08 marzo, 2016

Pequeña reflexión para iusmoralistas futboleros



                 Liga de fútbol, primera división. Última jornada del campeonato. Partido entre el equipo Alfa y el equipo Beta. Alfa ya es campeón desde hace dos jornadas. Beta, en cambio, se está jugando la permanencia en primera y unas cuantas cosas más. Si Beta no gana este último partido, no solo desciende de categoría, sino que seguramente desaparece el equipo. Súmense las siguientes circunstancias de los equipos y del partido.
                - Alfa es el equipo económicamente más poderoso de Europa e invierte cada año una fortuna para contratar los jugadores más destacados del mundo.
                - Alfa, como se ha dicho, ya ganó este campeonato de este año y es el décimo consecutivo que consigue. En este partido no se juega nada, pero sus jugadores se están exhibiendo ante su afición, ufanos y felices.
                - Alfa ha sido varias veces expedientado por la Federación debido a serias sospechas sobre oscuros manejos y corruptelas, pero nada definitivo se ha podido probar hasta el momento. Además, tanto la directiva como el entrenador y algunos jugadores son bastante dados a actitudes chulescas y gestos de desprecio hacia los otros equipos.
                - Beta es un equipo modesto y muy meritorio. Su afición es ejemplar y varias veces ha obtenido galardones como la hinchada más deportiva del país. Sus jugadores también se suelen llevar distinciones por juego limpio. El equipo se mantiene a flote gracias a la contribución de muchos modestos accionistas y al sacrificio de sus empleados y jugadores, que perciben salarios bien modestos.
                - Beta está acosado por las deudas y se da por seguro que se disolverá si no logra quedar en primera y conservar así lo que percibe por derechos televisivos y como subvenciones de la Federación.  
                - Beta va ganando por uno a cero desde el minuto cinco. Ha jugado muchísimo mejor todo el rato y ha tenido tan mala suerte, que hasta tres veces han dado en los postes de la portería rival los tiros de sus delanteros. La afición de Alfa canta y se burla de los jugadores de Beta, mientras que los aficionados de Beta se comportan con gran corrección y singular elegancia. En el campo, los jugadores de Alfa han cometido más de treinta faltas y los de Beta solo llevan cinco en todo el partido.
                - Han pasado los noventa minutos reglamentarios y se está en el último minuto del tiempo complementario que el árbitro ha marcado. Un jugador de Alfa hace una gran jugada, rebasa al portero y tira a puerta, pero la pelota es desviada por un manotazo de un jugador de Beta. El árbitro lo ve, aunque está medio tapado en ese momento. El penalti parece claro, pero el árbitro sabe que si no lo pita puede jugar con la disculpa de que no lo pudo apreciar bien. Muchos lo criticarán si no sanciona el penalti, pero nada malo le va a ocurrir por eso.
                Durante un segundo o dos el árbitro duda terriblemente. Es plena su certeza de que la infracción es clara y de que el penalti es debido, reglamento en mano. Por ese lado, poco hay que discutir. Él está seguro de que la infracción ha ocurrido y sabe también que así se demostrará en cuanto las televisiones repitan la jugada. Pero también se da cuenta de la tremenda injusticia que sucederá si aplica la sanción y, como es de esperar, Alfa marca ese gol. Una injusticia tremebunda en ese partido, que indiscutiblemente mereció ganar Beta, una injusticia enorme para un equipo tan noble y esforzado como Beta, para sus humildes accionistas y para una afición tan ejemplar.
                Ahora meditemos nosotros qué nos parece que ese árbitro podría y debería hacer, derecho en mano. Pues el caso, no lo olvidemos, es plenamente jurídico. Para simplificar, nada ponemos de corrupción en el caso y a tal juez le atribuimos toda la buena fe y ningún ánimo de “prevaricar”.
                Si sostenemos que al árbitro le vincula el reglamento de fútbol y que la norma que viene al caso no deja más que una salida en esta oportunidad, la de señalar ese que los comentaristas suelen llamar el máximo castigo, nos portamos como redomados iuspositivistas. Si nada más que miramos los hechos claros y el tenor de la norma, el caso es fácil, elemental del todo, y nada más que un camino le queda al que arbitra: aplicar la norma, señalar el penalti.
                Pero puede que quepan salidas. Son legión los iusfilósofos bienintencionados y amables que explican y repiten que el derecho y sus jueces tienen que estar antes que nada al servicio de la justicia y que poco o ningún derecho se hace cuando esa servidumbre se olvida y la ciega aplicación de lo legal provoca injusticias evidentes. Entre los más refinados y originales de tales iusmoralistas, el benemérito Robert Alexy recalca que el razonamiento jurídico es un caso especial del razonamiento práctico general. Viene esto a significar que quien en derecho decide debe antes que nada mirar qué prescribe para el caso la ley (en sentido amplio de la expresión, como norma jurídico-positiva, sea cual sea el rango: reglamentario, legal, constitucional incluso), tomada en su letra e interpretada, si acaso, con ayuda también de la voluntad del legislador y de una lectura de conjunto de las normas y no de una sola y aislada, pero que si esa aplicación de la norma no deja alternativa que no sea bien injusta y si son abundantes y patentes las razones que de lo injusto de esa decisión den fe, debe el derecho positivo, que para el caso manda mal, ceder ante la moral que obliga a hacer el bien, y tendrá por tanto que ganar la justicia aunque la decisión formalmente sea contra legem. Pues siendo una mínima justicia contenido esencial de cualquier derecho que en verdad lo sea y merezca tal nombre, no resultaré en puridad jurídica la decisión injusta, y, por el contrario, será jurídica sin tacha la que inaplique la ley para la ocasión inicua, siempre que sea la justicia verdadera la que en su lugar triunfe. Amén.
                Volvamos a nuestro partido de fútbol y al caso trágico. Tanto el árbitro, imparcial sin reservas, como los observadores que bien imparciales nos queramos, estamos de acuerdo en que ese penalti será fuente de injusticia grande, por mucho que ley en mano no queden dudas de que lo es. ¿Debería el árbitro, con conciencia tranquila y sin complejo de obrar antijurídicamente, abstenerse de pitar ese penalti formalmente tan claro, librándonos así de que esos que los tribunales constitucionales más exquisitos llaman estériles formalismos den lugar a un resultado a todas luces muy injusto? Si estamos en el campo del derecho -y lo estamos-, si la del árbitro es una decisión jurídica que aplica derecho -y lo es-, y si se asume que el derecho sirve por definición a la justicia y que una decisión que sea justa es por tal razón jurídica aunque se salte para el caso la norma positiva -para disgusto de insensibles y malhadados formalistas-, convendremos en que no sólo es plenamente conforme al derecho que el árbitro no marque como penalti aquella mano voluntaria del defensa en su área, sino que, incluso, la realmente antijurídica sería la decisión de sancionar como penalti eso que ley en mano lo es.

