La Monda Juridica. Una de niños imposibles y padres que pagan.

Entre las obsesiones de este blog se cuentan el descontrol infantil y el despendole judicial, amén de otras que no necesito mencionar. Para seguir con el propósito de comentar de vez en cuando una sentencia curiosa, traigo esta vez a colación la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 10 de noviembre de 2006. Enésima demostración de que el oficio de padre es de alto riesgo en estos tiempos de incertidumbre.
Los hechos del caso se resumen así. Un menor de edad agrede sexualmente a otro menor. Los padres de éste, de la víctima, reclaman a los padres del agresor una indemnización por los daños sufridos por el agredido. La base legal de la discusión se encuentra en el artículo 1903 del Código Civil, a tenor de cuyo párrafo segundo “Los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guardia”. O sea, que en circunstancias normales usted, padre o madre, responde por los daños que su hijo cause a otros con su comportamiento. Que el niño rompe un cristal de una pedrada, usted paga. Que la criatura le parte la crisma a un compañerito en el parque, usted paga. Y paga con independencia de que su retoño haya obrado por esa mala leche que le entra cuando el otro no le deja por las buenas la playstation o por un desgraciado accidente, paga tanto si su hijo es un buenazo que tuvo mala suerte un día como si es un cretino con malas pulgas y aviesas intenciones. La obligación de desembolso va en el mismo lote que los pañales, los petittes-suisses y la propina de los domingos. Ahora bien, según el párrafo sexto del mismo artículo 1903, esa responsabilidad de los padres no obrará cuando éstos “prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño”.
Ahí están la madre y el padre del cordero, en qué se entienda por “buen padre de familia” y en qué consista la diligencia, el cuidado, que pueda y deba emplear ese padre modelo para prevenir los males que el hijo menor a su cuidado pueda causar. En este caso que se juzga queda probado que los padres estaban hasta el gorro del chaval, pues éste era “un caso de personalidad inadaptada y socialmente peligrosa” y hasta lo habían llevado al Centro de Salud Mental del Servicio Valenciano de Salud. Sin embargo, la Administración sanitaria se limitó a diagnosticar el problema psicológico del muchacho y no propuso ninguna medida especial ni decretó su internamiento en un centro especializado. Transcurrió el tiempo y pasó lo que tenía que pasar. Cuando fue la madre la que solicitó de la Administración expresamente ese internamiento, la agresión sexual al otro menor ya había ocurrido.
¿Quién debe responder, si es que alguien, de los daños sufridos por la víctima? La contestación dependerá de si se estima que los padres hicieron todo lo debido para prevenir el daño causado por su hijo desequilibrado. Por supuesto, en estos tiempos queda excluido que entre esas medidas que ha de tomar un “buen padre de familia” se cuente el encerrar en casa al mocoso o el arrearle un par de sopapos terapéuticos. Dios nos libre, acabarían encerrando a los progenitores, o poco menos. ¿Entonces?
El juez de primera instancia consideró que no había existido la debida diligencia paterna y condenó a los padres a indemnizar con siete millones de las antiguas pesetas a la víctima. Recurrida la sentencia, la Audiencia estimó el recurso y los absolvió, en atención a que “la madre del menor que cometió la agresión sexual impetró repetidamente, con el conocimiento y consentimiento del padre, el auxilio de las instituciones ante su impotencia para controlar a su conflictivo hijo, sin que por éstas se hubiera (sic) adoptado las medidas necesarias para hacer frente a la patente peligrosidad social del menor derivada de su notorio trastorno de conducta". Dice la Audiencia que hubo “desidia y error” de las instituciones comunitarias y municipales, por lo que la falta de la debida diligencia no fue precisamente de los padres.
