23 febrero, 2015

Sobre moral política e injusticia social



   1. Pensemos en un Estado imaginario (por cierto, aquí sigo escribiendo “Estado” a la vieja usanza, con mayúscula, porque si no aparece una ambigüedad desde el principio) al que llamaremos E. E lleva décadas y décadas sumido en la más completa injusticia social. Todo el poder político y económico se reparte entre quince familias. Ellas se alternan en el gobierno y ellas se reparten la riqueza. La inmensa mayoría de la población malvive en la miseria, la mayoría es explotada en muy penosos trabajos con salarios misérrimos, algunos llegan a morir de hambre. No hay servicios públicos que merezcan tal nombre, no existe educación digna para los hijos de los pobres, que son los más, de la enfermedad solo se curan los que pueden pagar buenos médicos, que son pocos y costosos. La gente vive en chabolas sin agua corriente ni electricidad. Únicamente la policía es muy eficiente, al servicio siempre de los que mandan. Están fuertemente reprimidas todas las libertades y se carece de libertad política, aunque se simulan elecciones democráticas cada cinco años. Imperan por doquier los abusos y la corrupción. Y así van pasando los años y las generaciones.

   Por circunstancias que por ahora no importa mucho detallar (la intervención de estados extranjeros, una revolución interna, un golpe de estado de militares reformistas…) alcanza el gobierno un pequeño grupo político que se propone instalar un sistema social más justo, con más equitativo reparto de la riqueza, atención a los más necesitados, derechos laborales de los trabajadores, libertades ciudadanas, lucha contra la corrupción, servicios públicos básicos al servicio de toda la población, etc.

   Primera pregunta: ¿consideramos que la falta de legitimidad de origen de los nuevos gobernantes invalida sus acciones con esos propósitos o estamos dispuestos a admitir que la rectitud de esos objetivos políticos y sociales justifica suficientemente ese nuevo gobierno?

   Continuemos con el caso. Sobre todo tipo de propiedades (empresas, tierras, medios de comunicación…) tienen las quince familias un auténtico monopolio. Además, el sistema jurídico respalda formalmente, con sus normas, el vigente sistema de propiedad, uso y aprovechamiento de tales medios. El gobierno ahora instaurado sabe que no podrá consolidar ninguna reforma si no rompe ese estado de cosas, de manera que, con escaso respeto a la legalidad vigente, pone en marcha un abanico de medidas como expropiaciones de tierras y empresas, constitución de empresas públicas en sectores básicos de la producción y la distribución de bienes, etc. También expropia o cierra los más influyentes medios de comunicación (periódicos, radios, televisiones…) y crea medios públicos de comunicación. Los gobernantes justifican esas medidas por el hecho de que sin cambios económicos así impuestos es imposible alterar el injusto sistema social establecido, y alegando también que los medios de comunicación privados manipulan a la población al servicio de aquellas familias explotadoras y para mantener su dominio tan injusto.

   Segunda pregunta: ¿estimamos que esas medidas que rompen con el orden legal anterior están justificadas o, por el contrario, nos parece que son por sí ilegítimas y merecedoras de rechazo político?

   En E existen jueces en ejercicio y órganos de gobierno de la judicatura. Impera, no sin fundamento, la convicción de que la mayor parte de los jueces y de los integrantes de sus órganos de gobierno están al servicio del régimen anterior y no dudarán en sabotear las reformas con todo tipo de argumentos y argucias legales. De manera que el gobierno nuevo, valiéndose de diferentes tretas, saca de la carrera judicial a la mayoría de sus miembros y nombra jueces bien afines y leales a los que ahora mandan, dispuestos a acatar las nuevas consignas y las indicaciones de los actuales rectores.

   Tercera pregunta: ¿entendemos que se deslegitima el nuevo poder al no respetar la independencia del poder judicial o pensamos que está justificada esa política judicial por razón del sesgo del poder judicial anterior?

   Hasta aquí no hemos precisado el color del gobierno ni los detalles sobre cómo llegó al poder. Su ideología tal vez sea marxista o quizá se trata de un grupo movido por fuertes convicciones religiosas. Puede haber ocurrido un golpe militar guiado por media docena de generales, a lo mejor se ha tratado de una revuelta interna llevada por algunos hijos díscolos de las familias dominantes, quizá fue una maniobra dirigida por un servicio secreto extranjero, por ejemplo ruso, chino, estadounidense, europeo…

   Cuarta pregunta: ¿importa la concreción de unas u otras de esas variantes a la hora de formular nuestro juicio sobre la legitimidad del gobierno que se plantea los citados propósitos reformistas y de justicia social?