                Estarán algunos iusmoralistas bien agudos buscando salidas para que la ley se aplique en esta oportunidad sin que parezca que debe el juez respetarla siempre. Cabe por ejemplo argüir que no vale en este caso encomendarse a la justicia del puro resultado de este partido, pues si se beneficia al equipo Beta con la decisión para él justa, a otro equipo inocente será perjudicado, pues otro será el que haya de bajar de categoría en lugar de Beta. Pero como el que hace los ejemplos pone la música y la letra y hasta los baila, como bien sabía don Ronaldo Dworkin, nos bastará imaginar que las reglas son estas: descienden a segunda todos los equipos con menos de veinte puntos en el campeonato de liga, sean esos equipos varios, uno o ninguno. Y resulta que antes de este partido Beta tenía dieciocho puntos. Así que a ninguno perjudicará la resolución arbitral que haga prevalecer la justicia sobre la fría letra del reglamento.

                Quiero preguntar ahora qué diferencias relevantes puede haber entre este caso jurídico y de decisión jurídica y un caso ordinario de los que deciden cada día los jueces y magistrados. Yo no encuentro diferencias relevantes para lo que nos importa. Pensemos en los supuestos que queramos: un ciudadano ha firmado un crédito válido que ahora no puede pagar porque le han venido muy mal dadas y le han pasado multitud de desgracias; alguien es juzgado por un delito que cometió un día de ofuscación, pero es una gran persona de siempre que nada más que tuvo ese fallo que va a arruinar su vida y la de su familia; la empresa de alguien, sacada adelante con grandísimo esfuerzo, va a quebrar seguramente porque se ha producido un daño para un cliente sin culpa ni leve de la empresa, pero rigiendo en ese ámbito una regla de responsabilidad puramente objetiva; uno ha comprado una vivienda y le debe todavía al constructor mucho dinero, pero, sin culpa de nadie y por azares de la vida, esa vivienda se ha depreciado un setenta por ciento y, por tanto, ya no vale ni la mitad de lo que todavía por ella debe su dueño, etc., etc., etc.  
                El tema es para esos jueces el mismo que para el árbitro. Los casos son claros (aceptemos que lo son), norma positiva en mano, la solución que resulta de aplicar la norma positiva en lugar de saltársela deja un sentimiento de desazón e injusticia, remedios jurídico-positivos ciertos y aplicables al caso (atenuantes o eximentes, cláusulas específicas, etc.) no concurren; tampoco el margen de posible interpretación permite evitar esas consecuencias desagradables. Así que estamos como con lo del árbitro y el penalti que puede acabar de hundir al equipo Beta, colmo de la mala suerte y la desdicha.
                No sé quién sería el sádico que pudiera decir que disfruta y se alegra con aquel penalti o con los fallos en perjuicio de todos estos que van a padecer dolorosas consecuencias si se les aplica la ley en lugar de hacer valer por encima de ella la moral o la justicia. Pero la cuestión que le debe importar también y ante todo el teórico del derecho y al ciudadano consciente es esta otra: ¿de qué manera afectaría al fútbol el que se admitiera que las normas de su reglamento son derrotables desde la moral y la justicia y que debe el árbitro filtrar su aplicación para procurar que nunca una falta, un penalti, un fuera de juego, una tarjeta amarilla o una roja perjudiquen al equipo que en modo alguno merece ser perjudicado y perder el partido, o beneficien al que tampoco se merece la consecuencia favorable de la aplicación del reglamento?
                A mí me parece que en el fútbol todo cambiaría entonces. Se alteraría por completo el papel de los árbitros, que serían jueces del mérito y no aplicadores del reglamento. Así, los partidos de fútbol pasarían a ser competición de un tipo bien diverso, parangonables a concursos que un juez o jurado resuelve en razón del mérito relevante: como certámenes literarios, concursos de belleza, de destreza, etc. La naturaleza de ese deporte se trastocaría del todo, ya que, mismamente, los goles no importarían ni serían decisivos para la victoria o derrota, sino un elemento más a valorar por el árbitro, quien, además, tendría que anular los legales pero que provoquen un resultado injusto o dar por buenos los antirreglamentarios pero que ayuden a ganar al que lo merece. Y así sucesivamente. La esencia de la competición se alteraría, porque ya no se entrenaría ni jugaría para meter goles o evitarlos, sino para “seducir” al árbitro y hacerle ver los variadísimos méritos de jugadores, entrenadores y afición. No tendrían los espectadores que cantar o gritar para animar a su equipo favorito, sino, tal vez, recitar odas a la concordia universal o textos kantianos sobre la paz perpetua. Y así todo.
