28 julio, 2014

Espumas veraniegas. 1. Amantes



Con estas cosas nunca se sabe, pero yo tengo una impresión: ya no hay amantes; o apenas. Al menos en España. Tendrán fugaces amoríos los más jovenzuelos o abundarán los juveniles encames en noches de farra y botellones, pero la gente de cierta edad ya no se no se da el amoroso encuentro clandestino.

Me refiero al burgués y la burguesa de clase media y provinciana. Puede que en materia de sexo se hayan relajado un tanto las costumbres y no me extrañaría incluso que más de uno o de una encontrara el tácito asentir de su pareja oficial o la resignada tolerancia de estos tiempos en que, hasta en casa, se mira el prohibir con malos ojos. No, no es propiamente que nos haya asaltado un nuevo puritanismo; es peor, porque no es por convicciones o para cumplir promesas de fidelidad y uso exclusivo.

Antaño se aplicaba a la pareja un férreo sentido de propiedad que excluía con saña el préstamo o el ajeno usufructo. Hoy la indiferencia nos puede y la pereza nos quita del debate público y de la pugna doméstica, y más de cuatro consentirían la aventura extraconyugal de la contraparte con tal de que no volviera a casa el pillín explayándose en el relato o adornando con fruición los pormenores de la escapada. Andamos demasiado ocupados con los quebraderos de cabeza laborales o estudiando los fichajes para la nueva campaña futbolística, cuando no atosigados con las instrucciones de algún electrodoméstico de alta tecnología o absortos en superar niveles en un juego de ordenador o tableta. Podría pensarse que la ola de autismo que nos invade es terreno abonado para la cana al aire de la pareja inadaptada o proclive a echarse al monte cada tanto. Los hay que por tener menos que hacer en compañía, estarían bien dispuesto a repartirse ciertos trabajos con el voluntario externo o mediopensionista.

Son de otro calibre, pues, las mayores pegas. Los amoríos extracurriculares requieren un esfuerzo y una disciplina, algo de constancia y ciertos gastos. Y ahí sí que ya no. Puede que si se impusiera el aquí te cojo, aquí te mato, hubiera todavía quien dudara. Pero por todos los santos, una cena y unas horas de motel demandan dramáticas rupturas con las rutinas y los hábitos bien asentados. Se te puede olvidar tomar las pastillas de antes de la comida y las de después si la pasión te embarga o el otro te mira intenso, a lo mejor no te apetece explicar al ilusionado compañero que ya no bebes vino porque te produce gases el tinto y al blanco no te haces, y a ver quién se finge poseído por las eróticas ínfulas mientras come con agua o se pide el café con sacarina y muy clarito, y sin copita a los postres porque no entra en el precio del menú.

Y luego lo del conversar. Cuentan que antaño los amantes se regodeaban en la confidencia y se quitaban la palabra para explicarse los avatares más emocionantes de las respectivas biografías. Hoy las emociones suyas sobre las que puede cada uno disertar a la luz de las velas no pasan del viaje en chárter para ver la final de la Champions en Lisboa o de aquella vez que en la oficina estaban casi todos de baja y hubo que hacer dos horas extra que, para colmo, no nos pagaron, mira qué interesantes las vivencias. Y cómo reprimir el bostezo cuando la otra parte, enardecida, se explaya con pormenores sobre las torpezas de la última peluquera o que piensa cambiar las cortinas del salón pero Pepe no quiere, que ya sabes cómo es y no se fija en nada.

Tomarse de la mano y entrecruzarse unos dedos con tácitas promesas ya tampoco se puede, pues cada poco el móvil ronronea y hay que mirar si entró un guasap o responderle que sí al niño que te pide el coche para el fin de semana. Luego, perdona, tengo que contestar porque llama mi primo y estoy pendiente de que me confirme si al fin me vende el coche, ¿sabes?, porque va a comprarse un Volkswagen y lo estoy convenciendo para que me venda su Fiat viejo con una rebajita. A los postres, los cómplices están más ligados que nunca en el bostezo y prestos a volver a casa sin más cuentos, pues mañana salimos para Oropesa porque nos hemos pedido unos moscosos mi pareja y yo y hemos pillado una oferta increíble en un hotel con jacuzzi y todo. Además, me ha dado ardores de estómago la ensalada de mango y si quieres quedamos otro día y charlamos más, corazón. Qué quieres que te diga, también estoy algo dolido porque no me has comentado nada de mi nuevo iphone.

