26 junio, 2014

La Corona y otras instituciones



Cuando uno se mete en desvaríos que se van sumando, acaba pillado en su propia trampa; cuando empiezas a cubrirte con mentiras, terminas por no poder decir ni una sola verdad. Y, tarde o temprano, en medio de tu propio desconcierto, sucumbes. Puede que un rato antes de ese momento terminal hayas dado bastantes palos de ciego, cuando la desorientación ya no te dejaba percibir cabalmente ni un ápice de la realidad circundante.

En España ahora estamos cerca del instante terminal y en plena obnubilación. Lo que pueda ocurrir será bueno o malo, quién sabe, pero si el tiro sale por la culata habrá culpabilidad de los que no supieron ver, no quisieron obrar y no se atrevieron a decir.

Lo del aforamiento del anterior rey tiene mucho que discutir, pero vale muy poco la discusión tal como se está presentando. Porque ni se dice todo lo que cuenta ni se subraya suficientemente lo que más importa. Veamos.

¿Se teme que algún ciudadano se plante en un juzgado cualquiera para acusar a Juan Carlos de Borbón de delito y que la acusación prospere? Hombre, descabellado no es, pero fácil tampoco parece. Y si algún juez se animara ya le mandarían un Horrach para contenerlo y llamarlo de todo menos guapo. Que, por cierto, a ver cuánto tarda en caerle al fiscal balear un marquesado o un ducado, que ya lo va mereciendo y por menos han salido otros muy bien parados. Lo extraordinario y llamativo es que pueda haber fundamento para acusar e imputar por delito, seguramente económico, a un rey. ¿Extraordinario y llamativo? Bueno, al fin y al cabo, están penalmente imputados su hija y su yerno. Pero resulta que durante los actos de su reinado el rey es penalmente irresponsable y, según han pensado más de cuatro grandes cabezas del Derecho, lo sería hasta por asesinato o violación, pongamos. Así es como algunos han interpretado y están interpretando la primera frase del art. 56, apartado 3 de la Constitución, que dice que "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". No creo que sea la única interpretación posible ni la más razonable ni la más acorde con la Constitución misma, y más si se lee el resto de ese apartado ("Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2"), pero dejémoslo ahí.

El caso es que la persona del que ya no es rey, Juan Carlos de Borbón, ya no es inviolable ni irresponsable y, desde luego, no lo es por sus conductas de ahora, después de la abdicación. Con lo que resulta que si mañana va y en el parque de El Retiro le arrebata a una señora el bolso y sale corriendo o huye en moto, sí podría ser penalmente procesado por el correspondiente delito. Esa, la del procesamiento penal, es una de las razones por las que a toda prisa se está organizando legalmente el aforamiento del antiguo rey. ¿Es eso un problema? Y si lo es ¿por qué lo es?

Respuesta que vemos a menudo en los medios y las tertulias: se trata de evitar el riesgo de que la conjunción de un ciudadano loco y un juez chiflado acabe en una investigación judicial de un posible delito del antiguo rey, y quién sabe si hasta en su imputación, con la consiguiente apertura de juicio oral. Un desastre no descartable, al parecer.

Pero ese razonamiento tiene un trasfondo de tomo y lomo y envuelve más de una falacia, creo. Por tres razones. Una, porque pareciera que hace falta estar mal de la cabeza para andar acusando de delitos a Juan Carlos de Borbón o para admitir a trámite, siquiera, una tal acusación. Sí, a quién se le va a ocurrir que pueda delinquir el suegro de Urdangarín, padre de Cristina, amigo del alma de algunos de los más selectos hombres de negocios que acabaron en la cárcel durante las últimas décadas, el que resultó que tenía una fortuna que desconocíamos, al que Hacienda no vigila ni controla por ser él quien es, el que desaparecía días y semanas para ir a cazar elefantes y variadas criaturas en compañía de la amante de turno a la que le ponía habitación en la parte de atrás de palacio. Etc. ¡Anda ya! Un pájaro de cuenta.

Segunda razón: tal parece que del Tribunal Supremo para abajo la proporción de jueces majaretas es preocupante, por lo que es tan de temer que el posible caso real de la realeza le cayera a uno de ésos que están de atar y la liara gorda. Así que si yo fuera juez de instrucción de cualquier ciudad española o magistrado de Audiencia o Tribunal Superior de Justicia me sentiría considerablemente ofendido y tentado de hacerme republicano a toda prisa.

Tercera razón. Ah, pero con los del Tribunal Supremo estamos seguros. Si yo fuera magistrado del Supremo me molestaría más todavía. ¿Por qué? Porque se está dando toda la impresión de que por ese lado no caben sorpresas ni heterodoxias y que el que llega a tan alta magistratura es bien fiable y podemos estar tranquilos. ¿Fiable por qué? ¿Tranquilos quiénes? Medítese sobre el particular y ya me cuentan sus conclusiones.

