Déficit público y políticas sociales

O mi cabeza se está acabando de descomponer o es que las polémicas políticas al uso ya carecen de todo sentido o los tienen ocultos y perversos. Esta vez lo digo por el debate sobre la repentina ocurrencia de reformar la Constitución para plantar en ella un límite al déficit del Estado. No voy a glosar los cambios de idea de un presidente que seguramente nunca tuvo ninguna, por lo que propiamente no habría tales cambios y sólo variantes retóricas. No me interesa si a Rubalcaba o a Rajoy les va bien o mal la iniciativa o si será que se despeinan por causa de los nuevos vientos. Tampoco pretendo entrar en la discusión, esta sí sustanciosa, sobre si son maneras de reformar la Constitución como quien se cambia de corbata. Sobre eso algo notable escribía el otro día en Público mi colega y buen amigo Rafael Escudero. Lo que a mí me parece, entre otras cosas, es que, una vez que la Constitución la hemos hecho de la sustancia con que se fabrica el papel higiénico, lo que en ella se escriba va perdiendo importancia, por desgracia; pero la desgracia fue tomársela a chufla, y eso ya viene de largo, con ayuda de su propio guardián supremo.

Sobre lo que me gustaría tratar y, más que nada, que alguien me ilustre en mis dudas es sobre esto otro. A ver si lo he entendido bien. La izquierda oficial, real o aparente, se pone de uñas con la última zapaterada, debido, dicen, a que la limitación del déficit y del endeudamiento en las cuentas públicas implicará recortes sociales y la puñalada final a los derechos de corte más social, empezando por la educación y la sanidad y siguiendo con todo tipo de políticas asistenciales. Ahí es donde hay algo que no me cuadra, seguro que porque alguna cosa se les escapa a mis entendederas.

Es habitual que cuando los dineros escasean en el erario público los recortes se hagan por donde más le duele al pueblo. Pero ahí no hay por qué dar por sentada una perversa ecuación. Ni que el Estado disponga de más medios económicos implica que vayan a respaldarse mejor los servicios públicos esenciales y las oportunidades de los más necesitados, ni que los dineros estatales disminuyan lleva implícito que los recortes principales deban venir por ese lado.

No hay que confundir la disponibilidad de dineros con la distribución del gasto. Pongamos un padre con cinco niños a su cargo y comparemos dos situaciones. En la primera, ese padre cuenta con un millón de euros al año. Tiene dos opciones: gastárselo casi todo en parrandas, en lujos para sí mismo e invitaciones a los amigotes de su cuerda, o dedicar la parte más sustanciosa de esos medios abundantes a que los niños tengan adecuado alimento, vestido apropiado, educación de calidad y cosas de ese estilo. Naturalmente, cuanto más ingresos maneje ese progenitor y más generoso sea con quienes de él dependen, mejores serán las atenciones que estos reciban y más cubiertas estarán sus necesidades.

Ahora imaginemos la situación segunda, en la que tal padre dispone de cuarenta mil euros anuales. Sus alternativas son las mismas: pulírselos él mismo en sus francachelas u organizarse para que lo primero sea dar a sus vástagos las mejores atenciones que dicha situación económica permita. Tanto en esta tesitura como en la otra, los niños pueden estar muy razonablemente atendidos si el criterio distributivo es adecuado, si la pauta de gasto otorga prioridad a lo que más debe importar. Aquí hablamos de distribución de medios disponibles conforme a un sistema de preferencias. Y creo que ya se aprecia que el criterio de distribución es independiente del montante de los medios a distribuir, al menos mientras el total de lo que se pueda gastar rebase ciertos mínimos. Si los ingresos de ese padre fueran de seis mil euros no darían para que las cinco criaturas pudieran vivir. Pero si son de un millón y el que reparte no los atiende, la injusticia es la misma y su situación no mejora.