Pero creo que la madre de todas las desdichas es el dinero, la pasta. La gente acude a las citas alternativas con lo puesto, diez euros o así, y cuando llega la cuenta de la económica pitanza se miran por vez primera con genuina ternura de paga tú, que es que me olvidé en la mesilla del hall la cartera donde guardo cincuenta euros para una ocasión, y hasta las tarjetas, qué contrariedad. Así que de hoteles y moteles a qué hablar, a no ser que alguno saque el papelillo de alguna promoción porque al comprar el sofá nuevo le dieron una noche de estancia a elegir en un tres estrellas y, entonces, excitados, llaman y comprueban que esas plazas sólo son para miércoles impares y mejor lo dejamos para otro día o esperamos a ver si el mes próximo mi primo se va unos días a la Manga del Mar Menor con la familia y me presta las llaves del apartamento.

Hay, al fin, alivio en la despedida, porque como en casa no se está en ningún lado y hoy ponen el último capítulo de la temporada de Juego de Tronos, y eso sin contar  que con las prisas y el despiste he venido sin depilar o no me he cambiado a tiempo estos calcetines que tienen más tomates que un invernadero almeriense.

La vuelta al hogar es tranquila y, sobre todo, sin remordimientos ni riesgos. Sí, estuve tomando un vino, ya sabes, pero antes del ya sabes el cónyuge se ha dormido feliz y condescendiente, tranquilo y sabedor de cómo son las cosas porque el viernes pasado también salió con los compañeros y regresó a casa a la misma hora e igual de entero, comentando que caray, cómo me repiten los champiñones y en la gasolinera me encontré a Felipe, que se ha comprado un BMW y no sé cómo puede, con su sueldo.

En la virtud está la penitencia. Pero lo importante es gastar poco y no estresarse

10 julio, 2014

¿Impunidad vs. garantías? O de cómo sancionar la corrupción política y administrativa



En estos años y en España, un doble fenómeno está sumiendo a los ciudadanos en la perplejidad y el enfado. Por un lado, crecen y crecen los casos de corrupción política y administrativa que se van conociendo, fundamentalmente por obra de los medios de comunicación y por el buen trabajo de ciertas unidades de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y pese a la reticencia y el obstruccionismo de gobernantes y grandes partidos y sindicatos. Por otro lado, son proporcionalmente muy escasas las condenas o las sanciones en general para los corruptos, o son percibidas como muy leves, como desproporcionadamente leves. La sensación generalizada es, pues, que corromperse compensa, bien porque la persecución legal y judicial es escasa y muchos se van de rositas, bien porque aun para los procesados y condenados acaban en muchos casos siendo mayores las ganancias acumuladas que las desventajas padecidas.

Esta situación da pie a una reacción social un tanto perniciosa y de doble faz. Por una parte, se produce una reacción punitivista, se reclama que se tipifiquen nuevos delitos y, sobre todo, que se aumenten las penas de los delitos de este tipo. Con esto se desconoce que la disfuncionalidad existente no tiene tanto que ver con la legalidad penal vigente, como con defectos estructurales en el sistema de Justicia y, más que nada, de organización de la persecución del delito. Las taras de nuestro sistema jurídico o jurídico-político son, a estos efectos, de tres tipos, y se requerirían reformas serias y bienintencionadas en tres ámbitos:
                a) Normativa procesal. Hay que acotar mejor determinados poderes del juez que hace las instrucción penal, para evitar, por ejemplo, que una dilación de años y años en la instrucción equivalga, a efectos prácticos, a una situación de bloqueo sin fin, de prolongación prácticamente ilimitada de la falta de consecuencias para situaciones en las que a todas luces hay indicios más que razonables de delito. Un juez que, por las razones políticas o personales que sean, no quiera imputar y hacer que se pase al proceso penal, que se abra la fase de juicio oral, puede sobreseer (lo cual será muchas veces muy descarado), pero puede también alargar la instrucción sine die, infinitamente, años y años y más años.
                b) De la normativa estatutaria. Aquí, obviamente y para empezar, plantea grandes problemas el estatuto del Ministerio Fiscal, fuertemente dependiente. Y vienen al caso en este apartado todas las normas relacionadas con la independencia judicial, cada día más relativizada, matizada y acosada.
                c) De medios materiales y personales. Hay una manera fácil de bloquear los resultados de una instrucción muy compleja: dejar al juez abandonado a su suerte, sin medios materiales y personales suficientes para procesar y manejar la enorme información y el tremendo trabajo requerido. Esas fotos de la juez Alaya arrastrando un maletín con ruedas valen más que mil palabras.