Pero FALTA LO MÁS SIMPÁTICO Y JURÍDICAMENTE MÁS APASIONANTE. Así que allá vamos.

¿Me permiten que les copie los apartados 1 y 2 del art. 57 de la Constitución Española? Rezan así:
"1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España".

Ya ven, la Corona es hereditaria, como corresponde, y el heredero es el varón primogénito. Recordaremos todos también que, Constitución en mano, ya no cabe discriminar, a efectos de derechos, entre hijos legítimos e ilegítimos, se acabó esa distinción. Bien, pues ahí está la madre del cordero: hay un varón de más edad que Felipe VI, el Rey actual, que se dice hijo de su mismo padre, aquel del que, como primogénito, Felipe de Borbón ha heredado la Corona. Ese que reclama la filiación lleva años peleando en los tribunales y hasta ahora le había dicho, con forzadísima interpretación, que no cabía un proceso civil de establecimiento de la paternidad porque el demandado, que era el rey, es inviolable e irresponsable, según la Constitución. Ja, pero ahora ya no es rey.

Esos procesos de establecimiento de paternidad son en estos tiempos de una sencillez apabullante, en el fondo, pues el problema probatorio se ha diluido: prueba de ADN y a volar. Pues bien, supongamos que procesalmente la reclamación del que se dice hijo mayor (por el momento) de Juan Carlos de Borbón procesalmente es viable, que lo es, y llega al juez o tribunal competente y ahí se determina, prueba irrefutable en mano, que sí, que Felipe de Borbón, ahora Felipe VI, tiene un hermano mayor. Uno más para heredar lo de las cartillas de ahorros, pero eso es lo de menos. Lo interesante es preguntarse esto otro: ¿Tendría que ser o haber sido ese hijo mayor el heredero de la Corona? Y si contestamos que no, ¿en qué queda la ya maltrecha legitimidad política y constitucional de la monarquía actual?

Llegan al paroxismo tensiones que estaban más o menos latentes. Una es la que afecta a la monarquía misma. La monarquía solamente puede funcionar como Jefatura del Estado, en la nación que sea, bajo una de estas dos condiciones: o por legitimidad de origen o ganándose la legitimidad por el ejercicio. La legitimidad de origen supone que la gente crea que la cadena dinástica en cuestión la puso Dios y que se trata de sujetos con cualidades excepcionales, únicas, tremendas. Eso hoy en día ya no cuela y se opone hasta a los presupuestos constitucionales de monarquía parlamentaria. Además, la condición social tácita era también la de que si son tan así ni pueden casarse con plebeyos ni pueden tutearse con los del barrio ni pueden bajarse ni un ratito de la peana delante de sus súbditos.

La otra vía es la de que se les acepte en su función no por ser quienes son, sino porque, ya que cayeron ahí por un azar histórico y por tradiciones bobas, pues que lo hagan muy bien y sean la mar de honestos, capaces y eficaces. Ese parecía ser el caso de Juan Carlos I hasta..., hasta que los medios de comunicación empezaron a soltar lo que había, entre otras cosas porque ya no se podía ocultar que su yerno robaba y su hija o tenía también la mano larga o era una marujona boba. Y resultó que fueron saliendo cosas y más cosas y más y que ahora la imagen del Rey recién abdicado es mala tirando a pésima y que la única virtud que se le aplica aún es la de campechano, pero vaya usted a saber para qué la usará o la habrá usado.

Tenemos una deslegitimación de la Corona por ejercicio, tenemos una bomba constitucional en forma de juicio de paternidad, tenemos una paradoja jurídica irresoluble, por tanto, tenemos un problema político y de legitimidad de primer orden y por todas esas razones, y, de propina, todo ello sucede en tiempos de crisis radical de las instituciones públicas y de todos y cada uno de los poderes del Estado, manchados hasta el espinazo por la corrupción, el nepotismo, los sucios manejos y las parcialidades más descaradas. Ya saben, ayer mismo contaban los medios que de los setecientos empleados del Tribunal de Cuentas (¡¿setecientos?!), cien son parientes de los de dentro. Y, así, diez casos nuevos cada día.

Añádase al cóctel un detallito no baladí: los políticos con mando son unos mindundis de primera y no tienen más hábito que el de escurrir el bulto o el de disfrazarse de avestruz. Con lo que con cada nueva propuesta o chapuza empeoran la situación y echan leña al fuego. ¿Que quieren mantener y defender la Monarquía y dar respaldo al nuevo Rey? De acuerdo, pueden tener buenas razones. Pero están consiguiendo y van a conseguir lo contrario.

