IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Andamos a vueltas todos los días con lo que signifique o deje de significar que un partido o una persona sean de izquierda. No es extraño, con tanto ruido en el ambiente, con tan malos ejemplos, con semejante esquizofrenia, con tal cantidad de máscaras y disimulos. Pongamos nuestro microscópico grano de arena para un intento de ganar claridad. Y, si no, al menos, dejaré constancia de lo que yo personalmente entiendo por tal idea, pues más de un amigo de este blog se habrá quedado perplejo a menudo, cuando ve que me proclamo persona de izquierda y, que, sin embargo, embisto de continuo contra el gobierno que nos gobierna, contra sus eslóganes y contra sus habituales medios de expresión y propaganda.
La filiación izquierdista significa en esencia querencia por la igualdad de oportunidades. ¿Y eso qué es? Pues igualdad de oportunidades quiere decir que toda persona se halle en situación de competir en igualdad, sin desventajas invalidantes, por los puestos más elevados en la escala social. Desgranemos esto un poquito.
Aparece en primer lugar la idea de igualdad. En las eras premodernas se pensaba que las personas eran constitutivamente desiguales, que había personas por naturaleza o por designio divino superiores e inferiores. Y, correlativamente, que eran los superiores los llamados a dominar, gobernar y ostentar las más relevantes posiciones y disfrutar de los mayores beneficios. Este visión antiigualitaria tuvo y tiene muy distintas manifestaciones. Antiguamente se pensaba que los nobles, los de sangre azul, eran naturalmente los mejores y para ellos debía estar reservado el gobierno y la dirección de los demás, que eran o menos buenos o menos capaces. Antes y ahora, el machismo supone un desigual reparto de poderes y derechos con base en la supuesta superioridad natural de los varones. El racismo adopta el mismo esquema a base de jerarquizar las razas como constitutivamente desiguales. Para todas estas maneras de pensar, los sujetos inferiores (respectivamente: plebeyos, mujeres o no blancos) estarían por definición excluidos de las posiciones sociales más altas. La igualdad de oportunidades no tiene cabida en estas doctrinas, o la tiene sólo como competición dentro del estrato más elevado.
Las corrientes de pensamiento político hoy preponderantes asumen, al menos en línea de principio, la igualdad formal de todos los seres humanos, y afirman que nadie por razón de nacimiento, raza o sexo debe estar excluido por ley del disfrute de ningún derecho que esté reservado a otros. Eso significa igualdad ante la ley, esa igualdad que entre nosotros consagra el artículo 14 de la Constitución.
El verdadero debate ocurre a propósito de la otra igualdad, la igualdad material. Aquí los polos extremos están formados por el ultraliberalismo económico y el comunismo. El primero cree que es el puro mercado el que, sin restricción ninguna, debe repartir las suertes. La ley de oferta y demanda deparará a los más capaces la mejor fortuna y a los menos aptos o hábiles o voluntariosos la suerte peor. Todo intento de corregir esos resultados antiigualitarios se traducirá en pérdida de eficiencia del sistema, menor productividad, mayores costos de transacción, presencia de parásitos sociales, crecimiento de burocracia costosa, etc., con lo que, al final, cualquier intento de mejorar desde el Estado la distribución del mercado acabará en mayor pobreza para todos, pues habrá menos que repartir allí donde se crea menos riqueza. Digamos, en resumen, que para que el sistema económico-social funcione no quedaría más remedio que resignarse a que haya pobres, o muy pobres o, incluso, a que los más desfavorecidos se mueran de hambre y no tengan oportunidades reales de progreso, sólo virtuales o meramente teóricas, formales. Porque no olvidemos que para estas corrientes la propiedad es sagrada, e intocable también la institución de la herencia, pues se consideran atributos esenciales de la persona, derechos naturales intangibles. Los resultados del predominio de este pensamiento en muchos países son bien conocidos: miseria y radical falta de posibilidades de promoción para grandes capas de población.