                Por supuesto, es obvio que seguiría habiendo equipos, intereses ligados a los equipos y buenas razones de toda clase (económicas, políticas, etc.) para que cada equipo desee vencer. Supongamos que el equipo que gana el campeonato recibe un suculento premio económico e ingresa millones por publicidad y merchandising, una razón más, y poderosa, por la que todos pretenden vencer. Mas si los árbitros ya no van a ser seleccionados por su competencia técnica, su buen conocimiento del reglamento, sus condiciones físicas apropiadas y su depurada imparcialidad acreditada año tras año, sino por su sensibilidad moral y su gran sentido de la equidad, respóndaseme a esta pregunta: ¿van a estar las directivas de los equipos -en especial de los equipos más fuertes y económicamente más poderosos- más interesadas en fichar grandes jugadores o en influir en la selección de los árbitros? ¿Será de esperar mayor o menor corrupción en el fútbol y en cuanto al sistema arbitral? Incluso, ¿terminaría por haber más o menos violencia en el fútbol y sobre los árbitros?
                Tengo muy claras mis respuestas. Y también opino que exactamente lo mismo que decimos para el fútbol y los árbitros vale para la vida social en general y para los jueces. Si queremos hacerlos sacerdotes de la justicia y señores de las reglas del juego a las que llamamos derecho y que, en democracia, entre todos ponemos, el mundo no se va a acabar, ciertamente, pero estaremos jugando a otra cosa, retornaremos a tiempos pretéritos, será más sólido el imperio de los más fuertes y estarán o estaremos particularmente desprotegidos los que no podemos aspirar a más defensa que las que nos brindan las reglas jurídicas que en común tenemos y que se aplican por jueces que no miran más cosas que las que para la norma vienen a cuento.
                Por poner otra comparación: el día que a mí, profesor universitario, me digan que la calificación de mis estudiantes no debe venir determinada por la puntuación lograda en el examen y en aplicación de un baremo general y conocido, sino por factores como las circunstancias personales de cada cual (quién está contento o quien anda deprimido, quién tiene más dinero o es más pobretón, quién es varón o quién mujer, quién tiene éxito social y quién vive corroído por mil complejos…) o lo que cada uno merece por motivos ajenos al estudio y el rendimiento académico, me iré con la música a otra parte y tendré que dejar que mi puesto lo ocupen confesores, terapeutas, trabajadores sociales y, ante todo, tiralevitas en general. Eso mismo que para mí quiero como juez del rendimiento de mis alumnos lo deseo para los jueces de mi Estado que en derecho hayan de juzgar de mis conductas y las de mis vecinos. Aspiro a árbitros imparciales, buenos reglamentos y decisiones que los apliquen no moralinas de baratillo ni pedagogos, psicólogos sociales o economistas en los tribunales de justicia o murmurando a la oreja de los magistrados. Tal vez estoy confundido, pero juraría que la Constitución me da la razón.

07 febrero, 2016

Tesis doctorales. Por Francisco Sosa Wagner



Al ciudadano que no esté muy al tanto de lo que ocurre en la Universidad española quizás le interese saber que, en estos meses que inician los compases del año 2016, las tesis doctorales se están leyendo en nuestras Facultades en racimo siendo, en principio, un misterio la causa de tal frenesí. Porque las preguntas se multiplican: ¿habrá sido inoculado en el español el bacilo del estudio y de la investigación? ¿padecen las plumas urgencias mal contenidas? ¿buscan los doctorandos desahogos que otros encuentran en los paraísos artificiales? ¿algún laboratorio de complementos vitamínicos ha asociado la lectura de una tesis con el bienestar del cuerpo? ¿algún psicólogo de campanillas ha vinculado el trance doctoral al mejor gobierno de las pasiones?

