Secuestros, Estados y rescates

Sé que me puedo meter hoy en un berenjenal complicado, pero está haciendo falta reflexión sobre algunos problemas político-jurídicos o de la llamda razón práctica, problemas sobre los que se suele pasar de puntillas para no dar que hablar al censor de guardia armado de political correctness y sensibilidad de señorito Pepis. Así que allá vamos y que sea lo que los diablos quieran.
Acaban de secuestrar en Mauritania a unos cooperantes españoles; perdón, catalanes. O catalanes y españoles, no sé. O quizá de Tarrassa -o del que sea su pueblo-, catalanes y españoles. No sé y no sé si importa, pues sólo importaría si esas clasificaciones sirvieran para prorratear responsabilidades y esfuerzos cuando vienen mal dadas, pero me temo que no es así. Este secuestro, como el de los pescadores de atunes, es un “problema de Estado”. El Estado está para los marrones y las demás entidades con vocación de unidad de destino en lo universal o en lo parroquial están para tocarse los... doblones. Pero ése es otro tema y vamos a lo que vamos.
Dos preguntas habría que intentar responder, relacionándolas. Una, la de qué debe el Estado hacer cuando un ciudadano suyo es secuestrado; y, dos, qué diferencias hay entre unos secuestros y otros y de qué modo pueden repercutir esas diferencias en la manera de actuar del Estado.
Parece obvio que al Estado hay que pedirle que haga lo posible para que los ilegalmente retenidos regresen a casa sanos y salvos. El primer componente de la legitimidad del Estado, de Hobbes para acá, consiste en su misión de proporcionar seguridad a sus ciudadanos, si bien, de Locke y Kant en adelante, esa tarea ha de combinarse con otras, como la de asegurar la libertad de los ciudadanos y su liberación de la arbitrariedad del propio Estado, lo que se traduce en que el Estado ha de salvaguardar la seguridad actuando dentro de la legalidad. No sé si no se nos estará olvidando actualmente este último detalle.
¿Cuáles son las posibilidades legales del Estado? Las que tienen que ver con el funcionamiento cabal y a pleno rendimiento de determinados servicios, como la policía, los servicios de información y, cuando el secuestro es en país extranjero, la diplomacia y la política exterior. ¿Y dónde está el límite de lo legal? Complicado asunto cuando se trata de Derecho interno, por ocurrir el secuestro en territorio nacional, y más complicado aún si interviene el Derecho internacional por suceder fuera de España. Con todo, y sin ser uno para nada experto en estas lides, diríase que se da una curiosa paradoja: mientras que posiblemente existe mayor justificación jurídica para ciertas intervenciones de rescate en algunos casos en que el secuestro acontece fuera del territorio español, como en el caso reciente del Alakrana, son ahí mayores los miramientos y las reservas que cuando los hechos se dan dentro del país.
Cuando se trata de actuar por la parte de fuera de la legalidad, el blando pacifismo que impera lleva a preferir las soluciones provisionales sin sangre frente las más resolutivas con riesgo de muerte o lesiones. Quiero decir que casi nadie parece que se atreva a discutir que es mejor pagar que intentar un rescate armado en el caso de que los secuestradores estén localizados y haya medios suficientes para ello. Aunque al precio de cada rescate hay que sumar el consiguiente aumento de las probabilidades de nuevos secuestros por los que se pedirán rescates. Y así sucesivamente.
Algo debería cambiar en la configuración de lo jurídico si resulta que determinadas prácticas ilegales, como pagar con dinero público por la liberación de los secuestrados, se consideran más legítimas y defendibles que otras más acordes con el Derecho, al menos en ciertos casos, como el intento de rescate por la fuerza. Además, si vamos estando seguros de que jamás de los jamases y caiga quien caiga vamos a usar el ejército para pegar tiros ni los cuerpos especiales de la policía para operaciones violentas, deberíamos ir pensando en ahorrarnos esos sueldos. ¿O los queremos sólo para los desfiles del día de las Fuerzas Armadas, que tampoco son del gusto de la intelligentsia pacífica y panzuda?
No se entienda mal. No se trata de ponerse ahora a reclamar el uso indiscriminado de la fuerza ni de solazarse con la violencia, sino de delimitar funciones y razones de ser de cada institución. Bien está el pacifismo, muy bien, pero dentro de un orden, como todo. Lo que va haciendo falta es una reflexión sobre la paradoja en que nos vamos instalando. Mientras que los ciudadanos vivimos más vigilados cada vez, con cámaras en cada rincón y seguridad privada en cada puerta, con escuchas legales, ilegales y alegales, con procesos judiciales en los que la condena se anticipa a la sentencia, se trata de convencernos de que estamos instalados en un oasis de paz y libertad. Mientras continuamente se asiste a ceremonias de linchamiento mediático de delincuentes sexuales o “de género”, se nos quiere hacer pasar a todos, y en particular a las instituciones públicas y las empresas, por cooperantes entregados a la causa de la solidaridad humana.

Llamemos a las cosas por su nombre y cuando los soldados españoles van a la guerra, como en Afganistán, háblese de guerra y no de construcción de la paz. Cuando el Estado paga un rescate, desígnense las cosas como corresponde y no se escurra el bulto para fingir escrupuloso respeto a todo tipo de normas. La neolengua y el eufemismo son signo distintivo de las tiranías, no lo olvidemos, de la misma manera que cualquier tiranía llama justicia y exigencia moral a la vulneración de toda garantía de los derechos básicos de los individuos.