En el extremo contrario estaría el comunismo. Aquí la idea esencial es que sea la colectividad, encarnada en el Estado –al menos mientras éste dure; pero no nos compliquemos más- la titular o propietaria de todos los bienes relevantes, comenzando por los medios de producción. El objetivo es que en lo que importa cada ciudadano obtenga un reparto igual del pastel social, el mismo trozo para cada cual. Eso exige una férrea centralización de la economía y un total reemplazo de las reglas del mercado por las leyes del Estado, aunque sea a costa de la pérdida de eficiencia. ¿Por qué pérdida de eficiencia? Porque los ciudadanos, privados del acicate del beneficio mayor y la ambición personal, pondrán de su parte mucho menos en pro de la producción y el crecimiento del sistema. De ahí que en los países del llamado comunismo real se hiciera un esfuerzo tan enorme de adoctrinamiento, con el propósito de comprometer a cada individuo con una empresa que, por colectiva, ya no siente como la estrictamente suya. Las consecuencias de esos sistemas, en lo que se ha podido ver en la historia real, son también de sobra conocidas: mero reparto de la miseria; reparto, además, desigual, pues se generan nomenklaturas parasitarias que se apropian del Estado para su propio medro, y, para colmo, pérdida radical de libertades básicas del individuo. Si en el capitalismo salvaje la igualdad formal y los derechos de libertad son la coartada bajo la que se justifica la explotación y la miseria de muchos, en el comunismo real la igualdad material es el subterfugio para convertir a los ciudadanos en súbditos inermes de un Estado cuasiesclavizador.
Hay unos pocos países afortunados en los que se ha impuesto en la vida política e institucionalizado en constituciones suficientemente efectivas un espacio intermedio entre esos extremos. Ese espacio intermedio se hace de una combinación de mercado y Estado, de libertades individuales –libertad de empresa incluida- y de derechos sociales. Los individuos pueden labrarse libremente su futuro en competencia abierta y sabedores de que hay suertes distintas y reparto desigual de fortunas y oportunidades, pero el Estado interviene sobre los resultados del mercado con propósito corrector: quita por vía impositiva a los que más tienen u obtienen y, con ello, procura satisfacer las necesidades mínimas de los que no pueden pagar: educación gratuita para todos y becas para los más necesitados, sanidad pública gratuita, políticas de vivienda, pensiones asistenciales, etc., etc.
Rechazados los extremos (yo los rechazo, ambos, esto es una opción personal), toca preguntarse qué significa izquierda y qué supone su elemento definitorio, la igualdad de oportunidades, en uno de estos Estados democráticos y constitucionales que procuran también un mínimo, al menos, de derechos sociales.
Las opciones políticas se van a diferenciar ahí según el grado de protagonismo que otorguen a los mecanismos distributivos del mercado y a los redistributivos del Estado. La derecha ha querido siempre que el Estado corrija muy poco el reparto que del mercado salga, y al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Su cruz ha sido una miseria insoportable de grandes capas de población, y los propios partidos de derecha razonable o inteligente han tenido que retroceder y hacer eso que se llama acercamiento al centro. La izquierda ha insistido en que tiene el Estado que modelar la sociedad o procurar construirla como diseño voluntario, para que no sea (des)orden espontáneo. El precio ha sido una combinación variable de autoritarismo y un alza insoportable de los costes de gestión, sobre todo a manos de una burocracia que se hace más ineficiente en proporción directa a su crecimiento y a su captación de privilegios. Y por eso ha tenido que acercarse también la izquierda a ese misterioso lugar, ese punto inasible, que se llama el centro. Porque el centro, en cuanto proporción perfecta y armónica de mercado y Estado, por definición no existe, pues las tensiones y las disfunciones no son eliminables del sistema.
Así que la experiencia parece que impone algunas conclusiones. Una, que las desigualdades sociales son inevitables, pues es demasiado elevado el precio por desterrarlas; y además renacen siempre. Y la otra, que esas desigualdades hay que domesticarlas un tanto, hay que gestionarlas de forma tal que, aun asumiendo que resultan hasta convenientes –el argumento del acicate- se debe evitar que se tornen insufribles, incluso criminales. Y aquí es donde cobra pleno sentido el argumento de igualdad de oportunidades como definitorio de la izquierda.