En puridad, nada de eso ha ocurrido. La causa es más sencilla de explicar y voy a tratar de hacerlo. Todo viene de la afición descontrolada a los disparates que cultiva el legislador que se ocupa de la Universidad. Se trata de un sujeto que no descansa, que jamás se fatiga, que en cuanto olfatea un buen dislate en el horizonte se pone en tensión, enarca las cejas, ensancha sus ollares, expande sus facultades olfativas, despliega sus peores ardores y se pone en trance. Un trance, ay, que acaba en la promulgación de un decreto, de una ley o de algún otro exceso boletinesco pues que nada ni nadie puede detenerle.

Atención a este legislador del que hablo porque nunca desaprovechará la oportunidad de ocasionar un estropicio. Su disposición de ánimo es inmarcesible; su puntería, infalible.

En esta ocasión ha engendrado la idea de fijar una fecha límite para la lectura de las tesis doctorales. Es decir, ha puesto un plazo infranqueable a lo que toda la vida ha sido el producto de una gestación pausada, según un ritmo cauto e impulsado por el ingenuo deseo de estudio, por la curiosidad, circunstancias estas que iban dando a luz los trabajos madurados en la penumbra de las cavilaciones personales y que luego eran presentados en una Facultad como una tesis doctoral.

Si algún lector quiere distraerse en sus viajes en tren le aconsejo que se fije en algunos compañeros de asiento que son profesores universitarios. Hay centenares en trasiego constante: que vienen de una tesis o que van a una tesis y que tienen en sus agendas un abultado número de compromisos análogos que les angustia porque los hay muy disciplinados que las leen en su integridad y las anotan con el  rigor implacable de un monje medieval. Compañeros míos he encontrado que se recorren centenares de kilómetros para poder colocar el birrete doctoral a dos o tres estudiosos en un mismo día. 

Nuestro temible legislador, incansable como digo, despierto y vigilante, debió de advertir que había mucho doctorando con poca acometividad y, a través de las páginas del Boletín, le ha conminado a rendir sus trabajos de forma inexcusable y perentoria. De manera que España carecerá de otras razones para estar orgullosa de su Universidad pero podrá pavonearse de haber conseguido que se lean en pocos meses centenares de tesis y de exhibirse así en uno de esos certámenes de números y cábalas que se conocen con el nombre de estadísticas.

Cada vez es para mí más claro que el legislador universitario merece un homenaje nacional. Gracias a él una multitud de tesis doctorales alza hoy sus copas al cielo y busca su cobijo a la sombra del pensamiento bien concertado.

16 enero, 2016

¿Qué desigualdades son injustas?