Por otra parte, la gente acaba sintiendo que hay una tensión irresoluble entre garantías procesales, especialmente en el ámbito penal, y justicia efectiva. Esto es, que el debido respeto a las garantías procesales y el juego de las correspondientes presunciones, empezando por la presunción de inocencia, acarrean un insoslayable efecto de impunidad para muchos de los que poca duda cabe que son culpables de graves corrupciones y de delitos económicos de gran relevancia. No puede durdarse de que se han cometido delitos, pero es muy complicado a veces probar tanto la autoría como la culpabilidad de personas concretas. Súmese el juego de cosas tales como los plazos de prescripción de muchos de estos tipos de delitos y tendremos el cuadro completo que explica el descontento y la desconfianza ciudadana frente al sistema de Justicia en casos graves de corrupción: o el delito ha prescrito cuando se denuncia o se descubre o la instrucción se alarga y se enreda eternamente o las sentencias acaban en absoluciones por falta de prueba suficiente de la autoría y culpabilidad de personas concretas.

Buscar solución por el lado del punitivismo a ultranza o de una merma general de las garantías procesales y penales es una salida con más riesgos que ventajas y que puede acabar en más daños globales que beneficios. Entonces, ¿qué se puede hacer? Propongo, tentativamente, dos vías. Una, que se termine el efecto pantalla del Derecho penal. Lo que, en sentido amplio, podemos llamar el derecho sancionatorio no se agota en el Derecho penal. Otra, que se analice la posibilidad de restringir un tanto ciertas garantías penales, pero nada más que para determinados y muy concretos delitos y en situaciones bien particulares.

Trabajemos un rato con un ejemplo, una versión ampliada o exagerada del tema reciente del Tribunal de Cuentas. Ha quedado demostrado que aproximadamente cien de los setecientos funcionario contratados que componen el personal del Tribunal de Cuentas son parientes o “allegados” de consejeros pasados o de ahora y de dirigentes sindicales dentro de la institución. ¿A alguien le puede caber duda de que se han cometido muchos y sucesivos delitos de prevaricación, entre otros? Pego hagamos una versión todavía más clara y supongamos que el Tribunal de Cuentas tiene mil empleados y que, de esos mil, novecientos (90%) son parientes cercanos de consejeros de antes o de ahora. Es absolutamente imposible, radicalmente imposible, que una plantilla así se haya formado sin amaños en los concursos y los procesos de selección.

Que habría habido delitos es indiscutible. Que se pueda probar la  culpabilidad en concreto de alguien puede resultar más dudoso. Añádanse, en nuestro ejemplo, otras circunstancias, como que ningún “arrepentido” confiese y que documentos capitales hubieran desaparecido misteriosamente o con ayuda de alguna oportuna inundación o un providencial incendio. Sabemos que tuvo que haber “delincuentes”, pero no se consigue probar quiénes en particular lo han sido. ¿Nos resignamos a la impunidad, sin más? ¿Prescindimos de garantías y presunciones y pedimos castigo penal para todos los consejeros, o todos los consejeros con pariente colocado o todas las personas que han intervenido en procesos de selección? Y si resulta que alguno en verdad es perfectamente inocente, ¿lo condenamos también, ante la imposibilidad de localizar a los auténticos culpables? ¿Aplicamos una presunción general de culpabilidad? Son alternativas dramáticas y muy poco aconsejables. Así que ensayemos alguna propuesta más matizada.

1. Empecemos por el lado penal, el más arriesgado y sutil. No debemos renunciar ni a la presunción de inocencia ni a la exigencia de prueba suficiente y más allá de toda duda razonable, ni al principio de culpabilidad. ¿Quedan, pues, todas las puertas cerradas en una situación como la descrita y estamos abocados a asumir estrepitosas impunidades? Veamos y maticemos.

