26 enero, 2015

Conciliación de derechos



   La pasada semana me vi envuelto en un conflicto escolar. Al principio de este curso a mi hija, que va a segundo curso de primaria en un colegio público, le asignaron como tutor a un maestro que es a la vez concejal del Ayuntamiento de León. La normativa (autonómica) concede a quien tiene ese tipo de cargos la posibilidad de ausentarse de la escuela cuando tiene reuniones de pleno, comisión o similares, en este caso en el Ayuntamiento. El profesor en cuestión hacía uso constante de tal posibilidad y se iba más o menos el treinta por ciento de las horas, con la consiguiente falta de dedicación a sus labores con los niños. Los padres organizamos una protesta en toda regla para que se cambiase tal tutor. La pasada semana el conflicto se enconó y, como uno de los representantes de tales padres y madres, me reuní con las autoridades administrativas correspondientes. En plena discusión, una de tales autoridades adujo que debíamos tener presente que, en un caso así, debían conciliarse dos derechos, el de los niños a la educación y el del profesor a hacer uso de su permiso para ausentarse del aula. Tuve que explicarle que de eso nada, que el derecho de los niños, en sus contenidos básicos y fundamentales, es absoluto y no admite tales “conciliaciones”. Traigo esto como ejemplo de ese problema general de la tantas veces mentada problemática de la conciliación entre derechos.
    Con los derechos fundamentales sucede en estos tiempos algo bien curioso. Quienes más los mientan a menudo justifican sus limitaciones y recortes. Y con cierta frecuencia los que hacen esmerada teoría de los derechos acaban abriendo la vía para su mengua y su falta de garantías. Mi tesis es que los derechos tienen un contenido esencial y básico que no admite conciliaciones ni descuentos, si es que vamos a tomar en serio los derechos y sus garantías.
   Lo primero que se debe tener bien presente es que los derechos fundamentales son de tipos diversos. Hay derechos que facultan a los ciudadanos para hacer o no hacer cosas. Por ejemplo, para expresarse libremente. Otros derechos protegen frente al daño para determinados bienes o intereses de los ciudadanos, como pueda ser su honor, su imagen o su intimidad. Ahí pueden surgir conflictos entre un derecho de un ciudadano y un derecho distinto de otro ciudadano. El ejemplo más fácil es el conflicto entre el derecho al honor de A y la libertad de expresión de B. No es de ese tipo de conflictos de derechos del que pretendo hablar hoy aquí. A eso ya me he referido en alguna otra ocasión en este blog, dentro de la crítica a la tan actual teoría de la ponderación de derechos.
   Otros derechos fundamentales implican prestaciones o abstenciones del Estado (al margen del juego que pueda tener el llamado efecto horizontal de los derechos, al que tampoco voy a aludir ahora, en aras de la brevedad). Así, mi derecho a no ser torturado supone la obligación del Estado y sus aparatos de abstenerse de torturarme, y el derecho de un niño a la educación implica la obligación del Estado de procurar los medios necesarios para hacerlo efectivo.
  Estos derechos no admiten conflictos con otros y, por tanto, en lo que es su contenido necesario no pueden estar abiertos a ponderación o concesiones frente a derechos de otros. Mi derecho a no ser torturado no puede ceder, por ejemplo, ante el derecho a la libertad de otra persona, como sucedería si se estimase que torturarme a mí es la manera jurídicamente admisible de lograr la libertad de una persona a la que yo he secuestrado. Lo que sí ha de tenerse en cuenta es que el grado de realización de los derechos que exigen prestaciones del Estado puede verse limitado por las posibilidades fácticas que condicionan la acción estatal. El derecho a la educación de un niño se cumple con más amplitud si en la escuela se le enseñan cinco idiomas, pero cabe que no se disponga de medios económicos, materiales y personales para asegurar a todos los niños y en todas las escuelas, en igualdad, tan amplia enseñanza de idiomas. La combinación de igualdad y de recursos limitados da lugar a inevitables repartos y esos repartos impiden la maximización a la hora de cumplir con el contenido ideal o puramente teórico de un derecho.
   Pero lo anterior no tiene que ver con casos como el que al principio he mencionado. Mi hija tiene su derecho a la educación, en igualdad con idéntico derecho de los demás niños de su colegio y de cualquier otro. El profesor al que antes aludí tiene su derecho legalmente reconocido a hacer uso de los permisos que por razón de su cargo político la ley le reconoce. Pero, ante las frecuentes falacias en la materia, urge hacer de inmediato dos puntualizaciones decisivas.
   La primera, que mientras que el derecho de los niños a la educación es un derecho fundamental y constitucionalmente reconocido, ese otro derecho del profesor carece de tal estatuto o entidad de derecho fundamental. Esta es una primera razón por la que no se puede admitir ningún requisito de conciliación.
   En segundo lugar, y ante todo, el derecho a la educación obliga al Estado a asegurar la correspondiente prestación. Si la ley otorga al profesor la facultad para ausentarse del aula por razón de su cargo, la Administración educativa está obligada a poner los medios materiales, personales y organizativos para que de tal situación peculiar no se desprenda ni la más mínima merma para la efectividad del derecho a la educación. Puesto que los estudiantes no tienen ninguna culpa de que el profesor que les cae en suerte tenga además un puesto en otra parte, esos estudiante no tienen por qué pagar por ello, no puede ser a su costa el ejercicio de la facultad legalmente concedida al profesor. Porque, además, ello supondría trato desigual perjudicial, discriminación, para los niños a los que les hubiera tocado dicho profesor en (mala) suerte. Acaban, pues, siendo dos los derechos fundamentales vulnerados si el Estado permite dicha situación en perjuicio de tales alumnos: el derecho a la educación y el derecho a la igualdad de trato.
   Por consiguiente, no hay nada que conciliar ni que ponderar en casos de ese tipo. Si, por poner otro ejemplo, el profesor o profesora tienen su derecho a hacer uso del permiso de lactancia durante algunas horas al día, la Administración está plena y radicalmente obligada a brindar los medios para que ese derecho del profesor o profesora no cause ni el más mínimo perjuicio a los alumnos. No puede ser de otra manera si no queremos convertir en papel mojado el derecho a la educación y tantos otros de esa clase. Cuando se tiene derecho a una prestación relacionada con un servicio público, el que la concreta persona que, como funcionario o empleado de la Administración, tiene el correspondiente cometido se halle en circunstancias que le impidan prestar el servicio eficientemente o que la exoneren de llevar a cabo total o parcialmente su labor no puede ser óbice para que aquella prestación se cumpla en plenitud y en igualdad. Nadie tiene la “culpa” de los derechos y circunstancias de otro y nadie debe pagar por los derechos y circunstancias de otro cuando la obligación primera de satisfacer el derecho en cuestión no corresponde a la persona, sino al Estado mismo. Ni conciliaciones, ni ponderaciones ni cuentos chinos.

