(Publicado en El Mundo de León)
Queridos Decanos,
vuelvo en tren desde Sevilla: la Asociación de empresarios andaluces había organizado unas Jornadas bajo el lema “respuestas ante la crisis”. A través de los medios de comunicación habréis conocido sin duda las referencias que se han hecho de las conferencias de los dos ex-presidentes del Gobierno español (Felipe González y José María Aznar) y del último premio Nobel de economía (Paul Krugman). Junto a estas intervenciones, se realizaron debates entre catedráticos, empresarios y otros expertos. Al final, hemos presentado un documento con posibles medidas a adoptar, tan necesarias como inaplazables. Además de aspectos relativos a la organización del Estado y al funcionamiento de la Administración, se ha insistido en la necesidad de una rigurosa educación y formación y en la atención a los principios de mérito y capacidad de la selección de los funcionarios públicos.
Ahora pienso en la Facultad de Derecho donde enseño y en su frenética actividad de reforma de planes de estudio. Con el pretexto de una declaración firmada en Bolonia se pretende alterar nuestro sistema universitario. Es cierto que la Universidad necesita de grandes reformas: cambios en la formación y selección del profesorado; mejoras en la impartición de las clases y en la actitud de los estudiantes; una gestión profesionalizada y no entregada a aficionados; un sistema público de exigencia de responsabilidad por el uso de tantos dineros públicos... Todo ello para que vuelva a ser un centro de estudio y de especialización, de investigación y debate. Pero, ante lo que estamos presenciando al amparo de la invocación a Bolonia, lo que se conseguirá es devaluar los títulos universitarios, empobrecer la formación de los estudiantes, debilitar a las Universidades... Prestigiosas voces han alertado sobre los vicios de este proceso. No insisto en esas claras denuncias que sin duda conoceréis
Desde la perspectiva que da un pequeño viaje, pienso en la oportunidad perdida con esta reforma. Se podía haber aprovechado la ocasión ante la irresponsabilidad del Gobierno de España de no haber establecido los contenidos mínimos de las enseñanzas. Tal parece que no le interesa qué formación básica tendrán los estudiantes que quieran llegar a ser abogados, jueces, notarios, funcionarios públicos, etc. Tampoco el Gobierno autonómico muestra preocupación de cómo se utilizan y gestionan los recursos que aporta a las Universidades. Esa indiferencia de los políticos se podría haber utilizado -sostengo- para potenciar la mejor formación de los estudiantes que se matriculen en las Facultades de Derecho de Castilla y León y generar atractivos centros de estudio. No hay que olvidar la situación privilegiada de estas Universidades localizadas en ciudades asequibles y cómodas, que padecen menos las fatales agresiones de las grandes urbes.
Queridos Decanos, me preocupa advertir cómo las cuatro Facultades preparan planes de estudio distintos para obtener el futuro “Grado en Derecho”. Un título, digámoslo con claridad, que facilitará unos conocimientos muy básicos, al considerarse una mera prolongación de los estudios de bachillerato. Unos contenidos tan elementales que serán además resaltados de manera diferente para quienes estén en Burgos, León, Salamanca o Valladolid. Se incrementarán, así, las dificultades para trasladarse y enriquecerse mediante el trato con otros profesores.
Pero si eso es un dislate, más despropósito me parece la planificación de las maestrías de especialización. Ese segundo título que resultará indispensable para profundizar en la formación jurídica antes de afrontar unas oposiciones o una vida profesional. ¿Cómo es posible que no se haya considerado aunar las ofertas de las cuatro Facultades? Con los prestigiosos catedráticos y profesores titulares, que enseñan en la actualidad, se podrían ofrecer atractivos estudios de verdadera especialización. Frente al popurrí de clases de distintas materias, impartidas incluso por personas sin el título de doctor, ¿por qué no vincular a los catedráticos y profesores titulares de disciplinas similares para que ofrecieran una visión más precisa y profunda de los problemas? ¿No resultaría más formativo y, sin duda, más interesante concentrar en un curso a los profesores de derecho penal o de derecho mercantil? ¿Por qué quienes quieran especializarse en aspectos de Derecho privado no pueden oír las distintas posiciones de Teodora Torres o Carlos Vattier? ¿y a quienes les atraiga el derecho público escuchar a Enrique Rivero, Francisco Sosa o José Luis Martínez López Muñiz? Y así podría seguir citando porque son muchos los prestigiosos catedráticos y profesores titulares que investigan en estas Facultades. Que no se molesten otros compañeros, a quienes no cito pero tanto respeto: la dictadura del espacio es implacable.