En ciertos supuestos, del estilo del descrito en el ejemplo, tendría sentido atenuar un tanto la presunción de inocencia, de la mano, por un lado, de una cierta inversión de la carga de la prueba, y, por otro lado, se aplicar un principio probatorio bien conocido de penalistas y procesalistas, el llamado res ipsa loquitur. Supongamos el siguiente escenario. Yo soy consejero de ese Tribunal de Cuentas del ejemplo extremo mencionado, hace cuatro años que estoy en el cargo. En esos cuatro años han obtenido plaza de funcionarios en el Tribunal tres hijos míos, mi actual esposa, una nuera y un sobrino. Ninguno de ésos tiene una especial formación académica o una gran cualificación técnica y sus plazas las han ganado en competencia con personas de grandes estudios. Los ejercicios del concurso en cuestión se conservan y ahí resulta que, en efecto, mis parientes han respondido acertadamente más preguntas que los otros y han sacado mejor número en el concurso. Para condenarme habrá que probar que o bien yo tuve acceso a las preguntas de la prueba y se las pasé por anticipado, o bien que corrompí a alguien para que me hiciera el favor de darles tales preguntas o de dejarlos copiar en el examen, o cosa por el estilo. Yo lo niego todo y cada uno de los que organizaron y juzgaron el concurso declara que ni de lejos tuvo constancia ninguna de la más mínima irregularidad. No hay pruebas directas y claras que me incriminen.

¿No hay pruebas? Naturalmente que las hay, hay una terminante y definitiva: ningún cálculo de probabilidades y ningún azar puede llevar a que de diez plazas sacadas a concurso en ese tiempo, pongamos, seis las hayan limpiamente y en buena lid conseguido familiares míos que, además, por su menor cualificación jugaban en fuerte desventaja frente a otros aspirantes. La situación habla por sí misma y no cabe en cabeza humana mi inocencia, aun cuando ninguna otra prueba precisa y concreta concurra.

En una tesitura como la descrita, ¿se vulnera la presunción de inocencia si se me condena por el delito que pueda venir al caso? Yo diría que no, pues no cabe duda razonable de que no puedo ser inocente. Mi inocencia, en el marco de esos hechos, sólo sería posible como efecto de un azar perfectamente descartable o de resultas de la maniobra de otra persona. Veamos esto último.

Supongamos que entre los que en ese imaginario Tribunal de Cuentas del ejemplo organizan y controlan los concursos para la selección de personal hay alguien que está platónicamente enamorado de mí y que, además, me debe grandes favores. Sabe que soy persona recta que no admitiría corruptelas y, por tanto, sin consultarme ni hacerme partícipe de sus maniobras, prepara todo para que sean los parientes míos los que indebidamente logren aquellas plazas. Por ejemplo, les da a ellos las preguntas de la prueba sin que yo me entere. En tal situación, condenarme a mí implica castigar a un inocente. ¿Qué decimos a esto? Que no cuela.

Primero, porque es altamente inverosímil un contubernio así a mis espaldas. Segundo, porque tonto a más no poder tengo que ser si creo que el azar ha hecho que, contra todo pronóstico, venzan en el concurso esos parientes míos que son bastante lerdos y, desde luego, más burros que los otros competidores. Tercero, porque a ver a cuento de qué no puedo yo oponerme a que toda mi familia, tan capaz, se presente para ser funcionario o contratado precisamente de la institución en la que yo tengo mi cargo, cuando, de ser tan competentes, podrían obtener plaza en otros lugares. No, no, “la cosa habla por sí misma”, res ipta loquitur. Condenarme con nada más que esa prueba evidente no supone más riesgo de castigo al inocente del que se asume en un gran número de procesos penales; si acaso, menos.

Pero bastaría añadir un matiz de seguridad, una garantía adicional: la inversión de la carga de la prueba. Si yo pruebo fehacientemente que fue todo una conspiración completamente a mis espaldas y que soy más tonto que una infanta enamorada, que se me absuelva. Pero eso tengo que probarlo de modo claro y rotundo y, además, supone desvelar quién es el verdadero culpable. Y luego, por supuesto, si soy así de honrado debo dimitir de mi cargo, pues es evidente que malamente cumplirá en él alguien a quien, como a mí, se la dan tan fácilmente con queso. El listo culpable, castigado; el inocente taradito, dimitido.

Una última precisión. Esa condicionada y peculiar suavización de la presunción de inocencia o ese relativo juego con la carga probatoria sólo debería admitirse para determinados delitos económicos y administrativos. Y tal regulación tendría un buen efecto disuasivo y preventivo: que sepa usted que, si los hechos “cantan” por sí mismos, no le va a servir para salir bien librado la argucia de que no se le ha probado del todo el dolo o de que no está del todo claro que usted conociera que su primo era primo suyo y, además, tonto de baba cuando obtuvo puesto de gerente.

