El País está que se sale; el país, también. Quién da más. Se subasta el sentido común, se puja por las últimas migajas de raciocinio. Hagan juego, todo vale. Pierde el que mantenga la coherencia. Se buscan políticos y redactores estrábicos y paticortos. Preferible si son sumisos y admiten algún clip en los pezoncillos.
Bueno, no nos enrollemos con obviedades y vamos al grano. En El País de hoy, sábado, viene un editorial que se titula así, “¿Estado responsable?”. Sostiene la tesis de que no sería nada descabellado hacer al Estado responsable civil por los atentados del 11-M –es decir, que salga para las víctimas más pasta de nuestros impuestos; que paguemos por lo mal que funcionaron los servicios de seguridad del Estado-. Se argumenta así: “el aparato de seguridad del Estado siempre fue un paso por detrás del activismo yihadista en España, y que si no le tomó la delantera fue por escasez de efectivos para culminar sus seguimientos, por fallos propios, burocráticos o negligentes, y, en último término, por la insuficiente valoración de los gobernantes de entonces de la amenaza que representaba. No resulta por tanto del todo descabellada la idea que barajan algunas acusaciones: demandar al Estado como responsable civil objetivo y directo, por mal funcionamiento de los servicios públicos de seguridad, de los daños causados por el atentado terrorista”. Y se añade que “en el caso del 11-M son numerosos los fallos susceptibles de ser valorados por un tribunal como efectos del mal funcionamiento del aparato de seguridad del Estado, tanto en su dimensión profesional como política. Y van desde dejar sin concluir seguimientos policiales a elementos yihadistas investigados con anterioridad a la masacre del 11-M, algunos de los cuales participaron en ella, hasta la increíble pasividad policial y judicial frente a la trama asturiana de los explosivos, el descontrol en la custodia de las minas donde se obtenían y la desatención por parte de los máximos responsables políticos de los informes que alertaban de la creciente amenaza del terrorismo islamista en España”.
Sobre el fondo no me pronuncio, para qué. Ya se sabe qué galimatías sin coherencia ninguna es lo de las responsabilidad civil del Estado, con la interpretación que los tribunales vienen haciendo del 106.2 de la Constitución y del 139 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Régimen Administrativo Común. Si me apuran, hasta se podría defender, con cierta jurisprudencia en mano, que el Estado sea responsable civil en caso de cualquier atentado, incluso cuando las fuerzas de seguridad hicieron todo lo que humanamente pudieron. Sobre las intenciones del periódico independiente El País tampoco quiero decir nada, pues el mismo editorial las explicita: “Lo que resulta no ya descabellado, sino esperpéntico, es que Ángel Acebes, máximo responsable entonces de los servicios de seguridad, y Díaz de Mera, que lo era de la Policía, sigan actuando en política como si nada de lo revelado en el juicio fuera con ellos”. Y más: “una condena al Estado de estas características supondría un serio varapalo político, y no precisamente retrospectivo, al PP, partido gobernante entonces”.
Bueno, no nos enrollemos con obviedades y vamos al grano. En El País de hoy, sábado, viene un editorial que se titula así, “¿Estado responsable?”. Sostiene la tesis de que no sería nada descabellado hacer al Estado responsable civil por los atentados del 11-M –es decir, que salga para las víctimas más pasta de nuestros impuestos; que paguemos por lo mal que funcionaron los servicios de seguridad del Estado-. Se argumenta así: “el aparato de seguridad del Estado siempre fue un paso por detrás del activismo yihadista en España, y que si no le tomó la delantera fue por escasez de efectivos para culminar sus seguimientos, por fallos propios, burocráticos o negligentes, y, en último término, por la insuficiente valoración de los gobernantes de entonces de la amenaza que representaba. No resulta por tanto del todo descabellada la idea que barajan algunas acusaciones: demandar al Estado como responsable civil objetivo y directo, por mal funcionamiento de los servicios públicos de seguridad, de los daños causados por el atentado terrorista”. Y se añade que “en el caso del 11-M son numerosos los fallos susceptibles de ser valorados por un tribunal como efectos del mal funcionamiento del aparato de seguridad del Estado, tanto en su dimensión profesional como política. Y van desde dejar sin concluir seguimientos policiales a elementos yihadistas investigados con anterioridad a la masacre del 11-M, algunos de los cuales participaron en ella, hasta la increíble pasividad policial y judicial frente a la trama asturiana de los explosivos, el descontrol en la custodia de las minas donde se obtenían y la desatención por parte de los máximos responsables políticos de los informes que alertaban de la creciente amenaza del terrorismo islamista en España”.
