Fuentes del derecho, ¿qué diantre es eso?

Estoy muerto de ganas de escribir aquí algo sobre el tema de los deshaucios y que me vengan mamporros del buenismo enerdecido, pero el maldito tiempo no me alcanza. ¡Y pensar que hay tanta gente que se aburre y no sabe qué hacer o que se apunta a clases de gaita para salir del tedio y tener unos ratos ocupados! No hay justicia y lo de la Providencia es un cuento chino o romano.

Entre las mil tareas de estos días (ay, esa ponencia que se acerca por esos mundos, ese artículo que no salió y para el que no queda plazo, aquel texto que debo entregar en navidades...), hay una que me he autoimpuesto, para más sufrir y menor gloria: redactar por entero los contenidos correspondientes a la asignatura de Teoría del Derecho que estoy explicando mis víctimas de primer curso del (Bel)Grado en Derecho. Así que hoy mismo me he puesto con el tema de las fuentes del derecho, enigmático y tontorrón donde los haya, mucho ruído y pocas nueces, fatuidad de iusteoría sin seso. 

Bueno, pues en primer intento y en puro borraodor, me ha salido de la introducción de dicho tema lo que a continución copio. Serán bienvenidos los comentarios de quienes, habiéndolo leído, sigan vivos o despiertos y conserven la moral que el caso requiere. 

El tema de las fuentes del derecho es de los más embrollados, caóticos y absurdos de los que se habla a los estudiantes del Derecho a lo largo de su carrera, no solo en Teoría del Derecho, en su caso (normalmente los de Teoría del Derecho decimos poco de eso, porque nos dedicamos a disertar sobre si los ángeles tienen sexo y cómo deberían usarlo si lo tuvieran[1]), sino prácticamente en todas y cada una de las disciplinas dogmáticas. En su configuración habitual, al menos en la que aparece en los manuales y tratados de Teoría del Derecho (y en otros), es un tema perfectamente inútil que no expresa más que gusto por las clasificaciones. Tratemos aquí, en lo posible, de exponer una noción con alguna utilidad y no demasiado oscura, remitiéndo a la doctrina tradicional a los que deseen mayores complicaciones u oscuridades más sugerentes.

                El sentido más evidente de la expresión “fuentes del derecho” alude a aquellos “lugares” de donde manan las normas jurídicas, aquellas instancias, voluntades o prácticas de donde pueden surgir normas de derecho. Así, por ejemplo, una clasificación de las fuentes del derecho es la que distingue entre fuentes-acto y fuentes-hecho[2]. Una fuente-acto la tendríamos cuando un sujeto o varios o un órgano del Estado produce una norma jurídica como resultado de una acción deliberada que tiene ese propósito y que se realiza con ciertos requisitos formales y, en su caso, materiales. Por ejemplo, la acción legisladora de las Cortes Generales, ejecutada según los requisitos sentados para ese fin por la Constitución y los Reglamentos del Congreso y el Senado, da lugar a leyes (ordinarias, orgánicas...). O la acción coordinada de dos sujetos particulares con capacidad jurídica y capacidad de obrar llevada a cabo con los requisitos de los preceptos correspondientes del Código Civil hace aparecer un contrato, contrato que entre las partes tiene valor de norma jurídica plena.

                Para que una fuente-acto pueda producir el tipo de normas de su competencia, se requiere la correspondiente habilitación y regulación en normas de ese sistema jurídico que sean normas de producción de normas.

                Una fuente-hecho la encontramos cuando el sistema jurídico liga el surgimiento de una norma jurídica a un hecho o acontecer social no deliberado. Es decir, hay en ese sistema jurídico una norma de producción jurídica que dispone que si se da el hecho H nace la norma jurídica N. El caso evidente es el de la costumbre jurídica, que emana meramente de hechos sociales y no es producida por la acción intencional de una persona, un grupo o un órgano del Estado.

                Podríamos entretenernos un buen rato, y no sin apreciables efectos didácticos, subclaficando las fuentes-acto. O podríamos glosar o inventar otras clasificaciones de las fuentes del derecho. Pero lo que haremos será improvisar nociones más sencillas para que al pasar por este tema clásico de las fuentes acabemos por comprender mejor la estructura de los sistemas jurídicos, empezando por el nuestro.

                Así pues, arrancamos de dos posibles nociones muy básicas de fuentes del derecho, la de fuente como órgano o sujeto con capacidad normativa y la de fuentes como categorías de soporte normativo de las normas jurídicas.

                Salvo la costumbre, todas las normas jurídicas de los sistemas actuales provienen de algún sujeto u órgano normador, es decir, habilitado por el respectivo sistema jurídico para producir normas de derecho. En ese sentido, son fuentes del derecho las Cortes Generales, el Congreso y el Senado, por sí tomados y autónomamente cada uno, en lo que se refiere a sus respectivos reglamentos, el del Congreso de los Diputados y el del Senado, los parlamentos autonómicos, el Gobierno central, los gobiernos autonómicos y las Administraciones Públicas, en sus diversas variantes y en la medida o con el alcance en que tengan potestad reglamentaria, los jueces y tribunales, en tanto creen jurisprudencia vinculante que contenga normas generales y abstractas o respecto de las normas individuales y concretas contenidas en los fallos de los particulares casos que resuelvan, las partes en los contratos, en cuanto a las normas individuales y concretas que los contratos significan, los empresarios y trabajadores que, a través de sus representantes, pactan los convenios colectivos de trabajo, etc.

