Hamburguesas y pena de muerte. Por Francisco Sosa Wagner

La polémica es intensa y se desparrama por tertulias, mentideros y figones. ¿Es procedente que el Estado prohíba, por razones de salud, el consumo de hamburguesas con más de mil calorías? ¿O es una impertinencia fuera de lugar? ¿Tiene atribuciones un ministerio para entrar en semejantes asuntos? ¿o debe hacerlo una consejería de comunidad autónoma con su competencia calentita y blindada, recién salida de su nuevo Estatuto?

Los argumentos se disparan y la verdad es que produce una cierta perplejidad atender las argumentaciones de los contendientes en la pugna dialéctica. Porque resulta que, a través de la hamburguesa, se plantean cuestiones de subido tono teórico que conectan con el ser del Estado, su origen como organización que trata de imponer la paz social, sale incluso a relucir el homo hominis lupus, y de ahí se invoca a Locke, a Montesquieu, a Rousseau y a un largo etcétera de autoridades remotas y, las más de ellas, paganas. Es decir que la hamburguesa opera en cierta manera como la magdalena en el té de Proust, un motivo nimio pero que es la llave para entrar en el mundo de los recuerdos y las evocaciones más variopintas.
El liberalismo, las formas de intervención de las autoridades públicas, el “laissez faire, laissez passer”, son capítulos que comparecen en la polémica, de manera que desfilan ante nuestros ojos los ismos más acreditados del pensamiento político, los que más tesis doctorales han engendrado. El mismo Keynes, que fue un sabio opuesto al Tratado de Versalles y un socialdemócrata contenido, surge en el enredo. ¿Hubiera avalado Keynes una medida de esta naturaleza? ¿Y el padre Adán, me refiero a Adam Smith, hubiera asegurado que la producción de hamburguesas era la causa de la riqueza de las naciones? Pues y Marx ¿qué hubiera dicho? Es seguro que este hombre habría escrito doce tomos con trece epílogos sobre el asunto. Pero ¿a favor o en contra? Todo son hipótesis, conjeturas, y cada cual -como suele ocurrir- barre para su propio cotarro ideológico. O a favor de sus prejuicios, vaya usted a saber.

Solo que la polémica está mal enfocada desde sus orígenes. Viciada “a radice”. Y ello porque el asunto no es si el Estado debe prohibir o permitir la hamburguesa de mil calorías por razones de salud sino que el Estado debe enviar sin contemplaciones a la cárcel a quien consuma tales productos, pero no para velar por su hígado, sino por razones estéticas y de rigor gastronómico. Quiero decir que la persona que, pudiendo comerse un botillo del Bierzo, de sacrosantas verduras y carnes henchidas de gloria, se come una hamburguesa de inciertos componentes (o “inputs” como diría un cretino), debe pagarlo con prisión menor. Eso para abrir boca, nunca mejor dicho, porque la reincidencia supondría los treinta años y un día.
Además, la reinserción del penado, tan difícil en otras ocasiones, en este caso sería sencilla. Bastaría proporcionarle un libro sobre la gastronomía de Castilla y León para que aprendiera finuras y poco a poco fuera alimentando sus ensoñaciones y segregando jugos. Pero, santo dios, en esta tierra donde hay, según el padre Isla, “torreznos, hornazos, longanizas y chorizos”, todos ellos con calorías que superan las que con tanto recelo analiza el ministerio, tomarse una hamburguesa apócrifa es una muestra de ignorancia compacta que ni siquiera la vigencia de la LODE justifica.
Donde se confeccionan yemas de santa Teresa, rosquillas bañadas, magdalenas memorables, la tarta de císter o de las monjas, donde se cosechan infinitas variedades de miel, en estos pagos, con tales endulzados productos, todos ellos por encima de la muga de las mil calorías, a quien se le ocurra profanar la tradición con una hamburguesa, a la cárcel con él. Sin miramientos, es que no puede haber piedad. Y dejo la pluma porque en mi irritación -que va subiendo de tono- voy a acabar pidiendo la restauración de la pena capital.