¿Objeción de conciencia de los médicos frente al aborto?

Se ha armado una buena desde que el ministro de Justicia ha declarado que la ley no reconocerá a los médicos y al personal sanitario en general un derecho a la objeción de conciencia que les permita abstenerse de intervenir en la práctica legal de abortos.
Suelo andar bastante lejos de las razones de fondo, ideológicas o religiosas, por lo demás muy respetables, que mueven a la mayoría de los que reclaman tal derecho. Sin embargo, no acabo de ver dónde está el inconveniente o el fundamento para no reconocérselo a quienes lo reclamen. ¿Qué pensaríamos, por ejemplo, si a un ecologista, defensor de las focas o de las ballenas, se le obligara a participar en alguna matanza de tales animales, de ésas que ellos constantemente denuncian como auténticos crímenes. Y que no se lleve, por favor, la analogía más allá de lo debido, pues no trato de comparar más que lo que supone forzar a alguien a hacer algo que repugna profundamente a su conciencia. Otra similitud podría establecerse con la objeción de conciencia al servicio militar y con la simpatía con la que tantos, y seguro que muchos de los partidarios del aborto libre bajo ciertas condiciones, contemplaron aquel movimiento de los insumisos que comenzó como desobediencia civil, precisamente. No querían participar, ni por activa ni por pasiva, en un sistema militar que admitía la violencia y la posibilidad de matar a supuestos enemigos, y hasta tal punto fue efectiva su protesta, que lograron la supresión del servicio militar obligatorio y de su envés en la prestación social sustitutoria.
Ese último ejemplo puede ser bien significativo frente al argumento de que si la ley (constitucional mientras el TC no diga lo contrario) reconoce a la mujer el derecho a abortar, el sistema sanitario ha de estar en condiciones de hacerlo posible. También el ejército es para muchos, y para la propia constitución, una pieza fundamental del Estado y, sin embargo, se encontró la manera de garantizar su papel para la defensa nacional sin necesidad de doblegar la conciencia y la libertad de quienes no quieren ser soldados.

Por otra parte, no cabe temer que, si la objeción de conciencia del personal sanitario se admite, los médicos y demás objeten en masa. Las concretas dificultades que en algún centro sanitario surgieran podrían, sin ningún género de duda, ser compensadas con medidas organizativas de la sanidad pública que evitaran el menoscabo del derecho de las mujeres. Más problemas plantea el recorte del personal sanitario de los hospitales por razones presupuestarias o en verano, y a nadie se le ocurre solucionarlo suprimiendo el derecho de los médicos a las vacaciones o bajando el sueldo de los funcionarios de Sanidad para que se pueda pagar a más médicos.
Por otra parte, no se trataría de anteponer la conciencia individual a cualquier deber legal, pues no todos los deberes son equiparables en su relevancia para el sistema social y para los derechos de los demás. No resulta razonable, por ejemplo, comparar el deber general de pagar impuestos con el deber de practicar un aborto, y supongo que es ocioso detenerse en la fundamentación de este aserto. Si, con todo, algún amigo no lo ve claro, lo explicamos otro día con calma. El aborto, por muy derecho que sea -y aquí no entro en la discusión de fondo-, ni sirve al interés general ni se frustra en ninguna medida ese derecho porque un médico no quiera realizarlo. Lo que sí se fuerza en el médico es la conciencia y la libertad más básica, y se fuerza sin contraprestación o compensación para él ni para nadie.
Una lectura mínimamente congruente de la Constitución y de los derechos fundamentales debe anteponer la libertad personal, que no puede ser sacrificada cuando cabe que la libertad o el derecho de los otros -en este caso de la mujer que quiere abortar- pueda quedar a salvo sin merma aunque se evite aquel sacrificio. Creo que a eso se refiere el principio de proporcionalidad, tan cacareado por la doctrina y el Tribunal Constitucional, en concreto su subprincipio de necesidad, que dice que no es constitucional el perjuicio de un derecho fundamental cuando el bien que se deriva para otro derecho fundamental se puede procurar con alguna medida alternativa y menos dañosa para el primero de ellos. Y todo esto suponiendo, y no sé si será mucho suponer, que el derecho a abortar sea tan fundamental como el derecho a la libertad de conciencia y a actuar en consonancia con las propias convicciones, especialmente cuando con ello a nadie se perjudica gravemente y tampoco al interés general.
Por otro lado, tiene gracia que el ministro Caamaño, que no parece tonto, haya declarado con ánimo crítico que la conducta de los médicos que se nieguen a intervenir en abortos voluntarios quedará equiparada a la pura y simple desobediencia civil. ¡Con las resonancias tan positivas que ese concepto tenía hasta hace nada en el pensamiento progresista! Se ve que para el PSOE (mejor dicho, para este PSOE sui generis que nos gobierna) toda desobediencia es por definición y en el fondo incivil e ilegítima, porque ellos son el Camino, la Verdad y la Vida. Al final, los autoritarismos siempre acaban tocándose e imitándose.
Créanme, yo no sé qué placer encuentran algunos en doblegar hasta el límite a los que piensan diferente. Con lo bonito que es que pueda vivir cada uno a su bola cuando no hay daño para el interés general: las mujeres que quieran abortar, abortando, y los médicos que no quieran intervenir, absteniéndose de hacerlo. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, en el colegio nos obligaban a todos ir a misa, y eso tampoco era plan. ¿Cómo veríamos que el legislador hoy, de pronto, nos dijera a todos -o a todos los profesores o a todos los políticos o a todos los médicos ...- que estamos obligados a ir a misa o a cantar en mayo lo de “con flores a María”, seamos creyentes o no? Ya sé que esa ley sería inconstitucional por razones obvias. Pero no mucho más obvias que en el caso de la objeción de los médicos, digo yo. Pero a lo mejor me equivoco por no creer en catecismos ni leches y por ir por la vida de liberal despendolado.