25 enero, 2015

De panes y otras exquisiteces. Por Francisco Sosa Wagner



Se ha dado mucha publicidad a unos panaderos que están fabricando panes de una calidad especial y que no responden al profesional tradicional de la panadería sino que son físicos, historiadores, periodistas... hasta filósofos hay en este oficio, una afición a la que será necesario encontrarle su lógica y su metafísica. Buenas pruebas de sus imaginativos esfuerzos las vemos expuestas en algunas tiendas donde se arraciman bollos, baguettes, chapatas, flautas... labrados a base de mimos y fermentaciones lentas, como oraciones de una novicia hiperestésica de fervores.  

Al hallarnos enredados en twitteres y facebooks, nadie tiene tiempo de recordar el más ilustre antecedente de estas experiencias: la de Pío Baroja quien, tras su estancia como médico en Cestona, trabajó en la panadería de la calle Capellanes de Madrid donde su familia dio a conocer el pan de Viena que aportaba entonces la singularidad de la finura de su miga y la textura de su corteza. Todavía existen estos establecimientos en Madrid y en ellos se ofrecen buenas delicias, de panes, de pastelería, de empanadillas... a mí me gusta mucho visitarlos y aprovecho para evocar a la familia Baroja y su fecundo trasiego entre las harinas y cómo al doctor Baroja se le iban los ojos detrás de los tafanarios de sus empleadas.

Pero el asunto que quiero tratar, al hilo de la entrada del pan en su edad barroca, es lo difícil que se nos ha puesto a los consumidores seleccionar la compra. Primero nos la complicaron los legisladores europeos obligando a los fabricantes a enumerar los ingredientes de cada producto que, menos mal, nadie lee pues conocerlos produce la misma pavorosa inquietud que descubrir las contraindicaciones del prospecto de los medicamentos. Apelo a mi experiencia: se me ocurrió enterarme de la letra pequeña de esos apetitosos sobres de jamón de bellota que nos tientan en cualquier supermercado y resulta que llevan azúcar. Uno, en su ignorancia dietética, se pregunta ¿para qué necesitará azúcar el jamón? Se verá que fue grosero error el mío meterme donde nadie me llama.