Por contra, el Tribunal Supremo vuelve a condenar a los padres a los mismos siete millones de pesetas, más los intereses correspondientes, con el argumento, otra vez, de que no hicieron todo lo necesario para prevenir el comportamiento dañoso de su hijo. Y la pregunta que aquí toca hacerse es ésta: ¿qué más debían haber hecho que no hicieron? Según la sentencia, no cumplieron adecuadamente con el “deber de vigilancia”. ¿Se supone que deberían haberlo acompañado todo el día, sin perderlo de vista ni un instante? ¿Que le tendrían que haber puesto un guarda jurado de escolta? ¿Debería regularse un permiso especial de paternidad o maternidad para vigilancia de hijo problemático? Habla la sentencia de “una insuficiencia de las medidas adoptadas por los progenitores, en cuya mano estaba promover de las instituciones una pronta solución”, “si es que se sentían incapaces de controlar la conducta de su hijo”, y de que “no puede decirse que los hechos consignados en la sentencia recurrida avalen la afirmación de que excitaron prontamente y con la debida insistencia la actuación de los organismos públicos, pues desde que el menor acude al Centro de Salud Mental del Servicio Valenciano de Salud en abril de 1993 hasta que en el mes de julio de 1994 su madre reciba el informe para solicitar su internamiento, solicitud que tiene lugar de forma efectiva cuando se dirigen a la asistencia social en el mes de octubre de ese año –ya consumados los hechos-, no consta la adopción de otras medidas que la de haberse acordado llevar a cabo un seguimiento psicológico en el centro escolar donde cursaba los estudios, no obstante estar plagado ese periodo de tiempo de múltiples incidencias escolares por causa de la pasividad, desidia, desobediencia y agresividad del menor, que condujeron a la apertura de dos expedientes disciplinarios en el colegio –meses de octubre y noviembre de 1993- y a su expulsión del centro escolar, la última vez el 11 de marzo de 1994”. Recordemos que en la sentencia queda fijado que la agresión sexual la perpetró el muchacho en agosto de 1994. Por cierto, la Justicia española anda a velocidad de vértigo: hechos de 1994 que el Supremo resuelve definitivamente en 2006. Muy bien.
Volvemos a la cuestión central: ¿qué más tendrían que haber hecho esos padres para no tener que pagar como negligentes cuidadores de su hijo? Sabemos que fueron a buscar ayuda a un centro de salud mental y que no se la dieron ni hicieron nada. Sabemos que en el colegio le habían puesto un psicólogo a vigilarlo. ¿Qué les faltó? En la Sentencia queda claro: les faltó insistir ante la Administración. Les faltó rogar y rogar, ellos, lo que la Administración sanitaria por sí no acordaba a la vista del estado mental del menor: que lo internaran. Lo que el psiquiatra no capta, aun con todo su distanciamiento profesional, tienen que percibirlo los padres. Lo que la Administración no ordena, tienen que rogarlo ellos: que se interne a su hijo porque está como un cencerro y es un peligro público. Ejemplar. Tiene bemoles la cosa. Así que ya sabe usted, si es padre o madre de un niño que se maneje con malas artes: pida a tiempo que lo metan en el manicomio y si le dicen que no, que no es para tanto, insista. En caso contrario, le van a costar caras las fechorías de esa joyita de sus carnes. Y la Administración fumándose un puro.
Otra cosa, mucho más técnica y con la que no quiero aburrir al amigo lector, es el embrollo teórico que se gasta el Tribunal Supremo por querer sumarse a la moda de la responsabilidad objetiva y de que todo quisque pague por sistema y haga lo que haga. Aunque sé que la expresión es problemática, me parece que habría que empezar a estudiar esta ola de punitivimo civil, paralela a la obsesión con el punitivismo penal: a castigar, de una manera u otra, a todo el mundo en nombre del progreso, la seguridad y la paz. El lector no jurista puede detenerse aquí si no quiere arriesgarse a una cefalea considerable.