2. Pero el mundo no se acaba en el Derecho penal. Las sanciones o las consecuencias negativas tampoco se terminan en el Derecho penal. Ése es un campo proceloso. Las garantías penales son máximas, y así debe ser, pero la paradoja está en que existen sanciones administrativas más graves que algunas penas y, sin embargo, las garantías y requisitos para su imposición son menores. El principio de culpabilidad y el juego de ciertas presunciones se atenúan para las sanciones administrativas. Esto es algo doctrinalmente muy discutido, pero así funciona en verdad. Cuando a mí me imponen una multa administrativa por la comisión de alguna infracción al conducir mi coche, no se me presume inocente ni opera una exigencia probatoria del mismo grado que si se trata de aplicarme una pena.

Veamos esto más de cerca y con algún ejemplo. Un radar en carretera o una máquina en una vía urbana toma una foto de mi coche rebasando los límites de velocidad permitidos o saltándose un semáforo en rojo. Me llega la correspondiente multa y yo alego que el coche ciertamente es el mío, pero que no era yo quien conducía. ¿Puedo librarme de la multa? Sí, si indico quién iba al volante de mi auto en ese momento. ¿Y si esa persona lo niega? La multa es para mí, a no ser que pruebe o bien que era ella o bien que no pude ser yo. O sea, respondo si no pruebo que no soy el responsable de la correspondiente acción. Y, además, ahí no jugarán algunas de las atenuantes o eximentes que sí cabrían si de una condena penal se tratara.

Llevado eso a nuestro asunto, supone que cabría sentar un régimen bien estricto de sanciones administrativas para casos como el descrito en el ejemplo de antes. Quedarían excluidas, por imperativo constitucional, las sanciones privativas de libertad, pero serían perfectamente posibles sanciones pecuniarias o atinentes al ejercicio del cargo. Solamente se requeriría una adecuada regulación legal y reglamentaria.

Alguien podrá replicar que por qué no va a poder un hijo mío obtener plaza de, por ejemplo, auxiliar administrativo o letrado mayor en el Tribunal de Cuentas del que yo soy consejero en activo, por vía de concurso perfectamente lícito y limpio, y si no será discriminatorio impedírselo. La contestación parece fácil: y por qué sí. Por qué, de entre los mil y un lugares en los que se ofertan puestos de ese tipo en la Administración Pública, va a tener que presentarse precisamente a ése donde yo tengo poder, influencia y responsabilidad. Nada hay de discriminatorio en un estricto régimen de incompatibilidades. Si jugamos a ponderar, pesa mucho más el prestigio y la garantía de limpieza en las instituciones que el muy forzado derecho a no ser discriminado de ese pariente mío.  

3. Pero el Derecho a veces viene a tapar agujeros causados por el descuido y la negligencia de la ciudadanía, del pueblo en su modo de vivir y actuar. Y la utilidad del tiempo para coser lo que desgarran los ciudadanos con su incuria es limitada. Quiero decir que a ninguna norma ni reforma legislativa tendríamos que apelar si por cada corrupto sabido y con cargo el partido que lo propuso o lo nombró perdiera medio millón de votos en las próximas elecciones generales. Qué digo medio millón, bastaría que por cada choricete de ésos se quedara sin diez mil votos el partido que lo ampara y lo promociona para que en un pispás se acabara el atraco. Calcule el amable lector cuántos votos restaría el actual Tribunal de Cuentas, solamente el actual Tribunal de Cuentas, órgano de control en manos de desaprensivos e indecentes (salvo prueba en contrario por parte de alguno; y téngase en cuenta que el que calla y consiente mientras otros enchufan a sus amantes y “allegado” es responsable también, por mamporrero y soplagaitas). Pues eso.

Cada día es más difícil ser inocente; al menos moralmente inocente. Casi hace falta ser medio tonto para no compartir alguna culpabilidad y unos pocos beneficios del general expolio.

04 julio, 2014

Derechos y antojos.



El relato de hoy tiene en sí poca sustancia, pero con algo de esfuerzo podemos sacarle cierta utilidad teórica. Lo primero que uno piensa es que se va haciendo mayor, bastante mayor, pero luego constata que esa mismas cosas que pasaré a contar ahora las hacen también algunos de sus mismos años, aunque, ciertamente, en proporción menor que los más jóvenes. Me parece que lo que hay detrás no son contrastes entre generaciones, sino que estamos ante indicios de cambios sociales. Y lo más útil será plantearse qué cambios son ésos y cuáles, si acaso, sus consecuencias generales, más allá de la anécdota personal.