                Una taxonomía completa de los órganos normadores o sujetos con capacidad normativa, según nuestro sistema jurídico, y de las relaciones que entre ellos mantienen nos ofrecería un excelente retrato de nuestro Estado, de su estructura normativa y del reparto de competencias y poderes dentro de él.

                Pero aquí vamos a elegir el otro punto de vista, el de observar las fuentes como categorías de “soportes” jurídicos de las que los cuerpos jurídicos son especies. Antes que nada, expliquemos esta noción y hagámoslo con un ejemplo cualquiera. El artículo 10 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza, de Castilla y León, regula asuntos referentes a la propiedad de las piezas de caza, y dice esto en su apartado 4:

                 “El cazador que hiera a una pieza de caza dentro de un terreno donde le esté permitido cazar tiene derecho a cobrarla aunque entre en terrenos de titularidad ajena, siempre que fuera visible desde la linde, debiendo entrar a cobrarla con el arma abierta o descargada y con el perro atado, salvo en la caza de liebre con galgo. Cuando el terreno ajeno estuviese cercado o en el caso de que la pieza no fuera visible desde la linde, el cazador necesitará autorización del titular o propietario para entrar a cobrarla. Cuando éste negara la autorización, quedará obligado a entregar la pieza herida o muerta, siempre que sea hallada o pueda ser aprehendida”.

                ¿Estamos ante una norma jurídica? Sí, pocos lo dudarán. Además, es una norma jurídica[3] de estructura perfectamente habitual, con supuesto de hecho y consecuencia jurídica y que establece derechos y obligaciones de ciudadanos que se encuentran en determinadas situaciones, las que la norma describe en su supuesto de hecho.

                Conocemos de sobra que ese enunciado no es norma jurídica meramente por su contenido, porque dice lo que dice. Si en lugar de eso dijera otras cosas (por ejemplo, que el dueño del terreno que niegue al cazador la autorización para entrar a cobrar su pieza puede quedársela para él sin más requisito) sería igualmente norma jurídica y con el mismo valor. ¿Y cuál es ese valor de tal norma? Pues es una norma legal, tiene rango o valor de ley. ¿Y por qué tiene ese valor o rango y no otro valor jurídico -por ejemplo, el de norma constitucional o el norma reglamentaria- o ningún valor jurídico? Por el lugar en que se encuentra, en que está inserta. ¿Cuál es ese lugar? Pues es una ley autonómica, concretamente una Ley de Castilla y León.  Volviendo a la terminología que introducíamos en la lección anterior, tenemos que es la pertenencia a un cuerpo jurídico, en concreto al denominado “Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza, de Castilla y León” lo que hace que la norma del 10.4 sea jurídica y que, de entre las normas jurídicas dentro de nuestro sistema, sea una con valor o rango de ley.

                ¿Y si ese enunciado que hemos visto en el art. 10.4 de la Ley de Caza de Castilla y León estuviera en un artículo de la Constitución? Pues su rango o valor sería el de norma constitucional. ¿Y si se hallara nada más que en un reglamento? Pues tendríamos una norma reglamentaria.

                ¿Es dicho art. 10.4 una fuente del derecho? No, es derecho porque está en un cuerpo jurídico de nuestro sistema jurídico, en la Ley 4/1996 de Caza, de Castilla y León. ¿Es ese cuerpo jurídico fuente del derecho?  Lo es porque cada cuerpo jurídico es un ejemplar de una especie que es fuente del derecho. Explicado con nuestro ejemplo: la ley de Castilla y León 4/1996 es un cuerpo jurídico que contiene normas jurídicas, y sus normas son derecho por figurar ahí, en un cuerpo jurídico. De la misma manera, son cuerpos jurídicos también cada una de las siguientes normas, tomadas al azar: La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, la Ley 1/2011, de 1 de marzo, de Evaluación del Impacto de Género de Castilla y León, la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León, o la Ley 8/2006, de 10 de octubre, de Voluntariado de Castilla y León. Esto es, cada una de esas concretas leyes es un cuerpo jurídico específico y todos ellos pertenecen a la misma especie o clase de cuerpos jurídicos: las leyes autonómicas.

                Vemos que hay toda una cadena. Las normas jurídicas (como la o las que se contienen en el art. 10.4 de la Ley 4/1996 de Caza de Castilla y León, antes citado) son jurídicas porque están en o se extraen de los cuerpos jurídicos[4]. Los cuerpos jurídicos (la ley ordinaria A, la ley orgánica B, la ley autonómica C, el reglamento D, el convenio colectivo E, el tratado internacional F…) son jurídicos porque constituyen ejemplares o casos particulares de fuentes del derecho. Así, la ley ordinaria A es y vale como ley ordinaria (lo que significa que sus normas tienen ese rango o valor propio de las normas legales) porque reúne los requisitos (órgano creador, procedimiento, competencia, requisitos materiales o de contenido) que las correspondientes normas de producción jurídica sientan para las leyes ordinarias; la ley orgánica B es y vale como ley orgánica (lo que significa que sus normas tienen ese rango o valor propio de las normas legales orgánicas) porque reúne los requisitos (órgano creador, procedimiento, competencia, requisitos materiales o de contenido) que las correspondientes normas de producción jurídica ponen para las leyes orgánicas; y así sucesivamente.