Hubiera sido sencillo aprovechar la oportunidad del dislate de cómo se quiere introducir la declaración de Bolonia para plantear una mejora en la formación de calidad. Varias serían las posibilidades: que cada Facultad ofreciera un máster distinto contando con los profesores de las otras, que se rotara cada año... Por el contrario, cada Facultad pretende ir sola en este proceso, ante el falso y pernicioso lema de que “han de competir entre ellas”. No deberíamos dejarnos engañar, y mucho menos engañar a los estudiantes por esa vacua palabrería. Las Facultades de Derecho no han de “competir” entre ellas ofreciendo unos elementales conocimientos a los que añadir, para atraer alumnos, dos asignaturas por una, u otros regalos o bonos propios de otras actividades mercantiles. La Universidad debería ser responsable de su misión de servicio público y los ciudadanos conscientes de la trascendencia que tiene una buena formación.
No resultaría difícil, ante la desatención de los gobiernos, que los decanos ejercierais el liderazgo y arbitrarais los lazos para que tantos buenos profesionales pudieran ofrecer una enseñanza de calidad. En fin, queridos Decanos, termina el viaje y mi carta. Os deseo suerte para que en este proceso de reforma no se debiliten ni empobrezcan más las Facultades de Derecho.
vuelvo en tren desde Sevilla: la Asociación de empresarios andaluces había organizado unas Jornadas bajo el lema “respuestas ante la crisis”. A través de los medios de comunicación habréis conocido sin duda las referencias que se han hecho de las conferencias de los dos ex-presidentes del Gobierno español (Felipe González y José María Aznar) y del último premio Nobel de economía (Paul Krugman). Junto a estas intervenciones, se realizaron debates entre catedráticos, empresarios y otros expertos. Al final, hemos presentado un documento con posibles medidas a adoptar, tan necesarias como inaplazables. Además de aspectos relativos a la organización del Estado y al funcionamiento de la Administración, se ha insistido en la necesidad de una rigurosa educación y formación y en la atención a los principios de mérito y capacidad de la selección de los funcionarios públicos.
Ahora pienso en la Facultad de Derecho donde enseño y en su frenética actividad de reforma de planes de estudio. Con el pretexto de una declaración firmada en Bolonia se pretende alterar nuestro sistema universitario. Es cierto que la Universidad necesita de grandes reformas: cambios en la formación y selección del profesorado; mejoras en la impartición de las clases y en la actitud de los estudiantes; una gestión profesionalizada y no entregada a aficionados; un sistema público de exigencia de responsabilidad por el uso de tantos dineros públicos... Todo ello para que vuelva a ser un centro de estudio y de especialización, de investigación y debate. Pero, ante lo que estamos presenciando al amparo de la invocación a Bolonia, lo que se conseguirá es devaluar los títulos universitarios, empobrecer la formación de los estudiantes, debilitar a las Universidades... Prestigiosas voces han alertado sobre los vicios de este proceso. No insisto en esas claras denuncias que sin duda conoceréis
Desde la perspectiva que da un pequeño viaje, pienso en la oportunidad perdida con esta reforma. Se podía haber aprovechado la ocasión ante la irresponsabilidad del Gobierno de España de no haber establecido los contenidos mínimos de las enseñanzas. Tal parece que no le interesa qué formación básica tendrán los estudiantes que quieran llegar a ser abogados, jueces, notarios, funcionarios públicos, etc. Tampoco el Gobierno autonómico muestra preocupación de cómo se utilizan y gestionan los recursos que aporta a las Universidades. Esa indiferencia de los políticos se podría haber utilizado -sostengo- para potenciar la mejor formación de los estudiantes que se matriculen en las Facultades de Derecho de Castilla y León y generar atractivos centros de estudio. No hay que olvidar la situación privilegiada de estas Universidades localizadas en ciudades asequibles y cómodas, que padecen menos las fatales agresiones de las grandes urbes.
Queridos Decanos, me preocupa advertir cómo las cuatro Facultades preparan planes de estudio distintos para obtener el futuro “Grado en Derecho”. Un título, digámoslo con claridad, que facilitará unos conocimientos muy básicos, al considerarse una mera prolongación de los estudios de bachillerato. Unos contenidos tan elementales que serán además resaltados de manera diferente para quienes estén en Burgos, León, Salamanca o Valladolid. Se incrementarán, así, las dificultades para trasladarse y enriquecerse mediante el trato con otros profesores.
Pero si eso es un dislate, más despropósito me parece la planificación de las maestrías de especialización. Ese segundo título que resultará indispensable para profundizar en la formación jurídica antes de afrontar unas oposiciones o una vida profesional. ¿Cómo es posible que no se haya considerado aunar las ofertas de las cuatro Facultades? Con los prestigiosos catedráticos y profesores titulares, que enseñan en la actualidad, se podrían ofrecer atractivos estudios de verdadera especialización. Frente al popurrí de clases de distintas materias, impartidas incluso por personas sin el título de doctor, ¿por qué no vincular a los catedráticos y profesores titulares de disciplinas similares para que ofrecieran una visión más precisa y profunda de los problemas? ¿No resultaría más formativo y, sin duda, más interesante concentrar en un curso a los profesores de derecho penal o de derecho mercantil? ¿Por qué quienes quieran especializarse en aspectos de Derecho privado no pueden oír las distintas posiciones de Teodora Torres o Carlos Vattier? ¿y a quienes les atraiga el derecho público escuchar a Enrique Rivero, Francisco Sosa o José Luis Martínez López Muñiz? Y así podría seguir citando porque son muchos los prestigiosos catedráticos y profesores titulares que investigan en estas Facultades. Que no se molesten otros compañeros, a quienes no cito pero tanto respeto: la dictadura del espacio es implacable.