En términos prácticos y ejemplificativos, si en nuestro país existiera en este momento plena igualdad de oportunidades, significaría que cualquier niño o niña que hoy aquí nazca, sea en el barrio que sea, sea en la familia que sea, sea de la raza que sea, tenga las mismas oportunidades sociales que cualquier otro para llegar, si quiere, a presidente del gobierno, presidente del mayor banco o investigador principal del más importante centro científico. O de ser albañil, si lo prefiere. En cambio, no hay esa igualdad de oportunidades en un país en el que con certeza se sabe que prácticamente ninguno de los niños que hoy nacen en ciertas calles o barrios o en el seno de determinadas familias se va a ganar la vida en el andamio, mientras que otros, que nacen en nido distinto, con toda probabilidad están de raíz y desde ya excluidos de los oficios más lucidos y lucrativos, y tendrán el andamio no como opción, sino como condena si quieren comer.
Ya tenemos la base para una política de izquierda que merezca el nombre, y será una política de supresión de la exclusión y, correlativamente, de eliminación del privilegio. Admítase que haya bancos, y que en los bancos unos sean Presidentes del consejo de administración y otros empleados de tercera. Pero garantícese, con todos los instrumentos del Estado y del servicio público, que en la siguiente generación, o en la otra, el hijo o nieto del empleado pueda ser el Presidente y el hijo o nieto del Presidente pueda ser el empleado.
Decir esto para la empresa privada tiene sus problemas, en los que no me voy a detener. Pero baste pensar que toda empresa vive del beneficio y se asienta en el ánimo de lucro, y que a todas les conviene estar en mano de los mejores gestores. Désele al de cuna humilde la misma oportunidad que al otro de formarse, de hacer una carrera que de verdad seleccione por capacidad, etc. y veremos cómo la propia dinámica del mercado acaba brindando oportunidades de ascenso privado a ese que primero apadrinó el Estado. No cómo aquí y ahora, donde la política pseudosocial y mentirosa consiste en facilitar que todos tengan un título universitario para que, ante lo poco que los títulos forman y significan en la práctica, sean los hijos de los de siempre, los que pueden pagarse el máster y conseguir privadamente la formación que la universidad pública hurta a los otros, los que sigan perpetuándose en los puestos dominantes.
Y si decimos esto de lo privado, que decir de los trabajadores del Estado. Ese principio de mérito y capacidad que la Constitución dispone (art. 102.3) como parámetro de acceso a la condición funcionarial es la piedra angular de un Estado comprometido con la igualdad de oportunidades. No como esta corrupción permanente que vivimos con un silencio cómplice y con la colaboración vergonzosa y vergonzante de organizaciones, como las sindicales, que por historia y por designio constitucional están para defender a los más débiles y no para ejercer de mafia y de reducto del más putrefacto clientelismo. Como hoy está ocurriendo masivamente, a todos los niveles y peor cuanto más abajo, en este Estado español que presume de social y es, en todo y para todo, cada vez más tribal; o más feudal.
Un Estado de sinvergüenzas prestos a corromper o corromperse, no es, por definición, un Estado social, pues el clientelismo reproduce hasta la náusea los más pútridos esquemas del Estado premoderno, antiigualitario, clasista, opresor. Un partido de arribistas que venden su voto y su decencia por un plato de lentejas o por no tener que volver –si alguna vez han estado, que esa es otra- al tajo real, no es un partido que merezca llamarse socialista, es una mera casa de lenocinio.
Por eso despotrico contra los izquierdistas de pacotilla, de eslogan vacío y rostro de pedernal. ¿Que la derecha es peor? Y a mí qué demonios me importa, no son los míos y no me duelen tanto. Además, hace tiempo que tengo mis dudas de que sean peores. Tal vez porque peor imposible.
Vaya por dios, esto empezó como una lección la mar de profesoral y acabó como siempre. Sorry.