Me permito traer a primera plana el comentario que Jacobo Dopico a la entrada de hace unos días. Comentario del que se desprende bien a las claras que no lucha contra la corrupción el partido que no quiere. Porque maneras hay. Vean:
... y lo de excluir del régimen de responsabilidad penal a los partidos políticos es sólo una parte.
¿Sabes que también han excluido del régimen de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas a las EMPRESAS PÚBLICAS? Esa es una vía maravillosa, muy explotada en alguna que otra isla española.
La cosa es así: si se asigna una función pública a una empresa pública... ¡tachán! Untar a los que gestionan la cosa pública ya no es cohecho (porque no son funcionarios); las corruptelas que realizan no son prevaricación (porque no son funcionarios)...
En el planeta están EXPLORADÍSIMAS las vías de control de la corrupción, y las conocemos de toda la vida.
- Grado MÁXIMO de control: intervención previa.
- Medidas de cautela: rotación del personal en los puestos de contratación, justificación de los pagos, control por FUNCIONARIOS EXTERNOS de los procesos de adjudicación (four eyes).
- Implicación de DOS administraciones en los procesos de recalificación del suelo (no como ahora, que la Comunidad Autónoma está de voluntaria invitada de piedra.
- Fomento de la delación anónima (Whistleblowers).
- Sistemas de copia informática externa de TODO. Hay empresas privadas que viven de asegurar a otras empresas que de su casa no se va a escapar una miserable prueba si quieren pillar a alguien que esté haciendo pufos. Si quieren, claro. En los sitios donde el Estado NO QUIERE pufos (p. ej.: en la Seguridad Social), los ordenadores son una trampa. Como el funcionario entre en un expediente que no sea el suyo habitual, queda huella. Y a los dos días ya tiene al Jefe de Negociado encima de la chepa preguntándole qué narices hacía accediendo a información reservada (que tiene, además, valor de mercado).
Lo que es evidente es que, de toda la vida, la Administración Central ha sido menos corrupta que la Autonómica o, sobre todo, la local.
Los controles en intervenciones en la Central son MÁS SERIOS.Los sistemas EXISTEN. Los gestores LOS CONOCEN. Lo que pasa es que los gestores ya SÓLO ASPIRAN A DAR IMAGEN DE "LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN", no a eliminar las corruptelas. ¿Y lo hacen así porque se benefician de la corrupción? A veces será por eso. Pero incluso el mejor intencionado tropieza con una piedra ineludible: luchar contra la corrupción exigiría luchar contra agentes con mucho predicamento en el partido. De hecho, exigiría en gran medida desmontar tu Partido Político.
¿Quién quiere pasar a la historia del Partido propio como el tío que se lo cargó, denunciando a sus propios corruptos?
15 comentarios:
Propondría tres medidas preventivas para evitar la especulación del suelo, pues es el elemento que más incide en la formación del precio final de la vivienda, así como para desincentivar los procesos recalificadores por parte de individuos bastardos con intereses del mismo tipo y que tan hábilmente han sabido tocar los palos necesarios:
- Establecimiento de un porcentaje indisponible, en torno al 25%, de cesión de suelo urbanizado, que pueda ser objeto de cesión ágil a cooperativas y otros promotores en el caso que tensiones alcistas empiecen a vislumbrarse.
- Modificación radical de la actual figura del agente urbanizador, en cuya mano y a cuya voluntad se ven sometidos los demás agentes del proceso.
- Claúsula de retracto legal en aquellos terrenos objeto de recalificación, de forma que el teórico incremento del valor del suelo se reparta proporcionalemente entre los propietarios del mismo en los, por ejemplo, 25 años anteriores.
De esta forma el que se ha dejado los riñones picando la tierra tendrá alguna opción a oler parte del, al menos otrora, suculento beneficio.
Ostras, Rogelio, lo del suelo... Ahí ha tocado usted el nervio.
En mi modesta opinión, la causa fundamental es la peculiaridad española: QUE LA PLUSVALÍA PUEDE IR CASI ÍNTEGRA E INCONTROLADA AL PROPIETARIO. Esto significa que hay una decisión administrativa (recalificación) que CONVIERTE EL POLVO EN ORO.
Si un cambio en la ordenación urbanística (un bien PÚBLICO) hace rico a un particular, este particular estará dispuesto a MUCHO para obtenerlo.
Si encima esto puede hacer ricos a MUCHOS particulares (¡no sólo los malos malísimos de las grandes empresas!)...
Y esto, sin hablar de los CONVENIOS urbanísticos, sede de todas las corrupciones habidas y por haber.
