pozo, que es un pozo de eso que ustedes están pensando. Así que, como ni soy experto en materia de procesalismo constitucional ni ando completamente al día en los tejemanejes promiscuos de políticos y magistrados, mis ideas tal vez resulten claras y, además, podré expresarlas de modo comprensible. En Derecho la ventaja de saber poco de un tema es que así se entiende lo que uno dice y el sentido común no se ve suplantado por inverosímiles conceptos y abstrusas categorías.

Me referiré solamente a la recusación formulada por el PP contra tres de los magistrados que llevan en el lomo la marca de la cuadra progresista, igual que a otros del mismo Tribunal parcelado les han puesto en idéntica parte el hierro de la conservadora. Que manda narices que se los conozca más por las señas del respectivo patrón que por lo exquisito e independiente de sus fallos. Pero ese es otro tema, atinente a viejos oficios, y no vamos a ensañarnos ahora con las reglas del mercado de cargos. Si hablamos únicamente de esa recusación que el pleno del TC acaba de rechazar por ocho votos contra dos (también tiene cosa que esos dos sean los recusados por el Gobierno y cuyo asunto se va a ver próximamente en el Tribunal) es nada más que a título de muestra y porque en ella ya se rizó definitivamente el rizo del despropósito y el despiste, sin que por decir esto ni tratar de tal tema estemos dando por buena la otra recusación ni nada de lo que viene ocurriendo con el empeño de los políticos por meterles a los/as señores/as magistrados/as la mano por debajo de la toga.Puestos a dar al César lo que es del César y a Mariano lo suyo, habría que comenzar por preguntarse dónde busca el PP sus asesores jurídicos y si no estarán infiltrados por algún agente de Rubalcaba. Mis alumnos de primero de Derecho les llevarían los asuntos legales con más soltura y mayores éxitos, eso segurísimo. Pero allá se las compongan y cada cual se suicida como quiere o como puede.

Vamos con lo de la tal recusación. La razón invocada era que esos tres magistrados en una reunión en el despacho de la Presidenta, la señora Casas Bahamonde (hay que ver de qué modo sublime el azar ha combinado posmodernidad y memoria histórica en los apellidos de esta eminentísima aspirante a cargos de altos vuelos), habían manifestado su opinión contraria a la constitucionalidad de la norma legal sobre la que formalmente tendrán que pronunciarse en el Tribunal, norma que no es otra que la que prorroga el mandato de la señora Casas como Presidenta, a fin de que sobre el Estatuto Catalán vote, con voto de calidad, como se le supone, para lo que nos imaginamos y a cambio de que no se le cante aquello de tuviste una oportunidad y la dejaste escapar, ah, ah, ah. He oído que está perfeccionando su francés la excelentísima dama, pero a lo mejor no son más que lenguas viperinas las que así lo proclaman. En cualquier caso, hermosa tierra la alsaciana y buen lugar para alsaciarse.

Vamos al grano del asunto. ¿Que un magistrado constitucional manifieste una opinión sobre la constitucionalidad de la ley que luego ha de enjuiciar puede ser razón suficiente para su recusación? Me parece que hay que afinar mucho más sobre el cómo, el cuando y el dónde de tal manifestación y, sobre todo, se debería diferenciar más sutilmente entre opinión previa y prejuicio.Al parecer, lo publicado por El Mundo sobre tal reunión donde la Presidenta y lo ahí hablado era todo mentira, y así lo han mantenido los concernidos. El Mundo dice p´alante y alla va Mariano, sin reparar en el precipicio que se abre ante sus pies. No se da cuenta de que a Pedrojota le va el sado político y que se viene arriba justamente cuando alguien se la pega por crédulo y ligero de cascos. Pero aunque fuera verdad aquello que se informó, ¿qué pasaría? No tiene mucho sentido instalarse en la ficción de que los magistrados no tienen ideas preconcebidas sobre los asuntos que un día pueden tener que juzgar. Todos los que tenemos una minimísima formación jurídica nos hacemos algún juicio sobre si tal o cual ley discutida y discutible será constitucional o no y la manifestamos cuando viene al caso y tenemos con quien. Tener opinión previa no puede ser causa de recusación; manifestarla tampoco, siempre que se haga de un modo ponderado y que no lleve a pensar que esa opinión la provocan razones espurias. Ya ni digamos si tal manifestación tiene lugar en una reunión privada y entre colegas, sin ningún propósito de darle publicidad.

