Gasta la pasta ajena y ríete a gusto, que no pasa nada

Es cosa rara el derecho y asunto chusco la política, al menos tal como se practican en estos tiempos. Cuando se juntan y se aparean, suelen nacer monstruos. A sus engendros hay que bajarlos del limbo de la impunidad y para eso hay que meterle mano al derecho antes que nada, hacen falta reformas imaginativas que, sin dañar las garantías de cualquiera ni causar mayor mal que el que se quiere evitar, pongan coto a los abusos que nos escandalizan y nos dejan con cara de tontos.

La Generalidad valenciana le ha pagado a Santiago Calatrava quince millones de euros por el diseño de unos rascacielos que luego no se hicieron. Que no se hayan hecho no será culpa de Calatrava, supongo, a él le habrán abonado lo que pidió y se escribió en el correspondiente contrato. A Urdangarín y compañía, los del llamado Instituto Nóos -que suena a secta satánica o a tapadera de puticlub- les han estado metiendo millones en las cuentas los de Valencia y Baleares por hacer de lobby, o algo así, para conseguir campeonatos y festivales deportivos de los que nunca más se supo. En el caso de los pagos a Calatrava el fiscal ha concluido que no hay base suficiente para imputar delito a los que apoquinaron, y en el del real yerno parece que lo pueden trincar, pero porque se dedicaba a desviar la pastorra hacia sociedades más falsas que la falsa monea; o sea, a su bolsillo y el de su borbona.Señorito, deme algo pa llenarme la borbona, que me muero de frío.

Aquí, por lo que se ve, ya no hay más derecho que el derecho penal. Y todo lo no punible es santo. Borrón y cuenta nueva. Y de que no haya delito porque la ley no tipifique como tal ciertas cosas, ya nos encargamos nosotros, camaradas. Al que tiene unas fotillos de niños en bolas lo fríen y luego lo echan a los cerdos, y no digo yo que esté mal de todo, pero ya nos vale de buscar chivos expiatorios y cabezas de turco. Pero si yo soy presidente de comunidad autónoma y por mi cuenta y riesgo (miento, por cuenta ajena y con nulo riesgo) encargo a un experto en diseño de zapatos que haga el dibujo de unos mocasines monísimos y alusivos a la idiosincrasia de mi nación nacional, firmo con él un contrato en el que comprometo cincuenta millones de euros, se los pago y luego meto el dibujito en un cajón del baño alegando que con lo que ha cambiado el clima y lo poco que llueve ahora, mejor serían unas chanclas y que lo dejamos así, no pasa nada. Nada de nada. Nada. Por cierto, acabo de enterarme de que el año pasado el Ayuntamiento de Gijón, allá por mi tierra, gastó 3.400 euros en los globos que adornaban la Plaza Mayor para la fiesta de Nochevieja. En globos propiamente dichos, no en condones de colores ni exquisiteces más justificadas.

No será delito, ni siquiera de malversación, hacer el burro de esa manera con los dineros del presupuesto. Vale, no lo discutiré. Ni aunque la comunidad de marras esté en números rojísimos. Pues de acuerdo. Responsabilidad política tampoco hay, porque para eso están los electores, felices e indocumentados, para seguir votando al que las urde de ese grosor, sea del partido que sea. Aquí el que vota no veta, fieles hasta que la muerte nos separe y aunque nos vayamos todos a tomar por el saco. ¿No quedará más recurso en derecho para que las tropelías no salgan gratis al que las perpetra y caras a nosotros, los paganos cariacontecidos? Probablemente no, pero algo habría que inventar.

En las relaciones privadas, existe la responsabilidad por daño. Si a usted la compañía aérea le causa un perjuicio serio porque suspendió un vuelo o porque perdió su equipaje, usted puede reclamar y obtener indemnización. Si la agencia de viajes le mete en un hotel que no está a la altura de lo contratado, igualmente. Si un colega le invita a cenar en su casa y le pone unas almejas en mal estado que le dan unos retortijones grandes, porque es un poco guarrete el tipo, le puede sacar una indemnización por el daño. Y así en millones de ejemplos. La base de esas reclamaciones está en los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, además de en un puñado de leyes especiales.

En cambio, las trapisondas que hacen los políticos con los dineros públicos no tienen para ellos consecuencia ninguna si no son delictivas –y la gran mayoría no lo son-, aunque el daño para esas sociedades sea tremendo. Si mi asistenta, por descuidada y torpe o malintencionada, me rompe la cristalería maja de cuando la boda, puedo reclamarle a ella una compensación; pero si el alcalde de mi ayuntamiento o el presidente de mi comunidad autónoma nos rompe los servicios públicos porque andan contratando dibujitos de rascacielos o globos de colores a precio de caviar ruso, no hay nada que hacer y se van de rositas. ¿Solución? Acción popular civil por daños. Porque el problema es de legitimación activa; es decir, la cuestión es que la reclamación civil por daños no puede hacerla un muy genérico perjudicado. Pues que se reforme la ley para que sea posible que, al menos, las asociaciones o agrupaciones de ciudadanos sí tengan esa legitimación activa, si es que no queremos dársela al parroquiano individual. Y que por el daño responda el político con su propio patrimonio, y subsidiariamente su partido. Tan simple como eso. Veríamos cómo en un periquete se acababan esa pajillas a varias manos con arquitectos endiosados, yernísimos echados al monte y rateros en general.