Sí, lo del suelo es clave, pero no me parece -a la vista de la experiencia de estos años- que se pueda solucionar con medidas legales, puesto que esas medidas ya existen, especialmente en la actual ley de suelo de 2007-2008, que también establece cautelas en relación con los convenios de planeamiento o gestión. El verdadero problema es que los titulares de la competencia para hacer cumplir la normativa urbanística (ayuntamientos y, limitadamente, comunidades autónomas) no la ejercen, por un conjunto de razones que van de lo malo a lo peor, así que da lo mismo lo que diga la ley, si los encargados de cumplirla y hacerla cumplir son los primeros infractores.
Don Jacobo Dopico:
Las plusvalías generadas en el proceso urbanístico han sido aprovechadas en muchas ocasiones por las propias administraciones públicas, supuestos garantes de este proceso.
En general la gestión pública del suelo no ha servido para equilibrar el precio de la vivienda y hacer efectivo el mandato constitucional en ese ámbito.
Efectivamente, esta especie de reyes Midas en que se habían convertido numerosos munícipes, con el eficaz apoyo por acción u omisión, de las CCAA, han precisado cooperadores necesarios para hacer una hermosa pinza a los millones de desgraciados que en estos años han precisado acceder a una vivienda, y a otros tantos millones de gilipollas que se han visto como Madoffs cualquiera, como magos de las finanzas gracias a la ola especulativa que pensaban que a ellos no les iba a salpicar porque ellos lo valían.
Si lee con atención lo de la claúsula de retracto legal de mi comentario anterior el interés a corto plazo por recalificar se quedará muy reducido.
Sí, sí, Rogelio, si yo abundaba en lo que dice usted. Luego se deberá debatir la concreta medida que haya que adoptar. Usted propone privatizar esa plusvalía, como el sistema actual, aunque el último dueño sólo se lleve una parte cuando lo haya adquirido hace menos de 25 años (sería inoperativa en los casos en que el inmueble llevase más de 25 años en la familia del último propietario; y sería de difícil ejecución en muchos casos). En mi opinión, ese valor debe mantenerse en mano pública. Pero, desde luego, estamos de acuerdo en limitar el incentivo perverso del actual propietario a buscar la recalificación por cualquier medio.
Tomás: es que, como bien señalas, no hay control que valga cuando los responsables del control son los mismos que desarrollan la conducta que hay que controlar (o están unidos por intereses comunes). Pero con interventores y controles administrativos externos (y, sobre todo, eliminando el incentivo perverso del que hablábamos antes), esas mismas medidas serían útiles. Lo que pasa es que nacieron para no ser aplicadas.
Los controles en el ámbito de la administración local han sido desmontados minuciosamente en los últimos años. Se ha debilitado la posición de los cuerpos nacionales (ahora se llaman "estatales") de secretarios e interventores, se ha permitido a los alcaldes prescindir de los informes oficiales y encargar informes de complacencia a catedráticos o abogados de su cuerda, dispuestos a legitimar en Derecho cualquier cosa.
En cuanto a los controles externos, el Estado autonómico nos ha traído "tribunalillos" de cuentas y "consejillos" consultivos regionales, que, al margen de sus deficiencias técnicas (causa vergüenza leer alguno de sus dictámenes), no se encuentran en posición de reprochar nada a los generosos políticos que los han nombrado.
En efecto, la apropiación de la plusvalía por el propietario del suelo es la "madre" de todas las corrupciones, como vienen explicando, desde hace décadas, nopocos administrativistas. En teoría, la nueva ley de suelo trata de impiedirlo, pero, de momento, ya se ha aplazado su entrada en vigorplena, prolongando el régimen transitorio para que alguien pueda seguir forrándose. Dudo mucho que esta ley entre en vigor del todo alguna vez.
of course.
Siento ser pesimista pero no le veo una solución clara al tema de la corrupción.
Demasiadas vías de agua.
¿Pero de veras creen ustedes que volverá a haber plusvalías con los terrenos?
Salud,
¿Que pasaría si se pudiera construir en cualquier terreno, menos en aquellos en que el Estado prohibiera expresamente construir?.
Por supuesto, construcción con arreglo siempre, y en todo caso, a normas claras y racionales respecto a alturas, equipamientos, viales, transportes, etc. etc. mínimos exigibles en cada promoción.
En principio, se acabarían las recalificaciones y las plusvalías inherentes a ellas. De otro lado, la enorme oferta de suelo contendría eficazmente los precios de éste, liquidando de paso la especulación.
Es solo una idea, pero...
Saludos
Don Antón: ha sido la así llamada Liberalización del Suelo la que ha disparado los problemas actuales.
¿Sabe cuántos CIENTOS DE MILES de viviendas construidas siguen sin salir al mercado en España? Para que lo suyo funcionase, necesitaría usted un mecanismo que OBLIGASE A PONER A LA VENTA a quien tiene suelo o inmuebles disponibles.