Veamos, muy brevemente. Según el Tribunal Supremo, la responsabilidad que el artículo 1903 imputa a los padres es cuasi objetiva, es decir, independiente de la culpa de los padres u operando una “presunción de culpa”. Vean este párrafo de la sentencia: “debe tenerse presente la constante doctrina de esta Sala conforme a la cual la responsabilidad declarada en el artículo 1903 del Código Civil es directa y cuasi objetiva: aunque el precepto que la declara sigue a un artículo que se basa en la responsabilidad por culpa o negligencia, no menciona tal dato de culpabilidad, y por ello se ha sostenido que contempla una responsabilidad por riesgo o cuasi objetiva, justificada por la transgresión del deber de vigilancia que a los padres incumbe sobre los hijos sometidos a su potestad, con presunción de culpa, por tanto, en quien la ostenta, y con la inserción de ese matiz objetivo en dicha responsabilidad, que pasa a obedecer a criterios de riesgo en no menor proporción que los subjetivos de culpabilidad, sin que sea permitido ampararse en que la conducta del menor, debido a su escasa edad y a falta de madurez, no puede calificarse de culposa, pues la responsabilidad dimana (...) de la culpa propia del guardador por omisión del deber de vigilancia”.
¿En qué quedamos? ¿Hay culpa, no hay culpa o la hay meramente presunta? Enésima muestra de la esquizofrenia teórica de nuestros tribunales en materia de responsabilidad civil, pues al tiempo que extienden con saña los mecanismos de objetivación de la responsabilidad, no son capaces de prescindir de la terminología culpabilística asociada a la responsabilidad no objetiva, a la responsabilidad por culpa. No se avienen a llamar a las cosas por su nombre: que en casos como éste pagas porque te toca y te pongas como te pongas, y que los esquemas de la responsabilidad civil han cambiado de modo tal que hagas lo que hagas es igual, pagas de todos modos, pues la perspectiva se desplaza del viejo principio de el que la hace la paga al nuevo de el que la sufre la cobra. De ahí la incoherencia teórica y conceptual que encierran sentencias como ésta, llevadas a tener que afirmar negligencia en comportamientos de padres a los que difícilmente se puede exigir mayor cuidado y a considerar culpable la pura impotencia y la situación de total falta de auxilio por parte de las instituciones que lo deben y de las que, además, se había requerido. Llamemos a las cosas por su nombre si se considera que lo justo es que la víctima reciba indemnización en todo caso: los padres pagan, por los daños que sus hijos ocasionen, siempre y en todo caso, actúen en su cuidado con diligencia o sin ella. Y punto. Y discutamos a calzón quitado el verdadero problema teórico de fondo: si es justo o no reorientar así el funcionamiento de la responsabilidad civil; o en qué casos lo es y en cuáles no. Aquí no estamos ni ante actividades que generen beneficio ni ante acciones asociadas a la creación de riesgos especiales, sino ante el ejercicio normal de la paternidad. Pero dejémoslo ahí y señalemos una última incongruencia de la Sentencia.
¿Cómo se puede afirmar que el artículo 1903 no menciona el dato de la culpabilidad al establecer la responsabilidad de los padres, cuando su último párrafo afirma que quedan exonerados de ella si prueban que emplearon la debida diligencia? Una cosa es la inversión de la carga de la prueba –no tiene que probar el demandante la falta de diligencia, sino el demandado que sí la hubo- y otra cosa que el elemento subjetivo, culpabilístico, no cuente al establecer la responsabilidad. Los padres probaron, como la sentencia declara, que habían intentado cosas para que su hijo fuera tratado y vigilado, pero no les hicieron caso. ¿Qué más podían hacer y probar para que constara su diligencia? Probablemente es el afán por objetivar su responsabilidad lo que lleva al Tribunal en casos como éste a hacer de la prueba requerida una prueba imposible, y lo que nos deja esa desazonadora sensación de absurdo: opera una presunción diabólica. Si el daño ocurrió se presume que los padres no hicieron lo necesario para evitarlo y, por tanto, la prueba de su diligencia es una prueba imposible. Queda, así, sin sentido y vacío de contenido el último párrafo del 1903.
Dicho sea todo lo anterior a salvo de opinión mejor fundada y desde un sonriente respeto a esos altos magistrados que son la monda.