Afinando y debatiendo sobre el caso de la UPB y Alexy

Algún buen amigo colombiano me plantea si no está la Universidad Pontificia Bolivariana en su derecho al invitar y rendir homenaje a quien quiera, y más si es con ocasión de que celebra los setenta y cinco años de su fundación. Me pone una muy certera comparación para que reflexionemos: ¿acaso -dice- si un determinado partido celebra unas jornadas del partido o un mitin electoral diríamos que hace mal por no llamar a algún representante de un partido rival para que también tome la palabra? Y lo que a la postre quiere que tratemos es si en el caso de la UPB están en juego la libertad de expresión y la libertad académica, como muchos están diciendo, no sin sus razones también. Son cuestiones a las que interesa sacar algo de jugo, y más si se hace desde la distancia de este que suscribe, español y ajeno a otro tipo de disputas que en aquella Escuela de Derecho y Ciencias Políticas pueda haber y que no me conciernen, y por encima de que, si hay bandos, uno pueda tener amigos a ambos lados de la barricada.

Creo que en mi entrada de ayer sobre ese incidente no aludí a los mencionados derechos fundamentales, a la libertad de expresión y a la libertad académica y científica. Mi opinión era que el rectorado había cometido errores importantes. Uno, y principalísimo, equivocar el diagnóstico sobre lo que en verdad suponen las tesis constitucionales y iusfilosóficas de Robert Alexy. Es decir, que al dogmatismo se suma cierta carencia de conocimientos teóricos sustanciales. Otro, tal vez, perder la ocasión para hacerle a la universidad una publicidad magnífica y dar imagen de apertura intelectual y académica. Para cualquier empresa o institución resulta muy costoso labrarse una buena imagen ante la opinión pública y los potenciales clientes, mientras que en el descrédito se puede caer en un momento y con una sola medida errada. Pero, insisto, lo de los mencionados derechos fundamentales es harina de otro costal.

Por el hecho de que un partido político no invite a sus actos a los de otros partidos no se vulnera la libertad de expresión ni ninguna otra. Tampoco si en un convento católico no llaman a dar conferencias o a predicar en sus misas a algún representante del budismo, del Islam o del ateísmo militante, e idénticamente igual a si en un congreso de ateos no convocan como ponente a un obispo. Contra las citadas libertades se atenta sólo en el caso de que los unos pongan inconvenientes o traten de evitar las reuniones y conferencias de los otros. En España ocurrió, por ejemplo, cuando algunas organizaciones católicas protestaron porque un grupo de ateos pagaron para que los autobuses de algunas ciudades llevaran una publicidad consistente en una inscripción en la que se decía “Dios no existe”. Igual de poco respetuoso sería que esos ateos se quejaran de que en las calles nos encontremos anuncios de la próxima visita del Papa a España o de que un amigo se nos despida con la fórmula “hasta mañana, si Dios quiere”.

Entrando en mayor detalle jurídico, existen las que los iuslaboralistas llaman empresas ideológicas, que son aquellas cuya actividad laboral y mercantil va unida esencialmente a un credo religioso o ideológico muy marcado y que da su razón de ser a la entidad. Un colegio religioso, por ejemplo, sería una empresa ideológica, y no resulta, en principio, inadmisible que para la enseñanza de la asignatura de religión se quiera solamente a los católicos que conozcan los dogmas de esa confesión y no los combatan patentemente. Algo de esto se suscitó en España a propósito de la enseñanza de religión en colegios concertados, que son colegios privados, generalmente religiosos, que, sin embargo, son financiados por el Estado, con el fin, se dice, de que los padres tengan, en igualdad, la posibilidad de elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. Aquí la contratación de esos profesores de religión depende de los obispados, cuestión ciertamente curiosa, y en alguna ocasión fueron despedidos profesores de religión por haberse divorciado o por convivir maritalmente con persona con la que no estaban casados. El Tribunal Constitucional, sin embargo, viene dando la razón a esos profesores despedidos cuando ante él recurren en amparo, con argumentos jurídicos y constitucionales que ahora no vamos a detallar.

Se suman a lo anterior algunas consecuencias posibles del derecho de propiedad. Yo a mi casa, porque es mía, invito a quien quiero, y con mi dinero, porque es mío, organizo solamente los actos que deseo. Si convoco en mi casa a una cena de amigos, no tengo por qué verme obligado a convidar también al vecino que me cae mal o con el que estoy enemistado. Creo que lo mismo vale para una empresa, y más para una con un perfil ideológico perfectamente marcado, como es una universidad eclesiástica. Puestos a manejar instrumentos jurídicos afinados, lo único que en un caso como este se podría pensar es si por causa de la invitación primero cursada y después anulada se ha provocado a alguno de los conferenciantes algún perjuicio que pudiera dar lugar a reclamación por daño, en el caso de que se produjera la correspondiente reclamación. Supongamos que el conferenciante X hubiera renunciado a un curso bien pagado que en los mismos días le hubieran ofrecido en otro lugar y que no hubiera posibilidad de trasladarlo a otras fechas. Habría perjuicio y, con la anulación de los actos de Cartagena, seguramente hasta se podría defender que la responsabilidad de la UPB es culposa. Y no digamos si a algún profesor se le imputan, ante los miembros de esa universidad o, incluso, ante la opinión pública, tesis o actitudes que no fueran las suyas, pues entonces cabría demandar también por daño moral. Seguro que Alexy no lo hace, pero habría caso si se rebelara así contra quienes lo presentan como defensor del aborto libre.