Después vinieron los vinos y uno recuerda aquella época, propicia en su simplicidad, en la que lo más complicado era el Paternina banda azul que daban en las bodas pero solo en las de consolidados apogeos amorosos. 

Y los quesos y las patatas y las frutas y las sales que ahora las hay hasta de remotos parajes montañosos...

Cuando creíamos que íbamos a tomar un respiro, de nuevo los deberes se nos acumulan enredándonos ahora con el aceite: dechado de armonías y vigores pero -creía uno- inofensivo en sus exigencias. Todo lo contrario: en las ofertas actuales se nos presenta enfundado en sutiles modalidades con las que nuestros sentidos se abren a los más felices auspicios. Mis compañeros de mesa, a quienes yo tenía por paletos de cierto renombre, hablan con toda naturalidad de las variedades arbequina, picual, royal o empeltre aireando unos conocimientos que traen renovadas confidencias gastronómicas.  

Y, por si fuera poco, estos aceites enriquecen el lenguaje -como han hecho los vinos- porque saben a huerta, a frutas, a notas de almendra y banana... creando así un mundo de atributos sensoriales extraordinarios por lo inesperados. Tan solo les falta traernos ecos del Romancero o de la poesía pastoril pero tiempo al tiempo.  
¿Qué importa que casi todo ello sea producto de la imaginación? En la mesa hay que saber que, si a esta señora le ponemos cepos y redes, volveríamos a tiempos rudos y con ellos a los sabores chatos y toscos. O, lo que es lo mismo, nos esperaría un calvario de sinsabores.

16 enero, 2015

Coalición: ¿política exangüe? Por Francisco Sosa Wagner e Igor Sosa Mayor



 (Publicado en El Mundo, 15 de enero)