                Pues bien a eso, a esa categoría más amplia o genérica que agrupa los cuerpos jurídicos y permite ordenarlos y saber el valor o rango de las normas de cada uno, es a lo que aquí llamamos fuente del derecho. Así que la ley tal o cual de Castilla y León[5] no es fuente del derecho. Lo que es fuente del derecho es la ley autonómica (de la que esa ley X de Castilla y León o la ley Y de Andalucía son concreción o manifestaciones concretas). La Ley Orgánica Z no es fuente del derecho, sino que fuente del derecho es la ley orgánica. La Ordenanza Municipal M del Ayuntamiento A no es fuente del derecho, sino que fuente del derecho es la ordenanza municipal, como un supuesto particular de esa categoría más amplia que son los reglamentos. Y así sucesivamente.

                Lo que ocurre es que en el lenguaje jurídico se padece una tremenda equivocidad. En la manera ordinaria de hablar entre los juristas, si preguntamos si el art. 10.4 de la Ley de Caza de Castilla y León es una norma, se responderá que sí; si preguntamos si la misma Ley de Caza de Castilla y León es una norma, se responderá que sí; si preguntamos si las leyes de Castilla y León son norma, se responderá que sí; si preguntamos si las layes autonómicas en general son norma, se seguirá contestando que sí. Vemos que el concepto de norma es totalmente equívoco en la teoría jurídica. Y esa oscuridad terminológica y conceptual se extiende a la noción de fuente del derecho. Según por quién y para qué, cada una de esas “normas” puede ser considerada como fuente del derecho. Con lo que no se sabe muy bien ni lo que es una norma (se llama norma a todo) ni lo que es una fuente de normas (se llama fuente a cualquier cosa que con las normas jurídicas se relacione).

                Un intento más para que nos entendamos. En aplicación de esta teoría de las normas jurídicas y de sus fuentes, si nos preguntan si es fuente del derecho (en el sistema jurídico español actual) el art. 10.4 de la Ley de Caza de Castilla y León ¿qué debemos responder? Que no. Si nos preguntan si es fuente del derecho la Ley de Caza de Castilla y León, ¿cómo debemos contestar? Debemos contestar que no. ¿Y sin nos preguntan si son fuentes del derecho las leyes autonómicas[6]? A eso sí habrá que responder afirmativamente.

                La gran confusión doctrinal en materia de fuentes del derecho tiene distintas causas. Unas son históricas y atinentes a la mentalidad heredada de los profesores de derecho, muy dados a ver en lo jurídico algo mistérico que brota de manantiales ignotos o extraños en los que solo ellos se creen capaces de chapotear con algo de soltura. La doctrina jurídica moderna nace de una sucesión o acumulación de mitos, como el mito del espíritu del pueblo o el del ser de la nación en cuanto origen de las costumbres y tradiciones jurídicas de cada comunidad, y, luego, el mito de la ley como emanación de una suprema razón que, por un lado, tiene sus raíces en el iusnaturalismo racionalista y, por otro, en el llamado mito del legislador racional, que es la traducción positivista primitiva de aquel iusnaturalismo una vez que se consuman las llamadas revoluciones burguesas y que las pretensiones antes revolucionarias se plasman en las primeras constituciones y en los códigos civiles, como derecho positivo. Sea como sea, el derecho siempre se ve o se veía como racional y perfecto, en cuanto originado en instancias o “fuentes” que no yerran o que nos marcan el camino hacia la verdad, la justicia y el bien común o interés general: la naturaleza, la razón natural, la razón jurídica, la voluntad general, el espíritu del pueblo, el sano sentimiento popular, la identidad de la nación… En suma, si la raíz última de lo jurídico tiene esa connotación mítica o mistérica, la teoría de la “fuentes” o bases últimas del derecho ha de estar fuertemente impregnada de metafísica.

                A esa herencia se agrega, en las Facultades del Derecho y sus programas y enseñanzas, y en la correspondiente manualística, el factor gremial. En las Facultades de Derecho (y en las que de ellas “chupan rueda”) de nuestra época moderna y de nuestro marco cultural no se enseña derecho, sino que se diserta sobre Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Derecho Tributario, Derecho Mercantil… Y los profesores de cada una (con las excepciones de rigor, por supuesto) suelen explicarla como si fuera la única y no hubiera más derecho fuera del que le corresponde o como si fuera absolutamente especialísima. Hay que resaltar lo muy particular del respectivo objeto para justificar la especialización gremial o el desinterés tan grande por el sistema jurídico en su conjunto y por sus pautas generales de funcionamiento.

                Como consecuencia de todo ello, en cada “asignatura” se comienza por la explicación de las fuentes del derecho (de ese derecho, de esa rama o trozo o minúsculo fragmento del derecho de un determinado Estado o región, en realidad) y se resaltan las muy peculiares fuentes de ahí. Así, la mayor parte de los civilistas dirán que las fuentes son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho y que la jurisprudencia “complementará” y tal, pues de tal modo es como vienen las fuentes descritas en el Título Preliminar del Código Civil. Raramente se acordarán muchos civilistas de que existen los reglamentos o los convenios colectivos de trabajo o los tratados internacionales ¡y hasta la mísmísima Constitución!, y hasta más de uno se olvidará de explicar que donde el art. 1 del Código Civil dice “ley” solo puede dicho término significar algo así como derecho positivo o norma escrita, y aun ni por esas tiene apenas sentido. En cambio, habrá administrativistas que no vean más que reglamentos por todas partes y a los que no importe mayormente, al dar cuenta de las fuentes del derecho, si el contrato es fuente o si lo es el testamento o dónde se ubican los tratados internacionales o qué pintan las “fuentes” del Derecho de la Unión Europea. Cuando el estudiante llega a Derecho Laboral, descubre, fascinado, una nueva fuente, el convenio colectivo de trabajo, que para los iuslaboralistas es alfa y omega en la teoría de las fuentes, pero del que no habían tenido noticia antes los alumnos. Se habrá tirado la toalla cuando el profesor de Derecho Mercantil aparezca y tenga que situar en alguna parte o dentro de alguna categoría los usos del comercio y a nadie le quede claro si son fuente, manantial o grifo, o cuando quien enseñe Derecho Internacional hable de las funciones de “fuente” de la costumbre internacional, pero ya ni uno aventure si será una fuente como las otras o si de ella manará agua bendita.