Para no andar en demasiadas vueltas, sintetizo un puñado grande de casos en una historia única e inventada, pero completamente representativa y significativa. Repito, es invención al hilo de la experiencia, que no se me moleste nadie en particular. Y adapte cada cual el relato a su oficio y sus vivencias.

Ponga que usted es, como yo, profesor universitario. Hace unos años apareció por su lugar una persona que quería hacer su tesis doctoral. Llamémosla Margarito. Margarito ya en el primer encuentro le explicó que estaba interesadísimo en el doctorado y que le gustaría que usted le dirigiera el trabajo doctoral. Después de darle juntos unas cuantas vueltas a la situación, acordaron un tema para investigar, el posible objeto de la tesis. Margarito le dice que sí, que ese tema puede estar bien. Y de inmediato empieza a mostrar síntomas que usted, ingenuo y confiado, no utiliza para hacer el diagnóstico debido. Pues acto seguido le dice el buen hombre que, ahora que ya tienen lo básico, le explique usted qué debe él hacer.

¿Qué debe hacer? Sí, aquí es donde las cuestiones se bifurcan, pues, por un lado, quiere saber qué trámites burocráticos y académicos debe completar, cuándo y cómo tiene que matricularse o inscribirse, cuánto cuesta, de qué plazo dispone, etc. La contestación normal y razonable sería esta: mire, buen amigo, eso le toca averiguarlo a usted, pues me ha dicho que busca director de su tesis doctoral y no una gestoría ni un secretario personal. Pero no, ahí está usted poniéndole los papeles en bandeja para que no se fatigue con burocracias ni pierda su tiempo, él, leyendo reglamentos o consultando en la oficina administrativa correspondiente. Es como si el que va para futbolista le pide al entrenador del equipo ayuda para su declaración de la renta.

La siguiente pregunta ya es la monda: ¿me podría decir qué bibliografía básica debo utilizar para mi tesis? Hombre, pues mire, eso le corresponde a usted, yo le puedo recomendar un par de libros para arrancar, pero mal empezamos si empezamos así.

Se inscribe, cumple con los trámites reglamentariamente previstos (un pequeño curso de esto, un trabajito sobre lo otro…) y al cabo de seis meses, seis, regresa con este planteamiento: ya leí aquellos dos libros que me dijo. ¿Y? Pues que a ver si me recomienda otros dos; ésos que me sugirió me gustaron regular. Usted, que ya ve que está gastando su tiempo con un mindundi algo superficial, le deja otros dos volúmenes, convencido de que no volverá a verle el pelo.

Pasan tres años, cuatro tal vez. Suena el teléfono de su despacho. Es Margarito que, con voz acelerada y tono de emergencia, le explica que necesita hablar con usted urgentísimamente. Le contesta que de acuerdo, que cómo le va mañana a las nueve. No, a las nueve no, pues no puede él. ¿Pasado mañana? No, que tampoco -dice Margarito-, pues he acumulado dos años de vacaciones y estoy pasando dos meses en Roma y recorriendo todos los museos de la ciudad, esto es fantástico, ¿ha estado usted en Roma? ¿Y cuándo regresa de Roma?, pregunta usted. Dentro de cuarenta y cinco días, pero me urge verlo esa misma semana de mi regreso. Vale, se citan para dentro de mes y medio.

Llega el día y aparece Margarito dos horas más tarde de la concertada. No se disculpa. Tiene buen aspecto, moreno, aseado, expresión risueña, desenvoltura. Va rapidísimo al grano: verá, es que me he enterado de que dentro de ocho meses finaliza el plazo para presentar mi tesis y si no la defiendo ya tendría que empezar de nuevo todo el proceso y hasta cambiar de tema. ¿Ocho meses? Sí, ya ha preguntado y le quedan ocho meses, aunque cabe una prórroga de dos más, diez meses en total. ¿Y qué ha investigado sobre su tema en estos años? Contesta: leí y subrayé los cuatro libros que usted me recomendó y hasta saqué algunas notas. ¿Cuatro libros? Sí, sí, los cuatro, no se crea. ¿Y considera usted que en estos diez meses venideros le dará tiempo a hacer mucho más y leer y trabajar a fondo las cincuenta monografías y aproximadamente los otros doscientos artículos doctrinales que tendría que dominar? Verá, de eso quería hablarle, estoy viendo que por mucho que me apure ya no me va a dar tiempo a redactar mi tesis sobre ese tema. ¿Y entonces? Pues que he pensado cambiar de tema. Ah, pues dígame. Y le dice: he oído que ha salido una ley nueva sobre mediación paterno-filial en familias desmembradas y creo que sobre tal cuestión sí me puede quedar un buen estudio, pues ya durante la carrera hice un trabajo sobre algo parecido en la asignatura de Procesal Civil. ¿Y qué ley dice usted que quiere analizar? No sé, el dato no lo tengo, pero voy a buscar la norma en cuestión y la leeré esta misma semana. Además, tengo un primo procurador de los tribunales que dice que me puede ayudar un poco y buscarme jurisprudencia.

