Desprecio a la Justicia y al Estado de Derecho

   Con emoción inenarrable leo una noticia sobre los nuevos miembros elegidos por el Congreso y por el Senado para el Consejo General del Poder Judicial, el órgano constitucional de gobierno de los jueces. Diríase que el órgano constitucional del que en mayor grado dependen, a fin de cuentas, la integridad de los derechos y de las garantías constitucionales y legales de los ciudadanos. Se cuenta en tal noticia que una las personas que, en cuanto “jurista de reconocido prestigio”, ha sido elegida para tan elevada labor, doña Mercé Pigem, anunció que solicitará la suspensión de su militancia política en el partido CiU, para ejercer con independencia su función en el Consejo. Hasta hoy era diputada de ese partido. No ha dicho si también se va a divorciar de su marido, Consejero del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Sí declara que es grande su interés por colaborar en la superación actual de la desafección de la ciudadanía respecto de la Justicia.

   Pues sí, la desafección ciudadana va a curarse muchísimo con estos nombramientos.

   Habrá de todo entre esos nuevos integrantes del CGPJ y seguro que alguno merece todos los parabienes. Pero la mujer del Cesar no se ha preocupado mucho de su higiene, pues hay tres ilustres consortes en el nuevo Consejo.

   Si a mí o a tantos nos pidieran ahora mismo cien nombres de juristas de altísimo y muy indudable prestigio en tanto que juristas, no llevaría más de unos pocos minutos hacer una lista indiscutible y en la que, además, estarían personas marcadamente independientes. Pero resulta que no es la independencia lo que persiguen los partidos que acuerdan los nombramientos, sino que cada uno busca meter a dependientes suyos. Y en cuanto al prestigio, válganme los dioses el prestigio que como gentes de leyes tienen algunos de los que desde ahora están.

   Con todo, lo interesante y lo más atroz está en el matiz. Que a estos partidos que cortan el bacalao les causa urticaria la independencia de quienes tengan cargo en los órganos constitucionales más importantes, como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, es cosa sabida y creo que socialmente bastante asumida. Lo curioso y peculiar es lo del prestigio como juristas. Pues cualquiera de esos partidos podría buscar candidatos que reunieran las dos condiciones, que estuvieran dispuestos a acatar las consignas y a defender los intereses del partido a la hora de decidir en esos órganos y que gozaran por su obra o su trayectoria jurídica de un reconocimiento indiscutible. Pero en muchos casos no proceden así los partidos, sino que se recrean en la ostentación del puro poder, en la humillación de la ciudadanía y en el descrédito de la Constitución, cuyo espíritu y sentido convierten en agua de borrajas. Ya no se trata meramente de agenciarse la disciplina cuasimilitar de los nombrados, sino de mostrarnos a todos quién manda y que el que manda hace su santa voluntad sin reparos ni reservas, y que al ciudadano le toca ver y callar, acatar y someterse. Es la chulería de fondo lo que desazona y más ofende al que se quiera decente y demócrata, al que aspire a vivir en un Estado medianamente serio y que por lo menos guarde las formas. Pase, aunque pase mal, que Calígula nombrara a los senadores a su imperial antojo, per con lo del caballo se pasó. Pues, salvando las distancias...

   No es de recibo la arbitrariedad, claro que no, pero al menos cuando el arbitrario disimula no está todo perdido, ya que con ese disimulo reconoce que hace lo indebido. Mas cuando la arbitrariedad se ejecuta a calzón quitado y sonriendo, sin intentar justificarse ni un poquito, sin querer siquiera tapar un poco la ilegitimidad de la conducta, sólo caben dos explicaciones: o han perdido ellos la conciencia de lo que de deshonesto tiene su proceder o nos toman por tontos a los ciudadanos. Es posible que se estén dando, unidas, esas dos circunstancias, que no quede en esos partidos ni un resto de vergüenza y que no tengan a la gente por digna del más mínimo respeto.

   Una pequeña comparación, en lo que valga. Si un guardia nos pone una multa de manera perfectamente gratuita y arbitraria, ya es para lamentarse. Si, además, aprovecha para insultarnos o tocarnos las posaderas, al grito de no sabe usted con quién está hablando, es el colmo de la desfachatez suya y de la indefensión nuestra. Pues, mutatis mutandis, eso es lo que viene pasando, y cada vez más, con ciertos nombramientos para esos órganos constitucionales. No se molestan ni en fingir una miaja, no hacen ya como que creen que actúan debidamente, nos plantan a algunos lacayos suyos sin despeinarse y son capaces de llamar antidemócrata o desleal a la Constitución al que se queje o no trague con gusto. Podrían cumplir sus propósitos de espuria dominación sin el recochineo añadido, sin la soberbia del que se exhibe invulnerable y soberano. Pero no, no se privan del otro placer, de ensañarse con el pueblo cautivo y de mancillar la Constitución que han tomado de rehén. Además de autoritarios y desleales con las reglas del juego, con el Derecho y con nuestros derechos, son perversos, tienen su alta dosis de sadismo. Y saben que los seguirán votando quince o veinte millones de electores.

   Los objetivos están claros, se quiere acogotar a lo poco que de prensa libre pueda quedar y de reducir a los jueces que todavía se sientan independientes o atados nada más que a la ley y la Constitución. Quieren por todos los medios que no salga ya nunca más adelante judicialmente un caso Bárcenas o un caso de los ERE andaluces, por ejemplo. Ansían impunidad para los suyos y van camino de tenerla plena. Pero su impunidad es nuestra indefensión, su poder es nuestra impotencia, sus privilegios inatacables son nuestra reducción a plebe, a plebe inclinada ante los patricios.

   El Estado de Derecho nació, entre dolores y luchas, para poner límites a la arbitrariedad del poder político y a la impunidad de los gobernantes, para someterlos a la ley y que no siguieran por encima de ella o al margen de ella, para quitarles el privilegio y que el pueblo tuviera los controles últimos. Por eso, sin jueces independientes y sin un órgano independiente de control de constitucionalidad retornamos al despotismo, que ya no será ilustrado, para más inri. Las diferencias con la dictadura se van quedando en nada, en símbolos estériles y en vacíos procedimientos. Porque no hay democracia, la democracia consustancial al Estado de Derecho, cuando votar cada cuatro años no implica más que escoger al autócrata de turno o decidir quién preferimos que impunemente abuse y robe.

   Estamos instalados en una nueva transición, en la segunda transición, la transición de retorno a una nueva dictadura, esta vez más sutil y, por tanto, no menos peligrosa para los que aspiren a ser libres entre libres, decentes entre decentes y ciudadanos de un Estado gobernado por las leyes y no por señores feudales que pueden hacer de su capa un sayo y que se hacen unas enaguas con la capa nuestra.