Tirar al bulto

            En estos tiempos de crisis se aprecia con mayor claridad una de las más importantes incapacidades del Estado en cuanto gestor u organizador de ciertos servicios esenciales. Me refiero a que el Estado no logra discernir dos asuntos que resultan capitales: el diferente grado de calidad o competencia de su propio personal y la correlación que existe entre ese primer factor y la eficiencia y el nivel en la prestación del correspondiente servicio. Si dejamos al margen ciertos fetichismos políticos y determinados clichés sectarios, lo que justifica la prestación pública de un servicio, su organización desde la Administración pública y su financiación con cargo al erario común es la síntesis de dos cuestiones. Primera, la relevancia de dicho servicio para la comunidad y para los individuos que la integran; segunda, el hecho de que la prestación pública de tal servicio asegura tanto su universalización en condiciones de igualdad entre los ciudadanos como una mayor eficiencia o mejor calidad de la prestación por los ciudadanos recibida. El término de comparación está en dejar tales prestaciones a la iniciativa privada y los pormenores del servicio a la dinámica del mercado.

            Entre estatistas por sistema, por un lado, y acérrimos “privatizadores” y enemigos de (casi) todo lo estatal, por otro, algunos de los que, muy a la vieja usanza, seguimos teniéndonos en estas cuestiones por socialdemócratas estamos atrapados, comprimidos y perplejos. Pues pensamos que ese Estado activo y comprometido es absolutamente imprescindible si queremos algo de digna existencia para todos los ciudadanos y si no nos gusta que la vida social sea un tipo de vida selvática e inmisericorde, pero, al tiempo, vemos que estos Estados nuestros de ahora son absolutamente incapaces de sustraerse a su propia ineficiencia y no evitan convertirse en una más alta y peculiar fuente de injusticia, tan grande o mayor que la que va asida a la “mano invisible” del mercado.

            Le empresa privada busca el beneficio económico ante todo, y nada que no se ligue al beneficio y en él pueda repercutir será tomado en consideración a la hora de seleccionar personal, distribuir tareas, establecer horarios o fijar remuneraciones, entre tantas otras cosas. No puede ser de otro modo y no es ilegítimo que así ocurra, va en la naturaleza de las cosas. En un contexto de mercado no excesivamente distorsionado por corruptelas y corrupciones, donde la competencia entre empresas sea genuina y en el que los usuarios o consumidores puedan en verdad elegir al que les preste el servicio o les venda el producto, algunas ventajas pueden desprenderse, pues, por ejemplo, no le convendrá a la empresa de turno escoger para su personal a los más ineptos o mayormente incapaces. Hay un acicate en el mercado para que las empresas se disputen a los empleados más aptos y productivos.

            Conozco perfectamente lo que me replicarían muchos en este mismo instante, que si no sé mirar alrededor y que por qué no me doy cuenta de lo que hay en la inmensa mayoría de las empresas que aquí podemos echarnos a la cara, incluidas las que prestan servicios tan cruciales como educación o sanidad. Pero a esto me apresuro a replicar varias cosas. Primera, que esperen y que me dejen seguir un rato más, pues no está en mi ánimo hacer el panegírico de las privatizaciones y de la mengua total del Estado. Segunda, que nos leamos bien aquellas condiciones que acabo de poner, las alusivas a una competencia en el mercado no adulterada y a un hipotético consumidor o usuario no chantajeado o manipulado.

            Sobre eso último se me ocurre un ejemplo que considero claro. La inmensa mayoría de los colegios e institutos públicos tienen un personal infinitamente mejor formado, con más iniciativa y mayor vocación que la mayor parte de los colegios e institutos privados, al menos de los de provincias, de eso ni me cabe duda a mí ni se la planteará quien contemple nuestro sistema de enseñanza sin impenetrables anteojeras ideológicas. La explicación es bien sencilla y está en el sistema de selección, aun con todo lo que ha degenerado lo que se relaciona con la formación y selección del profesorado de los centros públicos. Sea como sea, habrá quien llegue por enchufe a una escuela pública, pero me atrevo a sostener que no hay quien llegue sin él a la privada. Sin embargo, todo tipo de factores ranciamente ideológicos, sumados a una inicua financiación de los colegios privados con cargo a los presupuestos públicos y en nombre de una libertad de elección que no sé por qué, si es tan importante, no rige igualmente en ámbitos como el sanitario o el de la vivienda, por ejemplo, hacen que, en términos generales, los colegios privados pasen ante la crédula sociedad por la quintaesencia de la exquisitez, y los públicos por paradigma del desorden y la desorganización. No es el mercado en sí el que altera la percepción y tergiversa la demanda, sino que son las adulteraciones del mercado y las complicidades entre lo privado y lo estatal las que llevan al engaño y el fraude. Más simplemente: la culpa de semejante timo está en un Estado vendido y una sociedad boba. Y punto.