Si usted le replica lo debido y adecuado, que es que por qué no se marcha por donde vino y que lo deje en paz, se puede indignar muchísimo y saldrá diciendo que menuda porquería de científico es usted y que bien se ve que en este país nadie apoya la investigación de los noveles. Si a usted en ese instante le falta carácter para mandarlo a la porra y le sigue dando largas, con el consejo de que bueno, que empiece y que ya veremos en qué queda todo, sus sobresaltos no habrán hecho más que empezar.

Transcurren otros ocho meses y un día Margarito vuelve. Aquí está, le dice, mientras saca de su maletín un paquetito de folios impresos, concretamente setenta y seis. ¿Y eso? La tesis, le responde ufano y cargado de satisfacción. Me costó, añade, pero aquí lo tengo todo. Ahora necesito que me indique cómo son los trámites para el depósito del trabajo y para proponer tribunal, y si se encarga usted de todo o tengo yo que hacer alguna cosa. Todo eso se lo casca Margarito con la mayor naturalidad y un punto de soberbia, casi como el que le da unas instrucciones al mayordomo.

Es una historieta real como la vida misma, pero cabrían otras mil con diversos protagonistas. Las hay también con estudiantes de licenciatura o grado. Jennifer Josefina, de segundo de carrera, ha suspendido el examen final, tiene una nota de uno sobre diez. Se presenta a revisar su examen y comprobar que no hay errores en la calificación. Usted busca su ejercicio y se lo pasa. Lo toma y, sin echarle ni un vistazo, le suelta: es que yo vengo a que me diga usted en qué fallé. Criatura, corazón, alma cándida, su nota es de uno sobre diez, es un suspenso total, no ha dado una a derechas, está mal todo. Réplica: es que yo salí del examen bastante contenta, convencidísima de que como mínimo tendría un cinco. ¿Un cinco? Sí, y eso porque ya me han dicho que usted califica bajo. Usted, tratando de mantener la calma y preguntándose por qué dejó de fumar, con lo bien que viene en un momento así encender un cigarrillo y contar hasta cien: mire, eran diez preguntas y cinco las dejó en blanco; en las otras cinco sí contesta algo, pero nada más que burradas, locuras completas, esto no hay por dónde cogerlo. Contraataca: ya, pero es que yo estudié por sus apuntes. Yo no doy apuntes, le aclara usted. Pues a mí me dejaron unos apuntes y me dijeron que eran los suyos. No sé de quién serían, pero su examen es lo que es, una chapuza completa. Jennifer Josefina: pues el que me los dejó sacó un siete, así que ya me explicará usted qué baremo es ése y cómo corrige.

Créame el amable lector, lo del doctorando feliz lo he vivido yo mismo media docena de veces y lo de estudiantes con esos ánimos lo veo cada año una vez tras otra. Ahora ya casi no me altero, pues me he ido dando cuenta de que apenas hay mala intención ni son conscientes de lo que dicen y lo que piden. Van así y son así porque así están las cosas. ¿Dónde está el fallo, si es que hay fallo?

Han ido cambiando las pautas sociales y los hábitos, las actitudes y los usos. Y se han alterado en todos, por todas partes, no sólo entre estudiantes, por ejemplo, también entre profesores. Si en mis tiempos de alumno a uno se le ocurría ir a pedirle a un profesor explicaciones por suspenderle un examen casi en blanco, los gritos se habrían oído en un par de kilómetros a la redonda y puede que ese estudiante hubiera salido por la ventana. Ahora no, y bien está. Ahora templamos gaitas, y repito que mejor alternativa será ésa que la de la agresión verbal. Eso no lo dudo. Pero entre lo uno y lo otro, no acabamos de dar con el virtuoso término medio. Por ejemplo, ¿qué me impide a mí tratar a Margarito como se merece y mandarlo a tomar vientos, por ceporro y cretino? Pues no sé, pero algo hay en el ambiente que nos tiene así, apocaditos.