                Expuesta así nuestra visión del tema de las fuentes del derecho, más coherente sería, quizá, eliminar por completo toda referencia a tan esquiva noción. Para qué hablar de las almas si somos materialistas, valga la analogía. Pensamos, sin embargo, que algún valor puede tener el concepto si lo acotamos con claridad y puesto que de algún modo habrá que llamar a esas categorías generales bajo las que se clasifican los cuerpos jurídicos que contienen las normas jurídicas. Pues, igualmente, llamar a todo norma es como llamar fuente a cualquier cosa: maneras de demostrar que no se entiende o no se estudian la estructura de los sistemas jurídicos o sus claves de funcionamiento.

                Ahora bien, cuanto acabamos de decir no tiene más función o utilidad que servir de introducción o presentación a lo que ahora tiene que venir: a una exposición de las fuentes (así entendidas) en nuestro sistema jurídico, exposición que persigue dos objetivos. Uno, el de que sea lo más completa posible, recogiendo todas o la gran mayoría de tales fuentes (constitución, variedad de leyes, normas del Derecho de la Unión Europea que están o se integran o se aplican en nuestro ordenamiento, normas de Derecho Internacional general, reglamentos y su diversidad, convenios colectivos de trabajo, jurisprudencia, negocios jurídicos…). No para entrar a fondo en el tratamiento de cada una, pues ni hay tiempo para tal empresa ni energías para semejante esfuerzo y, además, nos granjearía la comprensible enemistad o la aversión corporativa de los especialistas en cada campo, sino para ofrecer una imagen de conjunto que atienda sólo a estos dos propósitos: que se vean todos los elementos y que se entiendan las claves de sus interrelaciones (relaciones jerárquicas, de competencia, etc.). Y dos, segundo objetivo, darle su papel o su razón de ser a una Teoría del Derecho bien entendida, el de ofrecer esas perspectivas globales o sistemáticas y explicar los conceptos básicos que dan cuenta de la interrelación entre los elementos del sistema jurídico. Si no lo hace la Teoría del Derecho, no lo hace nadie, pues los otros tienen cometidos parciales y muy legítimamente especializados. Con ello, también estamos exponiendo nuestra concepción de la Teoría del Derecho como disciplina con razón de ser dentro de un plan de estudios en Derecho: debemos explicar teoría del sistema jurídico y no perder el tiempo con especulaciones sobre el sexo de los ángeles, sobre lo humanos que son los derechos humanos y qué derechísimos, o sobre lo maravillosa que sería la vida en una sociedad en la que todos resultáramos justos, benéficos y con alitas.

---

[1] Naturalmente, hay excepciones y las hay muy valiosas. Pero una buena parte de los profesores de Filosofía del Derecho que explicamos Teoría del Derecho no sabemos qué papel desempeña en nuestro sistema una Directiva, cuál cumplen en el sistema de fuentes el recurso de unificación de doctrina o el recurso en interés de la ley, dónde se ubican en la jerarquía normativa los reglamentos parlamentarios o qué es lo del bloque de constitucionalidad. Eso sí, sobre derechos de las plantas lo sabemos todo. Y Tantas otras cosas.

[2] Uno de los mejores tratadistas actuales sobre esta materia de las fuentes del derecho define así la noción: fuentes del derecho son “los hechos y los actos jurídicos cuyo resultado es la creación de normas jurídicas” (Josep Aguiló Regla, Teoría general de las fuentes del Derecho, Barcelona ,Ariel, 2000, p. 50).

[3] En realidad, podemos ver que este enunciado del art. 10.4 contiene varias normas jurídicas, tres, cada una con su supuesto de hecho y su consecuencia.

[4] Con excepción de las normas consuetudinarias. Los iusmoralistas, iusnaturalistas o no, añadirán una excepción más: las normas de derecho natural o de la moral correcta que son derecho, además de ser lo otro que son (normas “naturales” o normas morales correctas).

[5] O la ley Tal de La Rioja, o la Ley (estatal) Cual, o determinada ordenanza municipal del Ayuntamiento de Cacabelos o…

[6] O las leyes orgánicas, o las leyes ordinarias del Estado, o las órdenes ministeriales o las ordenanzas municipales o los estatutos de las Universidades públicas, etc., etc., etc.

Comentario a la Ley valenciana de Uniones de Hecho Formalizadas. Sobre el Preámbulo (I).

                Hace un tiempo que ando un poquillo metido en lo que un querido amigo llama mi particular deconstrucción del derecho de familia. La tesis de fondo es que el derecho de familia ya prácticamente no existe como tal o como lo hubo, y que quedan restos perfectamente reconducibles al derecho de obligaciones y contratos (o derecho de los negocios), al derecho de los derechos reales, y poco más. Eso sería un diagnóstico en cuya fundamentación no puedo detenerme ahora. Asunto bien distinto es el de la valoración que esa situación merezca, en lo que tenga de cierta. Mi valoración no es negativa, es positiva. En otras palabras, no me apena, sino que me anima, dicha evaluación de nuestro ordenamiento jurídico y de los de nuestro entorno.