Cosa muy diferente será si el magistrado al dar su opinión previa se ha comprometido formalmente con alguna de las partes del ligitio y si por ello ha cobrado o con ello ha puesto en juego su propia reputación. Alguien que dictaminó para una parte que una norma legal determinada era constitucional queda, en efecto, inhabilitado para juzgar con objetividad sobre tal constitucionalidad como miembro del TC, pues ha puesto en juego su propio prestigio profesional y en alguna medida acaba convertido en juez y parte. Pero, fuera de esos casos, no me parece que la previa manifestación libre e independiente de una opinión anterior tenga que incapacitar para el juicio posterior. Al fin y al cabo, y este es el dato esencial, el juicio que el TC se forma es el resultado de un proceso en el que se ponen las máximas garantías posibles para que dicho juicio sea el fruto de una reflexión plenamente informada, ilustrada por los argumentos de todas las partes y asesorada por los expertos correspondientes, y para que dicho juicio sea el resultado de un debate y un análisis esmerado en el seno del propio Tribunal. Magistrados de buena fe y que operen con propósito de objetividad e independencia pueden cambiar ahí sus opiniones previas y nada tendría ese hecho de particular. Por eso no importa que tuvieran opiniones previas, ni siquiera que las hubieran manifestado.

Cosa distinta de la opinión es el prejuicio políticamente alimentado. Si la actitud de un magistrado es la de dejar que su juicio se guíe por los intereses del Gobierno o de la oposición, si sus consideraciones están determinadas principalmente por fobias o filias políticas, si sus consideraciones las orienta el interés por agradar a éstos o a los otros, si su reflexión jurídica está mediatizada por un cálculo de utilidad personal, entonces sí que resultará su modo de actuar incompatible con lo que tan alta magistratura exige. Y a tales efectos poco importará lo que previamente haya manifestado sobre esta ley o aquella, sino que habrá más bien que atenerse a su actitud general, al grado de independencia que cada magistrado haya mostrado frente a unos u otros poderes y a si en su labor predominan la competencia técnica y la libertad de juicio o si, por el contrario, cualquier chapuza se da por buena con tal de arrimar el ascua a su sardina o a la sardina del “jefe”.

Aquí, en esto último, es donde se nos aparece la gran paradoja. Andan Gobierno y oposición recusando magistrados por haber manifestado opiniones más o menos oportunas o fundadas, pero al hacer causa de lo secundario nos ocultan, tanto el Gobierno como la oposición, lo principal: que habría que recusarlos y echarlos a todos, a todos los magistrados; o casi. Pues si en las cuestiones más relevantes para este Estado y su Constitución su voto es completamente previsible, y lo es hasta el punto de que el Gobierno tiene que improvisar una ley para dirimir el empate a su favor y dando a entender así que sabe perfectamente lo que votará incluso esa señora Presidenta que con su voto, llamado de calidad, desempatará, ¿qué es lo que se nos está diciendo? Que todos los magistrados obran por prejuicio político, hacen lo que sus patronos les mandan y tienen su juicio completamente viciado.

Si al Gobierno y la oposición ese aliento prevaricador del Tribunal Constitucional les importara un carajo, se reunirían de inmediato y se pondrían de acuerdo para poner de patitas en la calle lo antes posible a semejante pandilla de sumisos de mírame y no me toques, que llevo toga. Pero no, no van por ahí los tiros. Bien se ve para qué quieren el Gobierno y la oposición la Constitución, aprovechando que ha resultado ser de papel. Y bien se sabe también qué cometido les reservan en eso a los señores magistrados del TC. El Derecho constitucional, así entendido, acaba siendo una cuestión de estómago; rollo visceral.