¿Pondría usted ahora mismo suelo o inmuebles a la venta? ¿No? ¿Por qué? Pues ahí tiene la respuesta.
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Pido perdón por adelantado por el recortapega (a su vez, de un recortapega legislativo que firma mi santa costilla en un libro por ahí):
Por lo que se refiere a la reforma de corte liberalizador introducida por la Ley 6/1998 del Régimen del Suelo y las Valoraciones (LRSV98), a diferencia del TRLS92, considera que en el ámbito urbanístico:
«La complejidad de este sector (…) unido a la limitación de la oferta del suelo, ha contribuido decisivamente a demorar hasta extremos irrazonables la conclusión de las operaciones de urbanización y ulterior edificación, haciendo imprevisible su coste y dificultado una adecuada programación de las correspondientes actividades empresariales, con el consiguiente encarecimiento del producto final».
por ello
«La presente Ley pretende facilitar el aumento de la oferta de suelo, haciendo posible que todo el suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso urbano, en el que no concurran razones para su preservación, pueda considerarse como susceptible de ser urbanizado».
propugnando
«La reforma del mercado del suelo en el sentido de una mayor liberalización que incremente su oferta forma parte de la necesaria reforma estructural de la economía española, para la que el legislador estatal tiene las competencias que le atribuye el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española»
Por último,
«En lo que concierne a los criterios de valoración del suelo, la Ley ha optado por establecer un sistema que trata de reflejar con la mayor exactitud posible el valor real que el mercado asigna a cada tipo de suelo, renunciando así formalmente a toda clase de fórmulas artificiosas que, con mayor o menor fundamento aparente, contradicen esa realidad y constituyen una fuente interminable de conflictos, proyectando una sombra de injusticia que resta credibilidad a la Administración y contribuye a deslegitimar su actuación».
Por su parte, el Real Decreto-Ley 4/2000, que dio lugar a la Ley 10/2003 de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y de Transportes (LMULSIT2003) señala que:
«La evolución positiva de la economía española, en la que han tenido especial incidencia las medidas liberalizadoras acordadas por el Gobierno, hace necesario seguir avanzando en el proceso de liberalización para mantener el ritmo de crecimiento económico»
«Por lo que respecta al sector inmobiliario, las medidas que se adoptan pretenden corregir las rigideces advertidas en el mercado como consecuencia del fuerte crecimiento de la demanda y la incidencia en los productos inmobiliarios del precio del suelo, condicionada a su vez por la escasez de suelo urbanizable o urbanizado, según los casos. En consecuencia, la reforma que se introduce habrá de incrementar la oferta del suelo al introducir flexibilidad en aquellas previsiones normativas en vigor que pudieran limitarla, trasladando este efecto positivo al precio final de los bienes inmobiliarios.
En esta dirección se orientan la mayor objetivización de la clasificación del suelo no urbanizable y la pretensión de incrementar la oferta de suelo urbanizable. Con la misma finalidad se potencia también el desarrollo de los suelos urbanizables, a los cuales se dota de una mayor flexibilidad ampliando las posibilidades de actuación reconocidas hasta ahora, sin que ello suponga merma alguna de la capacidad de actuación y decisión últimas de las Administraciones públicas competentes en la materia».
Ups, olvidé explicar el recorta-pega.
Don Antón: llevamos DOCE AÑOS de medidas cosí dette liberalizadoras... que son precisamente las que han CREADO la burbuja inmobiliaria en España (1998-2010). Por favor, no nos den más de la misma medicina, que nos van a matar.
Estimado D. Jacobo:
Buen corta y pega, a fe mía. Pero vayamos por partes:
1. Hablábamos de la corrupción y, más concretamente, de la corrupción urbanística. Y ahí quizá estaríamos de acuerdo en que la posibilidad de recalificación del suelo es, precisamente, uno de los factores claves. Si un Ayuntamiento tiene la facultad de mutar el plomo en oro, transformando prácticamente a voluntad y sin control alguno un suelo rústico en urbano, o un suelo de uso industrial en otro de uso residencial, la corrupción está servida. Y una de las posibles soluciones consistiría en impedir legalmente las recalificaciones, salvo para equipamiento social o claro interés público, y con los mayores controles posibles, e incrementar la oferta de suelo (a más suelo urbanizable disponible, menor especulación, ¿o no?).