                Pongamos el tema del llamado matrimonio homosexual o el de la equiparación muy amplia de las uniones de hecho a las matrimoniales. Para un esencialista jurídico se trata de desvaríos conceptuales u ontológicos, y para una persona conservadora en estos asuntos familiares o muy apegada a las tradiciones estaríamos ante una catástrofe moral e histórica que acabará destruyendo algún pilar social. A mí no me parece nada de eso. Es más, sin desconocer el positivo rol social de orden y económico que han desempeñado las familias en su configuración clásica, me parece que ya están estas sociedades maduras para prescindir del mito de la “célula básica de la sociedad” y para poner el centro de la vida social en los individuos y sus expectativas, en lugar de en entes colectivos. Aunque a  lo peor me equivoco y tal madurez es imaginación mía. Porque ahí están mismamente los nacionalismos, todos, y ya ven ustedes.

                Lo anterior lo aclaro para que no vaya a volver a interpretarme al revés algún querido amigo comentarista. Cuando, por ejemplo, me pongo crítico con las equiparaciones en derechos y efectos de las uniones de hecho “formalizadas” con matrimonio, no es porque lamente que las esencias matrimoniales se diluyan o se adulteren, sino que casi me irrita que el fondo de la institución trate de salvarse a base de hacer matrimonios b o c, a base de decir que los que no se casan pero se quieren un poco también son matrimonio, y seguimos en las mismas de antes y todos contentos. Por idénticas razones, no considero progresista ni nada avanzado el reivindicar la equiparación de derechos y efectos de las parejas de hecho a las nominalmente matrimoniales, sino que lo único que me parece rupturista es resistirse a que los legisladores y administradores se empecinen en llamar familia y regular como tal la libre relación que tú quieres trabar con tu(s) pareja(s) y con la eventual descendencia de uno(s), de otros(s) o de los dos(…n). Uno de los grandes fracasos de la izquierda de este tiempo deriva de su propensión a pasar por el aro del conservadurismo. Izquierdosos tradicionalistas, eso es lo que tenemos. O sea, los conservadores dicen que sólo es matrimonio el de hombre y mujer, y los que se dicen de izquierda y anticonservadores se empecinan en que también tienen que poder casarse mujer y mujer u hombre y hombre. Está bien, no es ilegítimo y lo respeto mucho, pero implica asumir como vital una institución que es eseciql para los tradicionalistas. Allá cada cual, pero a mí que no me líen ni me confundan, ante todo.

                Supongo (nunca se puede estar seguro de estas cosas) que la última de las llamadas leyes de parejas de hecho es la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de la Generalitat, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana. Pretendo usarla como disculpa para insistir en algunas tesis que considero bien obvias, pero que no sé si todo el mundo ve tan claras. Hoy tendremos de sobra con el título mismo y la primera parte del Preámbulo. Espero repasar el articulado estos días. Ah, y por cierto, fue un comentarista anónimo el que el otro día me puso en la pista. Gracias, compañero.

                El propio título o nombre de la norma ya es todo un síntoma del revoltijo mental que nos gastamos en estos tiempos de gatos pardos y de ideologías concupiscentes: Ley de Uniones de Hecho Formalizadas. Encantador, hasta tierno, me atrevo a decir. Un detalle como de Dora la Exploradora, lógica de Los Pingüinos de Madagascar. Porque, vamos a ver, cómo van a ser de hecho si tienen que estar jurídicamente formalizadas. Es como si dijéramos ley del matrimonio de hecho formalizado. Porque si para ser pareja de hecho a efectos jurídicos valencianos hay que hacer ciertas formalidades jurídicas y para ser matrimonio hay que cumplir con determinadas formalidades jurídicas, resultará que la pareja de hecho en cuestión es tan poco de hecho como el matrimonio. Es más, tengo la impresión (que intentaré fundamentar otro día) de que hay matrimonios menos formales y formalizados que algunas parejas de hecho. El mundo al revés y la repanocha jurídica.

                El galimatías que nuestros legisladores y tratadistas progres tienen en la cabeza viene de lo siguiente. Uno: como el matrimonio es institución conservadora o arcaica, es muy comprensible que haya gente que quiera tener relaciones idénticas a las matrimoniales pero sin casarse.  Con lo cual lo que hemos de preguntarnos los que queramos ir en serio es si el elemento conservador está en el nombre o calificación jurídica de la relación o en el modo como la relación de hecho se vive. Dos: como quienes no quieren casarse, pues objetan al matrimonio y sus connotaciones, pero quieren mantener relaciones parangonables a las matrimoniales pueden sentirse discriminados si el derecho no equipara ambas situaciones, hay que evitar tales discriminaciones extendiendo a las uniones no matrimoniales los efectos de las matrimoniales. Tres: como ese propósito llevaría a no saber cuándo hay una “unión” que deba tener efectos como los matrimoniales y cuándo dos son simplemente amigos o amantes libres que no desean que se los discrimine tratándolos contra su voluntad como si fueran un matrimonio o una pareja “matrimonial” de hecho, hace falta formalizar las uniones no matrimoniales con efectos matrimoniales o cuasimatrimoniales, haciéndolas pasar por un trámite perfectamente equivalente al de casarse: requisitos parecidos y visita a un registro en lugar de a un ayuntamiento o juzgado. Problema: ¿qué va a pasar cuando una pareja muy pareja pero no formalizada (no registrada, en el caso valenciano) pretenda efectos de la formalizada y alegue discriminación por no tenerlos? Por ejemplo, una pareja de anarquistas con un poco de “jeta” y que quieran subrogarse en el arrendamiento en caso de muerte del miembro de la pareja titular del contrato. Si se les dice que no porque aunque fueran gran pareja no estaban “formalizados”, será como cuando a los no casados se les negaba el derecho porque no estaban “formalmente” casados: discriminación.