Se escucha desde hace unas semanas en el debate político español el ronroneo de una gran coalición como posible remedio a los males habidos en nuestra maltrecha res publica. Ora se trate de planes bienintencionados, ora de añagazas sin mayores perspectivas, conviene levantar nuestra vista más allá de los Pirineos, no fuera a ser que el bálsamo de Fierabrás acabe teniendo efectos deletéreos para nuestra democracia. Más concretamente, la experiencia con esta fórmula de gobierno en los países de habla germánica nos puede hacer entrever virtudes y vicios de este tipo de empresas políticas. Alemania es, en este sentido, el modelo más invocado en estos lances, si bien, como veremos, el verdadero paraíso de la gran coalición es Austria.
En general, los gobiernos de coalición son práctica habitual en ambos países tanto en el ámbito estatal como en el regional. Las razones para ello son diversas y frondosas son las explicaciones que se pueden aludir, pero baste recordar brevemente dos. Por un lado, en los dos Estados el entusiasmo por este tipo de soluciones emana de una geometría electoral que impone parlamentos con un escaso número de partidos (únicamente cinco hay ahora mismo por ejemplo en el parlamento federal alemán). La formación de gobiernos de minoría que, al socaire de la promiscuidad parlamentaria, pudieran sacar adelante sus proyectos legislativos cambiando grácilmente de pareja de baile para cada ocasión, queda pues nítidamente restringida. Por otro lado, y esto vale para Alemania, la vigorosa capacidad de bloqueo legislativo del Bundesrat -la cámara territorial- somete al Gobierno a una constante presión; situación que sufrieron con crudeza los cancilleres Kohl en su última etapa y Schröder. En Austria este problema es ciertamente menor, pues su cámara territorial tiene una vitalidad similar a la del doncel de Sigüenza.
En el caso alemán, dejando a un lado la gran coalición de los años 60, la experiencia de los últimos 10 años es ambigua. Sin duda alguna, la primera gran coalición dirigida por Merkel (2005-9) llevó a buen puerto algunas reformas de calado, especialmente la llamada reforma del federalismo, que dejando a un lado hiperestésicas identidades regionales fortaleció de hecho la posición del Estado central. En casos como éste, el consenso y la insoslayable necesidad de reforma eran postulados por la mayor parte de la población y los partidos políticos. Sin embargo, en muchos otros aspectos en los que la urgencia legislativa era menor, la paralización se adueñó del orden del día del gobierno. Y no sin razón, pues ¿qué interés podía tener para uno u otro miembro de la coalición aprobar una ley, que había de estar ideológicamente deslavazada, cuando ambos confiaban en que en las siguientes elecciones tendrían la suficiente mayoría para pergeñar la ley a su libre albedrío?
La segunda gran coalición bajo la batuta de Merkel echó a andar hace escasamente un año y por tanto la valoración es aún difícil. Cerca de la mayoría absoluta, Merkel decidió apostar por una gran coalición, aceptando sin pestañear el incumplimiento de algunas de sus más sonoras promesas electorales (no subir los impuestos, por ejemplo). Hasta ahora el Gobierno bicolor ha tomado medidas como la de implantar un salario mínimo (que ya existía en algunas profesiones), recomendar que accedan más mujeres a los consejos de administración de las empresas, o invertir en cambiar varios millones de tuercas de la vía ferroviaria del país. Medidas todas ellas probablemente necesarias pero que igualmente podría haber tomado sin grandes dificultades un gobierno monocolor. El problema no es que la gran coalición haya sido -hasta ahora al menos- de mucho ruido para pocas nueces. Es que ni siquiera ha habido mucho ruido, pues justamente la jibarización de la oposición reduce el ruido parlamentario del debate de las medidas.
Donde, sin embargo, la gran coalición ha adquirido, como decíamos, formas eviternas, cuando no dimensiones geológicas, es sin duda alguna en Austria. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ese modelo ha funcionado prácticamente en la mitad de las legislaturas. Por añadidura, esta circunstancia viene agravada en el caso austríaco por el llamado sistema proporcional, fuente de la politización y el clientelismo que caracterizan la vida austríaca, así como de una profunda corrupción que sacude una y otra vez el edificio político.
¿En qué consiste este sistema? Su manejo es sencillo: los partidos políticos se reparten puestos en el Ejecutivo y en los más diversos ámbitos políticos, administrativos y económicos en función de su fuerza parlamentaria. No hace falta una mirada buida para percatarse de las consecuencias de un sistema así organizado, a poco que los responsables se sientan poco sometidos al escrutinio público. Por un lado, una militancia política bien elegida supone en la Austria actual ventajas profesionales a la hora de acceder a los más dispares puestos de la policía o la fiscalía (no tanto entre los jueces), así como en el extensísimo entramado de empresas estatales. En este sentido, el Consejo de Europa llegó a poner el punto sobre las íes a la República de Austria hace pocos años por el alto grado de politización de su policía y fiscalía, con la consiguiente merma de la contundencia en la lucha contra la corrupción. Por otro lado, los partidos de la oposición son gobierno y oposición a la par. Un ejemplo: actualmente en el Bundesland de Alta Austria están representados en el gobierno regional todos los partidos, a pesar de que realmente gobierna una coalición de conservadores y verdes. Se anegan así las posibilidades del votante para distinguir cuándo un partido actúa como gobierno o como oposición.
En honor a la verdad hay que decir que el sistema proporcional está hoy en día en retroceso y poco a poco está siendo suprimido de buena parte de los estatutos regionales. Pero, con todo, conviene recordar que la concomitancia de unas recurrentes grandes coaliciones con este sistema proporcional ha supuesto en la práctica que las clientelas de los dos grandes partidos políticos ni siquiera se apearan, al perder las elecciones, de sus prebendas para orearse durante unos años en el mundo exterior. Al contrario: únicamente se metamorfoseaban de ministros a secretarios de Estado, o viceversa, y así en buena parte del entramado político y administrativo, tanto estatal como regional. El ascenso espectacular del partido ultraderechista de Jörg Haider durante los años 90 ha de ser visto en el contexto de este sistema tan cerrado. Sus críticas a una casta que se reparte prebendas y sus resultados rondando el 25-30% de los votos nos deberían resultar bastante familiares.
Resumiendo, las experiencias germanas se presentan con luces y sombras. Advertir de ellas es lo que justifica este artículo y esperamos que sirvan para encarar nuestro futuro político. Excepto en los casos de reformas estructurales contundentes, las ventajas de una gran coalición se muestran esquivas. La obligación de acordar medidas con el principal contrincante supone en la práctica la política del menor denominador, pues únicamente se acuerdan aquellos puntos políticamente digeribles por ambos, lo que suele imponer decisiones aguachirladas. Por añadidura, en sistemas como los nuestros en los que el arco iris de opciones políticas se ve ya de facto achicado por medios muy diversos, eliminar la confrontación política conduce a promocionar un amodorramiento poco provechoso para la vitalidad de las instituciones. Dejar la silla de la oposición vacía invita a que la ocupe el primero que transita por el lugar. En suma, con las grandes coaliciones se corre el peligro de que las cañerías político-administrativas se azolven, el debate político se vuelva exangüe, y se convierta a los populistas en truchimanes de la voluntad popular.