Estado de Derecho, ciudadanía y marcha atrás

La secuencia es bien conocida y ya la hemos comentado por aquí reiteradamente: ciertos delitos, ciertamente graves -¿o no todos y no tanto?- son amplificados por los medios de comunicación y usados en el debate político -en el sentido menos noble de "debate" y de "político"- como arma arrojadiza, tanto más eficaz cuanto más inquietud se logra producir en el electorado. Tal combinación genera procesos de auténtica histeria social que conducen a que la población reclame que cada vez más conductas se castiguen penalmente, que las penas aumenten sin tasa y que se establezcan medidas de seguridad para aislar o “inocuizar” a ciertos delincuentes cuando ya han pagado el precio establecido en la ley, y a ciertos sujetos cuando ni siquiera han delinquido aún y son simplemente sospechosos de poder llegar a delinquir, por razón de su origen social, sus relaciones sociales, sus creencias, ciertos hábitos, etc. Producida esta reacción y dado el papel de la supuesta opinión pública en estos momentos en que la más estúpida y amañada encuesta pasa por palabra de Dios y dictamen del más sabio de los oráculos, los partidos políticos compiten en una loca carrera para dar gusto a la víscera popular haciendo del Derecho penal criada para todo, Petra jurídica, como aquel personaje que dibujaba en el Pulgarcito Escobar y que hoy sería políticamente incorrecto y posiblemente causa de algún delito o falta de género. Porque falta mucho género, como es sabido.
Pero hay más: estorban las garantías procesales. Cada vez que resulta absuelto el acusado de determinados delitos que irritan la parte más innoble del ciudadano, hay toda una algarabía contra jueces y magistrados que, por ejemplo, se toman en serio –los que todavía se los toman- la presunción de inocencia o el “in dubio pro reo”, o que se atienen a normas tales como la de la prescripción o la del “non bis in idem”. No digamos la que se arma cuando se aplica la simple legislación penitenciaria establecida, y que algo ha de significar si creemos en el principio de legalidad, o cuando se descubre que después de cumplir con arreglo a la ley la sentencia de prisión un condenado sale a la calle aunque ni haya pedido perdón ni se haya arrepentido de nada ni se haya resocializado un carajo. ¿Estábamos antes en la inopia o qué? Es como si de pronto nos sorprendiera que los niños no vengan de París en el pico de una cigüeña y empezáramos a castrar gente -o a cazar cigüeñas a cañonazos- debido a tal frustración de nuestras angelicales expectativas.
Eso que llamamos el pueblo tira así piedras a su propio tejado y hasta que sea tarde no se enterará de que está alimentando un monstruo impío y sangriento, ése sí: un Estado sin la correa de la ley ni las riendas de una ciudadanía madura ni la contención de un pueblo que no esté de los nervios. Cada vez que imploramos y conseguimos más vigilancia por cualquier medio, mayores controles de los movimientos de todo el mundo, mano más dura con detenidos, acusados y condenados, técnicas policiales más expeditivas y menos transparentes, penas más aflictivas y cárceles más parecidas a la de El Conde de Montecristo, estamos mostrándole la yugular al más perverso Drácula y tentándolo con el olor y la textura de nuestra propia sangre. Ese Drácula es el Estado.

No hay más que pensar qué diferencia habría entre este Estado nuestro, éste que, mal que bien, todavía disfrutamos aquí y en los países de nuestro entorno europeo –hay que puntualizar lo de europeo, pues el Estado marroquí o el argelino, v. gr., se parecen más a lo que, al parecer, el personal ansía últimamente por estos pagos- y otros que fueron o son, como el stalinista, el hitleriano, el de las más salvajes dictaduras latinoamericanas, el de Mao y hasta el chino actual, el de Fidel Castro..., el de Franco y tantos otros, cada uno en su medida de maldad y oprobio, pero todos con un dato común que marca esa diferencia que buscamos: en ellos no se respetaban estas garantías del nuestro, estas garantías que tantos –hasta tantos supuestos progres, cuando se trata de determinados delitos, como los llamados de género- consideran estorbos y zarandajas. Ya tiene narices que aquí y ahora muchos/as que no se creen franquistas anden añorando un Derecho penal más parecido al de la Dictadura, y hasta con sus leyes de vagos y maleantes y sus tribunales de orden público. Tiene bemoles, insisto.