   Durante los primeros meses o años de ejercicio de ese gobierno hay protestas callejeras y represión con mano dura. Se detiene y encarcela a los líderes y a quienes más contundentemente reclaman libertades o se resisten a las reformas, se aplican variados modos de censura periodística, se dictan condenas y medidas penales con muy escaso respeto de las garantías procesales… Todo ello se explica por la necesidad de evitar el retorno al inicuo sistema anterior.

   Quinta pregunta: ¿El loable fin de reformas sociales y mayor justicia material justifica razonablemente esas medidas que limitan gravemente derechos humanos elementales o, en términos de legitimidad, creemos que el fin no justifica esos medios?

   Hasta aquí las preguntas y que cada cual que tenga ganas las vaya contestando como mejor le parezca y considerando, eso sí, que no será mala cosa que nos esforcemos por ser coherentes tanto al responder a las cinco como al comparar esas respuestas con lo que opinamos de los casos reales que vemos o que puedan surgir por el mundo.

   2. Hemos topado con algunos de los más importantes dilemas de la filosofía política y la ciencia política. Primero, porque se trata del sempiterno contraste entre éticas deontológicas y éticas consecuencialistas, si bien aplicado aquí a la acción política y no a la acción humana individual y puramente personal. Segundo, porque nos damos de bruces con problemas o limitaciones serias del enfoque deontológico y del consecuencialista. Veamos esto brevemente.

   Como cada lector bien conoce, las éticas deontológicas postulan que el bien y lo moralmente correcto debe hacerse por sí y no dependiendo de las consecuencias, y menos de las consecuencias o efectos para el grupo, para la colectividad. Si matar a un inocente es inmoral, está mal, es injusto y moralmente reprobable, no habrá tampoco justificación para matar a un inocente cuando ese sea el “precio” a pagar para conseguir efectivamente una mayor justicia social o que menos gente muera de hambre o que los niños tengan escuelas. E igual que decimos para matar a un inocente, decimos para encarcelar sin juicio, para castigar al que solo quiere expresarse libremente, para condenar en lo penal al que no ha podido defenderse con garantías, etc., si esos son contenidos aceptados por la ética deontológica de que se trate.

   Una ética política consecuencialista, explicada también de modo esquemático y elemental, es la que admite que el fin puede justificar los medios y que lo que importa es el balance que al final resulta. Si el conjunto social va a vivir más feliz y con más justicia o mayor bienestar cierto después de determinadas medidas que en sí pueden resultar discutibles o inmorales, esas medidas se pueden considerar justificadas. Por poner de nuevo un caso extremo, pensemos en un país en el que una grave epidemia pusiera en peligro grave la vida de la mayoría de los ciudadanos y donde se supiera sin lugar a dudas que si se mata o aísla para siempre a los cien ciudadanos que hasta el momento son portadores del virus letal, la enfermedad desaparece y todos los demás sobreviven libres del mal.

   El deontologismo político puede llevar a la tremenda insensibilidad del fiat iustitia et pereat mundus. No vamos a hacer nada indebido ni aunque se acabe el mundo. Si las alternativas son o hacerle deliberadamente gran injusticia a una persona (así, a uno de los enfermos del anterior ejemplo de la epidemia) o permitir pasivamente que otras personas, muchas más, perezcan por razón de la una injusta situación de la que tampoco son culpables, optamos por la inacción, nos “salvamos” en conciencia si para salvar a otros tenemos que hacer algo en sí inmoral. Un político deontologista puro es difícilmente imaginable, en especial ante determinadas crisis sociales. Seguramente no aprobaría ninguna guerra, jamás, pues en la guerra siempre morirán inocentes de uno y otro lado. Tampoco emprendería reforma alguna que supusiera el sacrificio grave de derechos morales básicos de nadie.

   Pero hasta aquí estamos hablando de lo que el deontologista puro no haría: nada que considere inmoral. Mas al mismo deontologista podemos imaginarlo ejecutando sin que le tiemble el pulso cualquier acción que considere moralmente muy justificada, moralmente debida sin discusión. Hasta hace un momento nos parecía un santo resignado; ahora podemos verlo convertido en un demonio. Bástenos pensar en alguno imbuido de una moral religiosa extrema que le ordene matar al infiel por ser infiel.

