¿Qué implica la prescripción del delito? Sobre el robo de bebés en el franquismo

                Acabo de leer, aunque apresuradamente, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Penal, 589/2013, de 4 de julio. En ella se confirma la prescripción de los delitos que pudiera haber por el caso de un bebé robado en 1961, y dado que la mayoría de edad del entonces nacido se alcanzó en 1979 y la denuncia de los hechos tuvo lugar en 2012. La prescripción de los delitos posibles se da a los quince años y, aun contados desde 1979, el delito está prescrito.

                Hoy se sabe con bastante certeza que esos casos de bebés arrebatados con mentiras, diciéndole a la madre que había muerto el niño nada más nacer, fueron en España cientos o miles allá por los años sesenta y setenta del siglo XX, tiempos del franquismo meapilas e hipócrita.

                No tengo argumentos ahora mismo para discutir esta sentencia y no es esa mi intención en este momento. Una de las desgracias, por así decir, de la Filosofía y le Teoría del Derecho en España es que ha abandonado mucho el estudio sistemático y de los fundamentos de ciertos institutos o conceptos jurídicos, como el de la prescripción del delito y tantos otros. Mucha exégesis de la norma de reconocimiento de Hart o de la norma fundamental de Kelsen, mucho doctrina sobre los derechos humanos para concluir que, jolín, hay que ser buenos y solidarios, mucho principio y mucha regla, pero la casa sin barrer. Claro, para ponerse con temas como el de la prescripción del delito y tantos más hay que estudiar Derecho Procesal y Derecho Penal y Derecho Administrativo…  No es plan y renta más dedicarse a los derechos de los patos o las ardillas.

                La prescripción del delito tiene sus razones de ser, y bien está tanto que unos prescriban como que ya se tengan por imprescriptibles otros especialmente graves, como los relacionados con crímenes contra la humanidad o el genocidio. Bien, no pretendo entrar en eso. Voy a otra cosa.

                En el asunto de los bebés robados los silencios y la resignación son estruendosos.  Parece que la desgracia de esas familias viene de que no tenían color político los pequeñines hurtados y que no puede catalogarse como de represión política la acción de los malnacidos. Las madres que se quedaban sin niño solían ser solteras y siempre eran pobres. La pobreza vende poco y la denuncia de la injusticia que se hace al que es pobre a palo seco da poco rédito político. Así que borrón y cuenta nueva.

                De acuerdo, prescribieron los delitos y prescritos están sin vuelta de hoja, pues no vamos a pensar siquiera en reformas legales aplicadas retroactivamente, aunque creo hasta podrían caber. Lo en verdad indignante, amén del silencio de políticos y partidos, es la pasividad del Estado. Que esté prescrito el delito supone que no cabe proceso penal y acusación contra los canallas que de aquella manera obraron, pero no implica que nada pueda decirse ni hacerse.

                Si yo maté a alguien dolosamente hace tiempo y mi delito prescribió no ha lugar para que formalmente se me acuse y, en su caso y prueba mediante, se me condene como homicida. Pero no hay por qué detener la narración de las verdades. No debe ampararme el derecho al honor o a la propia imagen para evitar que con pelos y señales se documente y se explique a los cuatro vientos mi conducta, cuando esté bien documentada. Que no sea técnicamente posible mi castigo penal no puede ser patente de corso para que tenga que callar quien de lo que hice pueda hablar. Cierto que algunos periódicos han hecho un esfuerzo. Pero hasta debería haber iniciativa y apoyo público para que las verdades de aquellas iniquidades se desvelen.

                Y más que nada se echa en falta ayuda a las víctimas, a las madres aquellas. ¿Problemas graves de documentación y prueba histórica? Afróntense con buenos medios. Para otras tonterías se crean con dinero público observatorios, centros de documentación y órganos de investigación. Por asuntos de menos talla se pagan pensiones a  víctimas o se sacan los colores a los verdugos.

                El Derecho se está convirtiendo en la gran excusa, en particular el Derecho Penal mezclado con el Procesal. Por un lado, la ola de punitivismo que nos invade, el hacer delito de todo y el subir las penas a modo de exorcismo y desahogo. Por otro, una perversa utilización de las garantías, de las mismas garantías imprescindibles que también se van poniendo en solfa día a día. Claro que hay que respetar la presunción de inocencia, pero la absolución del delincuente al que no se le probó el delito no es declaración de inocencia material, sino veredicto de que no se le puede condenar con las pruebas que se tienen. Y qué decir del significado evidente de la prescripción. Que por el paso de tiempo no se pueda formular acusación en un proceso penal nada quita de lo ocurrido, sólo evita una consecuencia jurídica eventual, el castigo penal. La condena social, cuando haya base racional para ella, puede y debe mantenerse. La condena social de autores y cómplices y la condena del sistema sociopolítico-que permitía tamaña iniquidad.

                Y, ante todo, el Estado debe compensar igualmente a las víctimas. Me parece que poco o nada de eso estamos haciendo. El rechazo social de los ladrones de recién nacidos es tenue, pues nos hemos vuelto una sociedad de cínicos tiralevitas y para nada alzamos la voz si no nos supone compensación económica, laboral o política. Los poderes público achantan porque, seguramente, muchos de aquellos médicos y cooperadores eran y son grupo dominante, sociedad guapa, intocables, padres tal vez de más de uno de los que nos mandan ahora. Por si poco faltara, andaban monjas y curas de por medio. Chitón. Y las madres aquellas eran pobres y ni siquiera sabemos a qué partido votarán hoy en día. Dejamos que nuestras historias se vayan pudriendo y nos tornamos esto que somos, sociedad farisaica y superficial a más no poder.