                Hace poco me entretuve y pasé un buen rato leyendo aquel artículo de John Kekes titulado “A Question for Egalitarians”[1]. Empezaré por situar y resumir este trabajo de Kekes.
La filosofía política tiene, como es sabido, unos pocos problemas centrales y que le dan sentido. Uno es el de qué legitima el poder político y qué justifica racionalmente la obediencia de los ciudadanos; o, dicho de otra forma, por qué podemos aceptar racionalmente que es mejor y más justo que nos sometamos al poder político en lugar de vivir con plena libertad personal y campando cada uno a sus anchas. Otro gran tema es el de cómo se deben repartir entre los miembros de la sociedad los recursos existentes o los beneficios y las cargas para que se pueda decir que la sociedad es justa. Se trata del sempiterno problema de la justicia distributiva. Cuando aquí, en filosofía política, se habla de reparto o distribución justos no se está aludiendo a los mandato de la moral individual de cada quien, mandatos que le indicarán qué debe dar a los otros, qué puede reclamar de los otros o qué puede o debe quedarse él. Cuando en filosofía política nos referimos a la justicia en la distribución presuponemos un elemento coactivo, pues aludimos a cómo debe el Estado, valiéndose de su aparato jurídico y, por tanto, coactivo, distribuir entre sus ciudadanos ciertos bienes, a fin de que sea justa esa sociedad estatalmente organizada.  
                En tema de justicia distributiva las posiciones extremas vienen dadas, por una parte, por aquellos que niegan que el Estado tenga nada que distribuir, pues lo único que lo legitima es la garantía para todos de su integridad física y psíquica y de  la máxima libertad. Lo que quiere decir que lo único que el Estado distribuye, y en igualdad, es la seguridad personal. Es el planteamiento del liberalismo anarquizante, de los ultraliberales también denominados “libertaristas”, de los que Nozick sería un buen ejemplo. En esas teorías no queda prácticamente espacio para la justificación de ninguna política distributiva o redistributiva llevada a cabo por el Estado, salvo en la corta medida necesaria para mantener económicamente el mínimo aparato de seguridad que garantiza a todos la vida, la integridad, la libertad y la propiedad, que es secuela o condición de la libertad.
                En el polo contrario están las doctrinas igualitaristas radicales, las que opinan que la única distribución justa sería la perfectamente igualitaria, al menos en lo referido a los bienes básicos o esenciales para la felicidad de cada cual. El viejo ideal comunista plasmado en el lema de “a cada cual según sus necesidades, de cada cual según sus capacidades” podría traerse como ejemplo. Así como los “libertarios” absolutizan la libertad al precio de sacrificar cualquier pretensión de distribución económica por el Estado, los igualitaristas radicales pueden prescindir de la libertad en aras de la coacción que el Estado tendría que aplicar para conseguir que nadie tenga más que nadie.
                Entre esos dos extremos se muevan muchas otras teorías. La más influyente y más presente en el debate ha sido la de John Rawls, desde que se publicó en 1972 su Teoría de la Justicia. Para Ralws, las desigualdades sociales y económicas, las desigualdades en la distribución de los bienes básicos, solo son admisibles si repercuten en beneficio de los que estén peor. Es decir, si el que tiene menos suerte, el que ha venido al mundo con peores cartas está mejor en una sociedad con reparto desigual (y en la que a él le toca la peor posición) de lo que estaría en una sociedad perfectamente igualitaria. En otras palabras, solo estará justificado que haya ricos allí donde los pobres estén mejor que si no hubiera ricos. Además, las distintas posiciones sociales no pueden estar predestinadas por criterios como raza, sexo, cuna, o similares, sino que las mejores posiciones tienen que ser por igual accesibles a todos bajo condiciones de igualdad de oportunidades. Las cartas no puede estar marcadas y solo de ese modo la partida dará resultado justo. Así que, conforme a ese enfoque de Rawls, los estados tienen que poner en práctica políticas redistributivas para compensar, al menos hasta ese límite, a quienes tienen la peor de las suertes, a los más menesterosos. Que mediante la coacción estatal se limite la libertad y la propiedad y se redistribuya riqueza se justifica en nombre de esa igualdad básica que es condición racional de justicia, según Rawls.
                Más recientemente, una doctrina bautizada por Elisabeth Anderson (que la critica) como “luck egaliatarianismo” o “igualitarismo de la suerte” ha resaltado algo que ya estaba presente en Rawls: que también hay que igualar o compensar a los que están peor como consecuencia de que han tenido peor suerte, sea en la lotería natural (han nacido menos listos, menos hábiles, menos fuertes, menos voluntariosos…), sea en la lotería social (han nacido en un medio familiar y social más humilde o menos afortunado). Hay un acuerdo bastante general en que cada cual merece la suerte de la que es responsable, la que corresponde a sus elecciones propiamente tales. Por ejemplo, si yo, profesor universitario, que he tenido una formación extensa y que estoy en mis cabales, decido mes tras mes jugarme mi sueldo al bingo y me arruino y no me queda para comer, la culpa será mía y no se dirá que es injusto que pase hambre o no pueda ir al cine. Pero si soy una persona que ha nacido con muy limitadas capacidades o he tenido un accidente que ha mermado mi discernimiento, malamente se dirá que es justo que sufra las consecuencias de mis malas elecciones.
                Los igualitaristas, y en particular los “igualitaristas de la suerte”, consideran que los talentos con que cada cual nace o que cada uno tiene no son mérito suyo y que, por tanto, no merece exactamente o por completo lo que gracias a ellos consigue. Tampoco el que los tiene escasos merece la mala vida que posiblemente tendrá. Así que nada hay de injusto, sino al contrario, en compensar a estos últimos dándoles el Estado lo que detrae coactivamente de lo que los primeros consiguen. Eso sería una exigencia de la más pura y racional justicia distributiva. No tienen los desafortunados por qué vivir peor que los afortunados o, al menos, no está justificado que haya considerables diferencias entre el bienestar o los recursos de unos y de otros.