   ¿Y qué le sucede al consecuencialista? Que siempre necesitará una base deontológica para calibrar las consecuencias de las acciones, necesitará diferenciar entre consecuencias valiosas y disvaliosas, buenas y malas, pues, a falta de ese patrón de medida de las consecuencias, las consecuencias son moralmente indiferentes, neutras. No hay consecuencias en sí buenas o malas, y si sostenemos que sí las hay, ya se nos ha colado por la ventana el elemento deontológico.

   En nuestro ejemplo del Estado E veíamos la síntesis política habitual de deontologismo y consecuencialismo. Los recientes gobernantes de E están movidos por un propósito de justicia social que tiene indudable raíz deontológica, pues justifican su obrar político porque quieren romper con una situación objetivamente injusta e implantar una objetivamente justa. Pero también necesitan echar mano de los efectos para justificar sus acciones, desde el momento en que asumen que no se alcanzará la justicia deseada si no se incurre en algunas medidas injustas. Es decir, aceptan que no habrá justicia ulterior sin injusticia ahora y por ese efecto futuro y la intención de lograrlo se justifican: se hace hoy a algunos lo que no se quiere que mañana se haga a nadie.

   Reparemos en algo bien importante. En el ejemplo que usamos, hemos jugado con tres elementos que no son neutrales ni casuales: a) se ha dibujado una situación social anterior en unos términos que nos llevarán a la mayoría a calificarla como situación de gran injusticia social; b) se le han atribuido al gobierno honestas y loables intenciones de acabar con dicha injusticia y de imponer unos repartos mucho más equitativos; c) se han descrito medidas (represión de libertades, manipulación de la judicatura, vulneración de garantías individuales…) que se explicaban, desde el punto de vista del gobierno, por aquellas loables intenciones. Pero démonos cuenta de que al plantear así el ejemplo estoy jugando con las preferencias probables de la mayoría de los posibles lectores o del presunto lector estándar. También podría darse el caso de que un grupo político, con la misma y habitual combinación de elementos deontológicos y consecuencialistas, considerara que es de gran injusticia la vida social en un Estado democrático, social y respetuoso con los derechos y garantías individuales, por ejemplo porque ese modelo social no se adapta al ideal de cierto credo religioso o porque en tal Estado se permiten libremente comportamientos que los de ese grupo valoran como criminales, contra natura o sumamente indecentes: aborto voluntario, relaciones homosexuales, igualdad entre los sexos, blasfemia u ofensas a los sentimientos religiosos, etc.

   Y así, como de sopetón, hemos llegado al fundamento de la democracia: ante el riesgo de que algunos, fervientemente convencidos de que la verdad de sus convicciones morales muy densas no permite ni es compatible con concesiones al error y al mal “objetivo”, intenten por la brava imponer sus esquemas vitales a todos, que gobierne la mayoría con respeto escrupuloso a la pluralidad ideológica y a la diversidad de convicciones morales.

   Tal vez hemos avanzado algo, pero no hemos resuelto el problema inicial, sino que se nos acentúa. En E no había democracia ni libertad auténticas, se trataba de la inicua y absoluta dominación sobre los más de unos pocos que usaban el Estado al servicio de sus más injustificables intereses. Pero el actual gobierno de E, que busca la justicia, no considera posible sentar la democracia y la libertad si no es al precio de un periodo no democrático y de represión de determinadas libertades. ¿Podremos, desde la teoría y en sede puramente teórica, salir del embrollo y aportar algo útil para la práctica política en situaciones de ese jaez? Quizá sí. Veamos.

   No tendremos acuerdo con quien rechace que es posible una cierta síntesis práctica de democracia, derechos básicos de los individuos y justicia social. Con quien crea, por ejemplo, que no hay más justicia social posible que en dictadura o bajo alguna forma de autoritarismo no podemos seguir hablando, no nos entenderemos. Así que al menos concedamos como hipótesis que compartimos el juicio moral y político-moral positivo sobre esas tres cosas (democracia, libertades, justicia social como equidad social mínima o garantía de que nadie es privado de la posibilidad de digna satisfacción de sus necesidades más básicas en un contexto de al menos cierta igualdad de oportunidades) y que no descartamos que, históricamente y siempre con cierta determinación por el contexto, esa síntesis es posible. Si alguno dijera que no cabe, yo le diría que en países como Suecia, Dinamarca o Noruega sí cupo; con todas las imperfecciones que se quiera, pero cupo una tal síntesis no desdeñable.