2. En mi opinión, el stock actual de viviendas se debe casi exclusivamente a la crisis provocada por la especulación financiera. Ante el incremento constante y desmedido de los precios de las viviendas (sobre cuyas causas podemos hablar en otro momento, pero entre las que sin duda estaba el precio desmedido del suelo y la mordida de la corrupción municipal y autonómica), las entidades financieras (pidiendo para ello dinero prestado, para más inri) se lanzaron a conceder créditos hipotecarios a quienes no podían devolverlos, en la seguridad (grave error) de que, en cualquier caso, el aumento constante del valor de la vivienda haría rentable su inversión aun en caso de ejecución hipotecaria. Lo que sucede es que, en realidad, estaban dando dinero barato muy por encima del valor de la garantía, con lo que el reventón de la burbuja era solo cuestión de tiempo. Pero tenga la seguridad de que si la alegría en conceder créditos para la adquisición de vivienda fuera hoy la misma que hace siete años, y no hubiera más de 4.6000.000 de parados, el stock de viviendas se liquidaría en pocos meses. Un botón de muestra: hay promociones de viviendas municipales de VPO, de precio muy bajo, que después de adjudicadas por sorteo entre miles de solicitantes, muchos de los agraciados no han podido obtener el crédito necesario para formalizar la compraventa, y han tenido que renunciar a la adjudicación.
3. Claro que no pondría ahora mismo suelo o inmuebles a la venta. Como todo el mundo sabe, soy un especulador inmobiliario, y estoy esperando pacientemente a que los precios suban. No como mi vecino Manolo, que se ha quedado en paro y ha tenido que ceder al banco su casa por la mitad del valor en que el propio banco se la tasó hace cinco años para concederle la hipoteca, e irse con la familia a un minipiso de alquiler.
4. ¿Qué entiende usted por medidas liberalizadoras en el ámbito urbanístico? ¿Qué cualquiera pueda construir lo que quiera y donde quiera? En ningún momento he defendido tal cosa. Afirma usted que la burbuja inmobiliaria ha sido provocada por medidas liberalizadoras. ¿A qué medidas se refiere? Si no las concreta, resulta algo difícil examinarlas. Y sobre todo, explique cómo el incremento de la oferta de suelo urbanizable perjudica a los ciudadanos o eleva los precios de los inmuebles.
Saludos.
Hombre, don Lagunilla, la evidencia está en su contra:
Medidas de liberalización: 1998, 2003 y hasta hoy.
Burbuja inmobiliaria: 1998 hasta hoy. La curva de precios se dispara desde 1999.
Pero usted dice que la culpa es de los bancos, del Papa de Roma y del sursum corda. Yo le pregunto por la ESPECIFICIDAD del modelo español, que es lo que determina que la burbuja española no sea como la mera inflación francesa o belga.
Las medidas de liberalización, lejos de mejorar la situación, son las que disparan la burbuja hispánica.
Animus iocandi: cada vez más los autodenominados "liberales" me recuerdan a los marxistas de buena fe, que compartían sus dogmas oponiendo marmórea resistencia a la realidad, que hablaban en códigos comunes que sólo ellos manejaban, pero que consideraban verdades reveladas... y que cuando les hablabas de que LA EXPERIENCIA REAL había demostrado el fracaso de los ideales comunistas, ellos te contestaban que "ESO NO ERA VERDADERO COMUNISMO", que el comunismo de verdad no se había puesto en práctica.
Pues eso, hoyga.
Apreciado Don Jacobo:
Curioso razonamiento el suyo: como dos cosas suceden a la misma vez, una es consecuencia de la otra. Por ejemplo, como la sentencia del TC 61/97 despojó al Estado de importantes competencias en materia urbanística para dejar el campo libre a las CCAA, la burbuja que se gestó a partir del 97 se debió a la sentencia del TC.
¿La especifidad del modelo español? 1) La cultura del pelotazo. ¿Recuerda a Solchaga, cuando decía aquello de que España es el país donde más fácil es enriquecerse rápidamente?. 2) Un clase política profundamente ignorante y depredadora ¿Qué sería de las finanzas de nuestros políticos municipales y autonómicos, y de sus respectivos partidos políticos, si no existieran las recalificaciones ni los convenios urbanísticos? 3) La impunidad de los gestores públicos, no solo penal sino también política: aquí el que la hace no solo no la paga casi nunca, sino que puede continuar medrando sin problemas. 4) una ciudadanía incapaz de hacer frente a todo lo anterior, que piensa que la corrupción es consustancial a la política, y que considera a la crisis y al paro como si fueran un efecto de la naturaleza, tal el granizo o una erupción volcánica, es decir, sin responsable alguno al que pedir cuentas. 5) ... ¿para qué seguir? No creo que sirviera de nada. Cuando se es fundamentalista, se es fundamentalista. Dicho sea animus jocandi, of course.
Por cierto, tampoco crea que estamos solos: ahí está Grecia, falseando sus cuentas públicas, o Italia, con la Cosa Nostra al timón. Y otros cuantos más.
Saludos cordiales.
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