                Son las teorías igualitarias de la justicia social las atacadas por John Kekes en el artículo que antes mencioné y que paso a resumir[2].
                Según los igualitaristas, la sociedad es más injusta cuantas mayores sean las desigualdades en bienes primarios entre los individuos, y más justa cuanto más se reduzcan. Bienes primarios son los que condicionan el que se viva una buena vida, cosas tales como sueldo apropiado, atención médica, educación, seguridad física, vivienda y similares. “Todas las desigualdades importantes están injustificadas si no benefician a cada uno en esa sociedad”, según los igualitaristas, y así lo han defendido grandes autores como John Rawls o Thomas Nagel, entre tantos (658). Es esa concepción del igualitarismo la que aquí se quiere poner a prueba.
                Ese igualitarismo presupone que dichas desigualdades injustificadas requieren la redistribución de bienes primarios, tomándolos de unos para pasárselos a otros, a los que están peor. Medidas al respecto son, por ejemplo, los impuestos progresivos, la discriminación positiva y los programas de igualdad de oportunidades, así como el tratamiento preferente para ciertas minorías o para mujeres o una gran cantidad de políticas de lucha contra la pobreza (658).
                Presenta Kekes una tabla extraída de estadísticas oficiales en Estados Unidos[3], que demuestra que la perspectiva de vida de las mujeres es más alta que la de los hombres, con una diferencia de unos siete u ocho años. Es una desigualdad seria, porque la expectativa de vida es un bien primario de los más importantes. “Normalmente es mejor vivir más tiempo, pero por término medio los hombres viven un diez por ciento menos que las mujeres” (659). Es, pues, una desigualdad injustificada, porque no puede mostrarse que repercuta en beneficio de todos. Eso no beneficia ni a los varones ni a las mujeres, que también pueden sufrir y resultar gravemente perjudicadas por la muerte de ellos (659). Citando textualmente a Rawls o a Nagel, resalta Kekes que esa inmerecida desigualdad de los hombres debe ser combatida o compensada. ¿Cómo?
                Los igualitaristas tienen que responder, según nuestro autor, dando preferencia a los varones, en mera aplicación del rawlsiano principio de diferencia. Ahora bien, a la expectativa de vida no se le pueden aplicar directamente políticas de reparto, como caben, por ejemplo, con el dinero. Pero sí son posibles medidas indirectas. “Recursos disponibles que sirvan para alargar la expectativa de vida deben ser redistribuidos de las mujeres a los hombres y las inmerecidas desigualdades deben ser compensadas de alguna manera” (en esto último cita Kekes de modo literal a Rawls) (660).
                ¿Qué medidas cabrían? Habría que procurar mejor salud a los hombres que a las mujeres, equiparando las expectativas de vida a base de alargar la de ellos y de acortar la de ellas. Como en la tasa de muertes influyen también cosas tales como la peligrosidad de los trabajos o el estrés o cansancio, habría que emplear a menos hombres y más mujeres en los puestos de mayor riesgo para la vida y la salud o brindarles a ellos mayores descansos laborales que a ellas. También cabría jubilar a los varones más pronto y darles mejor tratamiento económico y sanitario cuando sean pensionistas. Si varones y damas contribuyen igual a la financiación de la sanidad pública, habrá injusticia, bajo el punto de vista del igualitarismo, pues ellos resultan discriminados y están subsidiándolas a ellas (661).
                Como la equiparación solo puede ser lenta y llegar al cabo de un tiempo largo, entretanto hay que compensar a los hombres, pues están en peor situación. Se les deberían brindar tratamientos preferentes para que su vida, más corta, sea al menos de más calidad y se compense lo uno con lo otro. Por ejemplo, con políticas públicas de mejora de su tiempo libre y su disfrute personal (662).
                Dice Kekes que todo eso suena, con razón, absurdo. Pero que lo expuesto no es más que coherente aplicación de los postulados del igualitarismo, por lo que es en esas doctrinas donde está el sinsentido, y que hay por eso que cuestionar las políticas que los igualitaristas respaldan, como las antes citadas (662).
                Según Kekes, ¿qué pueden responder los igualitaristas para librarse de esta objeción? Dos respuestas principales pueden dar.
                En primer lugar, pueden alegar que los grupos que hoy en día se benefician de esas políticas de igualación reciben sus ventajas y compensaciones porque en el pasado han sido víctimas del maltrato social y han padecido desventajas que eran evitables, como explotación, prejuicios, discriminación, etc., lo que no ha ocurrido con los hombres en relación con su menor expectativa de vida (662-663). Según Kekes, esta objeción no se sostiene. Primero, porque dentro de aquellos grupos, y también entre las mujeres, hay individuos que eran ricos y no han sufrido perjuicios, al igual que entre los grupos dominantes, como los hombres, los hubo pobres y con muy dura vida, que sufrieron fuerte injusticia. Si, según los igualitaristas, es el que se halla en una injusta inferioridad el que debe ser compensado, no se puede localizar a las víctimas meramente como miembros de un grupo -mujeres, de tal o cual raza, etc.-, pues dentro de ese grupo puede haberlos que no hayan soportado esa injusticia o que se hayan beneficiado mucho del padecimiento de los otros. Y también puede haber casos en que concretos individuos que están peor se encuentren así o por mala suerte a nadie imputable o por acciones de las que ellos mismos son responsables (663). Mas, sea como sea, los igualitaristas quieren que sea compensado el que está peor, tanto si es responsable de su propia situación como si no. Si es así, hay perfecta analogía entre la situación como desaventajados de los hombres, que tienen menor expectativa de vida, y la situación de cualesquiera de esos otros grupos que se benefician de las políticas sociales de igualación, como pobres, mujeres, minorías, etc. (664).