                En suma y para empezar: que el título de la ley valenciana de marras tiene una gracia insoportable. No he leído noticias al respecto, pero apuesto a que PP y PSOE coincidieron en el entusiasmo ante el engendro. La lid política de hoy en día parece una competición para ver qué partido es más tonto; y cuál engaña más vilmente a la opinión pública. Eso sí, en Valencia (como en tantos lugares) ya estarán felicísimos todos los "alternativos" que quieren estar casados sin tener que casarse.

                Algunas perlas del Preámbulo de la Ley. Primer párrafo de la cosa:

“En los últimos años han aparecido, junto al matrimonio, otras formas de convivencia more uxorio, cada vez más numerosas y más aceptadas por la sociedad, que demandan una adecuada regulación”.

                Pues no, no han aparecido en los últimos años. Es realidad de toda la vida. Cierto que antaño eran menos frecuentes esas formas de convivencia como matrimonial sin matrimonio, pero porque eran reprimidas, social y jurídicamente reprimidas, a veces ferozmente. Lo que por suerte ha cambiado es la opinión social sobre tales relaciones y, en consecuencia y con el paso del tiempo, su tratamiento jurídico. Pero ahí está el dilema, precisamente ahí: ¿es la tolerancia tranquila el tratamiento adecuado, o la “adecuada regulación” es su equiparación al matrimonio? No dejemos de reparar en que, por las mismas, ahora el matrimonio ya no es imposición social para la pareja y, desde luego, la plena admisión social y jurídica del matrimonio civil hace que el casarse civilmente no sea pasar por ningún aro ideológico o confesional. La pregunta más jugosa es esta: ¿Tiene sentido no casarse para no transigir con una imposición social, pero reclamar para la relación de pareja no casada y que no pasa por el aro los mismos efectos del matrimonio, estando dispuestos, además, a inscribirse donde haga falta y en la forma que sea para lograr esos efectos matrimoniales? Cuidado, no cuestiono el sentido común o la lógica de los ciudadanos implicados, esos están justificados para cualquier pillería y para usar del embudo su ley, sino la de legisladores y tribunales. Legisladores y tribunales que, insisto, so capa de pensamiento avanzado, reinventan el matrimonio y la familia para que todo siga igual bajo variada apariencia. O de cómo cerrarle conceptualmente el paso al revolucionario y cómo hacer pasar por revolucionario al conservador sin corbata.

                Segundo párrafo:

                “El hecho de que dos personas, con independencia de su sexo, convivan unidas por un vínculo de afectividad análoga a la conyugal, crea un conjunto de relaciones, derechos y deberes personales y patrimoniales, tanto entre sus miembros como con relación a terceras personas, que en la actualidad no pueden ser desconocidos por el derecho positivo y que merecen la protección de los poderes públicos mediante la correspondiente legislación”.

                Maravilloso. No cabe imaginar muestra mejor del neoiusnaturalismo de ahora. O sea, que del hecho de que dos personas convivan unidas por un vínculo de afectividad análoga a la conyugal ya resultan derechos, derechos prepositivos, prelegales. Hace falta una ley para reconocer esos derechos y darles plena visibilidad, pero lo que se dice haberlos, ya los había, nacen de los puros hechos. Es decir, usted convive con un señor o señora queriéndolo o queriéndola como se quieren los casados, y ya tiene un derecho, lo  recoja la ley o no. Con lo que tenemos que esta ley valenciana no constituye derechos, sino que los reconoce o refleja. O de cómo argumentar como toda la vida han argumentado los más rancios, tradicionalistas y ultraconservadores defensores del derecho natural. O de cómo los reaccionarios nos vencieron sin que dejáramos de considerarnos descendientes de Marx y Bakunin. Tontitos somos, caray.

                Y un añadido que ya ha salido aquí otras veces: si el vínculo de afectividad entre los convivientes ha de ser análogo al conyugal, se puede ser pareja de hecho formalizada odiándose intensamente. ¿Dónde, en qué norma o experiencia vital dice que los cónyuges, los esposos con todas las de la ley, se amen y no se detesten?  Un matrimonio de conveniencia y sin afecto ninguno es matrimonio a todas luces y con todas las de la ley. Un matrimonio en el que las partes de aborrecen es tan matrimonio como uno en el que se aman. Así que ¿cuál es la analogía? ¿O es que para ser unión de hecho formalizada se va a exigir lo que al matrimonio no se le pide, el amor y las buenas intenciones?