Supóngase que el hombre ha venido disponiendo del millón anual. Con él atendía más o menos las necesidades de los menores, pero, además, se pegaba la gran vida y derrochaba sin tino. Así que se arruinó por completo. Como, con ese ritmo de vida, el abundante dinero se le hacía escaso, se dedicó año tras año a pedir créditos, hasta que su endeudamiento se hizo insostenible y los prestamistas cerraban el grifo o pedían muy onerosas garantías. Así que vino la autoridad y le indicó que se acabó el cuento y que tendrá que acostumbrarse a vivir con mucho menos, ahora con cuarenta mil euros por año. El hombre se resigna a que así sea, pero entonces los vecinos se ponen a gritar que qué va a ser de los niños y que pobrecillos. ¿Qué están dando por sentado esos preocupados vecinos? Pues que ese señor se lo va a gastar todo en sí mismo y va a dejar a sus descendientes en la estacada y a dos velas. O sea, presuponen que es un cabronazo sin arreglo y que, en consecuencia, no va a variar ese criterio de distribución del presupuesto familiar que le da preferencia a él, o va a sentar uno que dañe a los más débiles. O consigue préstamos para seguir él viviendo por encima de sus posibilidades, o los chavales van a pasar hambre. Sin endeudamiento se irán a la porra los pequeños y se quedarán en la miseria, enfermos y sin estudios.

¿No es algo así lo que se piensa al alegar que limitar constitucionalmente el déficit de las administraciones públicas es sinónimo de condenar irremisiblemente los derechos sociales? ¿Por qué la izquierda no pone el acento en los criterios de distribución, en lugar de insistir en que sin endeudamiento no habrá derechos sociales? Pareciera que de esa forma se está dando por buena aquella ecuación perversa antes aludida: la de que no caben derechos sociales sin mala administración y fuera de un Estado que gaste por encima de sus posibilidades. ¿No nos damos cuenta de que esa es la forma de hacer al gasto social responsable de la burbuja financiera del Estado? No ha de ser tan necesario acudir al endeudamiento creciente para brindar educación pública de calidad y sanidad pública de alto nivel, ni siquiera en una tesitura de recursos decrecientes, en una situación de crisis. Bastaría modificar el criterio de distribución por la otra parte: que el Estado gaste menos, incluso mucho menos, en políticas no sociales. Que el Estado deje de derrochar en sus cosas o en las de quienes no necesitan su apoyo económico o pueden pagarse con holgura los servicios básicos.

Ahí le duele. La llamada clase política se altera cuando oye hablar de adelgazar el Estado por esa parte ociosa, improductiva y nada social. Y esa alteración es transversal, la padecen la izquierda y la derecha por igual. Mejor dicho, la sufre la partitocracia que ha tomado el Estado como si fuera su coto privado, su finca particular, donde cazan y se alimentan los políticos de partido y los paniaguados que venden su favor a los partidos dominantes.

Sobra Estado a montones y hay cantidades ingentes de gasto que se pueden recortar sin merma de los derechos sociales. Por ese motivo no hemos de creernos la propaganda interesada que insiste en que recortar gasto, recortar Estado y aligerar déficit equivale por necesidad a meter la tijera asocialmente en los servicios públicos fundamentales, como educación o sanidad. En modo alguno es así. Lo que se debe cambiar es la pauta de distribución del gasto, sentando un orden de preferencias que coloque los derechos sociales en su lugar principal. Y eso, mira por dónde, es lo que viene a prescribir la Constitución ahora mismo y tal como está, diciendo lo que ya dice. Añadirle la nueva cláusula limitadora del déficit público será una chapuza por otras razones, sin duda, pero no tiene por qué entenderse como la sentencia inapelable contra el gasto social. Al hacerlo así, damos por destino insoslayable lo que no es más que una concreta opción distributiva. Parece como si los servicios públicos más sociales solamente pudieran colmarse cuando se vive colectivamente en la abundancia o cuando se acude al endeudamiento, pues lo que no sea deuda ha de gastarse en otras cosas antes que en educación y sanidad, por ejemplo. Suena paradójico y tristísimo que la llamada izquierda entre a ese juego en lugar de ponerse a pensar si no será un despropósito este Estado lleno de administraciones superfluas y mal organizadas y en el que se subvenciona a los ricos y los más inútiles mientras se condena a los más pobres a una vida indigna.