                El segundo argumento que, según Kekes, los igualitaristas pueden dar para evitar el absurdo de que su doctrina implique que haya que aplicar políticas redistributivas en favor de los hombres y en perjuicio de las mujeres como consecuencia de aquella diferencia en la expectativa de vida, consiste en decir que el error está en sostener que deban ser combatidas las desigualdades en bienes primarios del estilo de la expectativa de vida. Las desigualdades a superar serían las que se refieren al conjunto de bienes primarios de los que depende la vida en buenas condiciones, no la referida a tal o cual de esos bienes. Atendiendo al conjunto como tal, aunque la expectativa vida de los hombres sea más baja, está esa desventaja compensada con otras ventajas en cosas tales como empleo, educación, sueldos, etc. Es más, mirando a tal conjunto son las mujeres las que sufren desigualdad y se justifican las políticas de igualación en su favor (664).
                Si la desigualdad que importa concierne al conjunto de los bienes primarios, lo primero que se tiene que aclarar es qué ingredientes forman ese conjunto, qué cosas son bienes primarios a estos efectos (664-665). Los igualitaristas, dice el autor, no dan esa relación de tales bienes y solo presentan caracterizaciones generales de los mismos, como cuando Rawls indica que son cosas que se supone que toda persona racional quiere. Las listas que ofrecen son meras ejemplificaciones “impresionistas”, como cuando el mismo Rawls enumera cosas como derechos y libertades, poderes y oportunidades, ingresos y riqueza. Esos, según Rawls, son bienes sociales primarios. Junto a ellos están otros bienes primarios que son bienes naturales, como salud, fuerza, inteligencia o imaginación. Señala Kekes que esa lista de Rawls es, evidentemente, incompleta y puramente ejemplificativa y que un sujeto racional puede desear muchas otras cosas que hacen plena su vida, como relaciones sexuales satisfactorias, un puesto de trabajo interesante, éxito, ausencia de sufrimiento, no morir prematuramente, no ser humillado o puesto en ridículo, etc. “¿Cómo va a ser posible saber quién está peor en cuanto a los bienes primarios en su conjunto, si no se ha especificado cuáles son esos bienes que integran tal conjunto?” (665).
                Pero supóngase, dice Kekes, que se tiene esa lista de bienes primarios. El problema, entonces, sería el de calcular quién está peor o mejor respecto de ese conjunto. Da el siguiente ejemplo. Dos personas están en igualdad en todos los bienes que cuentan, menos en lo siguiente: una tiene un empleo menos satisfactorio y otra está en peor situación en cuanto a libertad de expresión. ¿Cuál de las dos está peor y debe ser igualada? Y las situaciones reales son mucho más complejas. Si lo que se toma en consideración es el conjunto de bienes primarios, las comparaciones se hacen imposibles, son cálculos inviables a ese nivel conjunto (665). Seguro que por eso las actuales políticas de igualación no se aplican atendiendo a tales conjuntos, sino por referencia a grupos sociales particulares: pobres, mujeres, minorías… Por eso, por ejemplo, cuando mujeres o minorías son objeto de un trato preferencial no se atiende a cuál es el sueldo que cada mujer o miembro de la minoría beneficiada recibe (665).
                Pueden los igualitaristas aducir que los bienes primarios que deben considerarse a efectos de distribución justa son bienes sociales (derechos, libertades, poderes, recursos económicos…), no bienes naturales, como salud o coeficiente intelectual. La expectativa de vida sería un bien natural, no un bien social y, por consiguiente, sobre eso no cabe control ni política de redistribución (666).         
                Opina Kekes que ese planteamiento no es convincente, por varias razones. Primera, porque aun cuando no es posible una distribución directa de bienes naturales, sí lo es una distribución indirecta. Así, no se puede controlar directamente la expectativa de vida, pero sí indirectamente, a través, por ejemplo, de políticas de salud, laborales, etc. (666). Segunda, porque es viable establecer compensaciones del reparto desigual de bienes primarios; por ejemplo, dando vacaciones más largas o jubilaciones más tempranas a los del grupo con menor expectativa de vida (667). Tercero, porque los igualitaristas, como Rawls, insisten en que las políticas sociales y redistributivas deben hacer que nadie sufra desigualdad por culpa de su mala suerte y de circunstancias que no están bajo su control personal, y ese es el caso de la expectativa de vida.
                Estima este autor que aunque podamos contemplar como algo moralmente lamentable que unas personas tengan peor suerte que otras, de ahí no se sigue con necesidad que la sociedad deba hacer algo para corregir o compensar. Medidas de corrección o compensación están plenamente justificadas cuando la desigualdad es evitable y se debe a cosas tales como discriminación, explotación, prejuicio o actos similares de injusticia social, en cuyo caso una sociedad justa debe organizar política para prevenirlos. Pero hay otras desigualdades que no se deben a injusticia social, sino a mala suerte personal. “Los igualitaristas han de dar razones convincentes en favor de su tesis de que en tales casos hay una exigencia moral de redistribución y compensación, especialmente cuando esas medidas suponen privar a otras personas de lo que estas han adquirido legítimamente” (668).
                En conclusión, para Kekes, si los igualitaristas perseveran en su idea de que también deben corregirse las desigualdades no debidas a prácticas sociales e institucionales, entonces deberían estar de acuerdo con esa propuesta que a tantos parecerá absurda: que la desigualdad en expectativas de vida, que perjudica a los varones, debe ser reformada o compensada tanto favoreciéndolos a ellos como dando un tratamiento más perjudicial para las mujeres, hasta que la igualdad en eso se logre.