Sobre el fondo no me pronuncio, para qué. Ya se sabe qué galimatías sin coherencia ninguna es lo de las responsabilidad civil del Estado, con la interpretación que los tribunales vienen haciendo del 106.2 de la Constitución y del 139 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Régimen Administrativo Común. Si me apuran, hasta se podría defender, con cierta jurisprudencia en mano, que el Estado sea responsable civil en caso de cualquier atentado, incluso cuando las fuerzas de seguridad hicieron todo lo que humanamente pudieron. Sobre las intenciones del periódico independiente El País tampoco quiero decir nada, pues el mismo editorial las explicita: “Lo que resulta no ya descabellado, sino esperpéntico, es que Ángel Acebes, máximo responsable entonces de los servicios de seguridad, y Díaz de Mera, que lo era de la Policía, sigan actuando en política como si nada de lo revelado en el juicio fuera con ellos”. Y más: “una condena al Estado de estas características supondría un serio varapalo político, y no precisamente retrospectivo, al PP, partido gobernante entonces”.
¿Cuánto duraría este Gobierno sin El País? ¿Quién gobierna en verdad el país? Pero tampoco quiero ir por ahí, caramba, y hasta es muy posible que tengan toda la razón los que gobiernan el país al decir que Acebes y compañía deberían estar en su casa y no ayudando a joder la marrana –con perdón- en este país que ellos, Acebes y compañía, ya no gobiernan –aunque parezca que sí, a la vista cómo los que teóricamente ejercen el gobierno les hacen oposición-.
Concedamos, pues, sin ningún esfuerzo las dos tesis “paisanas”: que cuando hay un atentado porque el Estado estaba en Babia y sus rectores no se aclaraban como es debido, el Estado debe apechugar con la responsabilidad civil e indemnizar, y que los políticos que tuvieron tal manta de Palencia -o de Ávila- deben de irse a casita, aunque sólo sea por vergüenza torera.
Ahora miremos estos datos de nada. Había una vez una banda terrorista muy arrinconada y al borde de la derrota última. El Gobierno de turno se puso a negociar con ella y comenzó a hacerle guiños, requiebros y concesiones. Los esbirros jóvenes de esa banda recomenzaron la lucha callejera que habían tenido que abandonar anteriormente y el Gobierno miró para otro lado. Un matón terrorista encarcelado empezó a decir y hacer chulerías y a retar al Estado, y el Presidente del Gobierno lo llamó “hombre de paz”. El Gobierno llevó su propósito negociador hasta el Parlamento Europeo y esa misma semana la banda terrorista robó más de trescientas pistolas en Francia. Los servicios policiales franceses avisaron repetidamente de que la banda se estaba rearmando y el Gobierno –es decir, El País, periódico independiente- insistía e insistía en que se estaba a punto de firmar la paz y que había que ser generosos y pacientes y no atosigar a la banda, dejarle salida digna. Bajó el número de detenciones y el Fiscal General del Estado, un tal Pumpido -al que el nombre le viene como anillo ahí-, empezó a presionar a los fiscales para que tratasen muy bien a los acusados de terrorismo y de mamporreo de terroristas. La banda emitía comunicados amenazadores y hasta celebraba algún acto en algún monte en el que disparaba al aire y juraba que seguiría la lucha armada hasta la independencia, mientras el Gobierno ponía caritas y aprovechaba para decir que los diputados de la oposición se tiran pedos y tienen granos, temas todos del máximo interés nacional y tremendamente relevantes para la lucha antiterrorista y la buena marcha de la nación -uy, perdón, quise decir la nación de naciones; y tócame los talones-.