            Mas decía que no echo de menos la privatización de los servicios públicos, sino que lamento que la incuria administrativa y las incapacidades políticas estén dañando irremisiblemente las instituciones públicas que prestan servicios esenciales. Y todo porque no hemos sido capaces de incorporar a los patrones públicos y a los sistemas normativos el más elemental principio de la gestión privada limpia, el de que el buen funcionamiento, la eficiencia y la rentabilidad (en la medida en que la rentabilidad importe o, al menos, deba tomarse en cuenta para no acabar en la ruina) dependen antes que nada de la calidad de los gestores, la selección del personal y los correctos incentivos para gestores y personal.

            ¿Lo decimos más sencillamente y con algún ejemplo? Pues muy fácil. No tiene ni pues ni cabeza que, justo ahora que sobreviene la crisis, en cierta medida causada por los frívolos devaneos de antaño, y cuando toca recortar gastos y desinflar administraciones, el criterio para aligerar peso en las plantillas de funcionarios y contratados no sea el de la calidad y la capacidad, sino el propio de la más estúpida lógica burocrática: sobran todos los de tantos años o más, o todos los que quieran irse con su paga íntegra, o todos los bajitos o todos los que tengan un apellido que empiece por A. Supina imbecilidad política y administrativa que hace que la mayor parte de los cesados o invitados a marcharse sean los mejores y más expertos que teníamos. Con una tremenda paradoja adicional: hacen mutis y se van a sus casas muchos de los que en su día obtuvieron mediante concurso real y meritorio sus plazas en la sanidad o la educación públicas o en las administraciones públicas en general y se quedan, felices y contentos, los enchufados de toda la vida, los que treparon a golpe de sindicato y puntitos por calentar silla y los que ni estaban ni están dispuestos a dar palo al agua o, todo lo más, hacen la pelota y mueven las nalgas para labrarse ascensos por la puerta de atrás.

            Miren este caso, de tantísimos. A la Comunidad de Madrid, que va a lo que va y va como va, le sobraban médicos de los hospitales bajo su gestión y presupuesto. ¿Solución? Pues jubilamos por decreto y sin miramientos a todos los de cierta edad. ¿Y si entre ellos están algunos de los mejores y más acreditados especialistas del país o del mundo? Pues que se fastidien o que monten su clínica los muy tontos, qué hacen aquí, en lo público, trabajando como si no tuvieran sitio mejor adonde ir. Es como si un día un equipo de fútbol tiene que ahorrar y decide poner de patitas en la calle a todos los mayores de treinta años que hay en su plantilla, aunque uno de ellos fuera Messi y el otro Cristiano Ronaldo. Y por enésima vez pregunto lo de tantas veces: si en el fútbol o a la hora de organizar un bar o la tienda de la esquina cabe el sentido común, por qué no hay sitio para él donde se dispone y administra lo público. Sí, conozco la respuesta: porque si meto la pata al llevar mi bar, me arruino, mientras que si robo al Estado o le infiltro por la vía del concurso restringido dos sobrinos y un amante bandido no me arruino nada, bien al contrario; todo lo más se hundirá el país mientras ando yo caliente y caliente sigo. Pues bien, defensor de lo estatal como soy y en la medida indicada, afirmo que o alteramos las reglas del juego en lo público o más nos valdrá cerrar el chiringuito y privatizar hasta los salones del Consejo de Ministros. Al menos, si esto fuera una empresa quebrada ya nos habrían puesto en la calle a la mitad, sector parásitos, como la justicia desesperadamente demanda.

            Así como ahora no puede ser. O seleccionamos o sucumbimos. A la Comunidad de Madrid, a sus gobernantes, les interesa la debacle de lo público, y buena prisa se dan sus propios políticos en montar empresas con las que cubrir el espacio que la Administración va dejando vacante; en cubrirlo no para dar mejor servicio, sino para forrarse aun prestando el peor. Los que todavía creemos que hace falta Estado y que se necesita por razón de los ciudadanos y no a título de entelequia ideológica o de tapadera para dar de comer a tiralevitas y descarados debemos exigir tanto el mantenimiento de lo público como el cambio de las reglas del juego en lo público. Nada de manifestarnos en solidaridad con tales o cuales despedidos porque fueron despedidos, nada de negarnos a cualesquiera recortes y porque sí, nada de apoyar a cualquiera que no ascienda o que sea sancionado, en su caso. Nada de tirar al bulto, porque entonces estamos en la misma feria y con las mismas armas de feria que los más necios politicastros. Hay que afinar y buscar el rigor, la exigencia, el trabajo bien hecho y la rentabilidad del gasto. Defensa del competente, solidaridad con el esmerado, apoyo al que hace bien su trabajo; y a los otros leña. Porque sí hemos de poder distinguir y diferenciar.  A la fría calle los zánganos y los inútiles y todo el esfuerzo para que se queden los más capaces y vengan más como ellos. Es decir, exactamente lo contrario de lo que están haciendo unos y otros, lo opuesto a la lógica burocrática y paleta de nuestros infames gobernantes y bien lejos de tanto compañero de viaje que se duele de recortes y controles mientras jamás abrió la boca cuando los empleos públicos se llenaban de enchufados y sinvergüenzas o ahora que se manda para casa a los más expertos, al mismo tiempo que se vela por el sueldo y los complementos de tanto caradura con carguito y alma de ratón. 

PD.- Por cierto, vean también esto, que es lo mismo, pero por pasiva.