Becas, equidad y tontos útiles

                Un querido amigo me ha puesto, vía Facebook, en la pista de la siguiente noticia: dice la Junta de Andalucía que exigir un 5,5 para obtener una beca es un “ataque a la equidad”. Argumentan que se discrimina con esa exigencia a los alumnos socialmente más desfavorecidos, al exigirles unos resultados que no se piden a los otros, cuando, además, a esos alumnos en peor situación social el estudio les supone un esfuerzo mayor y una dedicación adicional”. Tal vez el aserto no sea tan absurdo como a primera vista parece, pero tampoco es para dejarlo correr sin un repasito.

                Hay ciertas ideas presupuestas que conviene explicitar y analizar un poco. La primera, que las becas las consiguen los estudiantes “desfavorecidos”, para los cuales el estudio implica un más intenso esfuerzo. Que los más pobres tengan becas me parece un elemental requisito de justicia social y un ineludible compromiso para un Estado que se dice y se quiere “social”. El tema está en dónde se pone el corte en lo que a los requisitos económicos de los becarios se refiere. Idealmente y en un contexto de recursos ilimitados o muy amplios, sería estupendo que, por ejemplo, tuvieran beca de estudios los hijos de familias con ingresos anuales de hasta doscientos mil euros, pongamos por caso. En contextos de escasez, los imperativos de adecuado reparto son más fuertes y becar a quienes consiguen tan altos ingresos resultará sumamente injusto. Hay que cuidar para que el llamado Estado del bienestar no acabe cargándose el componente social del Estado. Es estupendo que el Estado le compre a cada ciudadano un Mercedes, pero resulta completamente antisocial esa política si una parte de la población, la más menesterosa, no tiene sanidad adecuada y gratuita o si la educación pública está hecha una piltrafa.

                Con mi sueldo digno no es en sí injusto que un hijo mío estudie con beca en España, pero resulta injustísimo si no hay beca para el hijo de quien gana la tercera parte que yo, o si la hay para los dos pero el otro tiene que pagarse la cirugía cardiovascular en caso de que le surja un problema de salud de ese tipo. Los famosos “recortes”, en épocas de penurias económicas, no son en sí malos, pero no deben ser injustos, y la injusticia existe cuando salen más perjudicados los que están peor.

                La segunda idea presupuesta es la de que resulta inicuo que a los pobres se les pongan exigencias de rendimiento para tener beca, ya que los ricos pueden sacar las notas que les dé la gana y tomarse todo el tiempo que quieran para acabar sus estudios: papá paga sin límite. Y si papá paga todo el tiempo que haga falta y sin pedir cuentas al hijito, ¿por qué ha de poner trabas el Estado a aquellos que él financia? En otras palabras, y aunque ya esté claro: el hijo del creso saca un tres, repite curso y su family sigue apoquinando todo lo que haga falta, mientras que si el tres lo tiene el vástago de gente humilde, sin estudios se queda. Este es la parte que tiene su aquel, y a destriparlo vamos.

                Para empezar, no sé por qué damos por supuesto tan alegremente que los ricos pueden seguir estudiando en los mismos sitios, como si tal cosa. Con los mismos sitios me refiero, ahora, a las universidades públicas. Matizo que no hago ninguna referencia a los estudios y becas para los niveles de enseñanza obligatoria. En los centros públicos la enseñanza obligatoria debe ser gratuita y, además, los que carezcan de medios deben tener ayudas adicionales para asuntos tales como libros, comedor, etc. Pero centrémonos en las universidades.

                En términos de justicia social, las universidades públicas son un desastre. ¿Por qué? Porque la matrícula cuesta los mismos a los potentados que a los pobres, con lo que sucede que a los primeros les financiamos las carreras entre todos. Y, en efecto, si pueden repetir y repetir cursos y sacar las notas que les dé la gana, mientras que los de menos ingresos pierden sus becas, hay manifiesta iniquidad. Esa inicua situación se puede solucionar de dos maneras: dando becas sin límite de ningún tipo a los pobres más zánganos o que menos rindan o haciendo que paguen como es debido los ricachones con malos resultados. Soy partidario claro de la segunda opción.

                En las universidades públicas se debe partir de que el coste de la matrícula debe ser el coste real de la plaza. Sobre esa base, cada estudiante debe pagar en proporción a sus recursos reales, toda la matrícula el que holgadamente pueda, nada el que tenga pocos dineros y, entre esos dos polos, niveles intermedios. Además, por debajo de cierto patrón de ingresos debería haber becas para gastos adicionales vinculados al estudio.

                Me parece estúpido decir que al pobre no se le pueden exigir resultados, para que su impunidad sea la misma que la de los poderosos. Esa equiparación es falaz y perversa. Se ha de exigir resultados a todos, a fin de que el título correspondiente lo tengan nada más que los competentes y esforzados. ¿Y eso cómo se hace? Combinando los elementos siguientes:

                a) Becas para los que las necesiten, sí, pero con nota mínima. Sin ella, a la calle, pues las becas las paga el ciudadano cotizante común y no tiene por qué alimentar perezosos, aunque sean de su propia estirpe.

                b) El económicamente pudiente paga íntegra su matrícula y, además, cada vez que vuelve a matricularse de la misma asignatura paga el doble que la vez anterior.

                c) Número máximo de convocatorias y, agotado y sin truquitos, para casa. Así ya no se hace verdad aquello de que los adinerados pueden aguantar infinito, mientras que los becarios se marchan sin no rinden.

                Me parece elemental y sencillamente razonable ese planteamiento. ¿Problemas? Que no están por la labor social los gobiernos, llámense de derechas o de izquierdas. Por eso prefieren dar becas sin contraprestación a los económicamente menos favorecidos y, de paso, eliminar para los ricos las únicas trabas efectivas: coste de matrícula, exigencia real para lograr los títulos y limitación de las convocatorias por asignatura. Es una trampa saducea el poner la justicia social en la equiparación de impunidades e irresponsabilidades entre ricachones y humildes. Cuando el título lo logran todos, los buenos trabajos se los llevan los social y económicamente mejor situados. Eso es lo que nuestra izquierda no quiere ni ha querido ver durante todas estas décadas, y por eso nuestra izquierda es, en materia educativa, la mejor derecha que la clase dominante puede desear. Incluidos los que gobiernan en Andalucía.

                Queda el tema de las universidades privadas. Las hay mejores y peores. Pero la manera de que la universidad pública compita con ellas no es regalando los títulos o vendiéndolos, sino a base de dar a esos títulos prestigio con exigencia y rigor. O sea, lo contrario de lo que hacen nuestros reptores y lo contrario de lo que va a pasar en el futuro, que ya se ve venir y pinta bien negro. Tiene narices que uno, que aborrece el franquismo de su infancia, tenga que reconocer que, en aquellos años ochenta en que estudió su carrera, la educación pública fuera mucho más social y equitativa que ahora. Tiene bemoles la cosa, pero es así, indudablemente. Gracias sean dadas a la derecha cavernaria, la izquierda demagógica y los impagables pedagogos, eternos tontos útiles, cuando no felices y bien alimentados cómplices.