                Ha habido más de un intento interesante para responder a ese reto de Kekes. Aquí voy a aludir nada más que al trabajo de Linda Barclay titulado “The Answer to Keke´s Question”[4]. Para esta autora, los igualitaristas no dicen sobre bienes como la expectativa de vida lo que Kekes les atribuye.
                En primer lugar, Barclay se refiere a Rawls y a su interpretación por Kekes. Para Rawls, las desigualdades pueden darse respecto de bienes primarios naturales (como la inteligencia o la salud) y bienes primarios sociales (como los ingresos económicos, la atención sanitaria, la educación…). Las desigualdades en bienes naturales primarios no son en sí injustas, solo son resultan injustas cuando afectan a la distribución de bienes sociales primarios. Únicamente entonces estamos ante desigualdades que se han de corregir mediante políticas redistributivas, a no ser que el mantenimiento de dichas desigualdades vaya en beneficio de los menos favorecidos (por comparación a cómo estarían si las desigualdades en esos bienes sociales primarios se suprimieran).
                Para Kekes la desigualdad en expectativas de vida es de ese tipo, pues afecta a un bien primario y no beneficia a los que estén peor. Olvida Kekes, según Barclay, que las desigualdades en bienes naturales primarios solo son injustas, en Rawls, si se toman como base para desigualdades en la atribución de bienes sociales primarios y esas desigualdades no benefician a los desfavorecidos. Y ese no es el caso en cuanto a la desigualdad en expectativas de vida. La desigualdad en expectativas de vida no afecta a la distribución de bienes sociales primarios. El principio de diferencia de Rawls nada más que se aplica a la distribución de bienes sociales primarios. Por eso el ejemplo que Kekes maneja no vale como objeción al igualitarismo rawlsiano ni engendra para este el absurdo que Kekes pretende.
                Me permito poner un ejemplo de mi cosecha. La desigualdad en estatura, entre altos y bajitos, es una desigualdad natural y podemos asumir que vitalmente tienen más ventajas los altos que los bajos. Pero solamente se convierte en injusta dicha igualdad si es tomada como referencia para un reparto desigual de bienes sociales, como pueda ser la riqueza o el poder o los derechos, de manera que a los altos se les atribuyan derechos que los bajos no tienen o ingresos económicos proporcionados a su altura, y siempre que eso no acabe por beneficiar más a los pequeños que si hubiera un reparto igual.
                Insiste Barclay en que aunque sea cierto que la expectativa de vida de las mujeres es más alta, eso no se refleja en un superior disfrute por las mujeres de bienes sociales primarios, no se toma como referencia para darles a ellas mayores sueldos o mejor atención sanitaria, pongamos por caso. Por consiguiente, no hay nada que un seguidor de Rawls vea como merecedor de corrección mediante políticas distributivas. De ahí que no haya lugar para considerar aquellas medidas en favor de los hombres y en perjuicio de las mujeres que Kekes proponía para mostrar el absurdo de la teoría de Rawls en la práctica. Bien al contrario, el igualitarista señalará que medidas así empeorarían la posición ya desigual y de desventaja de las mujeres en el reparto de bienes primarios sociales.
                Luego se plantea Barclay si el argumento de Kekes vale contra otros igualitaristas, aunque fracase frente a Rawls. Los hay que, como Arneson, mantienen que aunque sea igualitario el reparto de bienes sociales primarios entre dos personas, estas pueden seguir encontrándose en una desigualdad merecedora de corrección. ¿Quedan estas otras teorías igualitaristas tocadas por el ataque de Kekes?
                Kekes resaltaba que si de cuestionar las desigualdades en bienes naturales se trata, son tantísimas (estatura, inteligencia, capacidad atlética, aptitud para las matemáticas o al arte…) que es inviable hasta hacer una lista de las que se deban corregir o compensar. Pero, aclara Barclay, los igualitaristas más radicales que Rawls y que rechazan que este se fije nada más que en la desigualdad en bienes sociales no pretenden que sea injusta toda desigualdad en bienes naturales, no caen en semejante absurdo. No, esos igualitaristas toman en consideración las desigualdades naturales tan solo en los que afecten a la igualdad de oportunidades para el bienestar, según unos (como Arneson), o a la igualdad en la aplicación de sus capacidades, según otros (como Sen). Así que sí tienen esos igualitaristas un patrón de medida para ver qué desigualdades importan, por lo que sus enfoques no padecen bajo la acusación de Kekes de que no es posible hacer una lista de todas las desigualdades naturales ni tiene sentido cuestionarlas todas. Y Kekes no ha demostrado que la expectativa de vida sea uno de los elementos relevantes para esos igualitaristas de uno u otro signo, uno de los elementos condicionantes de la posibilidad de bienestar o de la posibilidad de desarrollar las capacidades individuales. Pero, aunque lo fuera, esos igualitaristas no rawlsianos no admitirían que políticas favorables a los hombres por tal razón pudieran poner a las mujeres en una situación de aun mayor desigualdad perjudicial; es decir, en todavía peores condiciones de alcanzar bienestar o desarrollo de sus capacidades. El absurdo real lo verían los igualitaristas en esas políticas distributivas que, según Kekes, son consecuencia inevitable de sus teorías.


[1] Originariamente publicado en Ethics, vol. 104, nº 4, julio 1997, pp. 658-669. La primera parte de tal artículo se recoge también en: C. Farrelli (ed.), Introduction to Contemporary Political Theory, Londres, Sage, 2004, pp. 45-50.
[2] Entre paréntesis irán las páginas de la publicación en en Ethics, vol. 104, nº 4, julio 1997, pp. 658-669.
[3] U.S. Bureau of Census, Statistical Abstract of the United States, 114th ed. (Washington, D.C., 1994), p. 87.
[4] Ethics, vol. 110, nº º (octubre de 1999), pp. 84-92.