   Sí, además, concedemos, también como hipótesis (repito, concedámoslo como hipótesis), que puede haber tesituras sociales, políticas y económicas en las que la evolución espontánea de la sociedad y el régimen político-jurídico desde la iniquidad extrema hacia una mínima justicia social en democracia y libertad resulte poco menos que imposible sin algún “empujón” autoritario o sin cierto uso político de la fuerza, ya estamos en condiciones de aportar algo sobre el espinoso asunto de la legitimidad política del nuevo gobierno de E. En síntesis, estas podrían ser las pautas:

   (i) Los fines reformistas proclamados deben estar claros y ser lo más precisos posible. Si el ejercicio autoritario del nuevo poder se quiere justificar nada más que a base de fórmulas genéricas como “acabar con la injusticia”, conseguir “una vida mejor para todos” y así, ese poder se deslegitima porque se está procurando una carta en blanco: no se justifica en verdad por los fines, pues no los sabemos y solo se nos pide un acto de fe, de fe gratuita por ser ellos quienes son o porque no son los otros; como si importara el collar de los perros cuando son perros, al fin y al cabo.

   (ii) Ese poder se deslegitima en proporción exacta a lo que sus prácticas supongan de mero reemplazo de un grupo dominante por otro grupo dominante, manteniendo las mismas estructuras de dominación económica, política y social y cambiando nada más que las personas y los mecanismos internos de acceso a los privilegios. Si los perros nada más que se disputan los collares y sólo hay collares para los perros, la hipotética o condicionada legitimidad se esfuma.

   (iii) La “contaminación” de las prácticas políticas y de las instituciones no puede dejar de ser y de verse como provisional y puramente instrumental. Si el fin justificador es aquella síntesis ansiada de democracia, libertad y justicia social, pasada la inevitable transición se debe dar la palabra y el poder a la sociedad y que sea lo que, en libertad, la sociedad quiera. O sea, ha de estar bien claro que, aun con medios hoy discutibles pero imprescindibles, mañana ha de haber separación de poderes, justicia independiente y derechos y garantías para todos y cada uno de los ciudadanos.

   (iv) Ha de haber tiempos y tienen que ser rígidos los tiempos. Las transiciones son eso, transiciones, y una transición permanente, de ese tipo, es una nueva iniquidad perdudable. Nada más aborrecible que el reformador o revolucionario que hace de su fracaso virtud y pretexto para aferrarse al poder y para consolidar particulares privilegios de nuevas personas o grupos. Inducir mayor pobreza, mejor o peor repartida, y usar la pobreza como disculpa para la perpetua falta de libertad o invocar fantasmagóricos enemigos internos o externos para hacer que jamás se acaben la miseria y la sumisión del pueblo es maquiavelismo pueril y rastrero.

   (v) Puesto que estamos refiriéndonos a medidas que en su contenido se avienen mal con los propósitos justificadores (v.gr. restricción de libertades para alcanzar un estado de libertades efectivas), las medidas autoritarias o restrictivas de derechos no podrán jamás ir más allá de las estrictamente necesarias en función de esos fines claros y fundamentados. Si, por poner un ejemplo, so pretexto de reformas sociales que implanten la igualdad de oportunidades se aprovecha para perseguir a las personas con determinada orientación sexual o de tal o cual religión, ese gobierno se deslegitima grandemente.

   (vi) Hasta hoy y en lo que hasta ahora hemos conocido, todo intento de construir desde un poder personalista y autoritario la sociedad ideal y de perfecta justicia ha terminado, siempre, en opresión sin límite, pobreza sin horizonte y formación de nuevos grupos corruptos y económicamente privilegiados. Por eso, si algún programa del tipo del que examinamos puede tener alguna legitimidad, ha de ser un programa de mínimos y no de máximos, tendente a sentar condiciones para la libertad y no a suprimir la libertad sin condiciones y en nombre de la justicia.

  No he pretendido demostrar que pueda haber incuestionable legitimidad en algunos gobiernos autoritarios movidos por intenciones de justicia social, solamente lo he admitido como hipótesis no descartable. Más bien he querido mostrar cómo el fundamento para tales concesiones hipotéticas, si es que las hacemos, se evapora ante determinadas prácticas de los reformadores. Nadie debería conformarse con cambiar de amo cuando lo que se busca es el fin de la esclavitud.