Hubiera sido sencillo aprovechar la oportunidad del dislate de cómo se quiere introducir la declaración de Bolonia para plantear una mejora en la formación de calidad. Varias serían las posibilidades: que cada Facultad ofreciera un máster distinto contando con los profesores de las otras, que se rotara cada año... Por el contrario, cada Facultad pretende ir sola en este proceso, ante el falso y pernicioso lema de que “han de competir entre ellas”. No deberíamos dejarnos engañar, y mucho menos engañar a los estudiantes por esa vacua palabrería. Las Facultades de Derecho no han de “competir” entre ellas ofreciendo unos elementales conocimientos a los que añadir, para atraer alumnos, dos asignaturas por una, u otros regalos o bonos propios de otras actividades mercantiles. La Universidad debería ser responsable de su misión de servicio público y los ciudadanos conscientes de la trascendencia que tiene una buena formación.
No resultaría difícil, ante la desatención de los gobiernos, que los decanos ejercierais el liderazgo y arbitrarais los lazos para que tantos buenos profesionales pudieran ofrecer una enseñanza de calidad. En fin, queridos Decanos, termina el viaje y mi carta. Os deseo suerte para que en este proceso de reforma no se debiliten ni empobrezcan más las Facultades de Derecho.
(Mercedes Fuertes es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León).
5 comentarios:
Comentarios:
1. Plas, plas... (Aplausos).
2. ¿Donde se puede encontrar el documento que mencionas de medidas necesarias e inaplazables?.
3. Cámbiese Castilla-León por el nombre de cualquier Comunidad Autónoma y será de general aplicación.
4. Cámbiese Derecho por cualquier otra disciplina y será de general aplicación.
¿Estamos otra vez ante aquello de que "el Emperador va desnudo"?.
Toda la razón, Doctora. Toda la razón, en todas sus acepciones.
Si se me permite humildemente abundar en alguno de los aspectos, diré:
1. En casi todas partes donde he tenido noticia, el método para la configuración de los Grados y los Masters (qué horror leer "másteres": ¡que es un término latino!) sólo puede garantizar el fracaso más horrendo. Se ha configurado como una mera distribución de poderes entre departamentos. Han colocado sus asignaturas lo mejor posible para garantizar su continuidad y su poder, independientemente de si ello resultaba en un diseño razonable o irrazonable.
2. De hecho, no pocos de los intervinientes en este sarao siguen sin saber exactamente para qué servirán los Másters (y, por exclusión, los Grados). Son emisarios de los departamentos, enviados para mantener la tajada en la nueva distribución (que no te quiten demasiadas asignaturas, que no te rebajen de troncal a optativa, etc.). Luego les preguntabas: "oye, y para presentarse a oposiciones a Juez ¿es necesario el Master o basta con el grado?" O "perdona, ¿para qué te habilitará el grado exactamente?"... Y no sabían responderte. Son los constructores del aparato, pero no saben bien si lo que están construyendo es un avión, un barco o un submarino. ¿Usted se subiría?
Nada más castigado que la lengua. Critico la grafía "másteres" y un minuto después escribo yo "Másters" con tilde. Me visto de saco y me cubro de ceniza en penitencia.
(Que ya sé que dice la RAE que las palabras latinas se deben acentuar, pero no me digan que no es una marcianada del quince...).
Querida Mercedes, me hacen llegar un nuevo artículo que muestra que no estamos solos!.
Me uno a las críticas repetidas con esas u otras palabras cien, mil, un millón de veces. Cierto que en privado casi nadie apuesta por Bolonia -incluso los más optimistas se apresuran a añadir que no se hace a coste cero-: los decanos de derecho que yo conozco son sumamente escépticos, cuando no abiertamente críticos -en pequeño comité-. Con todo esto, Bolonia sigue adelante. Esos mismos decanos escépticos y críticos, lejos de promover en sus facultades movimientos de resistencia, se apresuran a organizar reuniones y reuniones y comités y planes y subplanes, etc. No he oído que nadie sometiese a votación en una junta de facultad -ni pidiese que se sometiese a votación- la eventual conveniencia de paralizar o, al menos, posponer esta dichosa Bolonia, hasta que las cosas estén más claras, haya directrices comunes y haya dinero. Miles de profesores cuyas carreras no peligran aceptan resignados la que se nos viene encima. Decenas de profesores críticos pertenecen a comités de esos que trabajan en la dichosa reforma de los planes de estudios. Que yo sepa, no hay un manifiesto en contra de Bolonia que haya salido de los profesores -que yo sepa, quizá estoy equivocada-. Igual tenemos lo que merecemos, no sé.
Saludos afectuosos,
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