                Vamos a decirlo en plata. Supóngase que el señor (o señora) X convive amorosamente con la señora (o señor) Y. De tal hecho convivencial y del elemento sentimental no brota absolutamente ningún derecho y deber. Eso sería pensamiento mágico. Rigen los derechos y obligaciones generales de la convivencia ciudadana. Por ejemplo, ni uno podrá pegarle al otro (sin su consentimiento) ni el otro podrá robarle al uno sus cuartos. Y punto. Póngalo usted, amigo lector, en primera persona. Usted se echa novio o novia, se van a vivir juntos y con gran afecto y, ¿nacen derechos que se les imponen, derechos que surgen de la índole de esa relación de ustedes? ¿Cuáles? ¿Por qué? Mentira, no es así como aparecen los derechos, salvo para muy descarriados o manipuladores iusnaturalistas. ¿Y sabe usted qué derechos mentarían los iusnaturalistas? Pues el derecho de su pareja a no tener que oírle a usted que se lo quiere hacer con ella “contra natura” o el derecho de usted a que ella no se ponga preservativo que impida el normar transcurrir del afán biológico. Y así. Nos la están dando con queso mientras pensamos que les metemos la revolución en casa.

                En el párrafo cuarto del Preámbulo se proclama en esta materia “el principio de igualdad y no discriminación”. Si no entiendo mal, el principio de igualdad y no discriminación lleva a que una pareja no matrimonial deba ser jurídicamente tratada igual o muy similarmente a una matrimonial. Porque si no hay tal igualdad o similitud de trato, habrá discriminación a tenor de tal principio y si no lo mentamos nada más que de boquilla. Bueno, pues vamos con la pregunta capital: ¿por qué hay discriminación si no damos a las parejas no casadas el trato de las casadas?

                Habría que trabajar en serio el concepto de discriminación. Es indudable que hay tal si la ventaja V el sistema jurídico la reserva a los que tengan ojos azules o pezones supernumerarios. Pero no sería discriminatoria la conducta del médico que, mientras le ausculta, le dice a usted que tosa o que diga treinta y tres. Salvo que toser o decir tal cifra sea pecado para alguna confesión o ideología seriamente vigente y constitucionalmente amparada. ¿Y el matrimonio? ¿Con qué ideología o religión o cosmovisión compromete en la España de ahora el matrimonio civil? Con ninguna. Es una pura formalidad: si ustedes quieren ser matrimonio, tienen que hacer este trámite de nada. ¿Qué usted es ideológicamente enemigo de los trámites? Entonces tampoco podemos pedirle que formalice su unión para que jurídicamente sea unión de hecho. En resumen, o no es discriminatorio reservar para el matrimonio formal los efectos del matrimonio, o es discriminatorio exigir formalidades a las uniones de hecho para que tengan efectos iguales al matrimonio.

Periódicos y periodistas

                Me resulta doloroso y me impresiona bastante ver las reducciones de personal que están haciendo los periódicos españoles, empezando por los “grandes”. No se salva ninguno, por lo que se ve. Estos días las noticias de ese calibre son sobre El País y las dan los otros; hace poco fue al revés. Cada uno, en sus estertores, se recrea un rato comentando lo gravísimo que está el vecino.

                Me suena que ya lo conté aquí en su día, pero tal vez no fue así. Cuando cerró la edición o sección leonesa de El Mundo, donde yo tenía mi pequeña tribuna cada jueves desde que nació ese suplemento hasta que pasó a mejor vida, se hizo en un bar una reunión de despedida de los periodistas y demás colaboradores. Volví a casa con el corazón encogido al oír que casi todos se iban al paro. Y lo peor es que supongo que en el paro seguirán.

                Dejando aparte las consideraciones sobre personas, esta crisis de los periódicos me parece un indicio indudable, uno más, de que vamos hacia un mundo o un país de peor calaña, más ásperos, más toscos, con menos lugar y lugares para conversar y debatir. Y, sobre todo, con menos información, con gentes menos informadas y más eficazmente manipuladas.

                Justo cuando tenía esa pequeña colaboración en El Mundo de León me di cuenta de que es poquísima la gente que simplemente hojea algún periódico, y, de esa poca, la mayoría miran prensa deportiva. No es que esperara yo hacerme famoso por eso en el pueblo o que me sacaran de procesión, de verdad que no es eso y que mi tontería no llega a tanto. Pero suponía que los compañeros y conocidos me verían allí, para bien o para mal, con gusto o con desagrado. Pues no. No había lugar para partidarios o detractores, ya que la inmensa mayoría no se enteró. Llevaba dos años, quizá, con la columnilla de cada jueves y me encontraba un colega catedrático: hombre, he visto que el jueves pasado sacaste un artículo en EL Mundo. Bueno, sí, -respondo-, cada jueves me publican un articulito. Ah ¿sí? En otros casos, conversación con grupo supuestamente bien informado y dizque al día y con culturilla. Viene al caso y les explico que no sé qué cosa que estoy opinando es lo mismo que ya escribí la semana pasada en el periódico. Caras de sorpresa: ¿Qué tú escribes en el periódico? No dejes de decirme en cuál, me encantará leerte. No eran conversaciones en la majada, sino en el campus.

                Bueno, fuera ya mis tonterías personales. Ya no se leen periódicos, y punto, ni estos ni aquellos. Mi padre se moría por un periódico y, allá en la aldea,  el periódico encargaba a cualquiera que “bajaba” a la ciudad. Eran sus momentos de mayor disfrute, pese a que había ido bien poco a la escuela y leía silabeando en voz baja. Creo que nunca llegó a aprender a escribir y no pasaba de poder echar su firma, de la que, curiosamente, estaba orgulloso. Pero se apasionaba con los periódicos, de la primera página a la última, además de no perderse un telediario. Supe que había rebasado una frontera final de la vejez cuando, ya en Gijón y muy mayor, dejó de comprar cada día El Comercio.