En el caso de la Infanta Cristina, a la que al fin ha imputado el juez, se equivocan absolutamente los que instruyen al fiscal Horrach y lo animan a convertirse en defensor, escudero y enamorado. Porque como él y los de detrás de él se salgan con la suya y la Audiencia de  Mallorca les acepte el recurso contra la imputación, va a suceder algo infinitamente peor que ver a la señora de Urdangarín sentada en el banquillo de los acusados. Se va a armar la marimorena y ese mismo día se habrán multiplicado por cuatro los republicanos en este país. Porque es tan zafia la maniobra, tan burda la maturranga, tan impresentable la actitud del fiscal, y más cuando él se pierde, hasta en el recurso, en ataques personales al juez, que, si ganan, resultará peor el remedio que la enfermedad. Una infanta penalmente condenada desgasta la Corona y las instituciones en general mucho menos que una infanta absuelta por la espalda y con la nariz tapada y los dedos cruzados.

Y algo similar sucede con lo del aforamiento de Juan Carlos de Borbón. El Estado no tiene que asumir como propias las fechorías del que fue Jefe de Estado. Porque si por haber sido rey las asume y las asumimos, nos topamos con otra razón para preferir una República. Pues no me imagino por qué habría de ser un problema que al anterior Presidente de la Nación le salieran siete hijos no reconocidos o que decidiera, después de dejar su cargo, atracar un par de bancos. Se permitiría cumplir el papel a las instituciones del Estado, empezando por la Justicia, y santas pascuas.

Mucho se ha dicho sobre los méritos del anterior Rey y su papel a la hora de instaurar un régimen constitucional y democrático. No discuto eso ahora, ni entro ni salgo. Parece que en su caso fue virtud moral el preferir la democracia a la dictadura y la libertad de los ciudadanos antes que la opresión de los súbditos. Pero de acuerdo. Mas sean mayores los méritos de antaño o sean menos, lo cierto es que el mismo personaje se está ahora llevando por delante el crédito del Estado y de muchas de sus instituciones principales. Con sus hazañas de antes que se van sabiendo y las de hace poco que se han conocido, ha dejado la Corona para el arrastre. Para evitar que se le juzgue como a un ciudadano más, puesto que ahora se le supone una capacidad para el delito superior a la común, se está degradando el legislativo al aprobar a la trágala la norma que permita su aforamiento súbito. Y para que salga bien librado el día que tenga que sentarse en un banquillo ante los jueces, no sólo se trata de domesticar bien a los magistrados de los altos tribunales, sino que de esa corruptela se hace virtud y tal parece que tengamos que agradecer, en pro de la salud del Estado, que los jueces más altos estén bien atados y adecuadamente dispuestos a hacer la vista gorda cuando toque. Siempre por nuestro bien,

Todo se está yendo al carajo, pero pocos andan con mala conciencia. Es lo que tienen la impunidad como hábito y la irresponsabilidad como procedimiento.

4 comentarios:

Aarón Albors dijo...

Muchas gracias nuevamente por otro buen artículo.

Las cuestiones que usted denuncia están plenamente fundamentadas, pero temo que la memoria del buen pueblo español es escasa, y así, tan de pronto deje de centrarse la atención mediática en este asunto, pasará este tema a engrosar la larga lista de desvaríos cometidos en nuestra tierra.

Espero que gracias a escritos, como el suyo, se mantengan estos despropósitos registrados y algún día tengan sus consecuencias.

Un cordial saludo.

Carmen dijo...


Ya era hora de leer lo que muchos saben y callan como putos.
El acoso al juez Castro es inaceptable, por mucho menos se forman plataformas de apoyo y movilizaciones.

Ya era hora de leerle.

Un cordial saludo.

Juan Carlos Sapena dijo...

Pues el artículo estupendo, como siempre pero.

A mí, personalmente del asunto éste del aforamiento lo que me llama la atención es la reina.

¿Y si se quiere divorciar y acude al contencioso? ¿y si ambos cónyuges son iguales en derechos y deberes (el profesor Blasco me ha machacado mucho con civil IV lo siento, perdón y no volverá a ocurrir) que no lo digo yo, lo dice el Código Civil, qué hacemos con la reina?

Ya rizando el rizo ¿y si es el monarca el que quiere interponer el contencioso? ¿Cuántos artículos de Derecho procesal tendríamos que violentar para admitir la demanda?

¿Cómo se puede admitir semejante dislate constitucional en la pareja real? ¿Hasta dónde ha de llegar la excepción para que se diluya su necesidad?

¿No habría sido más sencillo instaurar una república y a correr todos? (literalmente, me temo)

A fin de cuentas, las órdenes del pequeño dictador solo fueron coronar al rey...y que la democracia pareciera un accidente.

Un saludo.

Juan Carlos Sapena dijo...

Casi se me olvida...es lo que se conoce como Derecho inclinado (o la inclinación del Derecho según se sale)
Ahora sí. Me voy pues que me fui.