El tema en verdad más interesante en sede teórica se halla en la relación entre universidades confesionales y ciencia, en el sentido más amplio de esta última expresión. Si algo se exige para el progreso científico, es libertad de pensamiento y expresión, y de investigación, y apertura al debate sin cortapisas. En ese sentido, la incompatibilidad entre ciencia y dogma religioso (sea de la religión que sea) es palmaria. Para decirlo claro: la dificultad no es tanto que la universidad religiosa X (la que sea, estamos hablando en general) no desee que en sus aulas o actos y a su cargo explique sus tesis Richard Dawkins, conocido expositor del ateísmo, o algún radical defensor del aborto, sino en que en esa universidad sólo se explique la Ley Eterna y el iusnaturalismo escolástico. Ese es el tema. Pongamos un supuesto bien extremo: ¿sería admisible y debería darse algún valor a una maestría sobre paleontología o biología evolucionista que se impartiera en una universidad que fuera de propiedad de una asociación creacionista y en la que nada más que se diera la versión de los creacionistas sobre la teoría de la (no) evolución? ¿Debería ese título ser oficialmente reconocido y con el mismo valor que cualquier otro?

Otra comparación. Imaginemos un hospital que perteneciera a un grupo de testigos de Jehová y en el que estuvieran prohibidas las transfusiones de sangre a los pacientes, aun a riesgo de muerte de estos. ¿Debería permitirse? Tal vez únicamente a condición de que cualquier ciudadano tenga la información suficiente sobre esa característica de tal hospital y la posibilidad de acudir a otros, a su elección. Si nada más que va a peligrar allí la vida de los testigos de Jehová que allí han querido ser tratados u operados, allá se las compongan. Pero en cuanto sea concebible un caso en que algún paciente pueda ser perjudicado sin desearlo, ese hospital no debería ser autorizado. Bastará, además, que a cualquier paciente adulto, en un hospital cualquiera, se le reconozca el derecho a no recibir transfusión sin consentimiento. Con eso, ya no habría justificación para que los testigos de Jehová mantengan hospitales propios bajo aquella cláusula de no realizar transfusiones.

Retornemos a las universidades. Todo dependerá de cuál sea la función que les asignemos o que consideremos propias de ella en un Estado constitucional y democrático de Derecho. Si la prioritaria ha de ser la de brindar una exigente formación científica, en las ramas que sean, el Estado debe velar para que el adoctrinamiento en una fe o en una determinada ideología no venga a significar una censura u ocultamiento de las teorías que todo buen profesional universitario debe conocer y manejar. Esto no quiere decir que un dogma se cambie por otro y que deba el Estado prescribir exactamente lo que en cada lugar se enseña. No es que el Estado haya de vigilar para que no se diserte sobre lo que no se debe, sino para que sí se diserte también sobre lo que se debe, a tenor de los patrones científicos del presente. No se trata de reemplazar unas censuras por otras, sino de buscar un conocimiento exento de censura. Por supuesto que ha de respetarse la libertad de cátedra y hasta el perfil ideológico de una universidad privada, y naturalmente que se tiene que permitir que haya profesores que expongan la doctrina de la Ley Eterna o los dogmas del creacionismo, incluso, y sin ánimo de comparar. Mas donde se evitara que otras concepciones del Derecho o de la Biología fueran también dadas a conocer con objetividad y donde se reprimiera a los profesores y estudiantes que no se atuvieran al dogma prescrito, algo habría que hacer. Pues, por su función social y su relación con el interés general, una universidad ha de ser cosa bien distinta de un seminario eclesiástico o un convento. El que se inscribe en un seminario diocesano o se recluye en un convento de clausura en nada me perjudica y está en su perfectísimo derecho, y más si el seminario o el convento no se mantienen con el dinero de mis impuestos. En cambio, sí me afecta, y mucho, que sea cierta o no la competencia profesional del médico que me opera o del abogado que lleva mi pleito.

En resumen, que no veo vulneración de derechos fundamentales cuando el rectorado de la UPB primero invita a Alexy y luego cancela el acto previsto. Está en su derecho, más allá de que, en su caso, hubieran de indemnizarse los perjuicios de algún sujeto, si los hubiere. Lo que sí encuentro preocupante es que haya profesores o autoridades académicas que imploren la censura y el desconocimiento de las teorías ajenas como signo distintivo de su universidad. Esos sí que se ponen al borde de la Constitución y ahí sí que podemos empezar a hablar de la afectación negativa de derechos fundamentales, de los derechos de los estudiantes y de los derechos de todos. Esos son los derechos fundamentales que están en juego, no los de Alexy o de tal o cual conferenciante.

Esperemos que se trate de un incidente puntual y sin mayor trascendencia. Para ser justo y ecuánime he de decir que me ha tocado dictar clases y conferencias en universidades privadas colombianas de orientación confesional o que pertenecen a la Iglesia o a alguna orden eclesiástica. Jamás he padecido ni la más mínima censura ni reproche ni me he privado de decir lo que quería en un ambiente de ejemplar libertad y de fructífero diálogo. También en la UPB. Confío sinceramente en que nada esté cambiando, en general, y que Colombia siga siendo ese país plural y amigo de las libertades en el que los extranjeros nos encontramos una y otra vez magníficos colegas y muchos excelentes estudiantes que buscan el saber en libertad. Que así sea.