                Los periodistas se van a la calle porque los periódicos no se venden. En realidad, se regalan ya. En cualquier facultad universitaria encuentra uno pilas de ejemplares gratuitos de los periódicos locales y de los nacionales, imagino que porque tienen que asegurar una distribución mínima para mantener la publicidad. La publicidad se va de los diarios porque la gente no mira los periódicos y, así, no ve la publicidad. Yo tampoco anunciaría algo mío en uno, y con harto dolor lo digo.

                Que tantos consultemos hoy en día las ediciones digitales de los periódicos –aunque nada iguala el placer de una mañana de domingo entre diarios de papel- influirá para que se vendan menos periódicos impresos, pero podría ser negocio si la gente los consultara mucho, aun en versión gratuita. Supongo que no sucede así, pues la huida de la publicidad es el indicio. No, en internet a muchísima gente le gusta más colgar una foto de sus juanetes recién operados o leer que un amigo suyo se fue a Tánger y vio un señor con un grano gigantesco en la cabeza. No digo que Facebook y compañía solo sirvan para eso, ni mucho menos afirmo tal, sino que son legión los que para eso lo emplean, para el “A Giliberto y ochenta amigos más les ha gustado la foto de tus macarrones con parmesano” y que te comenten lo de “Se ven deliciosos”, “A ver cuando invitas” o “¿Tú que queso les pones?”. ¿Qué esa gente antes tampoco leía periódicos? Pues miren, sobre eso habría que investigar en serio, pero yo creo que sí, que muchos los manejaban. Mi opinión es que las redes sociales, aun con todo lo bueno que tengan, quitan un montón de tiempo que de algo habrá que descontar. Y si te dedicas a las fotos de lasañas o a glosar la última puesta de sol en Facebook  (¿alguien ha averiguado ya cuántos millones de puestas de sol hay colgadas en Facebook?) no tendrás horas para estar al día de la última ocurrencia de la Merkel o de cómo se lo va a montar Obama.

                Está en el ambiente y sobrecoge pensar los desastres que hemos hecho en estas décadas posteriores a la Transición. Tuvimos dinero, tuvimos ayudas internacionales, tuvimos buenas cabezas en el país, tuvimos tiempo de sobra… y decidimos -decidieron- construir un país cada día más lerdo y abotagado. Luego decimos que mira la juventud cómo viene y que no leen los jóvenes y que el botellón y que escriben con faltas. Sí, son nuestros hijos, nuestros herederos, nuestras víctimas. Primero en eso, en la incultura inducida y la indiferencia aprendida, y ahora reciben también la ruina económica que les dejamos después de vivir sin seso y pensar que todo el monte era orégano. La revolución de esta juventud sin futuro deberían, al menos, hacerla contra nuestro pasado; tendrían que partirnos la cara.

                Está en el ambiente, digo, y ya no se sabe si los medios de comunicación son las víctimas o parte de la causa. Un ejemplillo casero. Entre mis hábitos más gozosos está el de ponerme a cocinar algo por la noche, cuando dejo los libros y el teclado, entre nueve y pico y diez. Delantal, copita de algo y emisora de radio con información general y comentario político. Salvo en los días marchosos en que me pongo salsa, Gilberto Santa Rosa, El Gran Combo y así. Bien, pues de lunes a viernes ya hay al menos dos días en los que ocho a once o doce no hay en la radio más que fútbol. Sin escapatoria: fútbol. ¿Solución? Para mí bárbaro, pues me pongo unos discos de inglés, ya que he vuelto al perfeccionamiento (je, déjenme que lo diga así) de idiomas con nuevas ansias. Pero es una catástrofe nacional. Después, los dueños de esos mismos medios harán unas convenciones para preguntarse por qué la gente ya no lee periódicos o no escucha noticiarios. Pues, respetados señores, es como si en la puerta de las iglesias pone usted unos puticlubs gratuitos y, además, con pinchos y tapas sin pagar, y luego se queja de que el personal no entra en misa. Ya ves. Y si, para colmo, es el párroco el dueño del garito, para qué contar más.

                Tampoco es tan raro que el público se canse de periódicos y periodistas. El sectarismo de muchos y la falta de honestidad personal y profesional de tantos hace sonrojarse hasta al más escarmentado. Pero, como siempre y en todo, pagan justos por pecadores. Son las mismas lógicas (al menos en este tiempo) las de lo privado y lo público. Si es la Administración y prescinde de empleados, cae el que toca, sin mirar si es el mejor y más currante y si no se estarán librando unas docenas de zánganos de allí mismo. Que nos lo cuenten en las universidades. Si es la empresa privada, pues irán por antigüedad o por parentesco, no sé, pero se quedarán en la calle bastantes buenos y resistirán mantas a la vera de los jefes.

                No cabe engañarse, estos periódicos que uno leía deleitándose y en los que cada fin de semana aparecían reportajes suculentos e informes completísimos se acaban. Porque no creo que vayan a ser iguales con cientos y miles de trabajadores menos. Ahora que tanto gritamos, y no sin razón, contra los recortes en la enseñanza pública, qué deberíamos decir igualmente sobre lo recortada que quedará la opinión pública libre sin periodistas decentes, sin periódicos serios y con todo el mundo nada más que oyendo de futbolistas o chateando sobre la mejor forma de broncearse las corvas aunque llueva.