Con todo, creo que el cambio social más importante es el siguiente. Vivimos en la era de los derechos, aunque sea de los derechos mal entendidos y a costa de acabar con los derechos auténticos. Ya no se estila decir “me gustaría X” o “aspiro a X” o “voy a intentar X” o “me convendría conseguir X”. Ahora se parte de un contundente “tengo derecho a X”. ¿Usted se matricula en el doctorado? Pues tiene derecho a ser doctor. ¿A ser doctor si hace una tesis buena y que pase todos los controles? No, no, a ser doctor he dicho. Toda objeción es frustración ilícita de un derecho básico y fundamentalísimo. ¿Es usted estudiante de tal asignatura de una carrera universitaria? Pues tiene derecho a aprobarla. ¿Y si hace una porquería de examen? Pues igualmente, ¿acaso no he pagado mi matrícula como cualquiera?

El ciudadano con una pequeña gripe acude a la consulta hospitalaria de urgencias. El médico le echa un vistazo y le dice que espere, que lo suyo no corre prisa y que acaban de entrar dos con aneurisma, uno que ha tenido un accidente y se desangra y tres más con un derrame cerebral. El ciudadano levemente griposo monta en cólera y organiza un escándalo porque no se satisface su derecho a ser urgentemente atendido en el servicio de urgencias.

Se parte de que toda pretensión está respaldada por un derecho indubitado y de que toda frustración de expectativa o deseo es vulneración de un derecho. El sistema jurídico se bloquea por sobresaturación de derechos imaginarios. La resolución de los conflictos se vuelve casuística y se avienen las instituciones y los operadores a examinar las circunstancias personales concretas. Aunque los setenta y cinco folios de Margarito sean una boñiga y el examen de Jennifer Josefina esté en blanco, se debe ponderar si Margarito es padre de familia, si se daña su ascenso laboral por no hacerlo doctor, si ha tenido un divorcio traumático y no sea que le vengan impulsos suicidas; y a Jennifer Josefina hay que considerarle que ya es la penúltima convocatoria en esa asignatura y que sus padres viven en la Alcarria y no pueden prepararle las cenas o si tendrá un hermano militar destinado en el Líbano y fíjate qué inquietud.

Los deseos son norma, los intereses se han vuelto imperativo social, el rigor del que juzga se ve como indicio de su carácter reaccionario y de su afán por sabotear el buen rendimiento institucional. El que tiene obligación legal de controlar se topa con incentivos perversos para aligerar la exigencia requerida. Si ése profesor al que se le presenta Margarito con su folios infames quiere acreditarse para profesor titular o catedrático, sabe que si hace la vista gorda y Margarito se doctora él tendrá un mérito más en su currículum y lo podrá alegar ante la correspondiente agencia evaluadora. Así que adelante y ahí veremos, felices y contentos, a Margarito con su título y al otro con su pose de director científico de tronío. Un amigo de otra universidad me contaba hace poco que  a todos los profesores de allá que no han aprobado al cincuenta por ciento de sus estudiantes les ha enviado la autoridad una cartita diciendo que están incumpliendo sus objetivos y que se les puede abrir expediente para ver qué pasa y en que fallan ¡ellos! Entre los no aprobados estaban los no presentados, naturalmente.

Infantilismo pedestre, derechos verborreicos, tolerancias acomodaticias, facilismo ramplón, renuncia a la toda responsabilidad, egoísmos sin tasa. La alternativa al autoritarismo no es la blandengue condescendencia. Pero el país y sus instituciones van por su camino. Y ese camino tiene su avieso sentido. Lo que las instituciones públicas no controlen norma en mano lo determinará implacable el mercado. Jennifer Josefina y Margarito no saben que esos títulos que puerilmente persiguen ya casi carecen de valor y pronto no tendrán ninguno. Los vemos y los veremos a todos pletóricos de derechos nominales y, a la hora de la verdad, tendrá trabajo solamente el rico y tratamiento médico el que pueda pagarse el seguro privado. La manera más perversa y sutil de recortar derechos consiste en diluirlos, en dejarlos sin objeto ni sentido, en desvincularlos de las normas para ponerlos a merced de los caprichos y las dinámicas sociales incontroladas. No vamos, aquí y ahora, hacia una feliz arcadia sin Estado o con un Estado bonachón y paternalista; caminamos de vuelta al estado de naturaleza, pero con clases sociales y hasta estamentos, ojo. El nuevo siervo de la gleba tendrá tres carreras y un doctorado; y le van a dar mucho por el saco.