No hay Estado sin violencia y la pugna de siglos es para hacer que esa violencia sea lo más legítima y controlada posible: conforme con el Derecho democráticamente sentado. Presentar un Estado como pacífico y manso por definición no es transformar su esencia, sino buscar impunidad para su violencia y ocultarla, o reemplazar el ejercicio legítimo de la misma por su práctica encubierta y al servicio de fines inconfesables.
Por otra parte, conviene que meditemos con seriedad sobre lo que de igual o distinto hay en unos secuestros u otros y sobre las consecuencias de esas diferencias, cuando las haya. ¿Por qué debe el Estado estar más comprometido con sus ciudadanos cuando se hallan fuera de sus fronteras que cuando se encuentran dentro de ellas? Al fin y al cabo, puestos a exigir responsabilidades, tal vez quiméricas, es mayor la responsabilidad estatal por lo que ocurre dentro de su territorio. Si a mí un día me secuestran en Sebastopol ¿ha de pagar mi rescate el Estado y si me secuestran en Gijón no? ¿Por qué? Y si yo me meto, a sabiendas o por negligencia, en la boca del lobo en un país peligroso, ¿merezco mayor atención y esfuerzo de las instituciones que si me capturan en Londres o Berlín? ¿O depende de que mi estatuto personal o mi actividad tengan algún matiz especial? ¿Debo ser pescador o cooperante acaso? ¿O depende de que mis secuestradores sean islamistas fanáticos o piratas, por un lado, o delincuentes comunes, por otro? Mientras no se expliquen las diferencias, si ha lugar a ellas, sólo percibiremos las distintas reacciones como pura discriminación llevada a cabo con ánimo propagandístico, generalmente la combinación del ánimo propagandístico de los secuestradores y del ánimo idéntico de los gobiernos -y de la oposición, por supuesto-.
Tampoco está de más incorporar al análisis un componente de responsabilidad personal de los secuestrados. Por supuesto que en la balanza se puede poner igualmente el sufrimiento de las víctimas del secuestro y de sus familias. Por cierto, y entre paréntesis, hay que ver el peso que está cobrando la idea de familia en esta sociedad nuestra. A medida que el concepto se ensancha, su papel se hace más profundo y basta decir que sufren los familiares de alguien -un secuestrado, un soldado enviado a la guerra, una víctima de algún atentado, un preso en cárcel lejana, etc.- para que se considere razón bastante para saltarse toda norma general o cuestionar cualquier función del Estado y de sus instituciones. Otro curioso elemento para la investigación y la reflexión sosegada en estos tiempos. Quizá la ley del aborto que viene libra a las menores de la consulta con los progenitores para evitar el dolor familiar.
Hablábamos de la responsabilidad personal. No es lo mismo que yo me ahogue en una piscina cercana a mi casa que tiene su reglamento de uso, que he respetado, y su socorrista, que el que me pase tal desgracia por lanzarme desde un acantilado del Cantábrico en día de mar bravío. Los pescadores del Alakrana estaban ganándose la vida con su oficio, los cooperantes catalanes cumplían con una muy meritoria labor de solidaridad, pero... Pero unos y otros no ignoraban donde se metían. Va siendo hora también de que se conceda alguna relevancia, para todo y no sólo en estos casos, a la responsabilidad personal. Si a mí me ponen pegas para fumar porque arriesgo mi salud y porque resultan caras para la Seguridad Social las enfermedades que por mi vicio puedo contraer, quizá haya que hacer también una advertencia a algunas generosas oenegés y a algunos pescadores, con un aviso bien visible del tipo “Si usted se mete en tierra de infieles, sepa que pone en grave peligro su salud y el equilibrio emocional de sus parientes, usted verá. Luego, a reclamar al maestro armero; o al armador”. ¿O vamos a mandar mercenarios -otro concepto que no se estila y que se reemplaza por tranquilizadores eufemismos- armados hasta los dientes para acompañar a las caravanas de los cooperantes? ¿Y por qué con ellos no y con los pescadores sí? Por cierto, si uno de esos mercenarios mata un negro -huy, sigo con las palabras prohibidas-, ¿es menos grave o discutible esa muerte que si lo mata un infante de marina?
¿Quiero decir con todo esto que no debe el Estado pagar rescates? No exactamente, pues sobre el punto concreto no sé muy bien qué sostener. Sólo que, si se pagan, ha de ser explicándolo sin mentiras a la opinión pública, abriendo un debate serio que atienda todo tipo de argumentos y cambiando las leyes que haya que cambiar para que los poderes públicos no se inclinen cada vez más o no se vean forzados a tanta hipocresía y doble moral como hoy se estila. No podemos tener el Derecho más ejemplar unido a la práctica gubernativa más impresentable, pues se trata de una nueva modalidad de esquizofrenia o de fariseísmo.
Queda otro tema bien apasionante para discutir, aunque mejor será tratarlo otro día y hoy sólo lo planteo. ¿Qué estatuto debe darse en el Derecho internacional a ésos que se llaman Estados fallidos? ¿Han de gozar en sus territorios y para sus poderes de los mismos derechos que se reconocen a los Estados capaces de mantener un mínimo orden y de cumplir sus obligaciones con su propia población y con la comunidad internacional? ¿Es justo, en nombre de gastadas soberanías, dejar a sus pobladores en esa nueva versión del estado de naturaleza? ¿Y quién le pone el cascabel al gato y qué cascabel se le pone? Continuará.