16 marzo, 2007

Última moda: se lleva el Derecho ambiguo

Hoy La Vanguardia recoge las líneas generales de la argumentación de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional en el proceso que ha de resolver el recurso del PP contra un buen número de artículos del Estatuto Catalán. Y la posición del Estado, que en esto equivale a decir la posición del Gobierno, es la que cabía esperar de este talante que nos domina: ni sí ni no, sino todo lo contrario. Es decir, hágase una sentencia interpretativa que salve la constitucionalidad de los preceptos a base de entenderlos a la baja y de quitarles hierro, para que formalmente el Estatuto salga adelante, pero quede su sentido último en un limbo jurídico de indefiniciones que permita a los gobiernos la política con Cataluña que en cada ocasión más convenga; esto es, la política que reclame en cada momento la formación de mayorías y la práctica de alianzas. El zapaterismo elevado a suprema consigna constitucional, la Constitución pasada por el tamiz del posibilismo ramplón y la norma suprema convertida en puro instrumento de una práctica política que tiene tanto de ambición de mando como de vacío de ideas. En realidad no es que se quiera ni un Estado federal ni uno confederal ni uno "autonómico" al estilo presente, sino el que a los partidos en cada oportunidad más beneficie. Nada de cerrar el modelo en un sentido u otro, nada de de definiciones precisas, nada de pillarse los dedos en lo que pueda mañana perjudicar a los profesionales del sillón y el coche oficial. Es como si a la Constitución hubiera que grabarle definitivamente en las ancas la marca ZP, y allá cada cual después se las componga, que don José Luis bien sabe de apaños y trapicheos mientras a él le toque.
Porque veánse estas joyas, tomadas de la referida noticia. "Si prospera la interpretación de que el Estatut deja prácticamente las manos libres "al Gobierno de la nación" en todos los ámbitos, es evidente que el Estatut se aplicará con criterios más o menos autonomistas según cual sea la correlación de fuerzas políticas en España y quedará al albur de las mayorías de Gobierno que se vayan formando con el tiempo". Más: "Entrando en materia, en la cuestión más simbólica, respecto a la concepción de Catalunya como nación, el abogado que representa al Gobierno sostiene que se trata de una "perspectiva interna", o sea que quizá sí que los catalanes consideren que Catalunya sea una nación, pero no lo es desde el punto de vista político español: "Si lo miramos en la perspectiva de la Constitución - señala el dictamen-, Catalunya no es nación en el sentido en que lo es España sino nacionalidad con derecho a autonomía". Y más: "El único aumento objetivo de recursos para Catalunya previsto en el Estatut también queda, según el abogado del Estado, en agua de borrajas, o dicho de otra manera pendiente de la buena voluntad del Gobierno español. El Estatut dispone en su disposición adicional tercera que "la inversión del Estado en Catalunya en infraestructuras... se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Catalunya con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años". Según el abogado del Estado eso no es más que una declaración de intenciones: "El compromiso de inversión sólo puede entenderse. de conformidad con la Constitución, en el sentido de que la comisión a la que se refiere realizará propuestas de inversión en infraestructuras en Catalunya que sólo se plasmarán en los presupuestos anuales si las Cortes Generales con plena libertad consideran oportuna su inclusión. decidiendo libremente la cuantía de la partida".
En resumen, que el Gobierno no quiere que se declaren inconstitucionales esos apartados del Estatuto aunque en puridad lo sean, pues a base de diluir el alcance de sus palabras les quita relevancia al siguiente precio: que el Tribunal Constitucional no los anule, sino que simplemente considere que los futuros gobiernos del Estado no tienen por qué tomárselos en serio ni hacerles caso. La idea de fondo, supongo, es que se prolongue este sinvivir constitucional que permite al Gobierno sobrevivir. Ciertamente ejemplar y estimulante. Descubrimos que no hay más Constitución -ni más Estatuto- que la coyuntural conveniencia de cada Gobierno, comenzando, cómo no, por éste mismo.
Me parecería más honesto que este Gobierno de un partido que unánimemente apoyó en el Parlamento el Estatuto defendiera su plena constitucionalidad. Pero la coherencia también ha pasado de moda. Ahora se lleva ZP y para la nueva temporada los principios vienen cortos y la desfachatez de cuerpo entero.

1 comentario:

Antón Lagunilla dijo...

En efecto, los argumentos del Abogado del Estado son, simplemente, la demostración de que para el Gobierno de ZP el Estatut, o no es aplicable, o es contrario a la Constitución en bastantes aspectos claves (competencias, financiación, ...).

Pero hay otra lectura: ZP ha intentado colársela al tripartito, utilizando la fórmula de la ambigüedad (algo normal, por otra parte, en el personaje: el otro día, en la entrevista que le hizo Carlos Herrera, negó haber calificado nunca al PP de "extrema derecha", sino de "derecha extrema, que no es lo mismo". ¿No le suena aquello de "OTAN, de entrada no"?), y se están empezando a dar cuenta, de ahí la alarma que expresa La Vanguardia.

En cualquier caso, haga lo que haga el TC con el Estatut (no soy nada optimista), o trague o no el tripartito, lo esencial es la cuestión de fondo: para este Presidente y para este Gobierno, las normas jurídicas se aplican o no, se intepretan en un sentido o en otro, según su conveniencia, que además es coyuntural. Son los filibusteros del derecho, los prestidigitadores de la ley del embudo. Ya verá como pronto alguna facultad de Derecho nombra Doctor Honoris Causa al personaje. Al tiempo.