Un día de nochebuena el Presidente del Gobierno afirma, elevando una ceja, que es sumamente optimista porque lo del terrorismo se está arreglando y en el nuevo año va a ir de miedo. Y al día siguiente estalla una bomba en Barajas que destruye el aparcamiento de la Terminal 4 y mata a dos personas.
Y ahora respóndame usted, ávido lector de El País, periódico independiente, a estas tres preguntitas de nada: ¿debe el Estado responder civilmente en razón de lo mal que funcionaron sus servicios y gobernantes y de lo mucho que con su inoperancia, su tolerancia y sus medidas favorecieron el rearme de la banda terrorista? ¿Deberían irse a casa los responsables políticos de semejante merienda de vascos? ¿Debería El País, periódido independiente, hacerse el harakiri y Polanco irse a otra parte con su palanca?
Concedamos, pues, sin ningún esfuerzo las dos tesis “paisanas”: que cuando hay un atentado porque el Estado estaba en Babia y sus rectores no se aclaraban como es debido, el Estado debe apechugar con la responsabilidad civil e indemnizar, y que los políticos que tuvieron tal manta de Palencia -o de Ávila- deben de irse a casita, aunque sólo sea por vergüenza torera.
Ahora miremos estos datos de nada. Había una vez una banda terrorista muy arrinconada y al borde de la derrota última. El Gobierno de turno se puso a negociar con ella y comenzó a hacerle guiños, requiebros y concesiones. Los esbirros jóvenes de esa banda recomenzaron la lucha callejera que habían tenido que abandonar anteriormente y el Gobierno miró para otro lado. Un matón terrorista encarcelado empezó a decir y hacer chulerías y a retar al Estado, y el Presidente del Gobierno lo llamó “hombre de paz”. El Gobierno llevó su propósito negociador hasta el Parlamento Europeo y esa misma semana la banda terrorista robó más de trescientas pistolas en Francia. Los servicios policiales franceses avisaron repetidamente de que la banda se estaba rearmando y el Gobierno –es decir, El País, periódico independiente- insistía e insistía en que se estaba a punto de firmar la paz y que había que ser generosos y pacientes y no atosigar a la banda, dejarle salida digna. Bajó el número de detenciones y el Fiscal General del Estado, un tal Pumpido -al que el nombre le viene como anillo ahí-, empezó a presionar a los fiscales para que tratasen muy bien a los acusados de terrorismo y de mamporreo de terroristas. La banda emitía comunicados amenazadores y hasta celebraba algún acto en algún monte en el que disparaba al aire y juraba que seguiría la lucha armada hasta la independencia, mientras el Gobierno ponía caritas y aprovechaba para decir que los diputados de la oposición se tiran pedos y tienen granos, temas todos del máximo interés nacional y tremendamente relevantes para la lucha antiterrorista y la buena marcha de la nación -uy, perdón, quise decir la nación de naciones; y tócame los talones-.
Un día de nochebuena el Presidente del Gobierno afirma, elevando una ceja, que es sumamente optimista porque lo del terrorismo se está arreglando y en el nuevo año va a ir de miedo. Y al día siguiente estalla una bomba en Barajas que destruye el aparcamiento de la Terminal 4 y mata a dos personas.
Y ahora respóndame usted, ávido lector de El País, periódico independiente, a estas tres preguntitas de nada: ¿debe el Estado responder civilmente en razón de lo mal que funcionaron sus servicios y gobernantes y de lo mucho que con su inoperancia, su tolerancia y sus medidas favorecieron el rearme de la banda terrorista? ¿Deberían irse a casa los responsables políticos de semejante merienda de vascos? ¿Debería El País, periódido independiente, hacerse el harakiri y Polanco irse a otra parte con su palanca?
Ahora me van a decir que no son situaciones comparables. Manda güevos, qué jeta. Aquí comparamos nada más que lo que nos da la gana y para lo que queremos. Así nos va.
4 comentarios:
Pues, a primera vista, sí es totalmente descabellado exigir responsabilidad patrimonial al Estado por el supuesto funcionamiento anormal de los servicios de seguridad en este caso, entre otras razones porque la acción para exigir dicha responsabilidad ya ha prescrito, al haber transcurrido con exceso el plazo de un año contado desde la producción de los daños establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992.