Todo lo demás es secundario como distinción entre aquellos Estados y los nuestros: los valores que retóricamente se proclaman, las consignas propagandísticas, las doctrinas inspiradoras, la apelación a Dios, a Marx o a Bolívar, la autodescripción como reserva espiritual de Occidente, como bastión de la liberación de los pueblos frente al imperialismo o como vanguardia de los parias de la tierra en la lucha final. Palabras; pero lo que para el ciudadano cuenta es que en todos esos Estados que hemos mencionado y que cantan esas decadentes canciones y entonan tales letanías para bobos, se cultiva también ese rigor penal, esa impunidad policial y del ejecutivo todo, esa maleabilidad de los jueces, esa flexibilidad procesal y esa ausencia de garantías, cosas todas que, al parecer, tantos añoran tantísimo aquí y ahora, tantísimos que van de modernos y a la última.
Se suele decir que la esencia de la democracia es el gobierno de la mayoría, pero bajo una condición esencial e ineludible: el respeto de la minoría. Esto tiene una explicación clara: en el Estado constitucional y democrático la base es la libertad, y ésta cuenta, al menos en lo que tiene que ver con la llamada razón práctica, por encima de la verdad. La suprema libertad es la de cada cual para elegir sus verdades, sus creencias religiosas, políticas, morales, etc, y esa libertad no puede ceder ante el rodillo de la mayoría. Perder una elección democrática no significa estar en el error, y ganarla no habilita a los vencedores para hacer pasar su programa por expresión de la verdad inapelable y definitiva. La mayoría de cada momento hace la ley y la minoría está llamada a obedecerla por razón de esa su legitimidad mayoritaria, democrática, pero esa obligación política de obediencia no equivale a una obligación moral de sometimiento, no significa que quien se encuentra en minoría se vea impelido, y menos forzado, a cambiar sus convicciones para plegarse ante las de los vencedores. Y porque la minoría ni se halla por definición en ningún error ni es moralmente inferior a la mayoría, ni son menos merecedoras de consideración sus creencias en cuanto tales, la minoría ha de ser respetada por la mayoría y sólo puede ser doblegada hasta donde lo requiera la necesidad de coordinar las cuestiones centrales de la convivencia mediante normas que no pueden quedar al albur del acuerdo de todos o a merced de que cada uno haga prevalecer sus convicciones por encima de ellas. Por eso el Derecho fuerza conductas e impone sanciones, no porque la ley encierre la verdad ni justicia material mayor que la que corresponde a las ideas de la minoría. Y por eso la minoría ha de poder convertirse en mayoría cuando las tornas cambien.
Por eso y por algo más. Porque tal vez hay algo más profundo que conforma la esencia del Estado de Derecho democrático: garantizar a la sociedad la posibilidad de dar marcha atrás, de apearse del gobierno vigente. De dar marcha atrás de sus decisiones previas, cambiando gobiernos y mayorías parlamentarias cuando quienes ostentan dichos poderes se propasan en sus afanes de dominio y sucumben a la tentación del abuso. Es mucho poder el poder del Estado, con sus armas, sus cárceles, sus cuerpos de seguridad, sus ejércitos y la retahíla de pelotas y lameculos que siempre van los primeros de la procesión cantándole loas al mandamás de turno a cambio de unos carguetes y unas palmadas en su lomo sarnoso. Así que o mantenemos el control para dar la patada al que use mal semejantes medios, o estamos perdidos, irremisiblemente perdidos y condenados.

Pues bien, estos Estados que al parecer ansiamos para que den gusto -engañoso- a nuestra obsesión enfermiza por la seguridad y alivio –vano- a nuestros miedos más pueriles, estos Estados a los que ayudamos a desembarazarse de trámites, procedimientos, cortapisas, garantías y frenos formales y cuyo afán justiciero liberamos de la atadura del sentido común y del respeto a la dignidad de cada individuo, estos Estados nos van a devorar como el lobo a la abuela de Caparucita, pero sin que queden cazadores que nos rescaten y vuelvan la bestia a su redil. Porque a los cazadores les estamos enseñando nosotros las ventajas del cepo, la utilidad de la posta más cruel, la eficacia de las armas prohibidas, el placer del ensañamiento y el sabor dulzón de la carne cruda. Y cuando los que deberían ser los guardianes de nuestra libertad y nuestra integridad mucho antes que servidores de una seguridad para obsesos, nos miren con ojos golosos y expresión babeante, cuando quieran someternos a un tercer grado porque llevamos melena, porque no vivimos santamente, porque frecuentamos compañías insanas, porque nos fumamos unos porretes o nos tomamos una copichuelas, porque nos damos a prácticas sexuales no tenidas por ortodoxas por los curas de turno y de la confesión que sean, o simplemente porque se confundieron de persona, querremos dar marcha atrás, elegir a otros, cambiar ejecutivos y legislativos... y ya no será posible.

Ya no será posible porque también ese propósito será delictivo y se entenderá disolvente de las esencias sociales, atentatorio contra los fundamentos de la convivencia y hasta pecaminoso, porque el que piense en contra del orden establecido por los encargados del orden será considerado enemigo y tratado como tal. Y nos darán de esa medicina que ahora reclamamos pensando nostros tontamente que sólo es para los otros, para los malos malísimos; sin parar mientes en que, en el fondo, es el Estado el que con sus leyes decide quiénes son los malos más malos, y que cuando lo hace como le da la gana y sin verdaderos controles, siempre lo va a hacer para favorecer a los poderosos, a los aprovechados, a los indecentes, a los que no tienen ni clemencia ni vergüenza, y para hundirnos y humillarnos a los ciudadanos que sólo queremos ser libres y modestamente felices con nuestras cosas y que pensamos que no hay sociedad mejor que aquella en que cada uno hace lo que quiera, siempre que no fuerce a nadie ni dañe realmente a otro impidiéndole vivir con idéntica libertad.
Ahora que, felizmente, ya no existe el servicio militar obligatorio, sí que debería haber al menos un mes en la vida de ejercicios jurídicos obligatorios para todo el mundo, pero como víctima de los manejos estatales: un ratito de tortura suave, un día en una cárcel poco acogedora, un juicio penal –con abogado de oficio y juzgado por juez sustituto- por un quítame allá esas pajas, una entrada en propio domicilio sin mandato judicial a las tantas de la madrugada, un pinchazo telefónico seguido de publicidad de lo conversado, una falsa acusación divulgada a los cuatro vientos por los medios de comunicación, etc., etc., etc. Se nos curaría esta idiotez, esta manía de andar excitando y azuzando a ese animal grandote y feo que algunos llamaron Leviatán y que cada día nos mira más de cerca y con ojos más golosos.