Este proceso penal nunca podrá terminar con una condena al Estado, siquiera en calidad de responsable subsidiario, por la sencilla razón de que, si no me equivoco, ningún funcionario, autoridad, agente o contratista estatal está imputado por los hechos enjuiciados. El artículo 121 del Código Penal es muy claro al respecto.
Por la misma razón, tampoco cabe entender que este proceso penal ha interrumpido el plazo para exigir responsabilidad en vía administrativa y, eventualmente, en la posterior contencioso-administrativa.
Un editorial muy poco informado y, como casi todo lo que se publica en este y otros periódicos sobre el tema, ciertamente tendencioso.
Gabriel
Anónimo
Resulta ser que el art 142.5 dice también : "...En caso de daños, de caracter físico o psíquico...el plazo comenzará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas" y creo que hay todavía personas que no están determinadas las secuelas.
Y Acebes era responsable del funcionamiento del servicio del ministerio del Interior, lo que ocurre es que no está procesado por ese delito. Pero que Acebes fue negligente se puede mantener y que fue diligente también.De eso se vive.
Bueno, pues en ese caso sólo las personas que sufren secuelas cuyo alcance no ha sido determinado todavía podrían exigir responsabilidad. Aunque creo que El País no entra en estos detalles, pues apunta que el Estado es responsable "de los daños causados por los atentados terroristas".
Me mantengo en que el artículo es muy tendencioso, porque el mero hecho de que "dejaran sin concluirse seguimientos policiales a elementos yihadistas investigados con anterioridad a la masacre del 11-M algunos de los cuales participaron en ella" o la "desatención por parte de los máximos responsables políticos de los informes que alertaban de la creciente amenaza del terrorismo islamista en España" no constituyen una negligencia, un funcionamiento anormal de los servicios de seguridad del Estado.
A toro pasado somos todos muy listos. Lo que hay que hacer es juzgar las cosas desde una perspectiva ex ante, situarse en el momento anterior a la producción de los daños. Es claro que atentados como estos podrían evitarse encerrando en la carcel a todos los arabes y musulmanes, o expulsándolos de nuestro hermoso país, pero el coste social sería excesivo. Y también tiene un coste excesivo, para la libertad y para las arcas del Estado, intervenir permanentemente las comunicaciones de todas las personas que tal vez puedan en el futuro colaborar con la yihad islámica. Me pregunto yo si los servicios de seguridad están ahora mismo efectuando un seguimiento de todos los jovenes vascos abertzales, que tal vez puedan integrarse en un comando y cometer un acto terrorista. Eso no hay ningún Estado, especialmente si se trata de uno democrático, que se lo pueda permitir.
Ya digo que desconozco los detalles del caso, por lo que no me puedo pronunciar rotundamente acerca de si hubo neglicencia. Pero también creo que el editorial comentado es tendencioso. Si aplicamos sus argumentos a otros casos, el Estado respondería prácticamente siempre de cualquier atentado que se produjera. El editorial aprovecha lo que suele denominarse el sesgo de la retrospección (hindsight bias: en castizo, a toro pasado todos somos muy listos) para tratar de hacer ver que los que entonces nos gobernaban son responsables de los atentados. Y responsabilidad sin adjetivos. En el titular no se precisa que la misma es de carácter patrimonial.
Gabriel
Obsérvese que a El Paín solo le interesa la condena al Estado en cuanto que supondría "un varapalo político para el PP". Del resarcimiento a las víctimas, ni palabra. Pero no nos extrañemos: algunos recordamos todavía el tratamiento (des)informativo de El País en los asuntos de Lasa y Zabala, del Gal, y del saqueo de los fondos reservados por la cúpula socialista del Ministerio del Interior. La tendenciosidad de ese períodico, por tanto, es natural, en el sentido de que es propia de su naturaleza. (Por cierto, si en los casos mencionados se declaró la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, fué por la simple razón de que los autores de los delitos eran funcionarios públicos o autoridades,y los cometieron en el ejercicio de sus cargos, según establecieron las sentencias condenatorias dictadas en su día).
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